La organización mundial condenó la persecución judicial y mediática a la Vicepresidenta la cual “pone en riesgo la vida democrática del país”, sostuvieron.

La Internacional Progresista, una organización que reúne a partidos políticos de varios países, lanzó hoy “una campaña mundial de solidaridad” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner ante el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre y la “guerra legal” que se libra contra la exmandataria.

Desde esta organización emitieron hoy una declaración en la que condenan “la guerra legal que se libra ahora contra Cristina Fernández de Kirchner” al sostener que “esta semana, Fernández de Kirchner se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende meterla en la cárcel durante 12 años y prohibirle la actividad política. Ha negado enérgicamente las acusaciones, argumentando que son una forma de guerra legal dirigida contra las fuerzas progresistas de Argentina”.

“El 1 de septiembre, el mundo vio con horror cómo la pistola de un presunto asesino falló al disparar a quemarropa contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner. Los medios de comunicación llaman al asesino ‘loco suelto’. Sin embargo, sus acciones violentas forman parte de una campaña más amplia de persecución que no sólo apunta a Cristina, sino a todos los proyectos de poder popular en Argentina y en toda América Latina”, añadió el texto que anuncia el lanzamiento de esta campaña.

Y reseñó también que “esta semana, la Vicepresidenta se vio obligada a defenderse en una causa judicial que pretende llevarla a la cárcel durante 12 años e impedir que un gobierno popular llegue al poder en Argentina el próximo año”.

Además, el texto difundido por la IP sostuvo que “la derecha antidemocrática de la región utiliza tácticas de guerra legal para acosar, perseguir e inhabilitar a los principales líderes y lideresas progresistas de los gobiernos nacionales y populares de América Latina. Las intervenciones militares directas y los golpes de estado violentos se han cambiado cada vez más por la guerra legal, junto con la connivencia de los medios de comunicación corporativos, para atacar a líderes y lideresas políticas que no sirven a los intereses de la clase dominante y del modelo neoliberal”.

En ese sentido, agregó que “la constante persecución judicial que ha sufrido” Fernández de Kirchner “pone en riesgo la vida democrática del país”.

“Ese es el verdadero objetivo de la guerra legal que hoy vemos en toda América Latina: la judicialización de la política para atacar y descalificar a líderes y lideresas progresistas como Manuel Zelaya, Rafael Correa, Fernando Lugo, Luiz Inácio Lula da Silva, Dilma Rousseff, Evo Morales, Álvaro García Linera, Jorge Glas y actualmente Cristina Fernández de Kirchner”, añadieron.

La declaración de IP lleva las firmas del diputado Yanis Varoufakis (Grecia), Cornel West (Estados Unidos), Aruna Roy (India), Baltasar Garzón (España) diputada Leïla Chaibi (Francia), Ertu?rul Kürkçü (Turquía), Vijay Prashad (India), Alicia Castro (Argentina), Ahdaf Soueif (Egipto), Renata Ávila (Guatemala), Nikhil Dey (India), Yara Hawari (Palestina), Sre?ko Horvat (Croacia), Scott Ludlam (Australia), Nick Estes (Estados Unidos) y Niki Ashton MP (Canadá).

Los presidentes Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Luis Arce (Bolivia) habían manifestado el mes pasado su apoyo a la Vicepresidenta ante el intento de asesinato que sufrió el 1 de septiembre y condenaron “la injustificable persecución judicial” contra la exmandataria, como parte de “una campaña mundial de solidaridad” lanzada por la IP.

En un texto conjunto, los mandatarios remarcaron que existe una “persecución que tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”.

“El acoso a la vicepresidenta argentina se lleva a cabo a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En los últimos años el poder judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido”, sostuvo la declaración de estos jefes de Estado.

Por su parte, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa se sumó a esta campaña al expresar su “solidaridad absoluta con Cristina y el pueblo argentino por este cobarde atentado contra una mujer que ha llenado de orgullo a la Patria Grande por su lucha incansable en favor de los más necesitados”.

La Cámara Federal porteña revocó los procesamientos del ambos fiscales, en el marco de la causa por espionaje ilegal en la cual estaban imputados.

La Cámara Federal porteña revocó los procesamientos del fiscal Carlos Stornelli y del falso abogado Marcelo D’Alessio en el marco de la causa por espionaje ilegal, derivada de la investigación por el supuesto pago de sobreprecios para la importación del Gas Natural Licuado (GNL-Enarsa).

De esta manera, los jueces Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia consideraron que no existen pruebas que puedan determinar que tanto Stornelli como D’Alessio trabajaron en conjunto para perjudicar a los exfuncionarios que los acusaron.

Así, en la Sala I del tribunal de apelaciones de Comodoro Py los jueces sobreseyeron a Stornelli y revocaron el procesamiento de D’Alessio, que había dictado el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, a fines de 2019.

El texto judicial dispuso “revocar el procesamiento de Marcelo D’Alessio dictado el 6 de agosto de 2019, en lo que respecta a su participación en el hecho denominado GNL-Enarsa y disponer su falta de mérito.

También, el tribunal ordenó “revocar el procesamiento del fiscal Stornelli dictado el 18 de diciembre de 2019, en lo que respecta a su participación en las presuntas irregularidades funcionales vinculadas a la causa GNL-Enarsa” y disponer su “sobreseimiento”.

Es preciso remarcar que, el escrito de los tres integrantes de la Sala I de la Cámara afirma que “ni las circunstancias apuntadas ni las medidas de prueba producidas en el sumario permiten tener por acreditado el alcance del conocimiento por parte de Stornelli sobre la supuesta ilegalidad de la información obtenida por D’Alessio”.

Asimismo, los jueces de Comodoro Py añadieron que la actuación de D’Alessio “no alcanza para determinar actos concretos de espionaje por parte del imputado”, argumento por el cual fue sobreseído.

Además, el texto judicial recordó que previamente “la Cámara Federal de Mar del Plata había declarado la incompetencia territorial del Juzgado Federal de Dolores con relación al mencionado caso GNL-Enarsa“.

Igualmente, los jueces de Comodoro Py remarcaron que “el Fiscal de la Cámara Federal de Mar del Plata, Juan Manuel Pettigiani, consideró que no se encontraron reunidos los elementos de prueba necesarios para dictar el procesamiento” de Stornelli y D´Alessio en el caso GNL-Enarsa.

Respecto de D’Alessio, el fiscal Pettigiani sostuvo que “debe profundizarse la investigación para echar luz sobre la eventual ilicitud del accionar llevado a cabo” y resaltó que resta “determinar la forma de introducción de la prueba que habrían dispuesto los magistrados a cargo de la investigación”.

Asimismo, el escrito de los jueces de Comodoro Py sumó que “Carlos Stornelli, como Fiscal Federal, no podía ser autor de los delitos en infracción a la ley de inteligencia, en tanto las condiciones especiales de autoría no lo comprenden”.

“En su función de fiscal, Stornelli había recibido la información presentada por D’Alessio y posteriormente la había presentado en el juzgado instructor, independientemente de la valoración posterior que se le pudo dar”, señalaron los jueces de Comodoro Py.

Por otra parte, la Cámara aludió al pedido de la querella de Ricardo Etchegaray, que solicitó que se confirme el procesamiento dictado respecto de Stornelli y afirmó que los argumentos “no habrán de tenerse en consideración”.

De esta manera, los jueces de la Sala I coincidieron con el Fiscal General ante la Cámara Federal de Mar del Plata, respecto de que “el plexo probatorio no alcanza para determinar actos concretos de espionaje por parte del imputado D’Alessio”.

Cabe recordar que, la causa por el espionaje ilegal, en la que fueron imputados el fiscal Carlos Stornelli y Marcelo D’Alessio se inició en 2019 en la ciudad de Dolores, a partir de una denuncia del empresario Pedro Etchebest.

Sin embargo, tras sucesivos planteos y por decisión de la Cámara Federal de Casación Penal, la causa judicial que tenía como imputados a Stornelli y D’Alessio pasó a los tribunales federales de Comodoro Py, en el barrio porteño de Retiro.

El expresidente mostró parte de su programa, cuestionó al ministro de Economía, atacó a Aerolíneas Argentinas y le pidió a la oposición no dar marcha atrás.

Mauricio Macri cuestionó la ampliación de la Corte Suprema y dijo que nadie va a querer invertir en un país con un máximo tribunal “más grande que un equipo de fútbol”; se negó a un posible encuentro con Cristina Kirchner; esbozó un plan para que vuelvan las AFJP y privatizar Aerolíneas Argentinas; y aseguró que es difícil ser oposición, porque hay un Gobierno que los “psicopatea”.

Dentro de las primeras definiciones, Mauricio Macri se refirió a la media sanción que dio el Senado para la ampliación de la Corte Suprema de 4 a 15 miembros, con paridad de género y una visión federal, y aseguró que “este tipo de leyes condena al país a la pobreza, porque la inversión radica en la confianza y la confianza la dan las instituciones”.

Macri aseguró que no genera confianza un país que tiene una Corte “más grande que un equipo de fútbol”. Además, aseguró que la iniciativa, apoyada por 35 senadores y sellada por la ausencia de la oposición, “es una demostración de la falta de conciencia sobre la realidad que tiene la vicepresidenta y de su agenda personal, que ha llevado a que estemos gobernados por gente que se juntó para agarrar el poder de vuelta sin una idea de futuro, sin un plan, sin un rumbo”.

El exmandatario aseguró además que en un “segundo tiempo” podría promover una privatización del sistema jubilatorio al ponderar el sistema de las AFJP. El opositor lo hizo al asegurar que al kirchnerismo “le llevó mucho tiempo demoler el país”. Y enumeró: “Teníamos reservas, había AFJP que habían ahorrado plata, había gas y petróleo en cantidad. Todo eso desapareció”. Con el mismo tono, Macri valoró el rol de las líneas aéreas low cost y dijo que llevaron a los argentinos “a todos lados, a tarifas más baratas que Aerolíneas”.

Sobre la línea de bandera, dijo que el Estado destina millones de pesos para sostenerla y que “menos del 40 por ciento de la gente piensa que Aerolíneas debe seguir siendo del Estado”.

En otro tramo de la entrevista, el expresidente, que reveló que está preparando un libro titulado “Para qué”, donde se explaya sobre su experiencia de liderazgo, se manifestó reticente a mantener un encuentro con Cristina Kirchner para calmar la tensión política que vive el país, sobre todo, después del intento de magnicidio del pasado 1º de septiembre. “

Si nos vamos a sentar para hablar de esa agenda, sentémonos. Pero si vamos a sentarnos para hablar de cómo maniatar a la Justicia, de cómo demoler aún más nuestro sistema institucional que es frágil, que por eso no tenemos un nivel de inversión como el que tendríamos que tener para la potencialidad de nuestra gente, no”, dijo.

Macri además negó que la oposición y los medios de comunicación tengan un vínculo con la violencia política que existe en el país: “No me agredan más, dicen. Y ellos son los que agreden. Ustedes son los que difunden discursos de odio, que tiraron toneladas de piedras. ¿Estar en contra de ustedes es predicar odio?”.

Y lanzó un particular mensaje para los propios: “Ahí le digo a nuestros dirigentes que tengamos convicción, no vayamos para atrás. No nos dejemos correr con un discurso progre cínico que solamente ha traído pobreza a la Argentina”.

Mauricio Macri aseguró que “lamentablemente, nadie está gobernando” el país y que “Argentina está a la deriva”. Inmediatamente, le dio la razón al exministro de Economía de Carlos Menem y Fernando de la Rúa: “Cavallo tiene razón, estamos al borde de un Rodrigazo”.

“Hoy lo que tenemos es un nuevo jugador en la cancha que salió de un lugar secundario en la coalición a tener un cierto protagonismo que va creando parches todos los días sin resolver ningún tema de fondo. Esto está en una situación límite y no hay conciencia”, lanzó en contra del actual ministro de Economía, Sergio Massa.

Se dio en el marco de las comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano; Agricultura y Ganadería; y Presupuesto y Hacienda, que presiden Leonardo Grosso (FdT), Ricardo Buryaile (UCR) y Carlos Heller (FdT), respectivamente.

Grosso, a modo de introducción, afirmó que “tenemos una enorme mora con la sociedad”. “El proyecto es una herramienta como síntesis de un proceso que pretende resolver un problema enorme con la destrucción de los humedales”, ponderó, y al respecto instó a los legisladores a que “asumamos esta responsabilidad para defender los intereses de nuestro pueblo”.

Como autor de una las diez iniciativas que están en debate, el titular de Recursos Naturales pidió “legislar y regular para que las provincias tengan más herramientas” ya que “el humo no tiene límites”. “El 2022 es el segundo peor año en cantidad de incendios desde que comenzaron los registros en 2010”, detalló al tiempo que aclaró que “el proyecto no viene a prohibir nada, sino que viene a establecer estándares de nuestra propia actividad”.

Ricardo Buryaile (UCR), quien preside la comisión de Agricultura y Ganadería, consideró “una irresponsabilidad legislativa tratar a libro cerrado el proyecto”. En ese sentido, esclareció que “no respondemos a ningún lobby, respondemos al mandato de nuestros representados”. “Tenemos una responsabilidad que supera lo discursivo, porque las leyes se trabajan no se despachan”, concluyó.

Al anticipar que “apoyamos un proyecto de consenso”, Myriam Bregman (PTS/FIT – Unidad), firmante de otro de los proyectos, remarcó que “la naturaleza no respeta jurisdicciones” al criticar que “toda quema y humo es político producto de la dilación” para sancionar la ley. Luego, solicitó que haya un “inventario nacional” de humedales, que se denominen como “bienes comunes y no recursos”, y propuso que haya participación de las organizaciones socioambientales con opinión vinculante.

Ximena García (UCR) invitó a los legisladores a que “protagonicen el debate las voces equilibradas, moderadas y dialoguistas” para lograr una “ley aplicable y viable”. Para complementar, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) señaló que la norma “nos va a permitir tener previsibilidad para desarrollarnos de manera sostenible y valorar los beneficios que estos ecosistemas nos aportan”. En ese sentido, agregó: “Tenemos que buscar una ley que fortalezca las capacidades del estado y que fomente el federalismo de concertación”.

Desde Identidad Bonaerense, Graciela Camaño, autora de uno de los proyectos, resaltó que “el punto desde el cual tenemos que pensar la ley es el desastre ambiental y no las conveniencias”. Asimismo, expresó que “las tierras despreciadas del siglo de la industrialización hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta ante el cambio climático”.

Al respecto, subrayó que debemos “legislar para que tengamos un proceso de producción que sea sostenible”. “Esta ley no impide que se produzca, sino que exige que produzcan de manera sustentable, además de respetar la legislación, los compromisos internacionales y el ambiente”, sentenció.

Enrique Estévez (Bloque Socialista) expresó que “no podemos tapar el sol con las manos y negarnos a analizar responsablemente este tema”, al tiempo que sostuvo que “después le vamos a pedir al Estado que venga a cubrirnos a las ciudades, a los sectores productivos las consecuencias de las catástrofes ambientales que estamos viviendo”.

En referencia al proyecto presentado, el legislador especificó que “proponemos una autoridad de aplicación nacional que establezca un único inventario de humedales y un estudio de impacto ambiental para determinar qué actividades y cómo se pueden realizar”.

“Esta ley no es anti productiva ni va contra los sectores económicos, todo lo contrario, tenemos que llevar de la mano a la producción con la protección del ambiente, de manera sustentable y sostenible, respetando a las generaciones futuras”, manifestó Hernán Pérez Araujo (FdT).

También, aportaron fundamentos de los diversos proyectos Alicia Aparicio, Gabriela Estévez (FdT), Jorge Vara (UCR), Martín Berhongaray (Evolución Radical) y Romina Del Plá (PO/FIT-Unidad). Participaron del plenario intendentes y funcionarios.

La vicepresidenta llevó adelante este viernes el alegato final de su defensa en la causa conocida como Vialidad y respondió una por una las acusaciones de Mola y Luciani.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró este viernes que durante el alegato de la defensa encabezada por el abogado Carlos Beraldi “quedó demostrado que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola mintieron en el alegato final de acusación”, y sostuvo que “es absurdo y raya lo ridículo” que este proceso judicial incluya la acusación de que los gobiernos kirchneristas de 2003 al 2015 fueron “una asociación ilícita”.

“Los fiscales Luciani y Mola mintieron en el alegato final de acusación con calumnias, mentiras y difamaciones. Esto quedó demostrado con el alegato que empezó el lunes pasado con el doctor Beraldi”, aseveró Fernández de Kirchner desde su despacho en el Senado al intervenir como abogada en defensa propia en el marco de la causa Vialidad.

La exposición de la exmandataria comenzó pasadas las 11.30 y se extendió por poco más de una hora. Allí subrayó que, “con pruebas documentales”, sus representantes en este debate “desmontaron las increíbles mentiras de los fiscales y las arbitrariedades que se realizaron en este juicio oral”.

En ese contexto, dijo: “Quedaron a la luz del día las arbitrariedades que se han cometido en este juicio”.

“En un momento parecía que estuve viendo una película en Estados Unidos donde hay un juicio por jurado donde van y se encuentra la verdad. No se puede creer cómo y por qué se ha llevado adelante este juicio”, agregó.

Por otro lado, Fernández de Kirchner consideró que “se montó una fábula” para traerla “de los pelos a este juicio” sobre el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y recordó que fue “la única que denunció el encubrimiento” del atentado a la AMIA, algo que fue “armado desde (los tribunales) de Comodoro Py”.

En otro tramo de su exposición, manifestó que “la acusación de los fiscales dice que los gobiernos desde 2003 hasta el 2015 fueron tres asociaciones ilícitas” y recalcó que se trata de “tres gobiernos constitucionales de una misma fuerza política y eso no lo logró nunca nadie en la historia después de la Ley Sáenz Peña”.

“Desde la fiscalía dicen que estos tres gobiernos elegidos por el pueblo son una asociación ilícita para hacer 51 obras en Santa Cruz, a través de esa provincia. O sea que Néstor Kirchner, que fue intendente en 1987, gobernador en el ’91, reelecto en el ’95 y ’99, pensando que iba a ser Presidente en 2003 para hacer 51 obras viales a través de la provincia de la que había sido gobernador”, planteó con ironía la Vicepresidenta.

En esa línea, reflexionó: “Esta sola enunciación bastaría para que nadie tome seriamente esta acusación porque es ilógica, es absurda, raya en el ridículo. Es decir que militamos toda la vida para 51 obras viales”, planteó.

Durante su exposición le pidió al Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que, “al finalizar las audiencias, se extraiga testimonio de todas y cada una de las mentiras de los fiscales que desarrollaron en los alegatos contrastadas con las pruebas obrantes en el expediente, las pruebas documentales, testimoniales y periciales”.

Por otra parte, al igual que ya lo había denunciado cuando el tribunal impidió ampliar su declaración, Fernández de Kirchner apuntó que “en un ejercicio histriónico, el fiscal Luciani dijo que miró las 9 mil fojas del expresidente sobre las llamadas del celular del exsecretario de Obras Públicas (José) López, se le pasaron más de 400 llamados telefónicos de (Luis) Caputo, hermano de la vida de (Mauricio) Macri, y ahí sí se denotaba una gran familiaridad con López”.

“En este mismo tribunal fiscales y jueces juegan al fútbol con el expresidente en su quinta Los Abrojos. Y eso a nadie le parece extraño”, fustigó la Vicepresidenta, quien agregó: “Estamos ante un claro caso de prevaricato”.

En referencia al atentado que sufrió el 1 de septiembre en la puerta de su casa, dijo que los detenidos por el atentado que sufrió “no son autores intelectuales”. 

En esta línea, cuestionó los vínculos de este grupo con sectores de la oposición: “El abogado de quien me quiso matar es asesor de un senador” de Juntos por el Cambio, recordó, y dijo que se siente “en estado de indefensión”.

La exmandataria tomó la palabra luego de su abogado Carlos Belardi, quién aseguró surante su alegato que la Vicepresidenta “jamás impartió ninguna directiva vinculada” a las 51 obras públicas adjudicadas a empresas de Lázaro Báez en Santa Cruz a las que la fiscalía adjudica delitos en el juicio de la llamada causa Vialidad.

“Qué está probado en este juicio? Que Cristina Fernández de Kirchner jamás impartió ninguna directiva vinculada a estos casos que acá se investigan”, sostuvo Beraldi en la tercera y última jornada de su alegato final.

El abogado expuso de manera previa a que la Vicepresidenta hable ante los jueces del Tribunal Oral Federal (TOF) número 2 en ejercicio de su propia defensa y luego por la tarde cerrará el alegato con el pedido formal de absolución.

En el último tema que abordó luego de tres días de alegato, Beraldi se refirió a la acusación por irregularidades en la ejecución y pago de las obras en Santa Cruz entre 2003 y 2015, tras dar por probado que no hubo delito de asociación ilícita ni defraudación.

“No existe una obligación de control” sobre las obras por parte de la Presidencia de la Nación que “no puede ni debe tener control porque la Dirección Nacional de Vialidad es un ente autárquico”, remarcó Beraldi ante los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

“Es imposible que el Presidente de la Nación tenga algún tipo de posibilidad de control respecto de las cientos y miles de obras que se licitan, ejecutan y pagan. Esto quedó demostrado en el juicio”, concluyó.

Además, recordó testimonios de empresarios, entre ellos el de Angelo Calcaterra, primo del ex presidente Mauricio Macri, quien aseguró en la audiencia: “No conozco una obra que empiece y termine en el plazo estipulado”

“Los que han venido a juicio fulminaron esa acusación”, agregó y cuestionó una decisión que limitó una pericia pedida antes del inicio del debate a 5 de las 51 obras cuestionadas. “El 90 por ciento de las obras no fue peritado”, advirtió.

Por otro lado, cuestionó y exhibió parte de los informes periodísticos que aludían a rutas no terminadas en Santa Cruz o que “llevaban a ningún lado” con los testimonios en el juicio, que desmintieron esto. “Uno ve este informe (el del programa PPT) y dice bueno, ya está, pero cuando vienen los técnicos nos cuentan que todo esto es mentira, tuvimos que esperar seis años para que esto en definitiva, en un juicio, termine mostrándose que era todo una falacia”.

Beraldi recordó que en las dos jornadas anteriores se refirió a la forma en que los presupuestos de las obras eran aprobadas en el Congreso Nacional y describió como una “absoluta fantasía” de la fiscalía decir que se actuaba “como un instrumento de una asociación ilícita. Carece de toda seriedad”

Los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron condenar a la Vicepresidenta a doce años de condena e inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos.

Beraldi reiteró que la fiscalía incurrió en “mala praxis” y “vulneración del derecho de defensa” y que se fragmentó la causa “deliberadamente para conspirar contra el descubrimiento de la verdad”. 

“Pareciera como que el juicio no existió”, cuestionó la defensa al aludir al “nivel de improvisación de la fiscalía”. “No existe un solo elemento de prueba serio que indique que se hubieran pagado trabajos no realizados”, ejemplificó.

Además, exhibió también parte de declaraciones de testigos como un ex funcionario de Vialidad que afirmó que el “verdadero perjuicio al Estado fue causado” por el gobierno de Mauricio Macri, “que abandonó las obras dejándolas en situación de ruina”, remarcó Beraldi.

Fuente: Agencia Télam

Más inflación.

El Ente Nacional de las Comunicaciones (Enacom) autorizó un nuevo aumento a partir de octubre y otro en diciembre en los servicios de telefonía móvil, internet y televisión. Un nuevo golpe al bolsillo de los argentinos.

La medida fue publicada este viernes 23 de septiembre en el Boletín Oficial con la firma del titular del organismo, Claudio Ambrosini. De acuerdo al documento, la primera suba será del 19,80% y la segunda de 9,80%. Ambos incrementos alcanzarán a los precios minoristas de cualquiera de los planes que ofrecen las compañías.

Asimismo, se fijaron valores máximos para el sistema prepago: $36 la recarga de 50 MB de datos móviles por día ($39,50 en diciembre), 55 centavos el segundo de voz (60 centavos en diciembre) y $7,20 el valor de un mensaje de texto (7,90 en diciembre), en todos los casos con impuestos incluidos.

Según argumentó Enacom en el documento, la medida se apoya en “las dificultades” de las licenciatarias ante “los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas”.

Intento de asesinato contra Cristina.

El 27 de agosto, Brenda Uliarte le anunció a su amiga Agustina Díaz que había mandado a matar a Cristina Fernández de Kirchner y alardeaba con la frase “hoy me convierto en San Martín”. Uliarte le hablaba como en éxtasis: “¿Sabés el miedo que van a tener los presidentes? Me gustaría que alguien dé un mensaje que diga al próximo que haga las cosas mal también le meto un corchazo (sic). Yo me la banco…”.

Díaz, que figuraba en su agenda como “Amor de mi vida”, le respondió: “BUENO no sé. Matá a quien vos quieras. Y ocultá las huellas. Bien pilla wachaaaa”. “Si obvio lo estoy planeando. Recontra pilla. No me van a atrapar”, se jactaba Brenda, según los diálogos que publicó Página 12.

Este tramo de las conversaciones fue puesto este jueves sobre la mesa por uno de los abogados que representan a Cristina Fernández de Kirchner, Marcos Aldazábal, cuando se hizo en la Sala I de la Cámara Federal la audiencia por el pedido de excarcelación de Díaz, ya que pondría en evidencia que la joven no era ajena al plan de magnicidio.

Para la querella todos los mensajes muestran la participación de Díaz en el hecho y que los riesgos procesales de otorgarle la excarcelación son ostensibles. En sintonía con ese planteo los camarista Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens a las pocas horas resolvieron mantenerla en prisión.

Así lo determinó el decreto 651/2022, firmado por el presidente de la Nación, el jefe de Gabinete y el ministro de Trabajo.

El Gobierno extendió el ámbito de aplicación de la Ley de Riesgos del Trabajo N° 24.557 a los trabajadores asociados en Cooperativas de Trabajo previstas en la Ley de Cooperativas N° 20.337.

“Esta extensión quedará condicionada a que la propia cooperativa solicite su inclusión en dicho régimen respecto de sus asociados y asociadas”, aclara el decreto 651/2022 publicado este viernes en el Boletín Oficial, y que lleva la firma del presidenta Alberto Fernández, el ministro de Trabajo Claudio Moroni, y el jefe de Gabinete Juan Manzur.

En el artículo 2 especifica que la decisión de contratar la cobertura mediante un seguro de riesgos del trabajo será adoptada por la asamblea de socios y socias. Una vez adoptada la decisión, corresponderá a la Cooperativa de Trabajo contratar la cobertura de sus asociados y asociadas con una Aseguradora de Riesgos del Trabajo y abonar las correspondientes alícuotas.

En tanto, el cálculo de las prestaciones dinerarias establecidas en el artículo 12 de la Ley N° 24.557 será efectuado sobre la base de las retribuciones promedio declaradas para el trabajador o la trabajadora durante el año anterior a la primera manifestación invalidante o en el tiempo de prestación de servicio si fuera menor, conformadas por la distribución de excedentes definidos por la cooperativa o sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), el que sea mayor.

Asimismo, la determinación de la base imponible establecida en el artículo 23 de la citada Ley Nº 24.557 será efectuada sobre la base de la retribución mensual declarada para el trabajador asociado o la trabajadora asociada, conformadas por la distribución de excedentes definidos por la cooperativa o sobre el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), el que sea mayor.

Según describe el decreto, “el número de cooperativas de trabajo vigentes y consecuentemente también de trabajadores cooperativos y trabajadoras cooperativas se ha incrementado en forma notable”, por lo que “resulta necesario establecer un marco normativo protectorio específico con el fin de prevenir la ocurrencia de hechos dañosos para dichos trabajadores y dichas trabajadoras o para que, producido el infortunio, puedan recibir la correspondiente atención y reparación del daño, sin que ello implique comprometer tan estimables objetivos”.

El ministro de Economía afirmó que se trata de un compromiso con “responsabilidad de todos”.

El ministro de Economía, Sergio Massa, acompañado por el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, y la subsecretaria de Industria, Priscila Makari, visitó ayer la sede de la UIA, ubicada en Avenida de Mayo al 1100, en el centro porteño, donde fue recibido por Daniel Funes de Rioja y todo el Consejo Directivo de la entidad.

Durante la jornada, Massa convocó a la Unión Industrial Argentina a “trabajar juntos”, dijo que eso “implica responsabilidad de todos” y abordó junto a los directivos la forma de garantizar los dólares para la compra de bienes intermedios, la cuestión de los precios y la manera de incrementar la competitividad del sector.

“No puede haber situaciones que paren la producción de nuestras empresas ni abusos de aquellos empresarios que reciben beneficios del Estado”, señaló el ministro.

La vicepresidenta compartió un mensaje en sus redes sociales en la que posteó un link por el cual se podrá ver su alegato por el juicio de Vialidad.

La vicepresidenta Cristina Fernández anunció que ejercerá este viernes desde las 11 horas su propia defensa en la última jornada de su alegato en el juicio conocido como Vialidad y anticipó que su abogado “seguirá desarmando las mentiras” de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes pidieron que se la condene a 12 años de cárcel y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Mañana continúan las audiencias de la causa ‘Vialidad’. A partir de las 9.30 hs el Dr. (Carlos) Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11 hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN”, escribió Fernández de Kirchner en su cuenta de Twitter, donde también compartió el link para ver la transmisión por YouTube.

Mañana continúan las audiencias de la causa “Vialidad”. A partir de las 9.30hs, el Dr. Beraldi seguirá desarmando las mentiras de Luciani y Mola, y desde las 11hs ejerceré mi propia defensa de acuerdo al artículo 104 del CPPN.https://t.co/f8qrd0vbP6

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 22, 2022

Este viernes se llevará a cabo ante el Tribunal Oral Federal 2 la tercera jornada del alegato en defensa de la Vicepresidenta en el juicio por el supuesto direccionamiento de obra pública en Santa Cruz en favor del empresario Lázaro Báez durante su Presidencia.

El martes pasado, la titular del Senado, además de confirmar que ella iba a realizar su propia defensa en el juicio, apuntó contra Luciani y Mola, al señalar que los fiscales “parecen trolls”.

Dijo también que su abogado “demolió las mentiras y fake news” de los acusadores, parafraseó a Juan Domingo Perón y les espetó que “se vuelve de cualquier lugar, menos del ridículo”.

En el cierre de su alegato técnico, Beraldi ratificó que “la doctora Fernández de Kirchner va a tomar parte en la exposición de este alegato y lo va a hacer de acuerdo al artículo 104 que le da ese derecho como abogada para poder actuar en causa propia”.

El artículo 104 del Código Procesal Penal establece que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”.