La empresa argentina continua cosechando éxitos comerciales pese al intento de liquidación del macrismo.

El fabricante global de componentes y subsistemas electrónicos de mercados de comunicaciones y defensa, CPI (Communications & Power Industries) otorgó aproximadamente 20 millones de dólares a ARSAT. La empresa argentina de telecomunicaciones firmó contrato con CPI para que la compañía logre proporcionarle diversos sistemas de telemetría, seguimiento y comando, y puerta de enlace de banda Ka en apoyo de las estaciones terrestres y los teletransportes.

Cabe destacar que CPI ofrece soluciones comerciales y militares a nivel mundial, buscando expandir sus usos. Ahora, el satélite ARSAT-SG1 será  dotado de dos antenas TT&C de 13,2 metros y seis antenas de estación terrestre de puerta de enlace de 6,3 metros, cada una integrada con amplificadores de comunicaciones por satélite CPI que se instalarán en diversos lugares de la Argentina.

De igual forma, el lanzamiento del satélite argentino está previsto para el año 2025, siendo el primer satélite de alto rendimiento de ARSAT con esa tecnología y con frecuencia de banda Ka. El objetivo principal del mismo es proporcionar banda ancha por satélite y de alta calidad a miles de hogares en áreas rurales de Argentina, Bolivia, Chile y Paraguay. Esto se plantea en un contexto en el que el despliegue de infraestructura de comunicaciones terrestres es insuficiente y cuasi obsoleto para soportar la demanda.

Según un comunicado de CPI, la empresa “apoya el objetivo de ARSAT de proporcionar a los argentinos igualdad de acceso a los servicios de telecomunicaciones, cerrando la brecha digital entre las zonas rurales y urbanas”. Asimismo, declararon que “para ayudar a lograr esto, trabajamos en estrecha colaboración con ARSAT para asegurarnos de que desarrollamos una solución integrada que satisfaga plenamente las necesidades del programa SG1 GSKa. Esto incluyó el desarrollo de nuevas características para nuestra antena de 6,3 metros”, en palabras de Mike DiBiase, presidente del negocio de Antenna & Power Technologies de CPI.

ESCENARIOMUNDIAL

El ente multará a las empresas eléctricas que hayan suspendido su servicio por más de de 72 horas.

Walter Martello, titular del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), aseguró que se “va a sancionar” a las empresas concesionarias de luz por los cortes de más de 72 horas, que afectan a miles de usuarios de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

“Hay muchísimos reclamos que tienen que ver con días anteriores donde no se habían dado estos picos históricos y los vamos a atender. Esta situación lo que hace es agravarlos, tienen derecho a reclamar”, aseguró el titular del ENRE y confirmó que el organismo “va a sancionar a las empresas” por dejar a más de 7 mil personas en el fin de semana sin luz por más de 72 horas.

“Cuando ocurren eventos de estas características quedan cortes de baja tensión por varios días, para lo cual estamos intimando a las empresas que terminado este evento climático, que pensamos para últimas horas de hoy y las primeras de mañana, rápidamente vayan a atender los temas puntuales que vayan quedando pendiente”, aseveró Martello y opinó que “hay un problema crónico de inversiones, no hay explicación para que una persona esté cuatro días sin luz”.

El funcionario explicó que el ENRE está elaborando un informe técnico para entregar al Poder Ejecutivo y a los legisladores nacionales para que se analice si alguna de las empresas deben ser nacionalizadas.

“Comenzamos un proceso de análisis de 90 días para elevarle a las autoridades competentes un informe técnico para que evalúen las condiciones de la empresa y las eventuales acciones a seguir”, aseguró Martello y opinó que es necesario que “la política evalúe que tiene que hacer con una empresa que le quedan 60 años de concesión”.

“Estamos convencidos que el anuncio de la venta y la salida del grupo Enel, que controla la empresa Edesur, no ha sido un buen anuncio en medio del verano porque se nota el agravamiento de los problemas de gestión. Es un problema de la empresa pero que afecta a los usuarios”, concluyó.

Mientras el impacto del cambio climático que padecen los porteños con olas de calor sofocantes, demanda la necesidad de contar con espacios públicos verdes de calidad, Larreta da prioridad a un emprendimiento inmobiliario de lujo.

La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires le dio el visto bueno al Grupo IRSA para que inicie las obras del barrio de torres de lujo que proyecta en Costanera Sur. Lo hizo al revocar el fallo de primera instancia que había dado la razón a las organizaciones ciudadanas que rechazaban la construcción del emprendimiento Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, habilitado en la Legislatura por el oficialismo porteño a fines de 2021. Además de las torres de hasta 145 metros que se erigirán en el terreno costero de 72 hectáreas.

Más de un año pasó desde que los y las legisladoras de Juntos por el Cambio aprobaron en la Legislatura el convenio urbanístico que habilitó a IRSA a levantar su mega desarrollo inmobiliario en los terrenos de los que es dueño desde 1997. En la última sesión antes del recambio legislativo de 2021, el oficialismo aprobó un paquete que incluyó la rezonificación de Costa Salguero y otras excepciones inmobiliarias para construir torres. Sin embargo, las organizaciones ciudadanas, que se expresaron mayoritariamente en contra del proyecto en audiencias públicas, fueron a la Justicia y en marzo de 2022 consiguieron que el juez Luis Ammirato impugnara el convenio al considerar que se habían incumplido los mecanismos de participación ciudadana y por los posibles daños ambientales del proyecto, informa Página 12.

Este lunes, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad decidió revocar la sentencia al hacer lugar a la apelación presentada por el GCBA e IRSA en conjunto. En su fallo, las juezas Nieves Macchiavelli y Laura Perugini sostuvieron que al no haber comenzado aún las obras “no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera las modificaciones normativas pueden por sí mismas implicar un daño al ambiente”.

Pese a que el convenio establece, entre otras cosas, el tamaño y los límites de los polígonos en que se dividirá el predio, la parte que será para las torres y la que será para parque público, y hasta las alturas de los edificios, las juezas consideraron que el impacto del emprendimiento todavía no puede definirse ya que “no se elaboró aun un proyecto concreto”.

Con respecto a la participación ciudadana, el juez Ammirato había sostenido que las audiencias tendrían que haberse realizado antes del tratamiento legislativo del proyecto, apoyándose en lo establecido por la Ley N°123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, siguiendo la lógica anterior, los camaristas consideraron que, al no haber debatido la Legislatura el proyecto concreto de obra sino una modificación de normativa urbanística, esas instancias no eran necesarias como tratamiento previo.

“En la sentencia sólo se abordó la cuestión de la necesidad de convocar a instancias de participación ciudadana antes de la firma del convenio, pero el procedimiento de aprobación tuvo otras tantas irregularidades e ilegalidades”, dijo a Página 12 Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad que presentó el amparo que derivó en el fallo de origen. Según precisó, hay otras acciones judiciales en marcha que cuestionan, entre otros puntos, la falta de evaluaciones de diagnóstico y de impacto antes de la firma del convenio, y la votación en la Legislatura que no llegó a los dos tercios del recinto. El abogado sostuvo, además, que “era previsible que en plena campaña den vía libre al emprendimiento”.

El fallo de la Sala IV salió menos de una semana después de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, asegurara en la apertura de sesiones de la Legislatura que este año el GCBA buscará “recuperar la costanera y el acceso al río” con proyectos que incluyen a Costa Urbana. “La Empresa compró el terreno a 50 millones de dólares y con la nueva normativa hoy se valoriza a más de 800 millones. El Jefe de Gobierno, hoy candidato a presidente, le otorgó una renta extraordinaria a expensas de nuestra costa impactando en la destrucción del ecosistema”, dijo el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña.

María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, otra de las organizaciones que acompañaron el amparo, sostuvo por su parte que Costa Urbana “implica destruir uno de los pocos humedales que tiene la Ciudad, estamos sufriendo una de las olas de calor más importante de las últimas décadas y el GCBA junto con IRSA quieren continuar llenado de torres y cemento la Costanera”. “La decisión judicial confirma el escandaloso cambio normativo que consiguió IRSA de parte de Larreta, quien premió a la empresa con normativa para realizar un barrio semiprivado sobre un humedal”, completó Barroetaveña.

El proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Ciudad frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, implica la construcción de más de 30 edificios de hasta 145 metros en parte del predio, con una capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados. A cambio, IRSA deberá entregar una porción de los terrenos ribereños para construir un parque público. Aunque IRSA promociona que el 71 por ciento será destinado a ese parque, los números finos del convenio marcan otra cosa. Además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación, por ejemplo, 11 hectáreas de un “espejo de agua” conformado por agua que ingresa del Río de la Plata.

NUEVACIUDAD

Así no se puede.

La inflación se aceleró con fuerza por tercer mes consecutivo. En febrero se ubicó en el 6,6%, el nivel más alto desde agosto del 2022 cuando el IPC trepó hasta el 7% y muy por encima de lo proyectado por el mercado (+6,1%). Además, en un año superó el 100%, por primera vez en más de tres décadas, así lo informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Por otra parte, la inflación acumuló en el primer bimestre del año un alza del 13,1%.

En febrero, el ítem que más subió el mes pasado fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se disparó 9,8%, principalmente afectado por la fuerte alza de precios en los cortes de carnes y los productos lácteos.

Los otros rubros que subieron mucho fueron Comunicación (+7,8%), sobre la que pesó el alza de los servicios de telefonía e internet y Restaurantes y hoteles (+7,5%). En cuanto Salud (+5,3%) incidió las suba de las cuotas de las prepagas. Las dos divisiones que menos subieron fueron Prendas de vestir y calzado (+3,9%) y Educación (+3,2%).

Además cuestionó que el Poder Judicial no está dispuesto a encontrar a los actores intelectuales y aquellos que financiaron el intento de magnicidio.

La Cámara Federal porteña rechazó por “inadmisible” un recurso de la querella de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para que se revise en una instancia superior -Casación Penal- la decisión de procesar a los integrantes de la agrupación “Revolución Federal” por un delito menor, incitación a la violencia colectiva y no por asociación ilícita, como reclama esa parte.

El Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso ante Casación de los abogados de la Vicepresidenta, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, contra la decisión del 16 de febrero último, en la cual se confirmó de manera parcial el procesamiento a cuatro acusados y se concluyó que no existió una asociación ilícita.

La querella de la Vicepresidenta reclamó procesamientos por un delito más grave, asociación ilícita, algo que sí había resuelto el juez del caso, Marcelo Martínez De Giorgi, pero que fue revocado por los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens

Al presentar el recurso de apelación para llegar a Casación, máximo tribunal penal federal del país, la querella argumentó que “la decisión adoptada le causa un agravio de imposible reparación ulterior en razón de que, al ser tan diversas las figuras penales analizadas, se veda la posibilidad de requerir la elevación a juicio y de acusar a los imputados por formar una asociación ilegal para imponer sus ideas de modo violento y antidemocrático”.

“Asimismo, calificó la sentencia de arbitraria en cuanto al análisis del tipo penal y dijo que se realizó una errónea aplicación de la ley sustantiva en un caso de gravedad institucional”, según se expuso en la resolución.

Los jueces del Tribunal de Apelaciones también rechazaron un recurso de Casación de la imputada Sabrina Basile, contra el procesamiento que quedó confirmado por “incitación a la violencia colectiva”.

La sala I de la Cámara Federal porteña declaró “inadmisibles” las apelaciones porque no lograron “demostrar la existencia de un gravamen de imposible o tardía reparación ulterior que permita –por vía de excepción- conceder el remedio procesal invocado”.

Tras los estudios correspondientes, la Unidad Médica Presidencial difundió el diagnóstico que sufre el Presidente, quien hará reposo desde la Quinta de Olivos.

El presidente Alberto Fernández fue hospitalizado este martes por la tarde en el Sanatorio Otamendi por fuertes dolores de espalda, y tras los estudios, se confirmó que sufre una hernia de disco lumbar.

Tras un primer parte médico informando los dolores, más tarde se difundió un segundo comunicado indicando que “al señor Presidente le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48 / 72 horas”.

Último parte médico de Alberto Fernández

“Parte médico de la Unidad Médica Presidencial

Al señor Presidente de la Nación, Doctor D. Alberto Ángel FERNANDEZ, le realizaron los estudios correspondientes, evidenciándose una hernia de disco lumbar, por tal motivo se realizará un bloqueo radicular programada en 48 / 72 horas.

Se le indica reposo y adecuar sus actividades en la RESIDENCIA PRESIDENCIAL DE OLIVOS (R.P.O.).

Se mantendrá informada a la opinión pública”.

La comunidad educativa reclama ante la ola de calor sofocante que lleva dos semanas, las escuelas no fueron incluidas en la licitación para adquirir expendedoras de bebidas.

El Gobierno porteño, publicó la Licitación Pública Nº 7123-0170-LPU23, para la contratación de un servicio de provisión y mantenimiento integral de expendedoras de bebidas calientes, en calidad de comodato, para ser colocados en las instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
 
Este pedido de orden de compra abierta publicado en el Boletín Oficial, ocurre mientras familias, estudiantes, docentes y toda la comunidad educativa porteña, le exige a la ministra Soledad Acuña la instalación de dispensers con agua fría en las escuelas para evitar que las y los estudiantes se descompensen en medio de la ola de calor. La empresa que logre apoderarse de la licitación deberá proveer 5784 máquinas de café y bebidas calientes, que tendrán un costo de entre16.000 Y 160.000 pesos por mes.
 
“El documento de licitación se terminó de redactar entre el miércoles y el viernes de la semana pasada”, confió a Tiempo Argentino una fuente de la jefatura de gabinete porteña. Al ser consultada si era posible incluir en esta misma solicitud dispenserspara los establecimientos educativos del distrito, manifestó que “solo puede ser incluido tras el pedido formal del ministerio en cuestión”.
 
El servicio de provisión y mantenimiento integral de expendedoras de bebidas, fue solicitado por el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción porteño “para ser colocados en la instalaciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino a la Dirección General de Relocalización y Gestión Integral de Edificios de Gobierno”. Quienes sean beneficiados con la licitación pública, resultados que se conocerán el 14 de marzo de 2023, a las 12 horas tras la apertura de las ofertas, obtendrán la suma de 407 millones de pesos ($407.424.000,00).
 
En tanto, la ministra Soledad Acuña envió botellitas de agua a algunas escuelas porteñas como única medida para paliar las altas temperaturas, en reemplazo de la puesta a punto de los ventiladores y sistemas de ventilación que se encuentran inutilizados, como consecuencia de la baja inversión en mantenimiento escolar.
 
Según un relevamiento de la secretaria de Condiciones y Medio Ambiente (CYMAT) de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) señala que, a la fecha, hay alrededor de 600 establecimientos, de un total de 950, que tienen desperfectos en los sistemas de ventilación. A raíz de esta situación, varias escuelas decidieron suspender las clases en algunos días de la semana por las altas temperaturas. Lo único que ofreció la ministra Acuña, fue distribuir 170 mil botellitas de agua a algunos colegios, en una población estudiantil que llega a los 400 mil chicos y chicas sólo en escuelas públicas.
 
Por su parte, el Ministerio de Educación de la Ciudad, niega las cifras de la comunidad educativa  y asegura que “hay 10.000 aulas en todo el distrito porteño y cerca de 30.000 ventiladores, y que solo se informaron problemas en 56 artefactos”. En el mismo sentido, dicen que “esos desperfectos, suelen ser inconvenientes que se resuelven en el día” y que “están repartiendo agua fresca a primera hora de la mañana en las escuelas de jornada completa, y que ese servicio se ampliará a todas las de media jornada”.
 
Varias cooperadoras escolares desmienten la versión oficial de la cartera que conduce Soledad Acuña y sostienen que las botellitas no llegan frías a las escuelas, que muchos establecimientos educativos no tienen heladeras para enfriarlas y que el reparto de botellitas se realizó una sola vez en la semana en cada edificio escolar.

Nuevaciudad

Política social.

Luego de que el equipo económico de Sergio Massa llegara a un acuerdo con el organismo para flexibilizar las metas de acumulación de reservas que había que completar para el primer trimestre del 2023 por los efectos de la sequía, el FMI emitió un comunicado donde definía que “se tomarán medidas tempranas y decididas para abordar de manera sostenible los costos fiscales de la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones para asegurar los objetivos fiscales para este año y los próximos”.

Sin embargo, el gobierno avanzó con la ley aprobada en el Congreso Nacional y hoy se conoció este martes en el Decreto 132/2023 firmado por el Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Agustín Rossi y la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos.

De acuerdo a lo votado, se trata de un plan de pago para quienes no completaban los 30 años de aportes que exige la ley. En el caso de los hombres, con una edad entre 55 y 64 años, y las mujeres de 50 a 59 años. Además, quienes accedan no podrán abonar cuotas adeudadas en la última década, sino desde antes. Por ese motivo los primeros beneficiarios podrán regularizar su situación a diciembre del 2008. ¿Qué pretendía hacer el FMI? ¿Que esas 800 mil personas vivan en la calle sin un peso?

La manera de abonarlo será con un descuento de la propia jubilación y el pago se calcula restando el 29% de la remuneración. En el caso de quienes están a menos de una década de jubilarse, comenzarán a regularizar los abonos anteriores a marzo del 2012. El mínimo de cuotas es de 2 y el máximo de 120, y se va ajustando atado a la movilidad trimestral. Argentina es uno de los países del mundo con la mayor tasa de cobertura previsional. Gracias a esa política, solo el 12% de los jubilados son pobres.

El Plan de Pago de Deuda Previsional beneficiaria a cerca de 800.000 personas que en el 2023 cumplirán la edad para cesar su labor en el sistema de trabajo. Desde la ANSES también explicaron que otros 900.000 argentinos podrán pagar los aportes que le faltan en los períodos correspondientes. Actualmente, de 7,2 millones de jubilados un 50% accedió a través de leyes de moratoria.

Duro comunicado.

La Cámpora cuestionó el comunicado publicado por el Fondo Monetario Internacional, que destaca “la aprobación imprevista de la moratoria de pensiones”, y desde la organización política preguntaron “qué entiende el organismo” por “imprevisto” mientras acusaron al FMI de querer “tomar el comando de la economía del país”.

En el comunicado, le recordaron que en solo 70 días aprobaron un préstamo histórico a la administración de Mauricio Macri, que no pasó por ninguna otra instancia en Argentina. ¿Eso no fue imprevisto?

“Sería bueno que nos explique (la directora del FMI) Kristalina Georgieva qué entiende el organismo que preside por imprevisto porque a nuestro modesto entender “lo imprevisto” tiene que ver con los tiempos”, ironizaron desde la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

“Veamos un ejemplo midiendo los tiempos del FMI, para analizar de manera objetiva los resultados de sus definiciones: El 8 de mayo del 2018 FMI y (el expresidente argentino) Mauricio Macri anuncian el inicio de conversaciones ante el evidente fracaso de pagos a Fondos Buitres y la timba financiera en los mercados de capitales comandada por “Toto” Caputo (primo de Nicolás Caputo)”, detallaron.

Y continúa: “De aquella fecha al 20 de junio, donde se anuncia de manera formal la aprobación por parte del directorio del FMI de un “plan de ayuda” bajo la línea de préstamos Stand By por 50 mil millones de dólares, una suma extravagante para la propia historia del organismo que representaba más de la mitad de su cartera de préstamos. 73 días pasaron entre el “inicio de las conversaciones” y la concreción del préstamo de 50 MIL MILLONES DE DÓLARES”.

En tanto, el 6 de mayo de 2022 se presentó en el Senado de la Nación el proyecto legislativo de Anabel Fernández Sagasti y Mariano Recalde, el “Plan de Pago de Deuda Previsional”. Se trató en comisiones el 14 de junio de 2022 y el 30 de junio obtuvo media sanción en la cámara alta; el 28 de febrero de 2023 se logró la aprobación de la ley que beneficiará a 800 mil argentinos.

“Desde la presentación del proyecto a su sanción como ley pasan aproximadamente 300 días”, subrayó La Cámpora. Y señaló que “darle a Mauricio Macri ¡50 mil millones de dólares en 73 días! es algo planificado”, pero “una ley que beneficia a 800 mil argentinas y argentinos -por un monto bastantes veces menor- que trabajaron y cuya aprobación llevó más de 300 días, es algo imprevisto que requiere, en castellano básico: aplicar un ajuste, según indica el propio Comunicado del organismo”.

En ese sentido, el comunicado de La Cámpora insiste: “Si los 73 días que tardaron en aprobar el mayor préstamo del organismo en su historia les parece que no es imprevisto, ¿por qué no viene Georgieva al país a explicarnos a todos los argentinos y argentinas cómo pensaron los caros técnicos cómo sería devuelto?”

Complicidad civil.

La Secretaría de Derechos Humanos de Nación recordó que el empresario Carlos Blaquier murió en la impunidad. Nunca fue investigado con seriedad por su responsabilidad en la desaparición de personas en Jujuy. La empresa Ledesma fue clave para la desaparición de 300 personas durante la dictadura.

En un hilo de Twitter, la cartera explicó: “Como consecuencia de las demoras de la Cámara Federal de Casación Penal y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el empresario Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, murió hoy sin haber sido juzgado por crímenes de lesa humanidad en Jujuy durante la última dictadura”.

“La muerte impune de Blaquier se produjo luego de ocho años de dilaciones judiciales que provocaron un daño irreparable en el proceso de Memoria, Verdad y Justicia y que dejó a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad sin justicia por esos crímenes”, aseguró la Secretaría de Derechos Humanos que conduce Horacio Pietragalla Corti. 

“La @SDHArgentina considera indispensable que se avance de manera urgente en el juicio contra Alberto Lemos, administrador del Ingenio durante la dictadura, lo que permitirá esclarecer especialmente la responsabilidad que tuvo la empresa en la represión ilegal”, insistió. 

En la llamada “Noche del apagón”, ocurrido el 20 de julio de 1976, fueron secuestradas 300 personas, que fueron llevadas a golpones del ingenio Ledesma. 55 siguen desaparecidas. 

Ante la Justicia, Olga Arédez se refirió al secuestro de su marido en estos términos: “Fue cargado en la parte trasera de una camioneta con el logotipo de la Empresa Ledesma impreso en las puertas de dicho vehículo. La camioneta era conducida por un empleado de la propia empresa (…)”, contó.

Y siguió: “Posteriormente me entrevisté con el administrador del Ingenio Ledesma, el ingeniero Alberto Lemos. Él admitió que la Empresa había puesto sus móviles a disposición de la acción conjunta llevada a cabo por las fuerzas armadas, en sus palabras, “para limpiar al país de indeseables”. También aseguró que mi esposo, debido a su actividad como asesor médico de los obreros, había resultado muy perjudicial para los intereses económicos de la empresa Ledesma”. 

En 2012, Pedro Blaquier fue procesado como cómplice en primer grado de la privación ilegal de la libertad agravada de 29 personas. La Justicia nunca avanzó. En 2020, Blaquier fue sobreseido. Murió impune.