La vicepresidenta cuestionó distintos fallos de la Justicia y vinculó a Mauricio Macri con cada uno de ellos. “Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara”, remató.

Este martes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner cruzó al poder Judicial por tres fallos que se dieron a conocer hoy, y vinculo cada decisión del Poder Judicial con Mauricio Macri. “Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara”, remató.

Por un lado, criticó la decisión de la Cámara Federal de Casación Penal que confirmó el sobreseimiento al expresidente Mauricio Macri en la causa por espionaje ilegal a familiares de las 44 víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017,

Por otro lado, Cristina mencionó al fallo de la causa conocida mediaticamente como la “Ruta del Dinero K” que ordenó revocar el sobreseimiento de CFK, y por último vinculó a Mauricio Macri con la decisión de la Justicia porteña que suspendió las elecciones en Boca.

“Postales de una mañana argentina: Macri confirmó su impunidad en la causa por la muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, revocó mi sobreseimiento en la causa del “dinero K” y, como parece que no gana, consiguió que el poder judicial suspenda las elecciones en Boca a cinco días de su realización. Pensar que en Argentina todavía hay quienes hablan de la independencia del Poder Judicial y no se les cae la cara. ¡Mamita!”, escribió CFK.

Así lo dictó la Cámara Federal porteña en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y ordenó que siga la investigación en relación a su persona.

La Cámara Federal porteña revocó este martes el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y ordenó que siga la investigación en relación a su persona.

La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que revocó el sobreseimiento dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

El sobreseimiento resuelto luego de un planteo al respecto del fiscal del caso Guillermo Marijuán fue apelado por una asociación civil, “Bases Republicanas“, ligada al macrismo y aceptada como querellante por la Cámara luego del dictado de la desvinculación de la Vicepresidenta.

El Tribunal de Apelaciones con los votos de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y la disidencia de Eduardo Farah revocó el sobreseimiento y dispuso profundizar la investigación que seguirá a cargo de Casanello.

“No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, sostuvo Farah en minoría.

En el voto mayoritario de Bertuzzi y Llorens se hizo lugar a la apelación de la ONG y se ordenó al juez que “reexamine el fondo de la cuestión teniendo en cuenta los lineamientos expresados” en la resolución de la Cámara “y todos aquellos que presenten las partes legitimadas en el proceso”.

En la causa se investigan maniobras de lavado de dinero cometidas por Báez a través de su grupo empresario y ya se hizo un juicio oral en la que resultó condenado al igual que otros acusados.

La expresidenta tenía falta de mérito en el caso y Casanello la sobreseyó por falta de pruebas, una decisión que ahora quedó revocada.

Se espera que la máxima autoridad del organismo, Kristalina Georgieva se reúna personalmente con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, durante su visita a Washington el martes.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está “muy interesado” en apoyar a Argentina y el país podría ser candidato a recibir financiación a través de su Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RST, por sus siglas en inglés, o FFRS), dijo el lunes la jefa del FMI, Kristalina Georgieva.

Se espera que Georgieva se reúna personalmente con el presidente electo de Argentina, Javier Milei, durante su visita a Washington el martes. Esta reunión se produce tras un primer encuentro virtual entre Milei y el FMI el viernes, que Georgieva describió como un “compromiso muy constructivo, una discusión muy seria”.

“Vamos a ver cómo va el compromiso, pero es un primer paso prometedor“, dijo Georgieva a Reuters.

“La forma más importante en que Argentina puede ayudarse a sí misma es abordando los desequilibrios macroeconómicos que se han acumulado. Pero además, estamos muy interesados en apoyar a Argentina, abordar el profundo problema de la inflación, crear un entorno para el crecimiento impulsado por el sector privado que pueda animar el empleo y la economía en general”.

Fondo Fiduciario para la Resiliencia y la Sostenibilidad: en qué consiste

El Fondo Monetario Internacional (FMI) creó el Fondo Fiduciario de Resiliencia y Sostenibilidad (FFRS) para ayudar a países con ingresos bajos o medios que enfrenten riesgos estructurales de largo plazo relacionados con el cambio climático y la prevención de pandemias.

Georgieva se mostró interesada en debatir cómo podría Argentina ser menos vulnerable a los fenómenos climáticos ( los cuales Javier Milei niega al sostener que son un invento socialista). Esto le traería un ingreso de dólares de u$s1.300 millones extra que Javier Milei necesitaría para resolver la “bomba de leliqs”, uno de los temas más acuciantes según su visión.

“Tienen problemas estructurales muy importantes que el FMI puede ayudarles a resolver, así como problemas de adaptación muy importantes”, como la sequía, dijo.

Disponer de un programa en curso es una condición previa para acceder al mecanismo de apoyo a la adaptación del FMI, que se puso en marcha para ayudar a los países insulares y de renta media vulnerables y que proporciona acceso a préstamos a bajo interés a unos 140 países.

No estaba claro cómo afectaría a Argentina la posibilidad de recurrir al fondo fiduciario el programa de u$s44.000 millones del FMI —el mayor del Fondo Monetario Internacional—, que se considera que se ha desviado del camino y finalizará en septiembre de 2024.

Fuente: con información de Ámbito.

Liliana Salinas, diputada provincial electa en Entre Ríos por La Libertad Avanza, cuestionó el acuerdo del presidente electo con Macri y aseguró que todos los que acompañaron al Javier Milei durante estos años están siendo dejados de lado.

La diputada provincial electa en Entre Ríos por La Libertad Avanza, Liliana Salinas, volvió a cuestionar el acuerdo entre Javier Milei y Juntos por el Cambio y aseguró que “este va a ser el segundo gobierno de Mauricio Macri”. 

Tras recordar el trabajo que hizo durante la campaña junto a Javier Milei desde antes de su llegada a la Cámara de Diputados, Salinas aseguró que fue muy tajante al retirarle su apoyo tras el acercamiento con Macri. “Yo no estoy de acuerdo con esa alianza. Hay una estructura muy débil. Esa es una realidad. La hicimos ahora. Es la primera vez que participamos. Era lógico que hacer una alianza con Cambiemos se iba a quedar con todo nuestro trabajo”, se lamentó.

Por eso, fue tan tajante al advertir: “Nuestra gente no está siendo tenida en cuenta. No está ocupando ningún lugar. JxC invadió todos los espacios. No sé si era la regla. Pero creo que es algo que está ocurriendo hoy”. 

“Es Macri, sin dudas. Este va a ser el segundo gobierno de Macri”, puso en palabras algo que se viene palpando en estas semanas de armado vertiginoso antes del 10 de diciembre.

Alcanza con repasar algunos nombres que Mieli fue dejando de lado y que eran, ni más ni menos, quienes representaban las propuestas más icónicas del libertario, como Emilio Ocampo, que quedó afuera del Banco Central, o como Patricia Bullrich le primerió Seguridad a la vicepresidenta Victoria Villarruel.

“La gente que estábamos acompañando a Javier, al sentirnos dejados de un lado, cuando vimos que los espacios habían sido invadidos por la gente de Macri, dimos un paso al costado”, añadió sobre este tema.

Y finalizó con un tono crítico donde Macri es el blanco de las acusaciones: “Somos una estructura muy chica, muy débil. Y quedamos más débil todavía. Es fácil para Macri quedarse con todo nuestro trabajo”. 

Fuente: Pagina 12

EL PAÍS DE MILEI.

Las 5 cámaras empresariales de colectivos del AMBA anunciaron hoy una “fuerte reducción” del servicio en la mayoría de las líneas comunales y provinciales del conurbano (numeración 200 en adelante) por la “falta de pago de subsidios”.

Los empresarios reclamaron “$9.000 millones de subsidios de octubre adeudados”, remarcaron el “agotamiento de los recursos de una enorme mayoría de las compañías” y advirtieron que “se afectarán los servicios, con un agravamiento a medida que transcurra la semana”. Además, apuntaron contra el congelamiento de tarifas y el “atraso en el cálculo y pagos de compensaciones”. Por su parte, Javier Milei ya adelantó que no piensa pagar subsidios, lo que dispará el precio de las tarifas.

“El conjunto de las 5 Cámaras Empresarias de Colectivos del AMBA comunican a la población la afectación de servicios, que desde mañana, se producirá en la mayoría de las lineas de colectivos del AMBA de Jurisdicción provincial y comunal (Lineas numeración 200 en adelante)”, comunicó la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor en Twitter.

EL AJUSTE AVANZA.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el gobierno de Javier Milei plantea realizar un fuerte recorte sobre la planta de personal en diversos ministerios y organismos, confeccionando una base de datos con los trabajadores contratados y sin estabilidad, con la decisión de llevar adelante despidos masivos. Aseguran que llegaron a esa conclusión después de reuniones con referentes libertarios.

“La paz social la tienen que garantizar los gobiernos con sus políticas, no los trabajadores. Tenemos derecho a actuar en legítima defensa si sentimos que estamos en peligro”, apuntó el Secretario General de ATE, Rodolfo Aguiar.

“Bajo la certeza de que el recorte que planifica el próximo Gobierno contempla el despido de miles de estatales es que tenemos que empezar a actuar de manera preventiva. No descartamos hacerlo esta semana en algunos organismos. A los economistas que están llegando al Gobierno no les interesa nada. Sólo bajar los gastos aún a riesgo de que la operatividad de los organismos se vea reducida a su mínima expresión”, señaló el dirigente.

La conducción nacional decidió habilitar medidas de fuerza sectoriales y preventivas, iniciando en las próximas horas un paro de 72 horas en el SENASA. Cabe destacar que una huelga de 3 días en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria podría frenar todas las exportaciones a partir de la paralización de los controles en los puertos, aeropuertos internacionales, pasos de frontera y todas las aduanas. También, se levantarán las barreras de control zoofitosanitarios en la patagonia y otras regiones del país. Esto último, pone en riesgo el status sanitario argentino.

La información surgió luego de que la conducción de ATE mantenga reuniones con trabajadores que formaron parte de los intercambios entre las gestiones saliente y entrante, y pudo conocer que quienes representan en esta tarea al Gobierno que asumirá el 10 de diciembre realizan una búsqueda exhaustiva de todos los trabajadores no sólo que ingresaron en el último año, sino también de todos aquellos que se encuentran sin estabilidad, no importando la antigüedad que tengan. Son más de 64.000 los empleados que la actual gestión deja precarizados y desprotegidos.

Cabe recordar que el Gobierno actual incumplió con el Plan de Regularización del Empleo Público que había sido firmado en la propia Casa Rosada en 2021.

“Este mismo lunes estaremos informando un paro de 72 horas en el SENASA. La medida podría afectar a todas las exportaciones y no vamos a ser responsables nosotros”, advirtió el dirigente estatal.

En este sentido, Aguiar concluyó: “Está claro que la variable de ajuste vamos a ser los trabajadores. Tenemos que prepararnos para enfrentar un periodo en el que intentarán quitarnos todos nuestros derechos”.

El ajuste libertario.

Las prepagas preparan un fuerte aumento de las cuotas para recomponer sus ingresos, que aducen están afectados por la compra de insumos médicos en dólares. El visto bueno para dar un salto que en la cámara del sector estiman que podría rondar el cuarenta por ciento vino del propio Milei.

En en reciente encuentro con los dueños de las principales prepagas del país, Milei les explicó que no comparte el modelo del actual gobierno de controlar los aumentos de cuotas. “Yo voy a desactivar los controles de la Superintendencia, ustedes aumentan lo que consideren necesario y luego compitan en el mercado”, les dijo el libertario, según reveló a LPO una fuente al tanto de las conversaciones.

Las tarifas que cobran las prepagas a sus usuarios se encuentra regulada por el Estado. El marco vigente al momento autoriza subas mensuales indexadas a la suba del Índice de Costo de Salud que ronda el 90% del promedio de los aumentos otorgados a asalariados formales según el RIPTE que elabora el Ministerio de Trabajo.

Si bien es cierto que en plena campaña, Sergio Massa congeló los precios de las prepagas por noventa días, las empresas incumplieron la normativa y aplicaron subas promedio por encima del 5% mensual.

Irregularidades en el viaje en vuelo privado de Milei.

Un escándalo en puerta se gana Javier Milei a días de asumir como presidente de la Nación. Ocurre que viajó a Estados Unidos en un lujoso avión privado que pagó un empresario muy vinculado con el propio Estado. ¿Qué pasa si ese empresario recibe beneficios de Milei?

Se trata de Gerardo Werthein, empresario que con intereses en diferentes sectores, como finanzas, telecomunicaciones, construcción, seguro y más. Se sabe: Werthein no pagó un viaje de 200 mil dólares por amor a la república…

¿Qué puede pasar si algún sector del empresario se ve beneficiado por una medida de Milei? ¿El presidente podrá ser acusada por dádiva, es decir, recibir algún regalo a cambio de favores?

El encuentro se llevará a cabo en la principal sede porteña del Banco Provincia, ubicada en el Microcentro.

Los gobernadores del peronismo y espacios aliados se reunirán el martes en la ciudad de Buenos Aires para fijar posición ante el Gobierno electo de Javier Milei, en lo que será el primer encuentro de los jefes provinciales del PJ desde la derrota electoral de Unión por la Patria (UxP) en el balotaje.

El evento tendrá lugar a partir de las la 13 en la principal sede porteña del Banco Provincia, ubicada en el Microcentro, donde los jefes provinciales compartirán un almuerzo en el que se buscará avanzar en una posición común ante la administración del próximo Presidente.

La cita tenía como sede original al Consejo Federal de Inversiones (CFI), lugar de reunión habitual de los gobernadores en la Capital, pero luego se modificó el lugar. Que el nuevo espacio elegido sea la filial porteña del Bapro le otorga cierto protagonismo a Axel Kicillof, observado por distintos sectores del peronismo como uno de los posibles referentes de la oposición para el ciclo político que se avecina.

En efecto, los distintos sectores peronistas se debaten por estos días entre la asimilación del resultado electoral, el llamado a una autocrítica colectiva que hiciera el presidente Alberto Fernández y la necesidad de trazar una nueva estrategia de reagrupamiento en los distritos donde se retuvo el poder, especialmente en la provincia de Buenos Aires.

La convocatoria reuniría no sólo a los gobernadores de UxP, sino además a aquellos que fueron electos por espacios aliados, como el rionegrino Alberto Weretilneck, de Juntos Somos Río Negro (JSRN), y el misionero Hugo Passalacqua, del Frente Renovador de la Concordia.

También asistirán algunos mandatarios que resultaron derrotados en sus distritos, como la santacruceña Alicia Kirchner y el chaqueño Jorge Capitanich, quien ya se encuentra en la ciudad de Buenos Aires. Tras haber perdido este año las gobernaciones de San Juan, Entre Ríos, San Luis, Santa Fe, Santa Cruz y Chaco a manos de Juntos por el Cambio (JxC), el PJ y sus aliados quedaron al mando de nueve provincias: Tierra del Fuego (Gustavo Melella); La Pampa (Sergio Ziliotto); Buenos Aires (Axel Kicillof); Formosa (Gildo Insfrán); Salta (Gustavo Sáenz); Catamarca (Raúl Jalil); La Rioja (Ricardo Quintela); Tucumán (Osvaldo Jaldo) y Santiago del Estero (Gerardo Zamora).

De ellos, el salteño Sáenz fue quien se adelantó y la semana última se reunió con dos representantes de la administración entrante, Guillermo Francos y Nicolás Posse –anunciados por Milei como sus futuros ministro del Interior y jefe de Gabinete, respectivamente–, ante quienes planteó las “inquietudes” de las provincias en materia de federalismo.

A los jefes provinciales les preocupa la decisión del futuro Presidente de recortar la coparticipación federal y dar por terminada la obra pública realizada desde el Estado nacional, anuncios que, de concretarse, afectarán la conectividad y producirán un deterioro en la calidad de vida de los distritos alejados de la región centro.

Aún sin certezas sobre los próximos pasos que dará en política Sergio Massa tras el revés en el balotaje, las distintas corrientes del peronismo, entre las que se cuentan también intendentes del Conurbano bonaerense, sindicatos y movimientos sociales, dieron inicio a un reordenamiento destinado a definir nuevos liderazgos para un ciclo político que, presumen, será complejo y delicado.

Ese reagrupamiento reviste especial interés en territorio bonaerense, donde Kicillof logró la reelección con el 44,8% de los votos, un resultado que lo posiciona como posible referente de una hipotética reorganización peronista en la próxima etapa.

Luego de dar lugar a la demanda promovida por Telecom, el fallo consideró que “disponer que una actividad económica se declare como servicio público, también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso”.

El juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal 8 declaró la nulidad del decreto de necesidad y urgencia que declaró servicio público a las telecomunicaciones y concluyó que debería haberse dictado una “ley formal”, al hacer lugar a una demanda de la empresa Telecom.

“Disponer que una actividad económica se declare como servicio público, también requiere del dictado de una ley formal emitida por el Congreso, quedando vedado al Poder Ejecutivo la utilización de un DNU a ese fin”, sostuvo la jueza Cecilia De Negre.

La magistrada dispuso la nulidad del decreto 690/2020 y de las resoluciones emitidas al respecto por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) 1466-20 y 1467-2020.

La jueza sostuvo que el Estado Nacional “cuenta con los medios y con la posibilidad jurídica y técnica de implementar sistemas de prestación básica y universal, a los fines de consecución de los objetivos propuestos, disponiendo de medios existentes como el Fondo Fiduciario del Servicio Universal aportado por los prestadores de servicios TIC; el sistema Arsat; programas de acceso a conectividad llevados a cabo por el Ministerio de Educación, Secretaría de Innovación y el Enacom, o implementando nuevos emprendimientos”, para garantizar el acceso al servicio de toda la población.

“Es decir, frente a la existencia de medidas alternativas ya implementadas, el aumento de los costos para las licenciatarias que deriva de la implementación del PBU, conjuntamente con el congelamiento de precios que el DNU dispone, resultan medidas gravosas para las licenciatarias”, agregó la sentencia.

También podrían ser “potencialmente dañinas para los usuarios que, a contrario del fin que la norma busca, se traduciría en menor inversión y menor calidad del servicio, vulnerando derechos constitucionalmente protegidos”.

Para De Negre, “al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”.