Las autoridades del canal apuntaron contra el gremio Satsaid por los despidos.

Los trabajadores de la empresa América TV SA y afiliados al Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) se vieron impedidos este sábado a la mañana de ingresar a cumplir sus tareas a esa empresa y por la noche se enteraron que  249 empleados fueron despedidos por realizar “paros intempestivos, intermitentes y reiterados” en el marco de una negociación salarial. Asi lo informó el sitio Somos Télam, de los trabajadores de la agencia nacional de noticias que hoy pretende cerrar el gobierno de Javier Milei.

“América TV y A24 no emitirán su programación habitual en vivo este fin de semana. Esta decisión obedece a la necesidad de terminar el boicot que ha llevado a cabo el personal afiliado al Sindicato Argentino de Televisión (Satsaid) realizando paros intempestivos, intermitentes y reiterados, boicoteando salvajemente las transmisiones y profundizando la grave crisis financiera y económica que viene soportando esta industria desde hace largo tiempo”, relataron desde la empresa de televisión a través de un comunicado que se difundió pasada las 21. 

La decisión de la empresa se conoció al final de una conflictiva jornada que comenzó cuando los trabajadores se toparon en la puerta del Canal con un documento que los dispensaba de prestar servicios.

“Su empleador lo exime de prestar servicios a partir del día de la fecha como consecuencia de la modalidad de ejercer el derecho colectivo a huelga y activar paros de actividades de manera sorpresiva”, se afirmaba en el papel que estaba pegado en la puerta del canal.

Con tal justificación, la empresa anunció esta noche la decisión de despedir a 249 trabajadores, en el marco de una semana de paros debido a la situación salarial que se vive en la actividad. 

Desde la empresa aseguraron que la medida de fuerza “no constituía el ejercicio de un derecho legítimo” sino que “la modalidad adoptada implicaba un sabotaje a la empresa, que presta un servicio público”. 

“Con el objeto de normalizar las transmisiones de ambas señales televisivas a partir del próximo  lunes 11 de marzo y evitar las acciones ilegítimas de boicot mencionadas, América TV decidió eximir a 249 empleados afiliados a dicho sindicato, de la obligación de prestar sus servicios tal como legalmente está previsto en el artículo 78 de la Ley de Contrato de Trabajo”, expresaron desde la empresa. 

Además, admitieron que la decisión está enmarcada en “el conflicto que mantiene el Satsaid con la industria televisiva con motivo de la discusión de paritarias” y en las cuales se solicitan “porcentajes de incrementos no acordes a la situación de la industria e injustificados ingresos para el sindicato”. 

“Esta situación se agrava por la persistente negativa del Satsaid a producir contenidos conforme las últimas tecnologí­as disponibles”, indicaron. 

Para América SA, el Convenio Colectivo de Trabajo que regula esta actividad “inexorablemente  debería  ser revisado desde su matriz y adecuado a los avances tecnológicos”. 

“Oportunamente iniciaremos acciones legales contra la entidad sindical por su responsabilidad en los daños y perjuicios que nos ha ocasionado, al propiciar una modalidad ilegal y de sabotaje del derecho constitucional del trabajador a la huelga y las demás acciones que por derecho correspondan”, concluyeron. 

Mientras Patricia Bullrich monta un show mediático y busca militarizar Rosario siguiendo el “modelo Bukele”, omite mencionar como los narcos se beneficiaron de las Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS) establecidas durante el macrismo.

Mientras la violencia narco que ya se cobró varios muertos golpea con crudeza a la Ciudad de Rosario, el Gobierno Nacional se apresta a intervenir con fuerzas federales , este operativo busca además involucrar a las Fuerzas Armadas (FFAA) en tareas de logística y de patrullaje. Pero además el gobierno pretende involucrar a las FFAA en la lucha directa contra lo que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich denomina “narco terrorismo”, para ello buscaran modificar la Ley de Defensa Nacional cuestión nada sencilla ya que deberá pasar por el Congreso Nacional. Mientras tanto el despliegue militar se realizará bajo el paraguas de lo establecido en la Ley de Seguridad Interior que solo contempla un apoyo en materia de logística y comunicaciones por parte del instrumento militar. Esta intención de las autoridades del ministerio de seguridad y de defensa ya fue rechazada por los propios mandos de las FFAA quienes no están de acuerdo en desvirtuar el rol de las fuerzas degradando a las FFAA a un rol policial y verse involucrados en enfrentamientos armados con el crimen organizado.

Es que tanto Bullrich como el ministro de defensa Petri siguiendo el modelo establecido por el Comando Sur de los EEUU para la región el cual se focaliza en las denominadas “nuevas amenazas”. En este contexto Bullrich cree poder replicar en Rosario (y también en el resto del país) los modelos de Ecuador, Colombia, México y El Salvador donde las FFAA se involucraron de lleno en la seguridad interna y en la mayoría de los casos con resultados desastrosos donde además de constatarse excesos por parte de los uniformados (como el caso de los falsos positivos en Colombia), los mismos terminaron muchas veces siendo parte del problema e incluso directamente pasándose al bando criminal constituyendo sus propios carteles o vendiendo armas a los grupos criminales que se hicieron de formidables arsenales como ocurrió en México dotándolos de mayor poder de fuego y organización.

La falsa creencia de pretender solucionar un tema tan complejo con la simple fuerza omite analizar en profundidad el fenómeno narco en Rosario, un aspecto especialmente interesante que la ministra parece no mencionar es el financiero, como señalaba el medio Ámbito en un articulo publicado en octubre de 2021, fue precisamente durante el gobierno de Mauricio Macri (donde Bullrich estaba al frente del ministerio de seguridad) que bandas delictivas como “Los Monos” se beneficiaron ampliamente de una figura jurídica introducida por decreto del entonces presidente Macri, se trata de las “Sociedades de Acciones Simplificadas (SAS)”. Mediante esta invención jurídica los grupos del crimen organizado registraron diversas sociedades ficticias y lograron blanquear e introducir al circuito legal mas de $12.000 millones, además de obtener beneficios fiscales. Mediante esa normativa sancionada en la administración de Cambiemos, se designó como administrador del sistema al Ministerio de Modernización y se corrió a un lado a la Inspección General de Justicia,

Como bien destaca el informe de Ámbito citando fuentes judiciales y de la Inspección General de Justicia, estas SAS fueron una herramienta jurídica creada en 2017 enfocada en la simplificación de trámites y flexibilización tributaria para los emprendedores. Pero la mala aplicación de la normativa abrió las puertas a que bandas delictivas las utilicen para lavar dinero. Este esquema también fue utilizado por exportadores de carne que lo aprovecharon para no liquidar divisas, para subfacturar envíos al exterior y para eludir los controles del Ministerio de Agricultura.

Mientras la ministra Bullrich monta un burdo remake del modelo Bukele en las cárceles rosarinas que roza la ilegalidad y anuncia el envió de militares, hace silencio en relación a las SAS implementadas durante el gobierno que ella misma conformó y que es responsable de favorecer el lavado de activos mediante una normativa sospechosamente flexible.

Luego de culpar a Cristina Fernández de Kirchner, el Presidente responsabilizó y expulsó a Omar Yasin de su cargo por el aumento de salario para el Gabinete.

En medio del escándalo por el aumento de sueldo para los jerárquicos del Poder Ejecutivo, incluido el propio Presidente, Javier Milei decidió echar al secretario de Trabajo, Omar Yasin, a quien hizo responsable por el decreto que dispuso un incremento de casi 50%. Curiosamente, la firma del funcionario no figura en el decreto que dispuso la suba, y sí la del jefe de Estado.

“Despedí al secretario de Trabajo; en este momento lo están notificando por este error”, dijo en una entrevista televisiva.

En medio del escándalo por el aumento de sueldo para los jerárquicos del Poder Ejecutivo, incluido el propio Presidente, Javier Milei decidió echar al secretario de Trabajo, Omar Yasin, a quien hizo responsable por el decreto que dispuso un incremento de casi 50%. Curiosamente, la firma del funcionario no figura en el decreto que dispuso la suba, y sí la del jefe de Estado.

“Despedí al secretario de Trabajo; en este momento lo están notificando por este error”, dijo en una entrevista televisiva.

En respuesta a la polémica que generó durante el fin de semana el aumento salarial para la cúpula del Ejecutivo nacional autorizada por el presidente Javier Milei de 48%, a través del Boletín Oficial y bajo el Decreto 235/2024, el Gobierno oficializó la marcha atrás con el incremento y el congelamiento de los salarios del Poder Ejecutivo.

Pese a que el decreto que dispuso el aumento llevaba su firma, la del jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello; el Presidente apuntó contra la expresidenta Cristina Kirchner por haber firmado un decreto que estipuló que los cargos políticos debían cobrar más que los empleados de la administración pública. Y ahora, además, responsabilizó a Yasin y lo echó.

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la ex presidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, expresó el mandatario nacional en redes sociales.

En esa línea, el Presidente aseguró: “Cada día que pasa encontramos una nueva norma que favorecía a los políticos y perjudicaba a los argentinos. Con nosotros los perjudicados van a ser los políticos”.

“Obviamente vamos a derogar ese decreto y retrotraer cualquier aumento que la planta política haya percibido”, sostuvo el jefe de Estado.

Por otra parte, Milei consideró que en “un momento de crisis como el actual, en el que la sociedad argentina está realizando un esfuerzo heroico, los políticos tienen que ser los primeros en poner el hombro. Se acabó la joda de la política”.

Una hora más tarde, Cristina Kirchner publicó una replica a la acusación del mandatario. “Lo hacía más valiente Presidente.

Resulta que se descubre que usted y sus funcionarios se aumentaron el sueldo un 48 por ciento ¿Y no se le ocurre mejor excusa que echarme la culpa a mí, por un decreto que firmé hace 14 años?”, interrogó CFK.

“Mejor ni le digo a quién me hace acordar, con esto de echarle la culpa a una mujer. Más casta y menos original no se consigue”, criticó la ex presidenta.

En tanto, ante la respuesta de la ex mandataria, Milei replicó: “Señora @cfkargentina, para hablar de valentía primero tiene que nombrar a la gente que critica y después desbloquearme en Twitter”.

“Además, podría empezar también por hacerse cargo una vez de que usted es la responsable directa de la gestión 2019-2023, es decir, del peor gobierno de la historia argentina, al haber puesto al presidente Alberto Fernández y haberlo acompañado en la vicepresidencia durante los cuatro años logrando tan mal resultado para todos los argentinos que ni siquiera pudo presentarse a la reelección”, escribió Milei.

Pero el debate en redes no terminó ahí, ya que la ex vicepresidenta lanzó un nuevo mensaje contra el libertario en el que mostró los decretos firmados por el propio mandatario, la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, donde se aprueba el ajuste en los sueldos del Ejecutivo.

“Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48 por ciento a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, chicaneó Cristina.

En este sentido, agregó: “Mire acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios. Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver”.

El cruce entre Presidente y CFK se produjo después de que la diputada nacional de Unión por la Patria (UxP) Victoria Tolosa Paz denunció que Milei decretó un incremento del 48 por ciento para su salario y el de los ministros, los secretarios y los subsecretarios de Estado.

Se trata de María Belén Agudiez, una de las personas de mayor confianza de la hermana del presidente que maneja la Quinta de Olivos y el entorno del Presidente.

Cuando aún resuena el escándalo por el nombramiento de la joven militante libertaria, Geraldine Calvella, al frente del Renaper, quien con tan solo 23 año y sin experiencia tendrá a su cargo al Registro Nacional de las Personas con un sueldo que supera los dos millones 700 mil pesos, segun el medio LPO fuentes del ejecutivo revelaron nuevas designaciones polémicas.

La Subsecretaria de Planificación General, María Belén Agudiez, mano derecha de la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, hermana del presidente, más que duplicó el presupuesto a su cargo en apenas dos meses y nombró a dos primos directos en el Estado, Javier Sosa y Agustín Expósito. También habría nombrado a la madre y la hermana.

Sosa es jardinero de oficio y fue convocado para que sea el intendente de la Quinta Presidencial de Olivos mientras que Expósito, que no registra en Anses ningún antecedente laboral, no tiene aún destino definido.

Aguindez, que en su momento tuvo un despliegue importante en las redes, maneja resortes claves del poder presidencial -como la flota de autos y choferes oficiales– y sumó poder luego de delicadas intervenciones. “Fue la que logró alejar del entorno de Javier a Lilia Lemoine y Lu Palaveccino”, explicó a LPO una fuente libertaria, quien agregó que Karina considera que esas dirigentes libertarias afectan la imagen del ahora Presidente.

La actual subsecretaria General de la Presidencia viene como muchos dirigentes libertarios del lavagnismo, de la línea interna que lideraba el legislador porteño Eduardo Casielles. Trabajaba en su despacho pero terminó expulsada y luego de un paso por el Municipio de Escobar logró acercarse a Karina Milei, con quien compartiría el gusto por el tarot.

El círculo más cercano de la hermana del presidente viene arrastrando varios escándalos por nombrar parientes. Primero fue el vocero Manuel Adorni que ubicó a su hermano con un sueldo millonario en el Ministerio de Defensa. Y luego fue otro de sus protegidos, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que nombró a su sobrino en el Congreso y encima se indignó cuando se supo.

Ahora, las fuentes consultadas revelaron que Karina estalló de ira cuando se enteró que su secretaria se aumentó el presupuesto para sueldos en 50 millones de pesos y luego colocó a sus primos con cargos públicos. La hermana de Milei viene de cruzar un escándalo por asistir a la cena de gala de Luis Miguel que cuesta un millón y medio de pesos. Si no lo pagó sería incluso peor porque constituye el delito de dádivas, por el que fue preso Ricardo Jaime.

Es que Agudiez es una de las personas de mayor confianza de “El Jefe”, como gusta que le llamen a Karina y este escándalo la salpica directamente. En medio del brutal ajuste, con los precios de los alimentos por las nubes y los salarios pulverizados como nunca, a diario, el gobierno anuncia nuevas contrataciones millonarias.

Una de las áreas más beneficiadas es la de comunicación que Karina controla a través de Manuel Adorni. Esa área viene ampliándose con el ingreso de reconocidos twiteros libertarios que, a pesar de despotricar contra el Estado y la casta, cobran jugosos sueldos como funcionarios.     

Fuente: LPO

La canciller argentina opinó sobre los préstamos otorgados por ANSES a personas adultas mayores.

La canciller Diana Mondino fue una de las invitadas a La noche de Mirtha Legrand (El Trece, El Tres) y, entre panes y cubiertos, habló de los créditos otorgados por Nación Seguros, en una causa en la que está imputado el ex presidente Alberto Fernández.

En ese contexto, la funcionaria libertaria aseguró: “Si sos un jubilado, arriba de no sé cuántos años, es seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas?”.

Todo comenzó con un ida y vuelta entre La Chiqui y la periodista Mónica Gutiérrez. Entonces, Mirtha le preguntó a Mondino por la maniobra por la cual las y los jubilados que solicitaban créditos en la ANSES estaban obligados a contratar un seguro con la compañía Nación Seguros.

La canciller calificó como un “escándalo” dichas pólizas. “Es absurdo. Por definición, todos algún día nos vamos a morir y si sos un jubilado, arriba de no sé cuántos años, es seguro que te vas a morir. Entonces, ¿para qué estás haciendo este tipo de cosas?”, afirmó Mondino.

A lo que Mirtha, de 97 años, respondió: “Yo pienso vivir muchos años más, si Dios quiere“. Por su parte, Gutiérrez intervino y expuso que “una persona puede vivir hasta los 106 años”: “No es tan seguro que nos vamos a morir”.

Fuente: Política Argentina

Javier Milei firmó un DNU que generó un aumento del 48% en su salario y sus allegados más cercanos y quiso culpar a la ex presidenta que rápidamente lo ubicó vía Twitter.

En el marco del cruce que comenzó Javier Milei con Cristina Kirchner tras culparla por el excesivo aumento salarial al Poder Ejecutivo, la exvicepresidenta volvió a responderle al primer mandatario exponiendo las actas de los acuerdos firmados en enero y febrero, donde se establecen los puntos de la suba de sueldos para el presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios.

“Ay Presidente… usted quiere pelearse conmigo para que no hablemos del decreto que firmó dándose un aumento del 48% a usted y a sus funcionarios mientras pulveriza las jubilaciones y los salarios de los argentinos… y de las argentinas también. Admita que firmó, cobró y lo pescaron”, disparó Cristina en el inicio de su descargo.

Y continuó: “Mire, acá le reproduzco los dos decretos que firmó junto a su amiga y ministra de Desarrollo Social y su Jefe de Gabinete, porque… quiero pensar que usted lee lo que firma, no? En el de enero no incluyó expresamente a las autoridades, y en el de febrero se incluyó usted y sus funcionarios“, especificó la exfuncionaria.

“Como verá el decreto que yo firmé hace 14 años no tiene nada que ver. Saludos cordiales a usted y a su gabinete”, finalizó, no dejando lugar a dudas de que, nuevamente, el presidente intentó utilizarla para tapar sus propios errores.

¿Cuál es la diferencia entre los acuerdos de enero y febrero?

Conjuntamente con sus palabras, Cristina Kirchner subió dos imágenes que muestran los decretos de enero y febrero para el aumento de salarios en el Poder Ejecutivo, lo que contempla al presidente, vicepresidente, ministros, secretarios y subsecretarios.

El primero, es decir, el de enero señala que “el porcentaje de incremento salarial al que refiere la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del presente no se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL“.

Sin embargo, el acuerdo firmado en febrero establece exactamento lo contrario: “El porcentaje de incremento salarial al que refiere la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa por el artículo 1° del presente se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del PODER EJECUTIVO NACIONAL“, lo cual deja en evidencia que el fuerte aumento otorgado por Milei a sí mismo fue intencional.

El gobernador destacó que hubo un ambiente de tensión durante la reunión en la Rosada, también reiteró su rechazó a reinstaurar el impuesto a las ganancias.

Con las sucesivas declaraciones de los mandatarios provinciales, se desdibuja la versión oficial sobre acuerdos y respaldos. El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck,  afirmó que si bien la reunión con el Ejecutivo Nacional fue sincera, advirtió sobre su sesgo autoritario. 

“Es un Gobierno con un sesgo autoritario bastante importante y hay que ver si existe esa praxis de sentarse a dialogar y aceptar modificaciones y distintos puntos de vista de aquellos que tienen que votar”, enfatizó.

La reunión convocada por el Gobierno Nacional, a la que asistieron gobernadores y representantes de todas las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transcurrió sin la presencia del presidente Javier Milei, y quedó en manos del jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, la representación oficial.

Durante el intercambio, que se extendió por más de cuatro horas, Weretilneck aprovechó la oportunidad para plantear firmemente su oposición a que los trabajadores de su provincia se vean nuevamente afectados por el Impuesto a las Ganancias.

“Nos oponemos contundentemente. Con la caída del poder adquisitivo, cargarle sobre eso una deducción más a alguien que percibe un salario es exagerado y no se puede admitir bajo ningún punto de vista”. 

Ese fue quizás el tema más tenso de la reunión porque no hay consenso entre los mandatarios provinciales. Para algunos supone nada menos que dos masas salariales de su planta estatal, pero otros no quieren pagar el costo de reinstalar un impuesto que perjudica a trabajadores estables. 

En el mismo sentido se expresó el jefe de gobierno porteño “No hubo acuerdo respecto a retrotraer el impuesto a las ganancias” dijo Jorge Macri en declaraciones a la prensa no bien finalizó la reunión. 

Respecto a la proyecto de Ley Omnibus abreviada que propuso el gobierno, el gobernador Rio Negrino expresó “Comprendemos la importancia de alcanzar consensos institucionales y nos comprometimos a generar el ámbito de discusión necesario para su tratamiento en el Congreso de la Nación”. Sin embargo, fue enfático al afirmar que “no dejaremos de reclamar lo que merecemos: vamos a exigir y defender nuestros intereses”.

Fuente: LPO

Legisladores estadounidenses enviaron un proyecto de ley al Congreso que teniendo a Uruguay como cabeza de playa busca desembarcar en la región con un nuevo TLC, que recuerda el intento del ALCA en 2005.

Legisladores de Estados Unidos propusieron a Uruguay como “país piloto” para sumarse al UMSCA (exNafta), el Tratado de Libre Comercio regional que mantienen con Cánada y México, en un gesto que podría dar impulso a la relación entre ambos países.

La iniciativa fue presentada por senadores y representantes, tanto republicanos como demócratas. De concretarse, la medida regiría desde 2026 e incluiría también una adhesión al sistema de preferencias comerciales para países del Caribe, así como la exención de visas para uruguayos.

El proyecto, titulado Ley de las Américas (AmericasAct), lleva las firmas de los representantes María Elvira Salazar (republicana, quien el año pasado amenazó a la Argentina por el asunto de los aviones chinos) y Adriano Espaillat (demócrata), así como la de los senadores Bill Cassidy (republicano) y Michael Bennet (demócrata). Además se sumó como copatrocinador el representante republicano Mike Gallagher, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre el Partido Comunista Chino.

Esta norma propone “crear una asociación comercial permanente y en constante expansión entre los países del Hemisferio Occidental y contrarrestar el creciente control de China sobre la manufactura y la geopolítica globales”, destacó Salazar.

Today, @RepEspaillat, @SenBillCassidy, @SenatorBennet, and I dropped the Americas Act to:

– Create a partnership between the US and Latin America to facilitate trade
– Bring jobs back to the Western Hemisphere
– Stop the Chinese Communist Party from expanding in Latin America…

— Rep. María Elvira Salazar (@RepMariaSalazar) March 6, 2024

La legisladora resaltó que la iniciativa “une a las democracias de nuestro Hemisferio a través del comercio, la inversión y un compromiso compartido con la libre empresa” y sostuvo que “creará empleos, hará crecer la economía estadounidense y traerá prosperidad a América Latina y el Caribe”.

“Ya es hora de que liberemos todo el potencial económico de Estados Unidos y América Latina. La Ley de las Américas es la solución para hacer crecer nuestra economía y traer estabilidad al hemisferio”, manifestó la representante, mientras sostuvo que la medida “combatirá la influencia de China”.

Espaillat, en tanto, afirmó que “en esencia, la Ley de las Américas es una herramienta de creación de empleo multimillonaria para Estados Unidos y sus aliados en América Latina y el Caribe”.

“Con sus préstamos de relocalización y deslocalización cercana, beneficios fiscales y otras subvenciones específicas para trabajadores en casa y en nuestros países socios del hemisferio occidental, la Ley de las Américas devolverá empleos e inversiones a nuestro hemisferio y frenará las causas fundamentales de la migración al poner más dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras”, apuntó.

We need to relevel the playing field between freedom-loving democracies and those who exploit the rules like China.

— U.S. Senator Bill Cassidy, M.D. (@SenBillCassidy) March 6, 2024

Estados Unidos, con la mira puesta en China

“Necesitamos volver a nivelar el campo de juego entre las democracias amantes de la libertad y aquellas que explotan las reglas, como China. Lo hacemos reenfocándonos en el Hemisferio Occidental para mejorar el comercio, traer la manufactura de regreso a nuestras costas y poner fin a la creciente influencia de China”, sostuvo a su turno Cassidy.

E insistió: “Nuestra Ley de las Américas hará que las economías de todo el hemisferio sean más resilientes, los gobiernos más estables y nuestro hemisferio más próspero”.

A su turno, Bennet sostuvo que “ninguna región tiene mayores vínculos con Estados Unidos que el Hemisferio Occidental”. “Sin embargo, en los últimos años no hemos logrado ofrecer a la región una alternativa económica convincente a la creciente influencia de China”, advirtió.

Y señaló: “Este proyecto de ley cambia eso. Crea una oportunidad para que Estados Unidos renueve nuestras asociaciones en América Latina y el Caribe, fortalezca el estado de derecho, profundice la prosperidad económica y adopte nuestros valores en una lucha compartida por la democracia”.

¿La revancha del No al ALCA de 2005?

Un 5 de noviembre de 2005 se producía un hito en la historia de la integración regional: la derrota diplomática del Tratado de Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA), impulsada por los presidentes Néstor Kirchner (Argentina), Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Hugo Chávez (Venezuela), Nicanor Duarte Frutos (Paraguay) y Tabaré Vázquez (Uruguay). Todos se negaron a implementar el proyecto propuesto por el gobierno de los Estados Unidos que proponía la creación de un mercado para la libre competencia, desde Alaska a Tierra del Fuego, con la eliminación de barreras arancelarias y la liberalización de servicios. Liderado por el presidente de Estados Unidos George W. Bush, significaba la libre competencia entre los principales monopolios y fuerzas económicas dominantes en el mercado.

Se trató de un momento histórico para la soberanía de Latinoamérica ya que, en el marco de la IV Cumbre de las Américas, por primera vez los principales líderes políticos de la región lograron imponerse a la consolidación del poder económico de las grandes transnacionales y de las élites dominantes. 

El renacimiento de la Patria Grande

Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva y Hugo Chávez fueron los grandes conductores del rechazo al ALCA, entendiendo que la consolidación de ese acuerdo implicaba una amenaza para la capacidad de los Estados Latinoamericanos de poner en práctica políticas que reactiven la economía local, promuevan el desarrollo económico y la integración social. Además de haber identificado la necesidad de la integración regional, desde sus políticas públicas se veía en ellos una búsqueda del fortalecimiento de los mecanismos de participación popular, las industrias nacionales, la puesta en valor de la cultura local y una visión crítica del neoliberalismo, del cual buscaban apartarse. Defendían un modelo basado en la integración regional entre iguales, y en defensa de la autonomía política, económica y cultural de los pueblos.

Fuente: con información de Ámbito y la Secretaria de Cultura de la Nación

La ex presidenta difundió en sus redes sociales un gráfico que analiza cómo variaron los salarios reales de trabajadores en empresas privadas a lo largo de los últimos 30 años.

La ex presidenta Cristina Kirchner volvió a hacer eco de sus preocupaciones económicas, esta vez compartiendo un gráfico en Twitter que destaca la evolución de los salarios reales de trabajadores privados estables desde 1995 hasta la actualidad.

Proveniente de la consultora 1816, economía y estrategia, este gráfico marca la situación del poder adquisitivo de los salarios argentinos a lo largo de diferentes administraciones presidenciales, desde la segunda presidencia de Carlos Menem hasta los primeros meses del mandato de Javier Milei.

En sus propias palabras, Kirchner resaltó la contundencia del gráfico al señalar: “El gráfico es más que elocuente sobre el poder adquisitivo del salario de los argentinos durante los distintos gobiernos (individualizados claramente en el mismo) y demoledor en cuanto al discurso tramposo de hablar de los ‘últimos 20 años’ como si todos hubiéramos sido lo mismo. ¡No señor!”, escribió.

De la misma consultora (1816, economía y estrategia) que realizó el gráfico que compartí hace unos días sobre la situación fiscal de las provincias, les acompaño otro que publicó hoy, esta vez sobre la evolución de los salarios reales de trabajadores privados estables desde 1995… pic.twitter.com/7Yotm9o6qe

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 8, 2024

La exmandataria hizo hincapié en el periodo entre 2003 y 2015, durante su segundo mandato, donde los salarios en Argentina experimentaron un crecimiento notable, llegando a posicionarse como los más altos de Latinoamérica: “El salario en la Argentina creció hasta alcanzar su punto más alto en el último año de mi segundo mandato (ese que algunos comentaristas dicen que fue “el malo”)”. Sin embargo, señaló que la tendencia de declive en los salarios comenzó con la gestión de Mauricio Macri y la vuelta del FMI.

“Que la cuenten como quieran, pero los números son los números y el endeudamiento desenfrenado y la llegada del FMI, fueron, son y serán siempre malas recetas”, afirmó Kirchner en sus declaraciones.

“No es el modelo que esperamos”, dijo la funcionaria del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal

Tras la difusión de imágenes de una requisa en la cárcel de Piñero, que fue relacionada en redes sociales con las medidas carcelarias aplicadas por Nayib Bukele en El Salvador, la defensora provincial penal Estrella Moreno Robinson indicó que desde ese organismo presentaron acciones judiciales para pedir informes sobre la misma. “No es el modelo que esperamos”, dijo la funcionaria del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal; al tiempo que apuntó a cuestiones como la resociabilización y reinserción de personas privadas de la libertad, y al trato digno. También dio su opinión al respecto el presidente de la Corte Suprema de Justicia provincial, quien tras el acto de apertura del año judicial, el jueves pasado, apuntó a la “prudencia” y planteó que la difusión de fotos al estilo Bukele “no es conveniente ni suma”.

Las imágenes que se pudieron ver esta semana de personas detenidas con el torso desnudo, esposados y sentados en el piso, custodiados por personal armado, difundidas por el gobierno provincial en la red social Instagram fueron comparadas con el estilo Bukele, y generaron polémica en los últimos días.

La titular de la Defensoría –organismo que realiza visitas periódicas y monitoreo en penales provinciales, entre otras actuaciones relacionadas con normativa internacional de derechos humanos– se refirió al tema e indicó que se realizó una presentación de habeas corpus para que se informe en relación a las imágenes difundidas y así tomar conocimiento sobre detalles como cuándo se llevó a cabo, en qué pabellones y si hay un protocolo en relación a requisas, entre otros datos solicitados. En tanto, se acompañó una presentación de habeas corpus en relación los pabellones 7 y 8, que estuvieron cerrados durante unos días y luego hubo planteos de familiares que llevaron a hacer un pedido de revisación médica de los internos; además, mencionó que se acompañaron otras presentaciones al MPA relacionadas con situaciones en requisas.

El domingo tirotearon a dos micros del Servicio Penitenciario de Santa Fe. Una clara amenaza de los narcos en las cárceles. En Rosario, el gobernador Pullaro actuó con claridad.

En las cárceles federales contamos con el Protocolo de Gestión para Presos de Alto Riesgo, con el que… pic.twitter.com/n0BOToGhYc

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 6, 2024

En cuanto a la situación en las cárceles provinciales, la funcionaria judicial también sostuvo que “el hacinamiento es un tema recurrente”. En ese contexto, detalló que “a diez años de la implementación del sistema procesal penal acusatorio creció exponencialmente el número de personas privadas de libertad”: de tener “una tasa de 135 personas cada 100 mil habitantes; a fines de 2023, la misma era de 291 personas cada 100 mil habitantes”.

También apuntó a “repensar las alternativas a la prisión preventiva y en cómo será la vuelta a la sociedad” de las personas que se encuentran privadas de la libertad. En ese sentido apuntó al diálogo y el trabajo conjunto. Además, consciente de la compleja situación actual, apuntó a que se piensa en relación a personas sospechadas de cometer delitos de violencia altamente lesiva, pero que “el colectivo de personas alojadas en cárceles es muy amplio”. Y agregó: “Queda en la sociedad como que todos cometen delitos gravísimos”. También habló de las personas detenidas como aquellas que “tienen privada su libertad ambulatoria, pero todos los demás derechos los conservan”, planteó.

Al tema de la difusión de imágenes también se refirió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, quien el jueves fue consultado tras la apertura del año judicial. “Hay que ser prudentes”, manifestó. “Entiendo los problemas de seguridad en la provincia; el problema de las cárceles es algo muy grave y complicado, algunos errores se pueden cometer. Esa difusión no suma”, planteó. Y recordó en relación al tema de las bandas organizadas que “cuando cometieron delitos fueron sancionados y sentenciadas por la justicia de la provincia”.

Fuente: Pagina 12