Así lo aseguró la ministra de Capital Humano de Javier Milei. Además, anunció otras medidas en dirección a castigar a los beneficiarios de planes sociales que salgan a protestar contra el ajuste.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificó este lunes la decisión del Gobierno de Javier Milei de quitarle los planes sociales a quienes participen de cortes de calles y movilizaciones. “Perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano”, dijo.

“Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra“, repitió Pettovello en un mensaje difundido en las redes sociales de su Ministerio.

La ministra también anunció que el Gobierno comenzará “a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales”, por lo que que se iniciará “un proceso para la eliminación de la intermediación” y que se eliminarán los “certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales”.

“Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales” a los manifestantes, explicó.

En su breve anuncio, Pettovello también se refirió a la movilización que el próximo miércoles realizarán en Plaza de Mayo las organizaciones de izquierda nucleadas en la Unidad Piquetera (UP) como respuesta a “los anuncios” de la semana pasada del ministro de Economía, Luis Caputo.

“Si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”, sostuvo. “Para los próximos días, organizaciones piqueteras han convocado a una marcha de protesta. Queremos puntualizar que si bien es un derecho manifestarse, también lo es respetar el derecho de las personas a circular libremente para dirigirse a su trabajo”, señaló.

Para la ministra, la “preocupación” del Gobierno son “las madres que concurren con sus hijos a las marchas, es innecesario exponerlos al calor y a la violencia de las manifestaciones”.

Se esperan definiciones para los próximos días. Desde Economía aseguran que las retenciones no se frenan

Preocupación. Esa es la palabra que más suena entre los productores y empresarios frutícolas tras los trascendidos sobre la aplicación de retenciones para las economías regionales. Desde el entorno del ministro Luis Caputo, confirmaron que en los próximos días la medida se dará a conocer en el Boletín Oficial y comenzará a regir a partir del 1 de enero de 2024. También sumaron que será transitoria.

Sin embargo, ayer el secretario de Bioeconomía (ex Agricultura), Fernando Vilella, le aseguró a los los integrantes de la Mesa de Enlace que la medida estaba en “stand by”. La posición Vilella, sin dudas, pondrá a prueba cual es su verdadero poder dentro del Gabinete al colocarse del lado de las entidades del campo frente a este reclamo.

Todo este escenario genera una enorme incertidumbre dentro de la actividad frutícola por el impacto de está medida a lo que hay que sumarle una fuerte aceleración de costos, en un contexto de estacionalidad para la actividad que la deja muy vulnerable, financieramente hablando.

La aplicación de una alícuota de retenciones como la que se está mencionando implica poco más de 45 millones de dólares que el sector privado debe traspasar a las arcas públicas nacionales en la temporada que se inicia. No es un número menor teniendo en cuenta la crisis por que que está atravesando el sector. Los exportadores de cerezas, que ya comenzaron con la cosecha y los embarques al exterior, también miran estos posibles anuncios con mucha preocupación.

No se descarta que una medida como esta volverá a limitar las exportaciones de frutas desde el Valle, como viene ocurriendo en todos estos últimos años con la manzana.

En este punto el que ya manifestó su preocupación por la posible aplicación de este tributo fue el ministro de Producción y Agroindustria de Río Negro, Carlos Banacloy. El funcionario dejó en claro que quiere ser prudente y esperar a que se oficialice esta medida, que, de efectivizarse, puede generar mucho daño en todos los sectores exportadores de la Patagonia norte.

Fuente: LM Neuquén

El Gobernador explicó que las provincias propusieron al gobierno que se coparticipe el 50% del Impuesto al Cheque de modo de no tener que revertir la eliminación de Ganancias para la mayor parte de los trabajadores.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aclaró este lunes que los mandatarios provinciales no pidieron reinstalar el Impuesto a las Ganancias sino “sustituir o compensar” el impacto que tuvo esa medida en la masa de la coparticipación con otros instrumentos y confirmó que fueron convocados para mañana a una reunión con el presidente Javier Milei.

En diálogo con Radio 10 Kicillof analizó las medidas anunciadas la semana por el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, quien además había asegurado que “las provincias” eran “más más interesadas en que esto (en referencia a la eliminación de la cuarta categoría de Ganancias) se dé vuelta”.

“El otro día tuvimos una reunión virtual con el ministro del Interior, Guillermo Francos, y quedamos en reunirnos mañana con el presidente Javier Milei”, sostuvo el mandatario bonaerense.

En ese marco, afirmó que, “lo que ocurrió, más allá de la violenta devaluación que se produjo a poco tiempo de asumir Milei, es que había una pérdida de recursos para las provincias derivada de lo que votó el Congreso de la cuarta categoría de Ganancias”.

En ese sentido, Kicillof indicó que la modificación del impuesto a las Ganancias sancionada en septiembre pasado por el Congreso nacional a partir de un proyecto impulsado por el entonces ministro de Economía, Sergio Massa, “representa el 7% de los recursos coparticipables”.

“Eso afectó a las provincias. Cuando se trató esto, se planteó (desde las provincias) sustituir o compensar (esa pérdida)”, indicó.

El mandatario bonaerense señaló que, antes del cambio de gobierno, “hubo reuniones con gobernadores de todos los partidos políticos y se hizo una propuesta que se encarnó en un proyecto de ley para coparticipar una parte, el 50%, del Impuesto al Cheque”.

“Eso terminó en un proyecto de ley, con la firma de 22 gobernadores, que ya presentaron varios senadores. Eso es lo que está en la mesa”, consignó Kicillof, quien detalló que “el ministro del Interior planteó otras propuestas, siempre con la vocación de sustituir y compensar la pérdida de recursos”.

Luego, dijo desconocer el paquete impositivo, pero afirmó que “se aumentaron el Impuesto PAÍS y las retenciones con una devaluación muy fuerte”.

“Una devaluación del 120% es la más fuerte de la historia argentina. Ello implica una transferencia de recursos. Varían los patrimonios y recursos. Unos ganan y otros pierden. Todo el esquema es sacudido. En este nuevo escenario es lógico hablar. La ecuación cambió y, en base a eso, tenemos que hablar de una compensación”, planteó.

Cuando se le preguntó por la posibilidad de crear una moneda provincial, contestó que “hubo varios episodios parecidos” y recordó que “por crisis de liquidez en 2001, la provincia de Buenos Aires, entre otras, emitió cuasi monedas, títulos de deuda pública de baja denominación -letras o bonos- con formato de billete”.

“La provincia de Buenos Aires tiene una particularidad, que es que su banco puede emitir moneda. Esto está sujeto a diferentes interpretaciones. Estamos esperando las definiciones del plan económico de conjunto porque no es que se modifica una palanca y ya está. Es todo un tablero”, recalcó.

También, manifestó que “se armó una mitología falsa según la cual hay mucho gasto en la provincia, cuando es la que menos gasto público tiene por habitante, que es como hay que medirlo”.

“Es la que menos trabajadores públicos tiene por habitante. Son 650.000 trabajadores para 17 millones de habitantes: 400 mil docentes, 100 mil auxiliares, 80 mil médicos, servicio penitenciario, policías y otras prestaciones que tenemos que dar”, describió.

Y subrayó que “la provincia aporta el 40% de los recursos coparticipables y recibe el 20%”, dijo “comprender” el federalismo pero estimó que “es demasiado desigual y esto tiene efectos, somos la que menos recibe, la que menos gasta y la que menos empleados tiene”.

El presidente Milei firmó un decreto autorizando la emisión de dos billones de pesos en deuda para 2024. La medida surgió, según el Ejecutivo, para dar cumplimiento a las obligaciones.

El presidente Javier Milei firmó el Decreto 56/2023, permitiendo que el Banco Central emita dos billones de pesos para el 2024. Según informó el Ejecutivo, la medida busca hacer frente a compromisos financieros inmediatos y asegurar pagos, en un «esfuerzo» por garantizar la estabilidad financiera.

Publicado en el Boletín Oficial, el decreto autorizó al Órgano Responsable de la Coordinación de los Sistemas de Administración Financiera emitir instrumentos de deuda pública para cubrir emisiones con vencimientos en 2024 y plazos de amortización inferiores a 90 días, autorizando una expansión significativa en la capacidad de endeudamiento del país.

La medida también aumenta en 1 billón de pesos el monto autorizado para operaciones de crédito público, con un plazo mínimo de amortización de 90 días, en concordancia con la Ley N° 27.701 de Presupuesto General de la Administración Nacional para 2023. Según definieron, flexibilidad permitirá al gobierno adaptarse al complejo escenario económico global.

El decreto incluye un aumento de 4.000 millones de pesos para atender beneficios reconocidos por leyes específicas, para cumplir el compromiso del gobierno con las obligaciones legales y sociales, incluso en momentos de restricciones fiscales.

Golpe al bolsillo de los argentinos.

Las políticas de ajuste de Javier Milei generarán 2,8 millones de pobres más. Son las consecuencias de un ajuste que implicó una megadevaluación, suba en el precio de los combustible y ninguna política de ingresos que pueda compensar los incrementos.

Así las cosas, este año la pobreza finalizaría con el 50% o más de la población urbana y para el primer trimestre de 2024 podría rondar entre el 55 y 60%.

Estos datos surgen de la elasticidad ingresos/pobreza en base a las últimas mediciones del INDEC. Es sabido que la evolución de la tasa de pobreza por ingresos está relacionada con dos factores: el nivel real de ingresos de los hogares y su distribución.

Así la pobreza se reduce o aumenta si mejora o retrocede el ingreso real de las personas y familias, computando todos los ingresos tanto laborales como los no laborales. De igual manera, la pobreza empeora o se achica si se incrementa o reduce la distribución del ingreso.

La devaluación de Milei.

Como era previsible, la mega devaluación ordenada por Javier Milei golpeará en los bolsillos de los argentinos. Las remarcaciones en la primera semana de gobierno libertario mandaron los precios 16% arriba. Se espera una inflación en diciembre superior al 30%.

Según un relevamiento de Ámbito Financiero, los precios de productos de primera necesidad subieron casi 20% en solo unos días. El ministro de Economía Luis Caputo decidió una devaluación del 118%, la más importante de historia. Además, los combustibles aumentaron entre 35 y 50%. Así no hay bolsillo que pueda agunatar.

De esta manera se espera un fin de año muy caliente, con protestas sociales. El gobierno casi no dispuso ninguna medida de contención, lo que hará que millones de familias enfrenten problemas para comprar productos básicos.

Lo confirmó el ministro de Infraestructura. “Nuestra orientación, el vector con el cual trabajamos, es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga”, dijo.

El ministro de Infraestructura nacional, Guillermo Ferraro, ratificó este sábado el plan del Gobierno de Javier Milei para privatizar las empresas de trenes.

“Nuestra orientación, el vector con el cual trabajamos, es que todo lo que pueda hacer el sector privado, que lo haga, y retirar al Estado de la economía”, afirmó Ferraro en diálogo con Radio Mitre, al responder una consulta sobre el proyecto que tiene la actual administración en torno del sistema ferroviario.

En este sentido, remarcó que “hay distintas formas de hacerlo y distintas actividades e industrias que atañen al ferrocarril”.

“Una cosa es el ferrocarril que transporta pasajeros y otra es el de carga”, refirió el ministro, tras lo cual destacó que “también está una estructura que se quiso hacer en los 90”.

Sobre esto último, Ferraro se explayó: “Fíjese lo que es el Estado, este monstruo que crece solo, que cuando se privatizaron se trató de llevar a Argentina el modelo europeo, por el cual se creó una empresa que administre la infraestructura ferroviaria, esto es las vías y señalizaciones, y otra que administre la operación ferroviaria”.

“Eso quedó abierto para que las unidades de negocios sean claramente diferenciadas hacia un sistema open access, por lo cual también se avanzó entre 2015 y 2016 mediante una Ley, pero nunca se implementó”, añadió.

En relación con el sistema open access, el funcionario graficó: “Esto es que las vías estén a cargo de una empresa, ADIF -mencionó-, y que por ello cobre un canon a quien las use, tanto operadores de pasajeros como de cargas”.

“Así quedan definidos dos modelos de negocios con dos objetivos y dos performances: el que administra la infraestructura tiene la obligación y vende el servicio de mantener las vías bajo un régimen de carga y velocidad adecuados y por eso cobra un canon; el que opera el pasajero tiene un modelo de negocio y el de carga otro”, distinguió, aunque reiteró que “nunca se implementó” ello.

En cambio, señaló que “hoy está todo mezclado, y sobre esas dos estructuras, más otras que se crearon, se quedaron empresas de empresas y sobre eso una empresa madre, Ferrocarriles Argentinos S.A., que funciona como holding”, evaluó Ferraro sobre el actual modelo de los trenes en el país.

“Todo eso que está por arriba de estas dos estructuras es burocracia que se ha creado de manera inútil y que encarece todo el sistema”, cerró el funcionario.

El DNU regirá hasta el 31 de diciembre de 2024.

El Gobierno nacional dispuso la emergencia del sector eléctrico en los segmentos de generación, transporte y distribución hasta el 31 de diciembre de 2024, dio continuidad a la intervención de los entes reguladores e iniciará el proceso de revisión tarifaria del servicio eléctrico.

Así se reflejó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que lleva el número 55/2023 que fue publicado en las últimas horas del domingo en el Boletín Oficial, en el que sostiene que existe “una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada”. Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, “resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro”, destaca el texto en sus considerandos.

El DNU declara en su artículo 1 “la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”.

La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven “tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024”, según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.

El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para “la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios”.

En ese sentido, determina a través del artículo 3 el “inicio de la revisión tarifaria” correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de “transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”, y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes “no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024”.

En el DNU también se dispone la intervención del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y del Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), a partir del 1 de enero de 2024 y hasta la designación de los miembros del Directorio que resulten del proceso de selección previsto en el mismo DNU.

Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas “realizar los procesos de revisión tarifaria” y “evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones” y eventuales anomalías.

Finalmente, el DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.

Fue a votar, lo insultaron y perdió (Macri no fue).

El presidente Javier Milei reaccionó indignado cuando le confirmaron que Juan Román Riquelme se imponía por paliza sobre Mauricio Macri en las elecciones de Boca. El expresidente le había insistido a Milei para que vaya a votar, con lo que buscó dar vuelta el resultado electoral. Milei asistió a la Bombonera donde fue recibido con insultos por los hinchas de Boca.

Según trascendió en medios cercanos a Macri, el propio Milei llamó furioso al ex mandatario por exponerlo a una situación muy incómoda, mientras el propio Macri desistió de ir a votar. Además, el resultado fue muy abultado: Riquelme le sacó 30% a la lista macrista.

En las redes sociales, la canciller Diana Mondino publicó un tuit llamativo donde habló de la “hombría y valentía” de Milei por ir a votar a pesar de ser un “territorio hostil”. “Poquísimos se animarían a votar en Boca rodeado de un clima híper hostil”, afirmó. ¿Fue un mensaje para Macri, quien no se animó a pasar por ese mal trago?

El triste final de Macri en Boca.

Mauricio Macri apostó con todo a intentar recuperar Boca Juniors y lo hizo enfrentando a Juan Román Riquelme. El expresidente fue como candidato a vice de Andrés Ibarra. Jugó fuerte en campaña y además metió a la justicia amiga en la campaña, que llegó a postergar las elecciones. Pero no terminó ahí: también sumó a Javier Milei en su estrategia. El mandatario argentino fue a votar a la Bombonera, donde fue silbado por los hinchas xeneizes.

Todo terminó mal para Macri. Fue una derrota categórica: Riquelme sacó el 65% de los votos, contra 35% de Ibarra. Sabiendo de la derrota que se avecinaba, Macri decidió finalmente no ir a votar.

Excepto en el sector vitalicios, Riquelme le ganó por paliza en socios activos, interior y mujeres. Fue un triunfo arrollador. Con el 20% de las mesas escrutadas, el propio Ibarra debió salir a reconocer la derrota por “3000 mil votos o algo más”. La diferencia final fue de 14 mil votos.

Para Macri se acerca un final de ciclo muy doloroso. No pude ser candidato nacional y su fuerza, el PRO, quedó tercera en las elecciones nacionales. Quiso volver a Boca pero sus hinchas le dieron la espalda. “Hay que saltar, hay que saltar, porque Mauricio no vuelve más”, cantaron los xeneizes.