Walter Martello, impulsor de la denuncia penal contra las autoridades de la empresa, brindó detalles sobre el accionar del Estado frente a los reiterados cortes de luz por la falta de inversiones. “No podemos seguir así 60 años más” dijo en relación al plazo que resta de contrato con Edesur.

Ante los reiterados cortes en el servicio eléctrico ocurridos esta semana, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) presentó una denuncia penal contra las autoridades de Edesur por “defraudación, abandono de persona y entorpecimiento de los servicios públicos”.

En diálogo con Radio Provincia, su titular, Walter Martello aseguró sobre las causas de los cortes del servicio que “está claro que la temperatura no era el justificativo de tamaña desidia. Los registros indican que en 15 días que continuos hubo más de 70 mil usuarios fuera del servicio, y en algunos casos, llegó a los 120 mil usuarios. Hay un problema operativo que no puede resolver la empresa”.

Ante el discurso de la empresa, alineado con el mismo planteo de la oposición, sobre el cobro de tarifas bajas que no permiten la inversión, Martello argumentó. “La falta de inversión no la pueden atribuir a la falta de tarifas, porque cuando las tuvieron se financiaron con el Estado. Hay un cúmulo de excusas que ya se tornó insoportable”. Y agregó que deben tomarse medidas en lo inmediato ya que al contrato de concesión aún le quedan 60 años.

En relación a la información oficial que brinda Edesur, el titular del ENRE afirmó que “la empresa incumple sus palabras, nos miente en sus reportes. Por ello, los intimamos permanentemente. Y tomamos medidas que no nos corresponden como gestionar los grupos electrógenos para aliviando algunas situaciones, comentó.

Por tal motivo, precisó que “se nota la falta de inversión por ello vamos a elevar un informe al Congreso que remite a estas cuestiones técnicas e incumplimientos. La política también deberá tomar una decisión“.

Martello confirmó que los usuarios que estuvieron más de 36 horas sin luz tendrán un “resarcimiento directo”, mientras que la empresa recibirá una sanción extraordinaria, cuyo cúmulo es causal de rescisión del contrato de concesión. Por eso le pedimos a la gente que denuncie porque es una manera también de avanzar sobre ella”.

Será en el manco de un Foro Internacional de Derechos Humanos que le brindará respaldo internacional frente a la persecución judicial y proscripción política.

En el marco del III Foro Mundial de Derechos Humanos, el Grupo de Puebla realizará este martes 21 de marzo, a partir de las 17 horas en el Centro Cultural Kirchner, un encuentro denominado “Voluntad popular y democracia: Del partido militar al partido judicial, las amenazas a la democracia”.

La iniciativa, según informaron los organizadores, tendrá como objetivo brindarle el respaldo internacional a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, “frente a la persecución político-judicial de la que ha sido víctima desde 2015 y que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra”.

El discurso del cierre del encuentro estará a cargo de la vicepresidenta, previsto para las 19 horas. En la exposición también están anunciadas las presencias del Grupo Puebla Marco Enríquez-Ominami; el senador Oscar Parrilli (FdT-Neuquén); el diputado español Enrique Santiago (Unidas Podemos); su par hispano-argentino Gerardo Pisarello (Unidas Podemos-En Comú Podem), y el diputado Eduardo Valdés (FdT-CABA).

El encuentro contará con la presencia de los exmandatarios Evo Morales (Bolivia), Rafael Correa (Ecuador), José Luis Rodríguez Zapatero (España) y Ernesto Samper (Colombia) que encabezarán mesas de debate. También participará el exjuez español Baltasar Garzón, cuya participación está ligada a uno de los objetivos del evento, que es “denunciar el lawfare (guerra jurídica) contra la expresidenta de la Nación argentina y entregarle un apoyo transversal”, ampliaron los organizadores.

Un informe emitido por C5N revela los ingresos que recibe Guillermo Yanco, pareja de la presidenta del PRO que impulsa un fuerte ajuste en el Estado, de las arcas de CABA y es, además, empleado con la mayor categoría en la Legislatura porteña.

A través de un informe televisivo que salió al aire por el programa “Argenzuela”, emitido por la señal C5N, los negocios, contratos, aportes en pauta publicitaria que recibe la pareja de Patricia Bulrrich, Guillermo Yanco, con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, quien además es empleado de la Legislatura porteña con el sueldo más alto.
Acorde al informe periodístico, el esposo de la presidenta del PRO dirige junto al ex secretario de Derechos Humanos en la gestión de Cambiemos, Claudio Avruj, el portal de noticias Vis a Vis, donde recibe pauta del gobierno porteño.
También se constató que recibe pauta de la Ciudad de Buenos Aires en un programa de radio, Propuesta abierta, en FM Cultura.
Por esta parte, Yanco es también vocal titular, al igual que Gerardo Milman, del Instituto de Estudios Estratégicos de la Seguridad que preside Bullrich que recibe subsidios del gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta y tiene vínculos con distintas empresas contratistas de la Ciudad.
Además Yanco es socio de la empresa GEAS SRL, empresa que se dedica al control de matafuegos, que tiene como principal cliente a la Ciudad de Buenos Aires. A su vez sus socios en GEAS forman parte de los directorios de distintas empresas que fueron contratadas por la ciudad de Buenos Aires para la construcción de distintos emprendimientos.

Como si fuera poco, Yanco también es empleado de la Legislatura Porteña. Fue dado de alta con la categoría más alta el 10 de diciembre del 2009.

Cuando Patricia Bullrich fue ministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri, su pareja cumplió un rol determinante en los vínculos con el gobierno israelí, a través de su intervención en las licitaciones y compra de tecnología y armamento para las fuerzas de seguridad a cargo de la actual presidenta del PRO.

La ministra de Trabajo, Kelly Olmos, dijo que el paro de colectivos es “ilegal” y tomará medidas contra la empresa de transporte.

Tras el paro de las 80 líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los gobiernos nacional y provincial amenazaron con graves sanciones a la empresa Doscientos Ocho Transporte Automotor S. A. (DOTA), responsable de manejar los recorridos que atraviesan las jurisdicciones del Conurbano bonaerense y la ciudad porteña.

El paro de colectivos de este viernes, lo llevó adelante un sector de choferes que pertenecen a la Unión Transviarios Automotor (UTA), que reclama al Ministerio de Trabajo que se reconozca su victoria en las elecciones del gremio en cinco seccionales, así como también piden un aumento del salario básico de $350.000 en todo el país.

Por su parte, la ministra de Trabajo nacional, Raquel “Kelly” Olmos, acusó al sector que lideró el paro de colectivos de pretender “mostrar su capacidad de daño al tener de rehenes a los trabajadores que necesitan del transporte público para movilizarse”.

Además, Kelly Olmos desconoció el reclamo de los choferes que realizan el paro de colectivos en el AMBA, y sostuvo que la medida de fuerza es “estrictamente ilegal” porque no fue convocada oficialmente por la UTA. “Hay un sector interno que perdió las elecciones en el gremio”, apuntó la ministra.

En esa línea, la ministra de Transporte marcó que el Gobierno sancionará “fuertemente” a DOTA, porque considera que tiene una suerte de interés de esconder un “lockout patronal” en el paro de colectivos encabezado por el sector disidente de la UTA, por lo que también señaló que está la posibilidad de quitarle la concesión del servicio.

Asimismo, el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Jorge D’onofrio, señaló la responsabilidad de la compañía de transporte DOTA en la medida de fuerza de los choferes, por lo que definió descontar las compensaciones correspondientes y, en estas horas, evalúa otras penalidades más.

Cabe recordar que el paro de colectivos afecta a las líneas 5, 6, 7, 8, 9, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 31, 44, 50, 51, 56, 57, 74, 76, 79, 84, 91, 99, 101, 107, 108, 117, 135, 146, 150, 161, 164, 168, 177, 188, 263, 271, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 421, 429, 435, 503 de San Vicente, 514 de Almirante Brown y 520 de Lanús.

Por otro lado, el paro de colectivos del sector opositor de la UTA, además de las 80 líneas del AMBA, afectará el servicio de transporte en algunos distritos de las provincias de Santiago del Estero, Santa Fe, Córdoba, Salta y Jujuy. Asimismo, amenazaron con repetir la medida de fuerza la semana que viene en caso de no recibir respuestas a sus demandas.

La petrolera de mayoría estatal ejerció su derecho de preferencia para quedarse con las acciones de la compañía italiana en la central termoeléctrica.

La petrolera YPF comprará la parte del paquete accionario que le corresponde a la italiana Enel en Central Dock Sud, una termoeléctrica con capacidad para generar 4.458 GWh netos de energía.

Según pudo confirmaron Ámbito, el directorio de YPF aprobó en las últimas la adquisición de las acciones en manos de Enel en la compañía, ahora pasará a tener el control de la empresa. Una parte minoritaria queda en posesión de Pan American Energy (PAE).

Fuente de la la petrolera de mayoría estatal indicaron que las autoridades de YPF decidieron ejercer el derecho de preferencia que -por ser accionista de Central Dock Sud- le permitía igualar una oferta realizada por sus competidores para sumar las acciones de Enel.

La central termoeléctrica tiene una capacidad para producir 120.2 GWh con gasoil y unos 4.337 GWh con gas natural. “A más de cien años de su fundación original y luego de varios cambios societarios, la empresa cuenta hoy con tecnología de punta para la generación termoeléctrica”, reseña la firma, ubicada en el partido bonaerense de Avellaneda.

Según detalla en su web institucional, Central Dock Sud cuenta con un ciclo combinado 2×1 (dos Turbinas de Gas, TG09 y TG10 y una Turbina de Vapor, TV11) de 774,5Mw fabricados por ALSTOM/ABB (ahora General Electric) y dos Turbinas de Gas a ciclo abierto, TG7 y TG8, de 37,5 MW.

ambito

Ademas dentro de pocos días el país deberá pagar USD 2.700 millones

El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) firmado por la gestión de Mauricio Macri en mayo de 2018, sigue dando que hablar.

El mes pasado, la Comisión de Supervisión de Deuda Pública de la Auditoría General de la Nación (AGN) publicó un informe en el que detalla las severas inconsistencias de forma que tuvo la aprobación y puesta en marcha del crédito por u$s 44.000 millones al que accedió la Argentina.

“La firma del acuerdo fue en 2018 y sus consecuencias sobre el endeudamiento público generaron un alto impacto sobre el perfil de vencimientos de ejercicios futuros, afectando la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”, señala el informe de la AGN.

Indica además que “el préstamo stand by del Fondo Monetario Internacional no cumple con el criterio establecido de proceso de negociación y ejecución (normativa vigente)”.

Al respecto, en declaraciones recogidas por AGENFOR, la auditora general de la Nación, la licenciada Graciela de la Rosa, manifestó que “a lo largo de los últimos dos años fueron varias las irregularidades detectadas desde la AGN con respecto a la gestión de Macri”.

Hizo notar que “todas estas irregularidades ya están en la Justicia” y tienen que ver con “la gestión de Vialidad Nacional, entes reguladores, temas de tarifas, entre otras”.

Sin embargo, “lo que más repercutió últimamente es la auditoría con respecto al Fondo Monetario Internacional, en particular lo que ocurrió en el ejercicio económico del año 2018, donde ha impactado gravemente en las cuentas nacionales la toma del préstamo con este organismo”, remarcó.

Precisó que la Auditoría General de la Nación detectó que “esa toma de crédito se hizo sin la autorización correspondiente, no pasó por el Congreso Nacional”, de manera que “no cumplió las normativas administrativas, ni financieras vigentes, como tampoco con la Constitución Nacional”.

“Toda esa auditoría que ya fue remitida al Congreso, que va a tener que decidir si aprueba o rechaza la cuenta de inversión 2018 de Macri”, precisó De la Rosa, quien a esto sumó que en el plano judicial “ya hay causas abiertas” por la toma del crédito con el FMI.

De modo que “ahora tenemos que esperar que la Justicia, con todos estos elementos que son muy importantes, analice y determine” en el marco de las causas en trámite.

“No se puede dejar de lado el hecho que la toma de crédito al FMI lo hicieron tres personas en Argentina y endeudaron al país por varias generaciones en un monto inédito”,  

Además, se suman a esto “las condicionalidades del Fondo”, con lo cual “hemos perdido soberanía política e independencia económica”.  

Reprobó que “en plena democracia y con pleno funcionamiento del Congreso Nacional, la institución tiene que admitir y autorizar el endeudamiento interno y externo de la Nación, se haya enterado por los diarios” la contratación de la deuda con el Fondo.

“Este hecho autoritario de Macri ya está en la Justicia, que es la que va a tener que determinar, porque tiene que haber una sanción”, cerró. 

CRONOGRAMA DE PAGOS

El calendario de vencimientos de deuda corre, más allá del principio de acuerdo que el Ministerio de Economía alcanzó con el equipo técnico del Fondo Monetario Internacional esta semana, y marca que entre martes y miércoles próximo el Gobierno debería girar a Washington unos USD 2.700 millones en concepto de intereses con el organismo. Hay una certeza que tienen en los despachos oficiales: no llegará el desembolso del FMI antes de esa fecha.

El cronograma muestra que entre el 21 y 22 de marzo deberían tener lugar pagos al Fondo Monetario por USD 916 millones y USD 1.770 millones, respectivamente. Se trata de la instancia de devolución del crédito Stand By de 2018 más oneroso de este primer trimestre del 2023.

Con información de AGENFOR e INFOBAE

De regalo.

Fernando Iglesias, Margarita Stolbizer o Lilita Carrió han desplegado todo un pequeño mercado editorial con sus críticas al kirchnerismo. Sin embargo, los lectores no parecen muy interesados en lo que tienen para decir.

Para sacarse de encima el stock de libros, muchas librerías prácticamente los están regalando. Se ven ofertas de ejemplares por 300 pesos o tres por mil.

Por ejemplo, el texto “Es el peronismo estúpido”, de Fernando Iglesias, se caracteriza por los lugares comunes y las mentiras que se dicen sobre el justicialismo hace más o menos 70 años. Nada nuevo que ya no llama la atención de nadie, ni siquiera los antikirchneristas más rabiosos. En el microcentro porteño se lo puede encontrar por 300 pesos o a veces en promociones todavía más auspiciosas.

La deuda social.

La canasta básica alimentaria saltó 11,7% en febrero, mientras que una familia necesitó $177.062,87 para no ser pobre, informó este jueves 16 de marzo el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos).

En ambas mediciones se ubicaron muy por encima de la inflación del mes pasado que fue del 6,6%. En los últimos doce meses, la suba de precios es de 102%.

Así, la canasta básica total- que incluye la Canasta Básica de Alimentos (CBA) más bienes y servicios no alimentarios como vestimenta, transporte, educación, salud, entre otros – subió 8,3% en febrero y se ubicó en $177.063 para una familia tipo de cuatro integrantes (dos adultos y dos menores).

En el caso de tres integrantes estos valores se ubicaron en los $140.963 y si fuesen cinco integrantes, $186.231. Estas mediciones se incrementaron un 111,3% de forma anual. Este índice mide el umbral de la pobreza, por lo tanto un adulto necesitó en febrero $57.302 para no ser considerado pobre.

Por su parte, la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que determina el umbral de la indigencia, se incrementó el 11,7% mensual, por encima de la CBA. Un adulto necesito al menos $26.046 en febrero para no ser indigente. En el caso de una familia tipo (cuatro integrantes) la cifra fue de $80.483. En el caso de tres miembros ($64.074) y cinco, $84.651.

Esto sucedió en sintonía con el dato de inflación ya que el mes pasado se aceleró con fuerza por tercer mes consecutivo. En febrero se ubicó en el 6,6%, el nivel más alto desde agosto del 2022 cuando el IPC trepó hasta el 7% y muy por encima de lo proyectado por el mercado (+6,1%).

El ítem que más subió el mes pasado fue Alimentos y bebidas no alcohólicas que se disparó 9,8%, principalmente afectado por la fuerte alza de precios en los cortes de carnes y los productos lácteos.

Lo confirmó la Cámara Nacional Electoral, que aprobó la programación de cara a los comicios 2023.

La Cámara Nacional Electoral aprobó hoy el cronograma para las próximas elecciones nacionales, en el que definió que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se desarrollarán el 13 de agosto, mientras que el 22 de octubre será el día de las generales.

A través de la Acordada Extraordinaria Nº35, los miembros de la Cámara determinaron también que, en caso de ser necesaria una segunda vuelta electoral para elegir a el o la presidente, se desarrollará el 19 de noviembre.

Además, se fijaron las fechas de los Debates Presidenciales Obligatorios que se realizarán el 1 de octubre y el 8 de octubre, antes de las generales, y en caso de que hubiera una segunda vuelta, se hará un tercer debate el 12 de noviembre.

El cronograma establece que el 24 de junio se dará inicio a la campaña para las PASO, por lo que ese día finalizará el plazo para la presentación de listas de precandidatos ante las juntas electorales partidarias.

El 9 de julio, en tanto, se dará inicio a la campaña electoral en medios de comunicación audiovisual para las PASO de cara a la elección que ocurrirá el 13 de agosto.

El 17 de septiembre es la fecha de inicio de la campaña en medios audiovisuales para las generales.

El 1 de octubre fue fijado como fecha para la primera instancia del debate presidencial obligatorio y el 8 de octubre será la segunda, siempre con miras a las elecciones generales que se desarrollarán el 22 de ese mismo mes.

Si hubiera necesidad de realizar una segunda vuelta electoral, está previsto que el debate sea el 12 de noviembre y la elección el 19 de ese mes.

El país abastece al 50% del mercado latinoamericano; qué modelos se producen y cuáles son los planes dentro del cluster

En 2022, Argentina se consolidó como cuerto productor mundial de pick ups, por detrás de Tailandia, Estados Unidos y China, y por delante de Sudáfrica y México.

De un informe de la Asociación de Fabricantes de Automotores (Adefa) se desprende que durante el último año se produjeron 252.482 pickups medianas, lo que implicó un crecimiento de 10,2% respecto a los 229.177 vehículos de 2021.

De esta forma, Argentina se posiciono dentro de Latinoamérica como el principal proveedor, abasteciendo el 50% del mercado de estos vehículos, incluyendo a México, país que se especializa en la producción de pickups de mayores dimensiones.

De las 252.482 pickups medianas que se produjeron en Argentina, un 69,23% (174.797 autos) fue destinado a la exportación, la cual presentó un alza de 7,3% respecto a las cifras de 2021 (162.890).

Ford anunció una inversión de US$ 80 millones en la planta que posee en la localidad bonaerense de Pacheco a fines de desarrollar una nueva generación de motores de última tecnología para la pickup Ranger que se comenzarán a producir el año próximo. La inversión prevista para la producción de la próxima generación de la Ranger alcanzará un total de US$ 660 millones.

La Ranger es uno de los exponentes de la industria nacional. Un 70% de la producción del modelo se exporta hacia otros mercados de América Latina.

El presidente de Ford Argentina y titular de Adefa, Martín Galdeano, expresó a Télam que “el 30% de la inversión” que la compañía realizará será destinado a “un plan muy ambicioso de localización nacional de autopartes”. En ese sentido el proyecto contempla una producción de origen argentino del 41% para la fabricación del modelo, por encima del 25% de integración que promediaban los vehículos nacionales cuatro años atrás.

Toyota continúa produciendo su modelo HIlux en su planta de Zárate, y a metros de la planta de Ford en General Pacheco, Volkswagen hace lo mismo con la Amarok.

En el caso de Volkswagen, la firma alemana exporta la Amarok a 30 mercados, incluyendo destinos por fuera de América Latina como Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda.

La empresa anunció en mayo pasado una inversión de US$ 250 millones y la incorporación de 400 nuevos puestos para, entre otros puntos, renovar el diseño, seguridad y tecnología de este modelo que se produce en el país desde 2010.

Otro caso es la unión Renault, Nissan y Mitsubishi, quienes anunciaron la fabricación de una nueva pickup compacta de media tonelada en la planta Santa Isabel ubicada en la ciudad de Córdoba. Este futuro modelo -del cual próximamente se precisarán detalles- se suma a la producción en Santa Isabel de las pickups Renault Alaskan y Nissan Frontier, y su anuncio forma parte del nuevo acuerdo marco de colaboración que firmó la automotriz francesa con la japonesa, asociadas hace 24 años. En este caso, buscan aumentar el nivel de integración nacional hasta el 35% de sus componentes.

Para el modelo Frontier – que se produce en la planta desde 2018 y recibió un rediseño en 2021-, Nissan anunció el inicio de su exportación a Chile, sumándose como destino a Colombia y Brasil.

En el caso de Toyota, se incorporó recientemente un tercer turno de producción en Zárate con una inversión de US$ 60 millones y sumando 2.000 nuevos empleos, con el objetivo de aumentar las exportaciones anuales a US$ 4.000 millones y su producción a 182.000 unidades.

Asimismo, la firma, que destinó en 2022 el 83% de su producción a la exportación, posee un porcentaje de integración local de más del 40% y la mayor demanda llevará a que su compra de autopartes locales supere los US$ 100 millones.

AgrofyNews