La medida de fuerza será durante 48hs, en reclamo de un salario mínimo de 200.000 pesos y el reconocimiento a la carrera profesional.

Trabajadores de la salud nucleados en la Asociación de Licenciados en Enfermería (ALE) de Capital Federal anunciaron un paro de actividades por 48 horas a partir de este miércoles, en reclamo de un salario mínimo de 200.000 pesos y el reconocimiento a la carrera profesional, informaron voceros gremiales.

“El jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Salud Fernán Quirós juegan con fuego postergando a la enfermería: cuando explotemos, va a ser imparable”, es la advertencia que lanzó la conducción de ALE a través de un comunicado de prensa donde anunciaron la huelga.

De esta forma, el personal de enfermería de CABA a través de la ALE anunció para miércoles y el jueves una medida de fuerza del sector enfermería en los hospitales y en los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac) por una “recomposición salarial y en reconocimiento profesional definitivo”.

La presidenta de ALE, Andrea Ramírez, explicó que “la mayoría de los profesionales de la salud en CABA, incluyendo a los jóvenes residentes, recibieron aumentos salariales que fijan un nuevo piso de $ 200 mil pesos” y agregó que “la enfermería, mayoritaria, y excluida ilegalmente de la carrera profesional, quedó 70 u 80 % por debajo del resto del equipo de salud en salarios de bolsillo.¿Cómo esperan Larreta y Quirós que aceptemos semejante provocación?”.

Por su parte, Carolina Cáceres, enfermera del Hospital Tornú y representante de ALE como secretaria de prensa en la Federación de Profesionales de CABA, completó: “El jefe de Gobierno y su ministro de Salud ya están en campaña electoral. Están preocupados por cargos y votos. Pero les advertimos que juegan con fuego maltratando así a la enfermería: cuando explotemos va a ser imparable. Ya se los avisamos”.

Mafia macrista-judicial

El magnate inglés Joe Lewis, propietario de una estancia en Lago Escondido donde viajaron los magistrados y funcionarios porteños que son investigados por dádivas por la Justicia federal de Bariloche, figura entre los 500 hombres más ricos del mundo, posee inversiones en corporaciones energéticas y se encuentra en conflicto con la ley argentina. ¿Quién es?

Lewis tiene además una estrecha relación con el expresidente Mauricio Macri, que en más de una oportunidad visitó las tierras que posee este millonario en la zona cordillerana de Río Negro, donde también se alojó el exmandatario estadounidense Barack Obama durante una visita de Estado que realizó a Argentina en 2016.

En los últimos años, Lago Escondido se convirtió en un lugar en el cual personajes relacionados con el poder y los negocios mantienen reuniones en medio de un paisaje idílico de ríos, lagos y montañas.

En octubre pasado, el diario Página12 publicó que un grupo de magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exintegrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) viajaron a Lago Escondido.

Los involucrados en ese viaje son Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10; Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth (ex agente de la AFI); Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.; Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

A raíz de esa filtración, el Gobierno nacional presentó una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público y la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare -quien fue aludida en los chats como receptiva a dar cobertura en los tribunales a la versión que los involucrados planificaban- le pidió a la Justicia profundizar la investigación para determinar si se cometió un delito de dádivas.

“En principio creíamos que se trataba de una acción destinada a planificar una estrategia para el 2023 o con hechos que habían sucedido en la zona. Pero cuando vi y escuché las conversaciones y los audios que se filtraron me sorprendí”, señaló en diálogo con Télam Roxana Ferreyra, concejal del Frente de Todos (FdT) de Bariloche que publicó en sus redes sociales la información sobre la llegada a la zona de este grupo de magistrados y funcionarios que luego se trasladaron a la estancia de Lewis.

Se trata del juez del juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9 que formó parte del grupo de magistrados que fueron al Lago Escondido en un viaje pagado por Clarín.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunció que el juez federal Pablo Cayssials “falló a favor del grupo Clarín” poco después de haber realizado un viaje junto con otros magistrados, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y empresarios de este medio de comunicación a Lago Escondido en octubre de este año.

“Apenas unas semanas después de volver de Lago Escondido, el juez federal Pablo Cayssials falló a favor del grupo Clarín. Decidió eximirlo de una antigua multa que el Estado pretendía cobrarle por incumplimiento de servicios”, escribieron en la cuenta de Twitter del CELS.

Pablo Cayssials está a cargo del juzgado Contencioso Administrativo Federal N°9, donde hay al menos 82 expedientes vinculados al grupo mediático que dirige Héctor Magnetto.

De acuerdo a un artículo publicado en la web de El Destape, en 24 de esos expedientes hubo movimientos luego del viaje del juez Cayssials a Lago Escondido.

Para Macri, los únicos privilegiados son los ricos.

La fundación FIFA, que preside Mauricio Macri, otorgó becas para viajes al Mundial de Qatar a alumnos de un exclusivo colegio privado de la zona norte del Gran Buenos Aires con vínculos estrechos con varios dirigentes del PRO. Se supone que la Fundación se encarga de acciones solidarias por todo el mundo. Para Macri, ser solidario significa ayudar a los ricos…

Según reveló Ámbito Financiero, el beneficio recayó en al menos cuatro estudiantes y un docente del Pilgrims College, con sedes en San Isidro y General Pacheco, cuyos aranceles mensuales superan los 80 mil pesos. Se trata de la institución a la que concurrieron hijos de referentes como Jorge Macri o Esteban Bullrich y que cuenta entre sus directivos con un exsecretario de Educación de la Nación en la gestión de Cambiemos.

El viaje se concretó entre el 15 y el 22 de noviembre y fue presentado por la propia institución educativa como “una noticia inesperada” que consistió en “una invitación” de la Fundación FIFA y otra creada por el gobierno de Qatar para promocionar la sede mundialista para acudir al certamen. “El Pilgrims fue elegido para participar del programa educativo ‘Qatar GA Festival’, organizado por la Fundación FIFA y la Fundación “Generation Amazing’ con el patrocinio de la Unesco y en alianza con la Fundación Qatar y los ministerios de Juventud y Deportes y de Educación de Qatar”, señala la casa de estudios en sus posteos en redes sociales.

Mafias macristas.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón cumplió dos años prófugo de la Justicia argentina y se aferra a un fallo de la Corte Suprema de Justicia uruguaya que lo beneficie para evitar ser extraditado. Está siendo investigado por el armado de una mesa judicial durante el Gobierno de Mauricio Macri para perseguir y apretar a empresarios, jueces y fiscales. La impunidad total.

Rodríguez Simón cumplió el 8 de diciembre pasado sus primeros dos años prófugo de la Justicia argentina y nada parece indicar que su situación vaya a cambiar en el corto plazo. El abogado y cerebro jurídico de Macri es investigado por la jueza federal María Servini por el armado de una mesa judicial que presionaba a empresarios, entre ellos a los accionistas del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa; y por la persecución a jueces y fiscales durante el gobierno de Cambiemos.

Sin ir más lejos, el sábado fue señalado por la propia vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que recordó los ataques a la exprocuradora General, Alejandra Gils Carbó, presionada para apartarse del cargo, lo que finalmente ocurrió en 2017. En una carta, Cristina recordó la revelación de Gabriel de Vedia, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien contó públicamente que Pepín le dijo que debía transmitirle a Gils Carbó que, si no quería ir presa junto con sus hijas, debía renunciar.

Ahora, “Pepín” pasa sus días prófugo de la Justicia en el exclusivo balneario Manantiales, ubicado a pocos kilómetros del centro de Punta del Este, en una zona de playas anchas, arenas blancas y mar calmo. No le va mal al hombre que fue pionero en el armado de un entramado mafioso para llevarse puesta a la justicia.

Hombre clave de Bullrich.

El diputado nacional ultramacrista Gerardo Milman sigue sumando puntos más que oscuros. Ya está siendo investigado por aquella frase “cuando la maten voy a estar camino a la costa”, que dijo dos días antes del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner. Pero las cuestiones turbias no terminan ahí.

Ocurre que Milman tiene 34 asesores en la Cámara de Diputados, a los que se suman 18 que agregó su mujer en la Legislatura bonaerense. La gran mayoría no fue nunca a trabajar. Se pagan 4 millones de pesos mensuales.

Pero hay más oscuridad. Después, agregó el turbio episodio, y una causa judicial, porque una joven mujer –que falsamente sostuvo que era la esposa del legislador– conducía un vehículo con registro adulterado. El moderno Peugeot Sport era propiedad de una empresa privada de seguridad proveedora del Estado y en la tarjeta azul, como único autorizado a manejar, figuraba Milman. Ahora aparecieron facturas sospechosas del propio diputado a esa misma empresa, Metalúrgica Oliva Hermanos, por cifras importantes y en concepto de asesoramiento en seguridad internacional.

Junto a esas facturas llamativas, hay una de 357.000 pesos al Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad que preside Patricia Bullrich y en el cual Milman figura también entre sus directivos. Es decir, la precandidata presidencial del PRO supuestamente le paga a su jefe de campaña por asesoramiento en materia de seguridad. Y, finalmente, hay otra factura por 675.000 pesos a nombre de una mujer, otra joven mujer, venezolana, que vive en una humilde vivienda de Tigre y cuya actividad es servicios de grabación y sonido. Lo asombroso es que la chica, originaria del estado de Bolívar en Venezuela, está en estado crediticio irrecuperable o sea que de ninguna manera le pagó semejante cifra al legislador. Otro caso de corrupción que ensucia al macrismo pero que seguramente no tendrá mucho recorrido en la justicia, que parece dedicada a garantizar la impunidad de esa fuerza política.

Así lo informó la propia vicepresidenta en sus redes sociales.

La vicepresidenta Cristina Kirchner recusó al juez Julián Ercolini, uno de los integrantes del vuelo del Lawfare, quien estaba a cargo de la causa en la que se investiga la persecución de la AFIP macrista contra la expresidenta y su familia.

Es que desde la agencia de recaudación se diseñó una táctica específica para intentar enjuiciar a CFK y también se interroga sobre la situación de Florencia Kirchner, para involucrarla en alguna denuncia. La causa había caído en para Ercolini, quien subroga el juzgado que ocupaba Bonadio, e interviene la fiscala Paloma Ochoa.

“He instruido a mi abogado para que recuse al juez Ercolini en la causa en que investiga las maniobras ilegales llevadas a cabo por Alberto Abad y Leandro Cuccioli desde la AFIP, durante la gestión de Mauricio Macri, para perseguirnos a mí y a mis dos hijos”, anunció la vicepresidenta sobre la presentación que se realizará mañana martes.

Y añadió, en su hilo de Twitter: “La causa se originó a partir de los hechos denunciados e investigados por los órganos competentes de la AFIP, como así también de la documentación hallada en dicho organismo”.

“La recusación a Ercolini se fundamenta en su ya célebre viaje a Lago Escondido junto con otros jueces, funcionarios de Rodríguez Larreta, agentes de inteligencia y directivos del grupo Clarín Telecom”, completó la vicepresidenta.

El representante del Ejecutivo presentó un escrito en el Consejo de la Magistratura para enjuiciar a los jueces que habrían intentado ocultar el financiamiento del viaje a Lago Escondido.

El Gobierno concretó el pedido de juicio político para los jueces Julián Ercolini, Carlos Mahiques, Pablo Yadarola y Pablo Cayssials por un viaje privado a la mansión de magnate británico Joe Lewis en la región del Lago Escondido, luego de la filtración de un chat que deja al descubierto no solo la existencia de la reunión acontecida sino que también el intento de ocultar el vuelo privado y su financiamiento.

El representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura, Gerónimo Ustarroz, presentó el escrito, en el que consideró “necesario que se dé curso a una investigación en el seno de este Cuerpo ya que, de resultar comprobadas, las conductas descriptas podrían subsumirse en la causal de mal desempeño en el ejercicio de las funciones”.

“Si bien no compete a este Consejo analizar si los hechos denunciados podrían constituir delito -lo que será analizado en sede penal- la responsabilidad política por la cual se interpela a los magistrados denunciados tiene como principal objetivo determinar si mantienen, o no, las condiciones exigibles a todo juez de la Nación, para continuar ejerciendo sus cargos”, sostiene el documento.

El representante del Ejecutivo en el Congreso describió la existencia de un “mecanismo” que buscó “influenciar indebidamente sobre el ánimo de los magistrados al momento de resolver en aquellas causas judiciales de su interés, ya sea como una contraprestación, o bien, por las resoluciones que estos habrían de dictar en el futuro”.

En ese contexto, recordó que la Ley de Ética Pública “prohíbe a los funcionarios recibir regalos, obsequios o donaciones, sean de cosas, servicios o bienes, con motivo o en ocasión del desempeño de sus funciones”.

El acuerdo firmado por el ministro Sergio Massa con las empresas del sector impulsa la venta de 70 modelos de teléfonos hasta el 15 de marzo con una tasa preferencial del 48%.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció este lunes la puesta en marcha del Plan Ahora 10, a tasa preferencial del 48%, para la adquisición de celulares, en un acuerdo con el sector que congela los precios por 90 días.

“Es muy importante lograr el objetivo de poder vender un millón de celulares por mes”, agregó Massa, quien sostuvo que “es muy importante que establecer un criterio de precios máximos hasta el primero de marzo”.

Massa apuntó también a la “disminución de la expectativa inflacionaria” al lanzar el programa Ahora 10 que espera que “redunde en que la gente pueda acceder fácil, barato y en cuotas” a 70 modelos de celulares hasta el próximo 15 de marzo.

“La disminución de la expectativa inflacionaria se construye sobra la base de poder ir dando no solamente medidas desde el punto de vista macroeconómico que sumen a ese objetivo, sino desde el punto de vista de la generación de expectativas, decisiones de todos los actores que nos ayuden a llevar adelante este objetivo”, sostuvo al firmar el nuevo acuerdo.

El líder de Juntos por el Cambio recibió en la Casa Rosada a familiares del fiscal que investigó a Cristina Kirchner en la causa vialidad.

El periodista de Radio Nacional, Fernando Clavero, reveló que a partir de una investigación que realizó detectó que eran habituales las reuniones en Casa de Gobierno entre Mauricio Macri y familiares del fiscal Diego Luciani, entre el 2016 y el 2019.

Se trata del fiscal que investigó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la llamada Causa Vialidad, en la que fue condenada en primera instancia a seis años de prisión y a inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.

En diálogo con Radio Brisas, Clavero precisó que “nos fuimos a ver el registro de audiencia de determinadas personas a Casa de Gobierno entre 2016 y 2019, donde ingresaban familiares directos de Luciani, como el suegro y el cuñado, cuando Macri era presidente”.

Esos familiares del fiscal “son propietarios de una empresa muy grande que se dedicaba a la explotación forestal. Tanto el suegro como el cuñado de Luciani eran dueños del Grupo Garabí, que tiene una inversión muy grande en Corrientes, y están asociados a una empresa muy importante de Europa”, expresó el periodista de investigación.

Remarcó que “los cuñados se reunían frecuentemente entre 2016 y 2019. El registro es público, se reunían con el expresidente Mauricio Macri, con Marcos Peña, Hernán Lombardi y también con cuadros menores”.

En ese sentido, manifestó que “una de las reuniones más significativas fue en diciembre de 2018 a las 14, donde a Santiago, otro de los cuñados de Luciani se reunió con el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña. Fue con un argentino que aparece en el registro de audiencias del Grupo Pereyra Moine, y un brasilero llamado Fernando Simas Magalhães, que es el secretario general de Relaciones Exteriores de Bolsonaro”.

“¿Por qué iban a Casa de Gobierno?”, se preguntó el periodista y respondió: “Iban en representación de inversiones. Si hace un seguimiento, Macri anunciaba inversiones de recursos forestales que tenían que ver con estas reuniones. También, tenía reuniones con el Grupo Garabí”.

Además, agregó que había otros encuentros vinculados con otros negocios. “Tienen que investigar si no hay conflicto de intereses“, aseveró.