Los mandatarios provinciales que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos, rechazaron artículos que implican “una limitación a las facultades de administración de las Provincias hidrocarburíferas”.

Los diez gobernadores de las provincias donde se explotan hidrocarburos se reunieron esta tarde para terminar de consensuar como bloque los cambios y límites que buscan introducir en el capítulo de la Ley Ómnibus de Javier Milei que reforma la regulación de esa industria.

En un extenso, pormenorizado y duro comunicado, enumeraron todas las modificaciones que exigen, con el objetivo de que el Gobierno reconozca en el articulado del proyecto que los recursos y su explotación pertenecen a las provincias. Además, esta noche enviarán una versión reformada del proyecto al secretario de Energía nacional, Eduardo Rodríguez Chirillo, uno de los autores principales de la medida de los libertarios, con quien vienen conversando en privado desde que se conoció la iniciativa.

“Está todo hablado. Acordamos con la mayor parte del proyecto, pero hay cosas importantes para revisar”, deslizó un jefe provincial antes de abandonar el edificio. Sin embargo, los gobernadores no ponen las manos en el fuego por el Gobierno. Chirillo les mostró buena predisposición durante las últimas semanas, pero, como en el caso de los cambios en la reforma de la ley de Pesca, no estarán tranquilos hasta que las modificaciones queden plasmadas en el texto del proyecto que se está debatiendo en los plenarios de comisión de Diputados y que el Gobierno busca aprobar en el Congreso antes del fin de las sesiones extraordinarias, el 31 de enero.

“Ratificamos la defensa del dominio originario de las Provincias sobre los recursos hidrocarburíferos situados en nuestros territorios y las facultades de administración sobre los mismos”, manifiesta el comunicado que firmaron esta tarde para “lograr un marco jurídico para la actividad que dote de mayor previsibilidad y mejorar la generación de empleo”.

En el documento mencionaron varios puntos técnicos pero vitales para los gobernadores, relacionadas con el sostenimiento de las prerrogativas decisorias de cada distrito y con las regalías que ingresan a cada distrito. Pidieron que el pliego modelo del proceso de licitaciones sea “flexible” y “contemple criterios que permitan adaptarse a cada realidad”, así como flexibilizar los plazos de concesión.

Además, rechazaron de manera “total” la derogación del artículo 32 de la ley 17.319 que les otorga a las Autoridades de Aplicación de las Provincias el control, la evaluación y la aprobación de las inversiones. Y solicitaron que no se elimine la potestad de las provincias de otorgar prórrogas al plazo de vencimiento de las concesiones vigentes.

Por otra parte, pidieron que se contemplen mecanismos que aseguren el libre acceso a las instalaciones de procesamiento y transporte para defender el libre acceso a mercados por parte de los productores -más chicos- no integrados a las distintas cuencas. Y demandaron mantener en manos de los concesionarios la determinación y el pago de las regalías; y revisar los artículos que establecen los valores de los cánones de exploración, explotación y las multas, para modificarlos por esquemas y parámetros que se actualicen de manera automática.

Con tenacidad, desaprobaron el artículo que faculta al Ejecutivo para elaborar la legislación ambiental para el sector. “Si bien podemos compartir el objetivo último, entendemos que una legislación de este tipo debe surgir del consenso de las partes y no de la voluntad de un nivel de gobierno sobre el resto”, lanzaron.

Y, en el mismo sentido, cuestionaron la redacción del punto que le brinda al Gobierno nacional la facultad de incrementar, con el argumento de “garantizar la sostenibilidad fiscal”, las alícuotas de los derechos de exportación de las mercaderías con un tope del 15 por ciento. En cambio, pidieron que la alícuota máxima a gravar con derechos de exportación a los hidrocarburos no pueda superar el 8 por ciento actualmente vigente.

Por último, sugirieron revisar el artículo que modifica el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), porque -según detectaron en su redacción- descarta los proyectos de explotación hidrocarburífera, y cerraron con una demanda clave para sus economías: que las empresas cedan las áreas maduras de explotación convencional que no están siendo explotadas por “falta de interés estratégico” a las provincias, que se beneficiarían de trabajarlas.

Del encuentro participaron los jefes provinciales de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Tierra del Fuego, Gustavo Melella; de Neuquén, Rolando Figueroa (que llevó a la titular de Energía y Ambiente); de Chubut, Ignacio Torres; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Mendoza, Alfredo Cornejo -que se conectó a la reunión por videoconferencia, pero encargó a su ministra de Energía y Ambiente, Jimena Latorre, que asista de manera presencial- y de Jujuy, Carlos Sadir. En tanto, Gildo Insfrán, de Formosa, mandó a su ministro de Economía, Jorge Ibañez; Gustavo Sáenz, de Salta, a su ministra de Minería, Romina Sassarini; y Claudio Vidal, de Santa Cruz, al titular de Energía, Jaime Álvarez.

Fuente: Política Argentina

La Subsecretaría Legal y Técnica del Ejecutivo Nacional, indicó que el DNU “no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos a su dictado”.

En una contundente iniciativa liderada por el Foro de Sociedades Científicas, OSC y universidades y respaldada por más de 1.600 personas físicas, Asociaciones Científicas, Colegios Profesionales, y Organizaciones de la Sociedad Civil nacionales y extranjeras, con el patrocinio jurídico, entre otros, de Jonatan Baldiviezo, presentamos el pasado 4 de enero un pedido de acceso a la información pública sobre los antecedentes del DNU 70/2023.

La respuesta de la Subsecretaría Legal y Técnica del Ejecutivo Nacional, a cargo de María Victoria Marcó, fue sorprendente y preocupante. Se indicó que éste DNU “no contiene informes y/o dictámenes técnicos ni jurídicos previos a su dictado”.

Esto se demuestra la ver el Expediente Administrativo en el cual se dictó el DNU 70/2023. En el Expte. Electrónico N° Ex-2023-150185233-APN-DSGA#SLYT el único documento previo al texto del DNU es la carátula. No existe nada más.

En un Estado de Derecho, la legalidad es fundamental. La falta de fundamentación del DNU 70/23 viola este principio esencial que rige la actuación administrativa. Poniendo de manifiesto que este decreto, con potencial impacto sobre derechos fundamentales, carece de la debida fundamentación técnica y jurídica.

Los adherentes a la iniciativa exigen, por lo tanto, que se rechace el DNU 70/2023, ya que su nulidad es evidente al carecer de dictámenes jurídicos, informes técnicos, u opiniones que respalden su dictado lo cual lo constituye en una manifestación clara de arbitrariedad.

El PE Nacional admite que se violó la ley de Procedimientos Administrativos 19.549 (art. 7). El DNU Tiránico contiene más de 360 artículos y deroga y modifica más de 80 leyes y no cumplió ni siquiera la mínima legalidad al violar la ley de Procedimientos Administrativos (art. 7 incisos b y d, y art. 14.b) es también una causal de nulidad.

Estas violaciones legales graves traen aparejada la nulidad del DNU conforme nuestra ley de Procedimientos Administrativos Nro. 19.549 (art. 14).

“Hemos planteado que el DNU N° 70/2023 resulta inconstitucional por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3), por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público, por constituir una desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, el derecho a la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

Ahora con esta información que brinda el Poder Ejecutivo Nacional se corrobora aún más que el DNU tiránico fue elaborado en totalidad al margen de la ley y de la constitución.

LEY N° 19549

ARTICULO 7. Son requisitos esenciales del acto administrativo los siguientes:

Causa.

b) deberá sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el derecho aplicable.

Procedimientos.

d) antes de su emisión deben cumplirse los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten implícitos del ordenamiento jurídico. Sin perjuicio de lo que establezcan otras normas especiales, considérase también esencial el dictamen proveniente de los servicios permanentes de asesoramiento jurídico cuando el acto pudiere afectar derechos subjetivos e intereses legítimos.

ARTICULO 14.- El acto administrativo es nulo, de nulidad absoluta e insanable en los siguientes casos:

a) Cuando la voluntad de la Administración resultare excluida por error esencial; dolo, en cuanto se tengan como existentes hechos o antecedentes inexistentes o falsos; violencia física o moral ejercida sobre el agente; o por simulación absoluta.

b) Cuando fuere emitido mediando incompetencia en razón de la materia, del territorio, del tiempo o del grado, salvo, en este último supuesto, que la delegación o sustitución estuvieren permitidas; falta de causa por no existir o ser falsos los hechos o el derecho invocados; o por violación de la ley aplicable, de las formas esenciales o de la finalidad que inspiró su dictado.

Fuente: observatorio del derecha a la ciudad

El diario que tiene entre sus principales accionistas a Mauricio Macri no pudo defender, ni justificar, las reacciones que generó en Davos el discurso del presidente.

Este miércoles el presidente Javier Milei participó del World Economic Forum de Davos, que reúne a líderes políticos y económicos del todo el mundo. Allí, el líder de La Libertad Avanza volcó todos sus extraños razonamientos que lo llevaron al Gobierno, e incluyó una advertencia “a occidente” sobre el crecimiento del “socialismo” que – a juzgar por las reacciones de todos los presentes – solamente ve Milei.

En este marco, el medio macrista La Nación describió con“Estupor y sorpresa” lo que generó Milei en la audiencia de Davos. “Para algunos fue “un delirio absoluto”, a otros les resultó pintoresco y los empresarios fueron los más entusiasmados; sorprendieron las menciones al medioambiente y a las mujeres”, agregó el diario de Mitre.

Con la firma de la periodista Luisa Corradini, enviada especial, afirmó que un empresario británico dijo “¡Bizarro. Con él no se salva nadie!”,  en dirección a Milei, a la vez que un periodista alemán que estaba al lado de este empresario, sumó, “Es un delirio absoluto”.

“Quiero creer que Milei vive en un mundo que no es el nuestro. Por eso llega a conclusiones tan extremas”, opinó otro asistente húngaro a La Nación, que agregó que otros dos puntos que causaron asombro fueron la afirmación de que el sojuzgamiento de la mujer es un invento de los enemigos de la libertad, así como el peligro que representa la defensa del medioambiente.

En el mismo artículo, comenta que Milei se veía nervioso. “No parecía cómodo ante esa audiencia tan diferente al público que lo sigue. Es verdad, si bien no en la cantidad esperada, africanos, europeos, asiáticos… el mundo presente en el reducido perímetro de Davos se había dado cita para conocer su concepto de ‘libertad’ y ‘de desregulación a ultranza’”, informó La Nación.

Por último, asegura que “a medida que desarrollaba sus conceptos más radicales, se oían algunas risas. ¿De sorpresa, de incredulidad, de fascinación? Imposible decir. Lo seguro es que parte de su discurso, sobre todo el que dedicó a trazar la historia de la economía mundial y los éxitos incomparables del capitalismo empresario, no consiguieron transmitir el encanto de esa fabulosa capacidad de comunicador que tiene el nuevo presidente”, completó Corradini para el medio macrista.

Mientras tanto, en las redes, “papelón”, y “vergonzoso” fueron dos palabras que se volvieron tendencia entre las burlas de propios y ajenos contra Milei que se disparan minuto a minuto.

A través de un comunicado acusan al Gobierno de una “desnacionalización estratégica”, luego de que el Conicet postergara las decisiones sobre convocatorias a Becas y Promociones.

El grupo Ciencia y Técnica Argentina (CyTA) manifestó en las últimas horas su “rechazo a las medidas llevadas adelante por el presidente Milei”, las cuales consideraron “una estafa a la voluntad popular que lo consagró en el Gobierno”, y llamó al amplio espectro democrático a “frenar el desguace del Estado y el proyecto neocolonial de desnacionalización estratégica en marcha”.

Lo hizo a través de un comunicado demoledor tras el anuncio del Directorio de CONICET, donde se decidió “postergar las decisiones sobre las convocatorias a Becas y Promociones considerando el contexto de cambio de Gobierno”. El comunicado del organismo comienza a desnudar la desfinanciación de la ciencia, y la respuesta no tardó en llegar.

En particular, en lo referido al sistema científico y tecnológico nacional, el grupo describió como “una verdadera medida de degradación” la conversión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación productiva en una subsecretaría a cargo de la Jefatura de Gabinete, que a su vez pasaría a tener control del CONICET.

Sobre lo informado en las últimas horas, expusieron: “La falta de anuncios claros sobre la situación de becas, ingresos, promociones y subsidios de investigación evidencia que el desarrollo de la ciencia y la tecnología no es prioridad de este Gobierno”, denunciando: “Peor aún, el plan es su reducción y desfinanciamiento, a contrapelo de las tendencias internacionales”.

Tras mencionar como una “estrategia autoritaria” la previsión de la Ley Ómnibus de que el Ejecutivo intervenga en organismos descentralizados del sector, como CNEA, INTA, INTI, Instituto Nacional del Agua y Banco Nacional de Datos Genéticos, entre otros; advirtieron los peligros de destrucción de “regulaciones, proyectos estratégicos, resguardo y transferencia del conocimiento”.

Por esto, sentenciaron: “No sólo está en juego el futuro de jóvenes científicos y científicas y el reinicio de nuevos éxodos, sino la producción de conocimiento y las capacidades científicas como capacidades estatales que colaboran con los proyectos estratégicos de un país”.

El Presidente repitió el discurso que manifestó en su campaña electoral. Además arrojó imprecisiones y sobrevaloró un modelo capitalista desregulado que es cuestionado por los países industrializados.

El presidente Javier Milei habló este miércoles Davos y dirigió su mensaje casi exclusivamente hacia los empresarios, multimillonarios y magnates que participan del foro. Defendió las políticas de mercado y el capitalismo como instrumentos para “terminar con la pobreza y el hambre en el planeta”, al tiempo que convocó a los países líderes de Occidente a no ser “cooptados” por una “visión del mundo” que “inexorablemente conduce al socialismo”.

“El capitalismo de libre empresa es la única herramienta que tenemos para terminar con el hambre y la pobreza en el planeta”, afirmó Milei al exponer este mediodía en el Foro Económico Global de Davos, en Suiza, donde se reúnen los jefes de Estado y empresarios de las finanzas del mundo.

Milei afirmó que el capitalismo es un sistema político y económico “justo y moralmente superior”, cuya implementación llevó al mundo actual a ser “más rico, libre, pacífico y próspero que en cualquier otro momento de la historia”.

En ese sentido, Milei opinó que “la doxa de izquierda atacó al capitalismo por una cuestión de moralidad” y sostuvo que la “justicia social no aporta al bienestar general” de las poblaciones.

El Presidente consideró en Davos que desde que el país “abandonó hace 100 años el modelo de la libertad” y puso en práctica políticas “colectivistas”, los argentinos son “más pobres”.

Por ese motivo, instó a los empresarios del mundo a que “no cedan al avance del Estado” porque “no es la solución, sino el problema en sí mismo”.

“Occidente está en peligro porque aquellos que deben defender los valores se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo”, dijo Milei.

Por se motivo, invitó a “los países de Occidente a retomar el camino de la libertad”, y destacó: “No se dejen amedrentar por la casta política y los parásitos que viven del Estado”.

Milei, por su parte, reclamó a los economistas “neoclásicos que salgan de la caja”, señaló que “el feminismo radical genera intervencionismo” y llamó a “levantar la voz” contra el socialismo.

“Inexorablemente, por desconocer el mercado, cada vez que quieren solucionar lo que consideran un fallo, estarán abriendo las puertas al socialismo y condenando a las personas a la pobreza”, afirmó en el Foro Económico Global de Davos, donde cerró su discurso diciendo: “Viva la libertad, carajo”.

Así lo informaron las principales organizaciones de trabajadores de esa nación europea.

La intersindical sindical francesa se solidarizó con la medida de fuerza convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y otra gran cantidad de organizaciones políticas y sociales para el próximo 24 de enero con el fin de exigir la derogación del DNU 70 y la llamada Ley Ómnibus que impulsa el Gobierno de Javier Milei, buscando concretar por decreto una muy regresiva reforma laboral, además de otras graves iniciativas de desregulación del Estado.

Las centrales gremiales CFDT, CGT, FO, FSU, UNSA y Solidaires convocaron a una concentración frente a la embajada argentina en París el mismo 24 de enero, en solidaridad con el paro que se llevará adelante en nuestro país. En un comunicado común detallaron que el nuevo gobierno de Milei “ya está desplegando sus políticas populistas y de extrema derecha, que suponen graves amenazas para la democracia y los derechos fundamentales de los ciudadanos en Argentina, empezando por los de los trabajadores y las trabajadoras”.

En ese sentido, remarcaron que las medidas contenidas en el DNU “cuestionan los fundamentos democráticos del país, rompen con la separación de poderes y violan la Constitución argentina”, recordando que el decreto “también pretende desmantelar los servicios públicos y la protección social, con el despido ya de miles de funcionarios argentinos, e implantar una austeridad que devastará el modelo social argentino y los derechos e intereses de los trabajadores y las trabajadoras de Argentina”.

Las centrales francesas también criticaron el “protocolo destinado a criminalizar la protesta social, en particular permitiendo el uso indiscriminado de la represión estatal contra todas las formas de lucha, especialmente las de los trabajadores y las trabajadoras”. Según afirmaron, “la política de Milei atestigua la naturaleza profunda de la extrema derecha, un peligro mortal para el mundo del
trabajo, para los servicios públicos y para el medio ambiente, y un desprecio por los principios democráticos más elementales”.

El cotitular de la CGT Pablo Moyano advirtió que “debido al aumento de combustibles, alimentos y tarifas hacia marzo se incrementará la conflictividad social”, pidió a los diputados que “tengan la valentía de rechazar el proyecto de ley ómnibus y el DNU”.

A la vez, criticó al Gobierno del presidente Javier Milei por “no tener diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT ni ningún sector” y reiteró que la marcha del 24 de enero al Congreso organizada por la central sindical “va a ser muy importante”.

“Todos decimos que en marzo, cuando empiece el colegio, las prepagas, una mochila a $90 mil, se va a ir complicando la conflictividad social”, indicó Moyano por C5N.

Para el gremialista, al “aumento de combustibles y alimentos” se sumará “en los próximos días” también el incremento de “las tarifas y los colegios privados”, una situación con la que, insistió, “se va a incrementar la conflictividad social”.

“Por eso no entendemos como este Gobierno no tiene diálogo ni con los gobernadores ni con la CGT, ni con ningún sector, que son los más complicados con estas medidas. Es un Gobierno, no sé cómo llamarlo, cerrado en sí mismo”, señaló.

Sobre el proyecto de ley “Bases” y el DNU, dijo que “ha atacado no sólo a trabajadores sino a muchos sectores de la sociedad”. Y se mostró “sorprendido” por “cómo va creciendo la bronca” contra la iniciativa del Ejecutivo y pidió a diputados y senadores que lo rechacen en el Congreso.

“Esperamos que aquellos que tengan la posibilidad de rechazar la ley ómnibus y el DNU, que son diputados y senadores, tengan la valentía de no dejarse apretar por el Gobierno, que constantemente dice que son coimeros; que tengan la valentía de rechazarlos”, resaltó.

Moyano respaldó la decisión de la CGT de parar y movilizarse el 24 de enero contra las medidas del Gobierno al afirmar que “la coherencia de toda la vida” de la central obrera es “estar al lado de los laburantes”.

“Si se aprueba esta ley y nos sacan indemnizaciones, nos cierran pymes y nos privatizan las empresas y no hacemos nada, (dicen) “ahí está la burocracia sindical, ¿qué hace Moyano y la CGT?”. Si salimos a la calle, “son muy rápidos y violentos”. ¿Nos quedamos callados “la burocracia sindical”? ¿O salimos a la calle?”, planteó. En esa línea, graficó a la central obrera como “el último muro de contención que tienen los trabajadores”.

“Voy a defender a los compañeros de Télam, a los compañeros del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) que están bancando los convenios colectivos de trabajo. Si no hacemos nada somos la burocracia sindical”, remarcó. Y mencionó también el caso de Aerolíneas Argentinas y “aquellas empresas que hoy son botín de guerra para amigos empresarios”.

Sobre las multas al Sindicato de Camioneros y otros gremios por las protestas a Tribunales y a Plaza de Mayo, Moyano las consideró “una ridiculez más” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y recordó que en el Gobierno de Mauricio Macri recibió una intimación por $1.000 millones que “fue desestimada por la Justicia”.

De sus críticas a la dirigencia del Partido Justicialista, Moyano recalcó que se debe “discutir” en el espacio para luego “ser nuevamente una alternativa de gobierno dentro de cuatro años”.

“Sergio (Massa) estuvo reunido cinco horas con la CGT. También se comprometió a ser parte de la reorganización del peronismo. Con Alberto (Fernández) también estuve charlando. Lo importante ahora es el 24, después discutiremos, nos encerraremos en una oficina, nos diremos todo y saldremos rápidamente a ser nuevamente una alternativa de Gobierno dentro de cuatro años”, explicó.

Fuente: Línea Sindical

Podrían despedir a miles de trabajadores.

El ministro Luis Caputo busca venderle el Banco Nación a André Esteves, dueño del BTG Pactual, el gigante brasileño. Se trata de un banco de inversión especializado en capital inversión y capital riesgo, que administra fondos de inversión, patrimoniales y gubernamentales.

Pero Esteves no es un empresario más. Estuvo involucrado en la causa Lava Jato y estuvo imputado por corrupción. De hecho, fue detenido en Río de Janeiro. Por ese caso, Esteves dejó de ser CEO de BTG aunque sigue como principal accionista.

En el gobierno se entusiasman con vender el Banco Nación en más de 20 mil millones de dólares, lo que sería pan para hoy y hambre para mañana. Argentina se quedaría sin una entidad financiera clave para realizar una estrategia de desarrollo. Como en la década de 1990, el país vuelve a la receta de las privatizaciones masivas. Una década después, aquel programa de privatizaciones terminó en una crisis social brutal.

Una duda tiene que ver con los 17 mil empleados que tiene hoy el Banco Nación, el único con sucursales en todo el país (incluso, en localidades muy pequeñas). Es evidente que el gigante brasileño no compraría la estructura completa, que desde el punto de vista empresarial “no es rentable”. ¿Quién echará a miles de empleados? En la década de los 90, el trabajo sucio lo hizo el gobierno de Carlos Menem.

Milei perdería un plebiscito si lo hiciera.

Se trata de una encuesta de la consultora CB, que marcó que solo el 38% votaría a favor en un plebiscito para aprobar el mega DNU que sacó Javier Milei, con el que busca cambiar más de 300 leyes. Nunca antes, en democracia, se presentó un DNU así. Por su parte, el 38,7% votaría en contra. Si Milei llamara a un plebiscito, como amenazó, podría perderlo.

En el mismo estudio, el 46% consideró que el país va “en la dirección correcta”, un número que está 10% por debajo de lo que fue el voto a favor de Milei.

En la misma encuesta de la consultora CB se indagó sobre la imagen positiva, que está estable desde que asumió. Se ubica en el 55%, mientras que la negativa llega al 36%.

Inflación fuera de control.

En diciembre, la gestión de Javier Milei subió el dólar un 118% lo que impactó sobre la inflación. Sin medidas complementarias, la devaluación se trasladará casi completamente a precios, lo que hará que pronto el dólar vuelva a estar atrasado. En diciembre la inflación fue del 25% y se espera cifras similares para enero y febrero. Así las cosas, se espera un nueva devaluación en marzo.

Ocurre además que el ministro de Economía, Luis Caputo, lleva adelante un retoque en el tipo de cambio del 2% mensual. Es decir: el dólar oficial se mantiene casi congelado con una inflación que vuela al 20% mensual, como nunca pasó en el país desde las devaluaciones de fines de 1980.

Esa situación explica que los dólares financieros sigan creciendo y la brecha con el oficial ya esté nuevamente en torno al 40% (¿lo que adelanta la próxima devaluación?). En oposición, Milei explicaba que esa brecha era culpa de las malas políticas de los gobiernos. Qué dirá ahora…