El secretariado nacional de la UOM, que lidera Abel Furlán, alertó que la apertura de importaciones y la reforma laboral en ciernes generarán que la merma de puestos de labor se cifre en 70.000 personas.
«La cuestión no solo atañe a los metalúrgicos, estamos llamando a la toma de conciencia del Gobierno y la ciudadanía, a todas las fuerzas políticas de los perjuicios que se anticipan con esta decisión de avanzar con el DNU y la llamada ley ómnibus», resaltó Furlán, máximo referente de la UOM, a la hora de sumarse a la convocatoria que la CGT fijó para el 24 frente al Congreso.
Para los metalúrgicos la situación no es una novedad, la mayoría de los integrantes de su conducción ya fueron parte de esa organización tanto de 2015 a 2019 como también bajo la estrategia política que llevó adelante la gestión de Carlos Menem en los 90.
Furlán subrayó que este rubro industrial sería uno de los principales damnificados, con miles de trabajadores despedidos, en virtud de la apertura de importaciones, el libre mercado y la reforma laboral que la Casa Rosada intenta concretar.
No hay diálogo con el Gobierno. Y entendemos que no lo hay con nadie. Es como es esto o nada. Y no nos dejan alternativa. Tenemos una responsabilidad que no podemos dejar«, planteó.
Además, remarcó la importancia de que la marcha del 24 de enero sea con gran presencia federal. «El 24 nosotros le hemos pedido a todas las regionales que movilicen en todas las provincias para tratar de tener una presencia en todo el país en rechazo del DNU», indicó.
La provincia de Buenos Aires alertó que la política que impulsa el Gobierno de Javier Milei impactará sobre 11 plantas bonaerenses productoras de biodiesel que están distribuidas en ciudades como Bahía Blanca, Junín, Saladillo, Daireaux, Ramallo y Pilar.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves una reunión de trabajo con miembros de la comisión directiva e integrantes de la Cámara de Empresas PyMES Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB) para abordar el impacto que tendría en el sector la aprobación de la ley ómnibus que impulsa el Gobierno nacional.
“La Ley Ómnibus tendría consecuencias absolutamente negativas sobre toda la industria bonaerense de biodiesel, cuya particularidad es que está integrada por pymes que generan cerca de 800 puestos de empleo directo en el interior de la provincia”, sostuvo el ministro Javier Rodríguez.
Y añadió: “Este proyecto del Gobierno nacional viene a destruir una idea fundamental para el desarrollo bonaerense como es la promoción de la industria y el agregado de valor”.
“La aprobación de la ley ómnibus significaría el cierre de las pymes del sector y la pérdida del trabajo de muchos bonaerenses: mientras que la legislación actual promueve el desarrollo en el interior del país, esta iniciativa busca quitarle volumen de producción a las pymes para entregárselo a los grandes productores”, afirmaron las autoridades bonaerenses.
Según medios cercanos a Mauricio Macri y Javier Milei, el ministro de Interior, Guillermo Francos, reconoció en diálogo con intendentes que está preocupado porque sus compañeros de Gabinete no escuchan los reclamos que llegan desde los lugares de gestiones sobre el impacto de la inflación en los barrios populares.
“Si no hay nada de contención social, van a tener mucho de quilombo”, le advirtieron los intendentes a Francos, que reconoció esa situación social. La inflación de diciembre fue del 25% y se espera otro número similar en enero, mientras los ingresos populares están congelados.
Además, Francos aseguró que ni Milei ni nadie le da respuesta ante sus reclamos por la situación social. En ese marco, el ministro contó que su cartera ya no cuenta con fondos para transferir a provincias y municipios, que eso es decisión del ministro de Economía, Luis Caputo. El gobierno libertario lleva adelante un brutal ajuste que golpeará sobre millones de familias argentinas. Mientras, jubilaciones, AUH y salarios están frenados. Una bomba de tiempo…
El diputado nacional de Unión Por la Patria y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca “amedrentar” a la gente a través de la intimación que el Gobierno formuló a las organizaciones gremiales.
El diputado nacional de Unión Por la Patria (UP) y secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró este viernes que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca “amedrentar” a la gente a través de la intimación que el Gobierno formuló a las organizaciones gremiales para que paguen el costo de los operativos policiales desplegados en las protestas.
Además, consideró que el objetivo de la medida es “evitar la movilización y paro que la central obrera realizará el próximo 24 de enero”.
“No es la primera vez que (Patricia Bullrich) lo hace, en 2019 también nos inició una causa judicial por un paro y movilización. Tiene como fin amedrentar para que no pase lo que va a pasar, que es que el 24 la gente se va a volcar a la calle”, remarcó el dirigente y agregó que los motivos de la marcha serán por ”las medidas económicas del ministro de Economía, Luis Caputo; el DNU y la ley que han enviado al Congreso que es un mamarracho”.
En delaciones a Radio 10, Palazzo manifestó que “esto no es un plan de gobierno”, sino “un plan de negocios dónde cada articulo y capítulo fue dictado en favor de los grandes sectores económicos”. “No vinieron a explicar porque hay tal necesidad y urgencia (a las Comisiones del Congreso) ni el responsable máximo de ese decreto que es (el exfuncionario) Federico Sturzenegger, ni el responsable de Economía que es Caputo, ni el jefe de gabinete Nicolás Posse”, advirtió.
La inflación de diciembre fue del 25%, una cifra récord desde 1993. Fue el primer número de Javier Milei. La cifra es lógica y responde a medidas que tomó el gobierno libertario: devaluación del 118% y aumentos del 70% en la nafta. En enero se espera otro número igual, mientras los salarios y las jubilaciones están congeladas.
¿Qué puede pasar en enero? Por ahora, el dólar seguirá frenado, con una variación del 2%. En ese sentido, es una buena noticia. Pero habrá cambios en las tarifas, donde el gobierno espera sacar los subsidios en los próximos tres meses. De este modo, las tarifas de luz y gas pasarán de 2000 pesos a los 25000 pesos. Otro golpe brutal al bolsillo de las familias argentinas.
Después, habrá aumentos en las prepagas y también en los alquileres, donde ya rige la desregulación total. No se sabe de cuántos serán los aumentos. Así las cosas, todas las consultoras esperan números en enero similares a los diciembre, tal vez, unos puntos por debajo. De cualquier modo, sería la segunda cifra más alta en la historia reciente de Argentina.
La jueza Civil y Comercial de Misiones Adriana Fiori dictó una medida cautelar contra el DNU del Gobierno nacional de Javier Milei, tras el pedido de un grupo de yerbateros. Es la primera resolución que le pone un freno al decreto del presidente Javier Milei fuera del capítulo laboral.
La sentencia de la jueza suspende, hasta que se defina la cuestión de fondo, los artículos 164 al 168 que modifican la Ley 25.564, que crea el Instituto Nacional de la Yerba Mate y regula la industra yerbatera. En la presentación judicial 20 productores acusaron de “Auténtica estafa institucional”.
Hasta ahora, había medidas cautelares con el mega DNU pero solo en temas laborales. El DNU busca terminar con muchos derechos de trabajadores. Se trata de una medida que pretende modificar cientos de leyes, sin debatir en el Congreso nacional.
Este sábado 13 y domingo 14 de enero permanecerán cerrados museos como el Bellas Artes, Histórico y el de Arte Decorativo debido a una protesta de su personal.
Los museos nacionales de todo el país permanecerán cerrados este fin de semana, 13 y 14 de enero, como respuesta al anuncio de Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender las horas extras para los organismos públicos, que los incluye.
Museos como el de Bellas Artes, el de Arte Decorativo y el Histórico; el del Cabildo, la Manzana de las Luces y el Sarmiento; el de la Historia del Traje, el Palacio San José (Entre Ríos), el Casa Histórica Museo Nacional de la Independencia (Tucumán) o el Museo Histórico del Norte (Salta) son algunas de las instituciones que no abrirán debido a la “decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender el trabajo excepcional para toda la administración pública”, como explicaron desde sus perfiles oficiales en redes sociales.
● INFORMACIÓN IMPORTANTE [Hilo]
Los Museos Nacionales, dependientes de la Secretaría de Cultura de la Nación, permanecerán cerrados los días sábado 13 y domingo 14 de enero. Por decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender el trabajo (sigue) pic.twitter.com/OiRcp0sbVd
— Museo Histórico Nacional del Cabildo (@cabildonacional) January 12, 2024
“Por decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros de suspender el trabajo excepcional para toda la administración pública, nos vemos imposibilitados de abrir los museos el sábado y domingo próximos para recibir al público, ya que esta medida no permite ni reconoce el trabajo fuera del horario administrativo de lunes a viernes”, explicaron desde el museo del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires.
“Sabemos que en las vacaciones, cerca de 20 mil personas visitan los Museos Nacionales durante los fines de semana. Esperamos que esto pronto se resuelva y podamos seguir encontrándonos para disfrutar de exposiciones y actividades gratuitas”, informaron desde el Museo Histórico Nacional.
Qué museos no abrirán 13 y 14 de enero
Ciudad de Buenos Aires:
Casa Nacional del Bicentenario
Complejo Histórico Cultural Manzana de las Luces
Museo Casa de Ricardo Rojas
Museo Casa de Yrurtia
Museo de la Historia del Traje
Museo de las Comunidades
Museo del Cabildo de Buenos Aires y de la Revolución de Mayo
Museo Histórico Nacional
Museo Roca
Museo Histórico Sarmiento
Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur
Museo Mitre
Museo Nacional de Arte Decorativo
Museo Nacional de Bellas Artes
Museo Nacional del Grabado
Provincia de Buenos Aires:
Museo Nacional Casa del Acuerdo
Córdoba:
Estancia De Jesús María
Museo Jesuítico Nacional
Museo de la Estancia Jesuítica De Alta Gracia
Casa Del Virrey Liniers
Entre Ríos:
Palacio San José Museo
Monumento Histórico Nacional Justo José de Urquiza
San Juan:
Museo y Biblioteca Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento
En un documento de siete páginas firmado por todos sus integrantes, el tribunal de apelaciones dejó plasmada su postura.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo expresó este viernes su rechazo al traspaso de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -previsto en la ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”- y recordó que muchas de las decisiones del fuero laboral se proyectan sobre todo el territorio de la República y tienen efectos concretos para los habitantes de las distintas provincias.
En un documento de siete páginas firmado por todos sus integrantes, el tribunal de apelaciones dejó plasmada su postura, que será puesta en conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial, el Congreso Nacional y el Ministerio de Justicia.
Los magistrados resolvieron “expresar su total y absoluto rechazo a la iniciativa del Poder Ejecutivo Nacional reseñada en los Considerandos” del documento y “reiterar la postura expresada por esta Cámara en las Resoluciones ya citadas con base en las argumentaciones reseñadas”.
En el mismo documento, los jueces expresaron su “profunda preocupación ante la eventual aprobación por el Congreso Nacional del artículo 439 del denominado ‘Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ puesto a consideración por el titular del Poder Ejecutivo Nacional”
“Incluso si se soslayara la naturaleza federal de varias de las competencias que ejerce el fuero nacional del trabajo, el hecho de que sus decisiones se proyecten en todo el territorio de la República y tengan un efecto muy concreto para los/as habitantes de las diversas provincias que la componen, justifica ampliamente que los/as magistrados/as que lo integran sigan perteneciendo a la Justicia Nacional”, señalaron.
En esa misma línea, consideraron que los magistrados que integran el fuero nacional del Trabajo deben seguir siendo nombrados “con la intervención del Consejo de la Magistratura de la Nación, a instancias del Poder Ejecutivo Nacional, y con acuerdo del Senado de la Nación”.
“De otro modo, si la selección y el enjuiciamiento de esos/as magistrados/as dependiese únicamente de la Ciudad de Buenos Aires, se consagraría en la práctica un notable retroceso del federalismo, pues las provincias – y sus habitantes- se verían afectadas en aspectos esenciales de su actividad económica y social por decisiones de jueces o juezas en cuya designación y contralor no habrían tenido ninguna participación”, explicaron.
Foto X@OPEArg.
“De allí el acierto del legislador al mantener la vigencia y el funcionamiento de los fueros nacionales en la Ley de Garantía de los Intereses del Estado Nacional”, sostuvieron al rechazar la pretensión del Poder Ejecutivo de avanzar con el traspaso de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires.
En el mismo documento, los jueces expresaron su “profunda preocupación ante la eventual aprobación por el Congreso Nacional del artículo 439 del denominado ‘Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ puesto a consideración por el titular del Poder Ejecutivo Nacional”.
“En dicho precepto se propugna lo siguiente: “Instrúyese al Poder Ejecutivo Nacional a impulsar todos los actos y suscribir los Acuerdos que sean necesarios para que se efectivice la transferencia de la Justicia Nacional a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en un plazo máximo de TRES (3) años”, recordaron.
“Si el mentado ‘traspaso’ no podría habilitarse constitucionalmente a través de decisiones adoptadas por el Congreso Nacional -sin una previa reforma de la Constitución Nacional-, menos aún podría justificarse la delegación de todas las facultades al respecto, en favor del Poder Ejecutivo Nacional”, sostienen los magistrados en el texto suscripto
“Esta particular norma implicaría, ante todo, una inadmisible delegación de facultades exorbitantes en favor del Poder Ejecutivo Nacional en cuestiones que se oponen al sistema federal de gobierno delineado por nuestra Constitución Nacional, así como la transgresión del principio de división de poderes propio de la República”, sostuvieron.
“Esta Cámara reitera en esta ocasión su posición histórica (expresada en las Resoluciones de fecha 17.12.1996, 7.12.2000, 17.5.2001, 7.4.2016 y 10.04.2019, entre otras) en cuanto a los cuestionamientos jurídicos que merecieran todos los intentos de hacer desaparecer por vía de transformación y/o traspaso a la Justicia Nacional del Trabajo”, enfatizaron.
“Si el mentado ‘traspaso’ no podría habilitarse constitucionalmente a través de decisiones adoptadas por el Congreso Nacional -sin una previa reforma de la Constitución Nacional-, menos aún podría justificarse la delegación de todas las facultades al respecto, en favor del Poder Ejecutivo Nacional”, sostienen los magistrados en el texto suscripto este viernes.
Foto: prensa CSJN.
“El mantenimiento de una Justicia Nacional del Trabajo se justifica también en que sus magistrados/as vienen ejercitando desde hace muchos años una jurisdicción que exorbita con mucho el ámbito territorial de la Ciudad y abarca a habitantes de todas las provincias de la Nación que vienen a litigar ante sus estrados en razón del domicilio de alguna de las partes (en especial del sector empresario/empleador)”, explicaron.
“En ese orden de ideas, la Capital de la República concentra el mayor número de empresas y organizaciones registradas. De acuerdo al Registro Nacional de Sociedades, en la indicada jurisdicción tienen su domicilio legal un total de 480.625 sociedades, lo que representa el 41,7% del total de las inscriptas en el país”, reseñaron.
El fuero del trabajo “también debe entender en asuntos de naturaleza indiscutiblemente federal. En tal sentido, en función de la normativa vigente (arts. 59 a 62 de la ley 23.551, Ley de Asociaciones Sindicales), es la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo el tribunal competente para resolver cuestiones sindicales de todo el país”, detallaron.
Asimismo, el fuero laboral nacional es aquel “al cual corresponde entender en cuestiones de multas impuestas por la autoridad administrativa laboral -actualmente bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano-, y en planteos judiciales derivados de las declaraciones de insalubridad dispuestas por las autoridades administrativas de cada una de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, conforme lo dispuesto por la normativa vigente”, señalaron.
Así lo aseguró la diputada Nacional Julia Strada en pleno debate de comisiones de la Cámara de Diputados que analizó el proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei.
El gobierno de Javier Milei confirmó en la madrugada de este viernes su intención de echar mano a la plata de los jubilados. Así lo admitió el secretario de Finanzas de la Nación, Pablo Quirno, al exponer ante el plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que analiza el proyecto de Ley Ómnibus. Quirno señaló que el objetivo del gobierno es liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses.
El FGS de la Anses es el fondo creado en 2008 con activos financieros, títulos públicos, plazos fijos y acciones que resguardan el régimen previsional y con el cual el Estado financia los programas de seguridad social.
En los últimos cuatro años este activo contracíclico que resguarda “la plata de los jubilados” creció un 117 por ciento, el máximo valor de su historia. Pero desde siempre fue visto por como un botín por parte del macrismo y del sector privado. Y el gobierno se Milei tiene la misma lógica.
El FGS de la Anses, en la mira de Caputo
Durante la explicación de los fundamentos para la modificación y derogación de la ley de administración financiera, y para el proyecto que pretende consolidar la deuda pública, incluida en la ley ómnibus, Quirno, confirmó que “la propuesta (en ese proyecto) es que se liquide el FGS, bajo consolidación patrimonial”.
Según el funcionario, el FGS “no es un fondo anticíclico (SIC), no garantiza nada” y con la absorción que quiere hacer de él el Gobierno, “no se lo van a gastar en ninguna timba”. Sólo “vamos a consolidar la deuda del sector público”, minimizó.
Luego precisó que “la valuación actual de los activos del FGS es aproximadamente de 5.500 millones de dólares” que, según sus cálculos, “servirían para pagar dos meses de los pagos de Anses”.
En este momento estamos en el Congreso, 1:30 la madrugada: el funcionario Quirno del equipo de Caputo, confirma que la intención es liquidar el FGS, que es el activo contracíclico de los jubilados. Lo rematan por USD 5.500 millones y "dura dos meses para pago de jubilaciones"…
El monto que Quirno le puso al FGS es, en otras palabras, el precio que el Estado pedirá a los dueños de las empresas que van a recomprar sus acciones a la hora de la liquidación de esos activos de los jubilados.
Sin embargo la diputada Julia Strada aseguró a Página/12 que creen “que está subvaluado; o sea que lo van a mal vender”.
Al recomprar esas acciones, esas empresas y el Estado que las liquida “van a tener un ingreso extraordinaria por única vez. No va a ser un ingreso ordinario sino extraordinario. Como las joyas de la abuela, que se las puede vender solo una vez”, explicó la diputada, que fue una de las más enfáticas en enfrentar ese anuncio hecho a la 1:30 de la madrugada y en las postrimerías de la reunión bicameral.
“Es inaceptable que esto se apruebe. Insto al resto de los diputados y diputadas a que rechacen enfáticamente este artículo y las 41 privatizaciones”, había expresado a través de su cuenta en la red X.
Después que el Ministerio de Seguridad intimara a pagar a distintos gremios el costo de los operativos, la central obrera emitió un comunicado rechazando la maniobra extorsiva.
A menos de dos semanas del primer paro general contra el gobierno de Javier Milei, crece la tensión entre laConfederación General del Trabajo (CGT) y el gobierno de Javier Milei. El Ministerio de Seguridad inició un conflicto económico con la central obrera este jueves, al enviarle una carta documento donde solicita el pago de $40.500.000 por los supuestos costos del operativo de su última movilización, el 27 diciembre del 2023. La respuesta del sindicalismo no tardó en llegar.
“El Gobierno no va a condicionar al movimiento obrero organizado”se titula el comunicado de la CGT que considera que “es una nueva provocación del Poder Ejecutivo” la intimación iniciada por la cartera de seguridad. “Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país”, consideró la central obrera.
Asimismo, y en el marco de la decena de gremios que repudiaron la recepción de las intimaciones, apuntan en el comunicado contra “la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho de huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento”. Finalmente, subrayan que la CGT “no representa los intereses de ‘una casta’,sin los intereses de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país”.
El envío de la multa a los manifestantes forma parte del protocolo antipiquetes anunciado por Patricia Bullrich, quien explicó que se les enviará la factura “a las organizaciones o individuos responsables”por los costos de los operativos, ya que “el Estado no va a pagar por el uso de la fuerza de seguridad“. En ese marco, señaló que “las organizaciones que tengan personería o los individuos que la tengan, deberán hacerse cargo”.
La CGT ratificó el paro nacional del #24
La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) se reunió este miércoles con los representantes del Plenario de las Regionales de la central obrera, con el objetivo de analizar distintos aspectos del paro y la movilización ratificada para el próximo 24 de enero, informaron voceros gremiales.
