De cara a las elecciones de este año, en el oficialismo el presidente llamó a conformar una mesa de diálogo.

Este domingo el presidente Alberto Fernández convocó formalmente a una mesa de diálogo de las fuerzas del Frente de Todos para avanzar en el armado electoral de cara a los comicios en los que definirán quién gobernará al país desde el 10 de diciembre. 

El llamado, despertó grandes expectativas al interior de la coalición en la que están asociados distintos sectores del peronismo, como el kirchnerismo con Cristina Fernández de Kirchner y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Así, Alberto Fernández sentará a la mesa de análisis a los referentes del Frente de Todos, en un acto que tienen como objetivo central que el oficialismo continúe en el poder por otros 4 años, y evitar el regreso de Juntos por el Cambio.

El kichnerismo se manifestó a favor de la convocatoria. En esa línea, sostuvo que “hay mucha expectativa sobre cuál va a ser la estrategia que propone Alberto al conjunto del Frente de Todos. Además de la estrategia electoral y candidaturas creemos necesario discutir las políticas que se desarrollarán para conquistar a la mayoría electoral que acompaña y acompañó a nuestro frente político”, dicen desde las filas que acompañan a la vicepresidenta.

La convocatoria de Alberto Fernández llegó este domingo, temprano, por medio de sus redes sociales, mediante las que publicó su argumentación en un comunicado que lleva su firma como titular del Partido Justicialista (PJ).

El próximo domingo iniciará formalmente el cronograma electoral cuando se realicen las elecciones Primarias, Abiertas, Simultaneas y Obligatorias (PASO) en La Pampa, por lo que el anuncio tuvo lugar a una semana de los comicios. Son 15 las provincias que desdoblarán elecciones y adelantan a las Nacionales, por lo que la coordinación es central para el oficialismo.

Alberto Fernández profundizó sus intenciones de ir por la reelección y actúa en consecuencia, de hecho, tal y como señaló la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, en su última conferencia de prensa “es el Presidente que más recorrió el país”, en alusión a sus constantes visitas al interior del país y de la provincia.

Desde su círculo íntimo aseguraron que Fernández no solo “está dispuesto a ser candidato”, sino que garantizaron que “va a ir a las PASO” aunque admitieron que sus deseos están sujetos al trabajo de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía.

Con la oficialización de la mesa, el Frente de Todos buscará reordenar sus tropas y perfilarse para mantener en el poder de cara a las presidenciables ante una oposición que profundiza sus debates en torno al candidato, con el expresidente Mauricio Macri -hasta ahora- solo de ordenador.

Un relevamiento de la consultora Analogías releva un contundente apoyo a las iniciativas que el macrismo se niega a votar en el Congreso Nacional.

De forma reiterada, el bloque de Juntos por el Cambio en el Congreso Nacional se viene negando a dar el quórum en las sesiones extraordinarias para darle tratamiento a distintos proyectos que tienen un impacto positivo en amplios sectores de la sociedad. Tal es el caso de la moratoria previsional, que podrán acceder casi 800 mil ciudadanos que no cuentan con la totalidad de años de aportes, y la creación de universidades nacionales en distintos puntos del país.

A pesar del bloqueo de la oposición, una encuesta de la consultora Analogías muestra una perspectiva diferente al mostrar el amplio respaldo social que tienen la moratoria previsional y la creación de universidades.

El relevamiento a casi 2.600 personas de todo el país sugiere que el 73,8 por ciento valora positivamente la creación de nuevas universidades en localidades que carecen de esa oferta educativa, mientras un 62,4 por ciento es partidario de renovar la moratoria jubilatoria que le permitiría a 800.000 personas poder jubilarse durante 2023. Sólo un 20,9 por ciento se alinea con la ofensiva liberal y responde por la negativa. Ambas iniciativas, impulsadas por el oficialismo, están pendientes en el Parlamento y no avanzan por el bloqueo de la oposición.

El presidente confirmó en sus redes sociales que en los próximos días convocará a “una mesa que diseñe la estrategia a seguir con miras a las elecciones de este año”.

El mandatario Alberto Fernández confirmó este domingo que en los próximos días convocará a la conformación de una mesa del Frente de Todos para poder definir “las reglas de competencia que sostengan la unidad” del espacio y lo “lleven a la victoria” en las elecciones 2023.

Mediante un tuit, adelantó que la convocatoria incluirá a sectores sociales, de la producción y del trabajo. “Estos desafíos nos obligan a trabajar por un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo y que recupere tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos”, destacó.

“Cómo presidente del PJ, el partido más importante de nuestra coalición de Gobierno, he decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año”, escribió en un comunicado que difundió en su cuenta de Twitter.

La mesa, tal como vienen reclamando vastos sectores del oficialismo, no estará conformada únicamente por dirigentes políticos según lo dicho por el mandatario. “Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país”, expresó Fernández al respecto.

Y añadió, subrayando la dinámica federal de la iniciativa: “Nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos”.

El objetivo de la convocatoria, explicó el mandatario, es que “los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria”.

“Estos desafíos nos obligan a trabajar para que nuestro Frente se consolide alrededor de un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo. Un país que recupere tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos”, agregó Fernández.

Y concluyó, recordando el espíritu que llevó a la conformación del Frente de Todos: “No queremos que la Argentina vuelva a un pasado de persecución de opositores, de endeudamiento, de fuga de sus capitales, de caída de los salarios y de desindustrialización como el que padecimos durante el Gobierno de Juntos por el Cambio”.

El diputado se refirió a la denuncia que realizó su colaborador Jorge Abello, el hombre que declaró haber escuchado al dirigente del PRO decir “cuando la maten yo estoy camino a la costa”.

El diputado nacional del Frente de Todos, Marcos Cleri, habló sobre lo sucedido con su colaborador del Congreso, Jorge Abello, quien declaró bajo juramento que había oído en un bar al diputado del PRO afirmar: “cuando la maten, yo estoy camino a la costa”. El diálogo relevado ante la justicia tuvo lugar dos días antes del intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Al respecto, Cleri detalló el impacto que tuvo en su colaborador cuando escuchó el mensaje. “Tuvo persecuciones, algunas intimidaciones” y “sufrió un ACV”. “Debían resguardar su identidad”, y responsabilizó a la jueza María Eugenia Capuchetti. “Filtró su nombre”, dijo.

“Cuando fui a llevar el mensaje que había recibido (de Abello) la jueza Capuchetti no me atendió. Fui con un escrito, con copia certificada del mensaje y puse el celular a disposición, si querían tener mi teléfono para comprobar la certificación. Esperé 45 minutos”, relató en diálogo con la AM990

Y continuó con el relato: “Pasaron como veinte días hasta que declaré. Ellos decían que estaban ocupados tomando testimonios. Es como dice Cristina, no querían llevar adelante la investigación”, criticó.

“Ni la justicia, una jueza de primera instancia ni la Corte Suprema tomaron las acciones para clarificar y mostrarle a la ciudadanía qué pasó, quién financió, quién fue el autor intelectual, ni hicieron nada por acompañar a la víctima. Muestran que las acciones partidistas son las que gobiernan gran parte del Poder Judicial en Comodoro Py esto se debe corregir”, sostuvo Cleri.

Abello le envió el mensaje a Cleri el 1 de septiembre a las 22.36, un rato después del intento de magnicidio, según declararon ambos ante Capuchetti. ¿Qué decía? “Marcos ayer cuando salí de tu oficina fui con mi cuñado a comer a Casablanca. Al lado mío estaba Milmann (sic) con dos pibas y graciosamente decía cuando la maten yo estoy camino a la costa. Y se mataban de risa”.

Luego agregaba: “Están las cámaras que no me dejan mentir”. “Creeme estoy temblando”, le insistía. Cleri contó este sábado que vio el mensaje recién a la madrugada, en medio de la conmoción por el atentado.  “Cuando lo vi quedé impactado. Estábamos todos y todas organizando la marcha del día siguiente, que fue multitudinaria. En defensa de Cristina, que se haga la investigación y que no continúe la violencia política. Intentaron matar a Cristina”, subrayó.

También dijo que le generó “dolor” conocer “la crudeza que se manifestaban estas personas (Milman y sus colaboradoras), la impunidad y la sobreactuación. Estar en un bar diciendo esas cosas, manejándose así, esperando que eso suceda”.

“Lo que el testigo vio, escuchó, todo sucedió”, remarcó Cleri y recordó que celulares de las dos colaboradoras de Milman aún no fueron analizados. Primero la jueza no había querido secuestrarlos, luego la Cámara Federal se lo indicó, y las mujeres dijeron, una que había borrado el contenido y la otra que había cambiado de aparato. Capuchetti al final ordenó recuperar y analizar el contenido desde el día del atentado, pero la querella de CFK pide que sea al menos desde un mes antes. La Cámara debe resolver esta cuestión, ya dilatoria.

Cleri también cuestionó a Milman por denunciar a Abello “sin siquiera dar el testimonio debido” y tratándose de “la persona acusada”. La jueza hizo la denuncia por falso testimonio y el colaborador del diputado tiene una causa abierta. Luego contó que además de situaciones intimidatorias, en su casa montaron una guardia periodística porque se había filtrado su identidad. “También había mayor presencia de ciertas personas, policía también”, sembró sospechas. Detalló que aunque “está mas tranquilo sufrió un pequeño ACV”.

El titular de AFIP presentó una denuncia tras recibir mensajes intimidatorios en Twitter con información de la ubicación de veraneo de su familia.

El titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Carlos Castagneto, presentó una denuncia policial luego de haber recibido una serie de amenazas a través de las redes sociales.

Allí, además de ser intimidado junto a su familia con actos de violencia, se incluyó información sobre el lugar donde veranea desde hace 30 años.

Los mensajes fueron publicados desde distintas cuentas de la red social Twitter, que se hicieron eco y reprodujeron un mensaje de un usuario que, aseguró, vacacionaba en el mismo lugar que Castagneto y su familia, y que tenía “ganas de hacerle una maldad”.

El mensaje en cuestión se publicó el 28 de enero pasado, en el que la usuaria @embroshco (embroschca ANTI K.) escribió: “Carlos castagneto (AFIP) alquila carpa en el mismo balneario q yo. Apolo, en mardel.. El y su desagradable esposa. No sé cómo tienen cara de salir a la calle. Y tienen suerte de q no los putean, xq la gente no lo tiene bien identificado. Tengo unas ganas de hacer una maldad….”.

El posteo ya lleva 13,3 mil reproducciones y más de 160 comentarios en los que se pueden leer toda clase de incitaciones a la violencia, insultos, alusiones ofensivas contra la familia de Castagneto y amenazas de muerte, como la que escribió citando al tuit original el usuario @jjfinsua_juanjo, que pide “agarrar una ametralladora”. La denuncia fue presentada por el titular de la AFIP ante la división Delitos Constitucionales de la Policía Federal, que le tomó declaración y ya interviene en la investigación.

Estas amenazas se dan en el marco de una escalada de la violencia política que tuvo como pico máximo el atentado a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

El embajador argentino en Brasil se mostró a favor de una interna en el oficialismo y puso como ejemplo la “heterogeneidad” del armado electoral de Lula Da Silva.

En el marco del debate por el armado de una mesa política en el Frente de Todos, el embajador argentino en Brasil y ex candidato a presidente, Daniel Scioli, se mostró a favor de la realización de unas PASO que ordene las candidaturas del oficialismo.

En declaraciones radiales, Daniel Scioli pidió emular al actual presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien creó una “heterogénea alianza de partidos para alzarse con un nuevo mandato al frente de la economía más grande de Sudamérica”

“Mi vida política arrancó en una primaria, en una interna abierta y simultánea en la Capital Federal. Así que yo soy un defensor de las PASO y si hay un espacio político que tiene que buscar integrar y ampliar… inspirémonos en lo que hizo Lula”, afirmó el ex gobernador bonaerense a El Destape.

Al tiempo que prosiguió: “Él (Lula) fue a buscar a quienes fueron sus adversarios. No solo fortaleció el PT, sino que se amplió a otros siete partidos. No solo lo hizo para ganar la elección, sino también para gobernar”.

En esa dirección, Daniel Scioli hizo hincapié en que las PASO “es uno de los desafíos que tenemos nosotros que cada dirigente en cada rincón del país pueda participar y que democráticamente la gente ordene las candidaturas”.

Por su parte, Daniel Scioli aseguró que la unidad del Frente de Todos no está en peligro, y dijo que “se puede tensar, pero nunca romper”. Al momento que valoró la gestión de Alberto Fernández, la cual a pesar de haber iniciado con grandes problemas como la pandemia y la guerra en Ucrania, señaló que “ahora la agenda se va acomodando”.

Más allá de que cada provincia debate salarios con los sindicatos locales, la paritaria nacional docente actúa para marcar el piso para el salario mínimo en todo el país. La primera reunión será la semana entrante.

El Ministerio de Educación de la Nación, a cargo de Jaime Perczyk, convocó a los gremios docentes a la paritaria nacional para discutir los salarios del sector. La cita será el próximo jueves 9 de febrero y también fue anunciada por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), uno de los cinco gremios a nivel nacional que participa de las negociaciones.

En ese sentido, Ctera afirmó que planteará “aumento de salario que supere la inflación, con revisión permanente”, la “modificación del Impuesto a las Ganancias” y “continuar con la elaboración del Convenio Colectivo del sector docente”.

Además, adelantó que pedirá “una nueva Ley de Financiamiento Educativo” y el “Presupuesto Educativo Nacional”.

Aunque cada provincia negocia por su cuenta los salarios de los docentes con los sindicatos locales, la paritaria nacional docente marca un piso por debajo del cual no puede cobrar ningún docente del país y por lo tanto indica el mínimo para el inicio de cada discusión paritaria local.

Por su parte, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), que representa a los docentes de la ciudad de Buenos Aires, anunció que el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta llamó a una reunión también para el jueves 9 de febrero, a las 14.

El gremio docente afirmó en un comunicado que reclamarán a la ciudad “un aumento que supere la inflación para continuar la recuperación del poder adquisitivo iniciada en 2021, luego de 5 años consecutivos en los que el salario docente no superó los índices inflacionarios”.

Presentado por el ministro de Economía Sergio Massa en el CCK, la nueva etapa del programa abarca 50 mil productos hasta el 30 de junio e incluye la canasta escolar y el precio de las escuelas privadas.

Ante empresarios del sector y gremios de la CGT, el ministro de Economía, Sergio Massa, presentó este viernes la ampliación del Programa Precios Justos que se extenderá hasta junio próximo y reduce desde el 4 hasta el 3,2% el promedio mensual de las variaciones del 86% de los productos que forman parte de la oferta.
“Este programa lo que pretende es, al contener el 86% de los productos que consumen los argentinos, darles dos certezas: la primera es que hay casi 50.000 productos y la segunda que del 1 de febrero al 30 de junio van a aumentar sólo 3,2% mensual”, dijo el ministro Massa en el acto que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

El ministro destacó que “tal como se dio en la primera etapa, (en el programa) hay 2.000 productos que van a seguir teniendo precios fijos, porque es lo que le permite al consumidor cuidar un poco más su ingreso, su salario, a la hora de elegir en la góndola del supermercado”.
Como una novedad de la nueva etapa del programa, el titular de Hacienda anunció la incorporación de una canasta escolar para el inicio de clases y un criterio único para el aumento de cuotas de escuelas privadas con una proyección de 3,5% mensual hasta el 30 de junio.
En ese sentido, Massa dijo que “algunas provincias habían autorizado aumentos de hasta 40% para marzo”, y que ahora “se estableció un criterio único para todo el país, que se anuncia el miércoles que viene en el Consejo Federal de Educación, que baja un 40% en promedio el aumento inicial y establece hasta el 30 de junio un sendero de 3,5% en el caso de los colegios”.
“El segundo gran desafío era resolver ese temor que presenta en algunos la idea de que la verificación o el control es malo. Veían algún chaleco de algún municipio, un sindicato, en un supermercado y enseguida algunos entraban en pánico, cuando en realidad lo que estaban haciendo es verificar”, subrayó el jefe del Palacio de Hacienda.
En este sentido, añadió que “para aquellos que no les gustan las verificaciones físicas, implementamos un sistema de verificación de 15 millones de datos por día online”. Acorde a lo informado oficialmente, el sistema de control se realizará a través de un software desarrollado por Arsat y Amazon, que estará bajo la secretaría de Comercio y permitirá monitorear en tiempo real si en las grandes bocas de expendio se está cumpliendo el compromiso de precios asumido por las empresas.
Este relanzamiento del programa adelanta a febrero los lineamientos centrales del acuerdo anunciado en noviembre del año pasado, que en principio se iba a extender hasta marzo, en el que se estipulaba un promedio de aumento mensual del 4% con la participación de 102 empresas.
Esta vez, los objetivos son más altos: el promedio de aumento baja al 3,2% y la cantidad de empresas casi se quintuplica. En tanto, la ampliación prevé mantener una canasta de 2.000 productos con precios congelados, que se estima subirán alrededor del 9% respecto a enero, y que serán rotativos de acuerdo a la producción de cada empresa.

El bloque de esa fuerza opositora mantiene su decisión de no dar quórum en las sesiones extraordinarias.

Luego de que la Justicia declarara culpables a Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, por la muerte del niño Lucio Dupuy, el futuro de la ley Lucio continúa en duda a causa de la decisión del bloque de Juntos por el Cambio de no dar quorum mientras continúe la iniciativa del oficialismo del juicio político contra la Corte Suprema.

La ley Lucio, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está inscripta desde hace una semana en el temario de las sesiones extraordinarias del Senado nacional y el oficialismo pretende sancionar la normativa el próximo 24 de febrero.

Sin embargo, el tratamiento de la ley Lucio en la Cámara alta avizora dos obstáculos: la falta de esquema definido de trabajo en las comisiones y la decisión de Juntos por el Cambio de no dar quórum, pese a que sus senadores dejaron entrever que apoyan la normativa.

Con la iniciativa encabezada por el presidente Alberto Fernández de someter a juicio político a la Corte Suprema, la oposición afirmó que no dará quorum en ninguna de las sesiones extraordinarias mientras dure la embestida contra el máximo tribunal.

Ante este escenario, el futuro de la ley Lucio dependería de que el Frente de Todos reúna quorum junto a sus aliados provinciales, o bien que el bloque de Juntos por el Cambio abra un paréntesis en la decisión tomada.

Por su parte, el diputado y uno de los autores del proyecto, Martín Maquieyra, sostuvo que la ley Lucio debería ser una excepción a la decisión tomada por la coalición opositora. “Esto va más allá de cualquier otra cuestión, necesitamos urgente el tratamiento de esta ley”, remarcó.

Cabe destacar que, el proyecto que lleva la firma del legislador Maquieyra (Pro) y las diputadas Roxana Reyes (UCR) y Paola Vessvessian (Frente de Todos) fue aprobado en Diputados el 9 de noviembre de 2022, con 228 votos a favor y 28 ausentes.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández incluyó el proyecto de “Ley Lucio” en el temario de la convocatoria a sesiones extraordinariasdel Senado. La agenda incluye en total 28 proyectos de ley, pero solo registró avances significativos el debate de la Comisión de Juicio Político contra los miembros de la Corte Suprema.

El abogado de Cristina Fernández de Kirchner, José Manuel Ubeira, se presentó ante la justicia para apartar a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien se niega a investigar qué paso durante el atentado contra la vicepresidenta. El hecho más grave de la democracia reciente todavía no fue aclarado.

“La señora jueza no es investigadora, no era docente, tiene un curro en la Ciudad de Buenos Aires que le facilita 75 mil pesos por mes por no hacer nada”, aseguró Ubeira en la audiencia.

“De la propia designación de María Eugenia Capuchetti en el Instituto Seguridad Pública (ISSP) surge que es una instancia de apoyo a la conducción política del sistema de seguridad integral del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (…) es totalmente incompatible con la función judicial”, advirtieron.

“El ISSP es un aguantadero o una caja política (…) es un instituto dedicado a la violación de la independencia de poderes”, agregaron.

La situación es increíble: la jueza que debe investigar quién atentó contra Cristina trabaja para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, cuando los magistrados tienen prohibido tener otros trabajos. Entre las cuestiones que se le señalan a Capuchetti está que no investigó los posibles nexos entre quien disparó contra CFK y empresarios macristas – la familia de Nicolás Caputo le pagó millones de pesos.