El diputado nacional del Frente de Todos también se mostró crítico con la gestión del gobierno. “Tenemos que discutir las medidas que incumplimos con la sociedad”.
El diputado nacional y secretario General de la Asociación Bancaria, Sergio Omar Palazzo, habló sobre la persecución a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Quieren encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones”, afirmó.
Además, señaló que Cristina Kirchner “sigue siendo la dirigente que más mide en Argentina” a pesar de que “hubo horas de televisión y de radio para destruirla”.
En este sentido, expresó que la vicepresidenta “marca agenda”, por eso “pretenden destruir un pensamiento distinto”.
Y amplió: “La agenda tiene que ver con los intereses del grueso de la sociedad, no el de las corporaciones”. Con lo cual, afirmó: “El castigo a Cristina viene de un Poder Judicial amañado en el poder económico que lo que quiere es más que a Cristina presa, sino encarcelar políticas de inclusión y cualquier atisbo de rebeldía que se anime a enfrentar a las corporaciones”.
En este sentido, Palazzo criticó el encuentro y remarcó que “si la reunión es para discutir candidaturas, que ni se junten. Nosotros tenemos que discutir las medidas que hemos incumplido en el contrato electoral con la sociedad”, apuntó.
Por último, al ser consultado por una de las “deficiencias” de gestión a las que se refiere, aclaró: “no haber redistribuido el ingreso”. Y reclamó que a la vicepresidenta “no se la ha escuchado” a lo largo de los tres años y medios de gobierno.
Así lo anunció el ministro de Economía Sergio Massa para la provisión de Gas Licuado para 2023. “Este es el último año en que Argentina tiene que importar este combustible” afirmó.
“Durante el año pasado, uno de los daños que sufrió la economía argentina fue por el efecto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Esto impactó en el precio de la importación de los barcos de Gas Licuado (GNL) que inyectan este combustible a nuestra matriz energética”, explicó el jefe de Hacienda.
Sin embargo, las mayores importaciones de energía durante el año pasado fueron compensadas por los buenos precios de exportaciones de los commodities agrícolas y de los minerales. De esta manera, la balanza comercial cerró el 2022 con un superávit de 6923 millones de dólares.
Impacto en las cuentas externas
En medio de un aumento de la tensión cambiaria y dudas sobre la capacidad de alcanzar la meta de acumulación de reservas que el país acordó con el FMI, el ministro Massa salió a dar la buena noticia en materia energética, que tiene un impacto positivo en las cuentas externas.
EN ese marco, y en un contexto de tensión cambiara y la demanda del FMI de acumulación de reservas, el ministro Sergio Massa hizo el anuncio en materia energético que impactará de manera positiva en las cuentas externas.
“Para este año, los gastos presupuestados originalmente para importación de GNL eran de 3465 millones de dólares, a 55 dólares el millón de BTU. Sin embargo, el impacto de la volatilidad del precio internacional de GNL abrió una ventana de oportunidad para Argentina. En este cuadro de baja de precios, se decidió anticipar la compra de GNL que permitió bajar el precio a 20,8 dólares el millón de BTU, a través de un proceso licitatorio, en tres bloques, con participación de nueve empresas internacionales en cada uno de estos segmentos”, detalló Sergio Massa.
De esta manera, calculó el ministro, los 3465 millones de dólares que Argentina iba a gastar en materia de importación de GNL se reducen a 1313 millones de dólares. “Esto genera, por un lado, un ahorro de salida de divisas para la Argentina de más de 2100 millones, y por el otro, un ahorro fiscal de más de 500 mil millones de pesos”, aseguró Massa.
A este ahorro vía precio, se suma el que se va a producir a partir del mes de julio de este año con la finalización del gasoducto Néstor Kirchner, que redundará en una baja de las cantidades importadas de gas y combustibles líquidos.
Los productos con agregados de azúcar, sodio, grasas en grandes cantidades deberán llevar advertencias en el packaging. Sin embargo, existen grandes empresas que aún no se adecuaron a la ley.
A menos de una semana del vencimiento de la prórroga que habían solicitado grandes empresas para adecuarse a la ley de etiquetado frontal de alimentos y bebidas, que tiene como objetivo informar en los envoltorios de los productos sobre los excesos que son nocivos para la salud, la mayoría de las grandes empresas pidieron prorrogas que vencen el próximo 16 de febrero.
Si bien algunos productos y cuentan con el sello negro en la góndola, el gobierno estaría en condiciones de controlar el efectivo cumplimiento de la norma a partir de este mes y, para quienes no implementen la nueva regulación, recibirán las sanciones previstas por el Decreto 274/19 y la Ley de Defensa del Consumidor (24.240), según corresponda.
La normativa de Lealtad Comercial fija sanciones de acuerdo a un monto equivalente a entre 1 y 10.000.000 de Unidades Móviles y cada una equivale a 40,61 pesos: el valor máximo se ubica en torno a los 400 millones de pesos, según la actualización de enero de 2020. Respecto a la Ley de Defensa del Consumidor los montos no están actualizados desde hace 10 años y el máximo actual es de 5 millones de pesos.
El 23 de marzo de 2022 y por Decreto 151/2022, el Gobierno nacional aprobó la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable Nº 27.642, más conocida como Ley de Etiquetado Frontal.
Desde su publicación en el Boletín Oficial la norma entró formalmente en vigencia y la industria alimentaria comenzó a adecuarse a la nueva normativa que busca advertir a la población en los envoltorios de los alimentos con excesos de componentes que pueden ser nocivos para la salud como azúcares, sodio y grasas saturadas, entre otros.
La norma, que había sido aprobada por la Cámara de Diputados en octubre de 2021, “alienta a la población a adoptar una alimentación saludable a través de la implementación de un etiquetado frontal de advertencias, que es una herramienta gráfica que permite que los y las consumidoras cuenten con información más sencilla, clara, precisa, no engañosa y de visibilidad espontánea o fácilmente visible, con el fin de conocer lo que están eligiendo comprar y consumir”, según indicaron desde el Ministerio de Salud de la Nación.
Además, la norma permite regular la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes, tanto en medios de comunicación masiva como en los envases, así como la promoción y el patrocinio de esos productos. Y en ese sentido, la medida de salud pública “permite limitar la oferta de los productos que contengan al menos un sello de advertencia en su envase en instituciones educativas y en las compras públicas de organismos nacionales de gobierno”.
Con este último aumento ningún jubilado cobrará menos de $73.000 y la mínima tendrá una recuperación anual de 125%
La directora ejecutiva de ANSES, Fernanda Raverta, y el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, anunciaron hoy un refuerzo para las jubilaciones y pensiones de hasta dos haberes mínimos, que permitirá que ninguna jubilación quede por debajo de los 73 mil pesos, más el aumento correspondiente a la Ley de Movilidad.
Este incremento, el primero de los cuatro que se otorgarán en el año, será de 17,04 por ciento para todos los beneficiarios de la Seguridad Social (el 84 por ciento son jubilados y pensionados, es decir, 6.1millones). Asimismo, la Asignación Universal por Hija e Hijo (AUH) subirá a 11.465 pesos.
En tanto, el refuerzo será de 15 mil pesos por mes que se abonará en marzo, abril y mayo para quienes perciban hasta una jubilación mínima. y que irá decreciendo progresivamente hasta los 5.000 pesos para los que perciban hasta dos haberes mínimos.
Así, con estos incrementos, la jubilación mínima ascenderá a 73.665 pesos. Cabe destacar que, en 2019 cuando comenzó la gestión, la jubilación mínima era de 14 mil pesos mientras que ahora llegará a los 73.665 pesos. Con esta medida, la jubilación mínima aumenta un 11 por ciento en términos reales desde diciembre de 2019, recuperando así parte del 19,5 por ciento perdido durante el gobierno anterior.
En este marco, Raverta expresó: “Poder decir que recuperamos 11 puntos de los casi 20 que se perdieron en el gobierno anterior es muy importante. Destruir es un instante y reconstruir y volver a garantizar que el bolsillo de los jubilados les permita vivir con dignidad es mucho más lento”.
“Un jubilado de la mínima va a tener en marzo como haber una jubilación de 73.665 pesos. Es decir que ningún jubilado cobrará menos de 73 mil pesos”, agregó.
Por su parte, Massa expresó: “Venimos trabajando codo a codo con ANSES para recorrer este camino de mejora, no sólo en jubilaciones, sino también en otras prestaciones de la Seguridad Social”.
“Esta medida que estamos tomando para jubilados y pensionados nos va a permitir que el camino a recorrer en los próximos tres meses sea de mejora en la jubilación de base pero, además, de refuerzo desde el Estado para garantizar que el ingreso se vea mejorado”, concluyó.
El mandatario encabezó un acto en Berazategui donde entregó la vivienda número 100 mil.
El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en la localidad bonaerense de Berazategui, en el que anunció que “a fines de marzo vamos a estar entregando la vivienda número 100.000” y, además, envió un mensaje interno hacía el Frente de Todos.
El mandatario pidió “más unidad que nunca” dentro de la coalición oficialista y aseguró que se puede “discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos” de cara a las próximas elecciones presidenciales de este año
“A los compañeros y compañeras, más unidad que nunca”, cerró el mandatario su discurso en la localidad bonaerense de Berazategui, donde agregó: “Podemos discutir y tener diferencias pero no podemos dividirnos”
Además, recordó una frase de Juan Domingo Perón: “Más allá de la heterogeneidad de estar unidos hay un común denominador; que los enemigos de la Patria no tomen el poder”.
En tanto, Fernández defendió la creación de universidades públicas en el conurbano bonaerense y el interior del país y destacó la importancia de “poder estudiar en el lugar donde vive” cada argentino.
“¿Cómo privar a esa Argentina del derecho a estudiar, a tener un futuro? ¿Cómo no aprovechar las ganas de aprender? Si los porteños tuvimos ese privilegio porque no lo van a tener los argentinos en cada rincón de la patria. No creo eso que dicen algunos que los hijos de los pobres están condenados a la pobreza”, dijo, donde firmó un convenio para construir una sede de la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
También destacó que durante la pandemia de coronavirus su gestión puso “en valor el Estado” y se “puso en pie el sistema sanitario”. “No nos detuvimos, seguimos adelante y no nos equivocamos. Cometimos errores pero nunca fueron en perjuicio de la gente”, sostuvo.
Así lo dictó la Cámara Federal, tras el pedido de la vicepresidenta.
La Cámara Federal hizo lugar a un pedido de la vicepresidenta Cristina Kirchner y ordenó profundizar el análisis de los teléfonos celulares de las dos colaboradoras del diputado Gerardo Milman. Se ampliará el marco temporal del análisis de la información extraída de los mismos.
Se trata de los celulares de las testigos Ivana Bohdziewicz y Carolina Elizabeth Gómez Mónaco, quienes estuvieron con Milman en la confitería en las inmediaciones del Congreso, cuando el diputado habría dicho “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, según declaró un colaborador de un legislador.
La jueza María Eugenia Capuchetti sostenía que había que analizar las comunicaciones de las mismas del 30 de agosto, lo que fue apelado por los abogados de Cristina Kirchner, quienes pretendían un marco temporal más amplio.
Ahora la Cámara, por mayoría, ordenó que el análisis sea desde el 1 de julio hasta el 1 de diciembre cuando las testigos entregaron los celulares.
El ex presidente Mauricio Macri no para de mentirle a la sociedad. En una carta abierta aseguró que el gobierno nacional arruinó a las empresas aéreas low-cost, lo que habría perjudicado a la gente. Sin embargo, los datos dan cuenta de otra cosa muy diferente: están creciendo más que nunca.
El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, fue el encargado de cruzar a Macri. “Macri no puede mentir o desconocer datos públicos de una de las industrias estratégicas para el desarrollo de nuestro país”, escribió el ministro en Twitter.
Y agregó, con información oficial: “Las aerolíneas low cost hoy operan en Aeroparque, el aeropuerto de cabotaje más importante de Argentina”.
Además, contó: “Macri puede leer en los medios que en estos 3 años, con una pandemia de por medio, FlyBondi pasó de 5 a 12 aviones y JetSMART de 4 a 8”. “Ambas compañías duplicaron su cuota de mercado, Flybondi del 9% al 20% y JetSMART del 7% al 15%”, concluyó.
Fue en el marco de la comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT). Juntos por el Cambio propuso la inadmisibilidad “in limine” del proceso de juicio político a miembros de la Corte.
En la comisión de Juicio Político se aprobó la resolución sobre la admisibilidad de los expedientes que se tramitan y la apertura del sumario para acumular las pruebas que sostengan la acusación contra los cuatro integrantes de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti (presidente), Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, ya sea en forma individual o concurrente.
Durante la reunión, se consideró el informe de admisibilidad, que analiza las denuncias, para que luego la comisión se aboque a la investigación pertinente. El proceso continuará con la etapa de recolección de pruebas y testimonios para decidir si se emite dictamen. Previamente, se llevaron a cabo dos reuniones en las cuales expusieron los autores de los expedientes vinculados a los de pedidos de Juicio Político a los integrantes de la Corte Suprema.
Al anticipar que votarán en contra “si deciden hacerlo en paquete”, desde la Coalición Cívica, Juan Manuel López, fustigó que “los pedidos son una alteración del orden democrático porque socaban la independencia del Poder Judicial”. En otro aspecto, consideró “una bajeza” lo ocurrido en la reunión pasada de “utilizar los derechos humanos como los utilizaron”, criticó.
Luego, el diputado Mario Negri (UCR) confirmó la resolución de Juntos por el Cambio sobre la inadmisibilidad de la apertura del juicio político. En ese sentido, ratificó que “los jueces de la Corte Suprema no han incurrido en delito o mal desempeño en el ejercicio de su función, las causales invocadas son artificiales, dogmáticas y carecen de sustento real”.
El diputado Alejandro Rodríguez, en representación del bloque Identidad Bonaerense, rechazó “in limine” el proceso y, al intervenir, cuestionó la resolución porque “la recibieron en el día de hoy, sin tiempo para leerla y analizarla”.
Asimismo, Pablo Tonelli (PRO) señaló que “tenemos que acostumbrarnos que las garantías son para todos, con cuales coincidimos y con quienes no”. “La independencia judicial es algo que debemos cuidar, que beneficia a los más débiles, a los desprotegidos y a los desahuciados”, subrayó.
En contraposición, Leopoldo Moreau (FdT) afirmó que “negarse a abrir la investigación es cerrar los ojos frente a uno de los poderes más corruptos que lamentablemente tiene el sistema republicano, pero no porque le Poder Judicial en general sea corrupto, sino porque en las más altas jerarquías sí se ha enquistado un grupo mafioso”.
“Lo único que propiciamos es la apertura de una investigación con la posibilidad de la presentación de la prueba y los involucrados, y al cabo de ese procedimiento, tomar una decisión. Arranca una etapa de prueba de sumario, y lo haremos en virtud del reglamento de la comisión y podremos agregar todos los elementos que permitan dilucidar los distintos hechos denunciados”, reflexionó Germán Martínez, titular del bloque del Frente de Todos.
Romina Del Plá, del bloque PO/FIT-Unidad, planteó que “estamos frente al carácter farsesco de este juicio, porque no deja de ser una maniobra política, ya que quienes lo impulsan saben que no va a prosperar”. “El accionar de la Corte es la defensa de fondo, estratégica, del sistema capitalista y patronal”, remarcó. Por último, solicitó que “la elección de jueces y fiscales sea por el voto popular y su revocabilidad”.
Al comienzo del encuentro, se completó la mesa directiva de la Comisión al designar para la vicepresidencia 2°, la cual estaba vacante, al diputado riojano Jorge Ricardo Herrera (FdT) en reemplazo de Victoria Tolosa Paz, quien asumió como ministra de Desarrollo Social de la Nación. Juntos por el Cambio no acompaño la moción propuesta por el Frente de Todos.
La Auditoría General de la Nación (AGN), en manos de dirigentes de la oposición, sacó un informe durísimo sobre la deuda externa. Como reseñó ayer Primerando las noticias, el préstamo no contó con análisis de riesgos y solvencia ni con la opinión del Banco Central, como se establece por Ley. Además de esto, afectó “la solvencia y la sostenibilidad de la deuda pública”.
Además, graficaron con claridad cuál fue el impacto del endeudamiento. El informe de la AGN describió que la deuda externa de Argentina representaba el 17,7% del PBI en 2016 y en apenas dos años ese porcentaje trepó al 41,8%. Mientras tanto, la deuda bruta en moneda extranjera -que en 2016 era del 36,3% del PBI- en 2018 alcanzó el 65,8%.
Además, la AGN detectó otras irregularidades:
La documentación de respaldo y los expedientes fueron generados en el sistema GDE luego de la firma del acuerdo y resultaron incompletos y desordenados. Se sumó la falta de la firma digital que valida los actos administrativos en algunos de los documentos que lo requerían.
La formalización del endeudamiento no fue realizada por Ley de Presupuesto ni por Ley específica, tampoco por un Decreto presidencial.
El acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda que no contaba entre sus funciones la gestión del Crédito Público.
No se cumplió con el artículo 61 de la Ley 24.156, que establece que en los casos en que las operaciones de crédito público originen la constitución de deuda pública externa debe emitir opinión el Banco Central sobre el impacto de la operación en la balanza de pagos.
Finalmente, la AGN sostuvo que era “muy poco probable” que el préstamo se devolviese en tiempo y forma por “las correcciones que se requerían tanto en la balanza de pagos, (incluyendo la balanza comercial) así como en el resultado fiscal primario.
Ningún medio hablará de eso y nadie se indignará sobre el destino de recursos públicos. Pero la verdad es que, desesperado por ser presidente, Horacio Rodríguez Larreta armó un trollcenter como había hecho Marcos Peña en la gestión de Mauricio Macri. Cientos de cuentas truchas “apoyan” a Larreta en redes sociales y hostigan a todo aquel que piense diferente.
Así lo descubrió el usuario Rodrigo Quiroga que encontró más de 250 cuentas creadas a mitad del año pasado, que tienen nombres truchos y que siempre postean lo mismo, a favor de Larreta por supuesto.
En su Twitter oficial compartió la evidencia:
El TROLLCENTER de Larreta: Encontré más de 250 usuarios de Twitter, todos creados en junio/julio de 2022, que lo único que hacen es retuitear a Larreta.
Algunas cuentas ya fueron suspendidas recientemente. 🧵Hilo corto con fotos y evidencia: pic.twitter.com/kLghirw7fV