Así lo aseguró el líder de la CTA y actual diputad nacional.

El titular de la CTA y diputado nacional, Hugo Yasky, se refirió a la situación económica y política del país. Y advirtió: “La derecha quiere que Alberto termine con una gran crisis para hacer un ajuste fenomenal si llegan al gobierno”, aseguró.

En diálogo con AM 530, agregó: “El gobierno tiene que darse por enterado, tiene que hacer algo. Van a ir con todo para que termine mal. No les sirve ganar la elección del año que viene, necesitan que haya una crisis”, dijo. “Si fuera por ellos, quieren que el gobierno termine mal y se vaya antes de tiempo”, insistió.

Después, cuestionó los recientes anuncios de la ministra de Economía, Silvina Batakis. “Habló solamente para el mercado, para los que quieren generar más turbulencias para el gobierno. Faltan medidas para la gente”, cerró.

Se trata de la escuela primaria común N°16 José María Ramos Mejía, que desde hace cinco meses convive con los roedores, mientras el gobierno porteño espera a las vacaciones de invierno para comenzar a actuar.

Este lunes por las tardes las adyacencias de la escuela primaría José María Ramos Mejía, ubicada en la esquina de 33 Orientales y Don Bosco, se realizó un “semaforazo” para exigirle al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires la desratización de esa institución.

Desde hace una semana la situación con las ratas en la escuela se volvió critica, ya que los roederes se hicieron visibles en aulas, patios y comedores, entre otros sitios de ese establecimiento educativo porteño.

Por su parte, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no aporta mucho más que la aplicación del protocolo para este tipo de problemática, el que se le escapó de las manos ya que la aparición de los roedrores y sus heces son una constante.

Ante la falta de soluciones brindadas por las autoridades del Ministerio de Educación de la Ciudad, las autoridades del establecimiento adoptaron medidas para combatir la presencia de ratas en las escuelas y en varios grados se retomó a la educación a distancia, como durante los peores meses de la pandemia de Coronavirus.

“Desde el mes de marzo de este año la institución junto con la cooperadora han generado múltiples reclamos a la Supervisión del Distrito Escolar por aparición de excremento de ratas para lo cual la ÚNICA SOLUCIÓN brindada fue colocación de cebos que NO sirven!!!”, señalaron los padres de los alumnos en un comunicado

En ese sentido, los padres manifestaron: “El colegio es de jornada completa y los niños cuentan con comedor dentro de la institución. Comedores que como se pueden ver en los videos están en perfectas condiciones de limpieza pero, aún así, hay excremento de rata en los tres sectores de comedor, como en otras áreas del colegio. Además, hay instalaciones mordidas por las ratas”.

Este martes se suspendieron las clases porque “se encontraron roedores muertos y excrementos en sala de 1er grado, sala de maestros, comedor general, sala de juegos de jardín y secretaría”, informó la dirección de la Escuela.

¿Volverá a la Argentina para enfrentar la justicia?

El exasesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que permanece en Uruguay desde diciembre de 2020, sufrió un nuevo revés cuando el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo concluyó que “no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse“.

Un Tribunal de Apelaciones de Uruguay rechazó la solicitud de refugio político formulada por el diputado del Parlasur y exasesor de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, sobre quien pesa un pedido de captura internacional en el marco de una causa en la que se lo investiga por la extorsión a los dueños del Grupo Indalo durante el gobierno de Juntos por el Cambio. ¿Volverá, ahora sí, a la Argentina?

La decisión fue adoptada, por mayoría, por el tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° turno de Montevideo y será apelado ante una instancia superior por el abogado defensor del Rodríguez Simón, el exfiscal uruguayo Jorge Díaz, según pudo saber Télam de fuentes que destacaron que, como la negativa aún no está firme, todavía no se puede activar un juicio de extradición.

“Al momento, se coincide con la primera instancia y la CORE (Comisión de Refugiados), que de los dichos del apelante y la prueba documental incorporada -que incluye múltiples consultas y reportajes de la llamada prensa independiente- no se desprende que el Poder Judicial de su país lo persigue y/o no le brinda garantías mínimas para defenderse”, sostuvieron los jueces que rechazaron el planteo.

El voto de la mayoría está firmado por los jueces Alberto Reyes Oehninger y Sergio Torres Collazo, mientras que la discordancia corresponde a la magistrada Graciela Gatti Santana, según surge del fallo de 41 páginas al que tuvo acceso Télam y que fue firmado en junio pasado.

Con esta resolución, el tribunal de apelaciones confirmó el fallo firmado el 23 de diciembre último por la jueza uruguaya en lo Penal Especializado de Crimen Organizado de 1º Turno, Adriana Chamsarián, quien rechazó el planteo de Rodríguez Simón que busca que se le otorgue refugio político.

Así lo aseguró el empresario Pedro Peretti.

En la previa del paro con el que el campo pretende asestarle un cachetazo político al gobierno de Alberto Fernández, el exdirigente de la Federación Agraria Argentina y miembro del Movimiento Arraigo, Pedro Peretti, apuntó a sus exsocios de Mesa de Enlace de las patronales. “Quieren un golpe”, dijo.

“Es un motivo político, están interesados y motivados a que el gobierno no llegue al final de su mandato”, disparó en conversación con El Destape Radio, y resumió: “Es un paro claramente golpista”.

En ese sentido, el productor agropecuario afirmó que Juntos por el Cambio convalida actitudes violentas “Están haciendo un paro por el gasoil, por un problema que ya no existe”, señaló Peretti, quien desde que asumió el Frente de Todos tiene una posición de diálogo para con el Poder Ejecutivo y aparece claramente enfrentado a quienes acompañó durante la gestión de Cristina Kirchner en tiempos de la 125.

“Lo único que les preocupa es confrontar con el gobierno, tumbar al gobierno”, continuó Peretti, quien además se adelantó a lo que serán los titulares de los medios que forman parte del andamiaje opositor: “Clarín y La Nación van a decir que el paro fue un éxito, cuando en realidad fueron cuatro tipos”, arremetió.

Por último, Peretti propuso: “La primera medida que tiene que tomar la AFIP es prohibir y/o gravar con una tasa especial la venta directa del productor al exportador, todo debe pasar por los acoples locales”, consideró el dirigente del campo. “El nuevo rol del productor agropecuario es: la soja te permite armarte de billetes verdes y los billetes te permite fugarlo”.

Hizo 400 facturas truchas durante el macrismo. ¿Nadie la controló?

La Dirección General de Aduanas denunció a una multinacional dedicada a la exportación de litio por maniobras de subfacturación y le impuso una multa de 6.700 millones de pesos por infracción al Código Aduanero más 8 millones de dólares por diferencias entre lo que pagó y debió pagar por impuestos aduaneros, reseñó Télam. La empresa afectada había declarado exportaciones por valores inferiores a los del mercado y al de otras firmas, entre 2018 y 2019.

Según detalló el diario Ámbito Financiero que pudo acceder a la información, se trata de una empresa multinacional con sede en Catamarca que entre 2018 y 2019 exportó litio desde Salta y Buenos Aires a través de 403 operaciones que tenían por destino distintos países, pero que facturaban siempre a una misma empresa ubicada en Estados Unidos a un precio mucho menor que el real. ¿Cómo pudo hacer 400 facturas truchas? ¿Nadie de la gestión macrista la controló?

La situación se hizo pública gracias a la investigación que venía efectuando el Departamento de Valoración y Comprobación Documental de la DGA, desde 2021, sobre una empresa vinculada a otra a radicada en el exterior, a la que le vendían a valores mucho menores a los del mercado y de los competidores, de acuerdo con lo informado por el medio, reseñó por su parte AGENCIA PACO URONDO.

En este sentido, según denunció la Aduana, la empresa había declarado mercancía por un valor de 5.100 dólares por tonelada, cuando los valores reales se encontraban entre los 15 mil y 16 mil dólares por tonelada, y al compararlos con otras firmas comprobaron que eran menores. Para determinar la irregularidad se la comparó con otras firmas similares y así se detectó que los precios declarados por la multinacional fueron entre 102% y 121% más bajos que los de una empresa minera en Jujuy y diferentes de otra mercadería colocada en la Aduana de Chile. También, se utilizaron datos aportados por la Secretaría de Minería de la Nación.

Cabe aclarar que la DGA por la Resolución General 5215/2022 estableció nuevos precios testigos, es decir aquellos precios que sirven de referencia en el mercado para poder hacer transacciones con el exterior, por lo cual se fijaron los valores para comerciar el carbonato de litio, entre otros productos.

En este caso, se sancionó a la minera por infracción a los incisos a) y c) del artículo 954 del Código Aduanero que refiere: “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio” y, “c) el ingreso o el egreso desde o hacia el exterior de un importe pagado o por pagar distinto del que efectivamente correspondiere, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de la diferencia”.

La Unidad de Información Financiera (UIF) fue muy crítica con la justicia.

“No se pagó nada que no se hubiera construido, sería irresponsable avanzar con la acusación”, aseguraron los abogados de la Unidad de Información Financiera (UIF), que pidieron la absolución de todos los imputados en la causa por las rutas de Santa Cruz, lo que incluye a Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido y todos los funcionarios de Vialidad, y también de Lázaro Báez. Otra causa armada con la vicepresidenta.

Los letrados señalaron que no se hizo durante la investigación original ninguna pericia que demostrara que hubo sobreprecios o alguna irregularidad. Y cuando el Tribunal Oral ordenó el análisis de sólo cinco de las 51 obras, los peritos no se pusieron de acuerdo en la metodología, reseñó Página 12.

En esa situación, los magistrados no convocaron otros profesionales para dirimir las diferencias, pero además los representantes de la UIF más bien destrozaron al perito oficial, Eloy Bona, aquel que tuiteaba contra CFK. La conclusión de los letrados es que no se pagaron obras no hechas, que los atrasos fueron los normales y lo hecho por los peritos oficiales estuvo lleno de datos sin sustento, reseñaron. Es una obra emblemática en la persecución de un sector de la justicia contra Cristina.

Los abogados -Leandro Ventura y Alejandro Irachet- fueron los primeros en alegar en el juicio que encabeza el Tribunal Oral Federal número 2, integrado por Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso.

Así lo aseguró la presidenta de la AFIP.

La Titular de la AFIP, Mercedes Marcó Del Pont, se refirió a las medidas de la ministra de Economía, Silvina Batakis. “El discurso fue muy bueno, de total tranquilidad y de saber que tenemos con qué salir adelante”, señaló.

“Un anuncio importante fue la segmentación de tarifas, los sectores que pueden pagar plenamente la misma, lo tiene que hacer y así poder ayudar a los sectores más vulnerables”, agregó.

Sobre las posibilidades del gobierno, anunció: “Tenemos que administrar mejor los pesos y los dólares”. “Estamos invirtiendo en minería, en litio, hay un horizonte en Argentina”, describió. “Hay que pensar hacia adelante, los desafíos que tenemos son enormes”, siguió.

“Hemos realizado esfuerzos enormes y estoy muy orgullosa de lo que venimos haciendo en la AFIP“, destacó. “El impuesto a la renta inesperada está en el Congreso, es una discusión que no está saldada y entiendo que nuestro bloque lo va a impulsar”, agregó.

La ministra de Economía de la Nación día estará disponible el formulario para conservar los subsidios de luz y gas.

Luego de que el Gobierno nacional anunciara las nuevas escalas de segmentación de tarifas de servicios públicos, aquellos ciudadanos que quieran mantener los subsidios que hoy reciben en sus hogares deberán anotarse en el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).

El formulario para subsidios de luz y gas estará disponible a partir de este viernes en https://www.argentina.gob.ar/subsidios. En caso de no tener acceso digital, también es posible completarlo de forma presencial en oficinas de ANSES y en las de los prestadores involucrados.

“El 15 de julio va a estar listo y abierto para toda la población la implementación de la instrucción que nos dio el presidente a través del decreto que tiene que ver con la segmentación de la tarifas para los distintos tipos de población“, dijo esta mañana la ministra de Economía, Silvina Batakis.

“Se va a implementar tal cual lo estableció el decreto y que fue instrucción de nuestro presidente“, agregó la funcionaria durante una conferencia de prensa en la que también confirmó que se respetarán las metas acordadas con el FMI.

Vale aclarar que aquellas personas que actualmente sean beneficiarias de programas sociales -como la Asignación Universal por Hijo, Progresar y Potenciar Trabajo- o perciban pensiones o jubilaciones también deberán anotarse.

Para mantener los beneficios, los argentinos deberán completar el formulario RASE y consignar una serie de datos que incluirán los ingresos y patrimonios del grupo familiar. Además, será necesario aclarar si son o no los titulares de los servicios.

En caso de contar con más de un servicio o medidor de luz o gas a su nombre, el subsidio será solo para el medidor del domicilio que se declare como residencia. Además, los inquilinos o residentes podrán anotarse como “persona usuaria de los servicios” y conservar los beneficios, siempre que no pertenezcan al grupo de altos ingresos.

Un director del Banco Central, vinculado a Sergio Massa, celebró la llegada de Silvina Batakis a Economía.

El director del Banco Central, Agustín D’Attelis, se refirió a la situación económica del país y cómo repercute sobre la coalición del Frente de Todos. “Es muy importante la mesa que acompañó a la ministra a la hora de los anuncios”, dijo el funcionario.

“La salida de Guzmán hizo que Alberto y Cristina recompongan su relación y le den alivio a la economía“, siguió.

Después, se refirió a los anuncios de Batakis, quien hizo énfasis en la cuestión fiscal. “El orden fiscal es determinante en todo esto”, describió. “El mensaje de Batakis fue contundente, le devolvió al mercado lo que quería escuchar”, agregó.

En el mismo camino, insistió: “Buscamos retomar el camino del refinanciamiento sano”. “Hay que ordenar la economía Argentina”, pidió.

Malas noticias para los dos operadores mediáticos.

Los periodistas Luis Majul y Daniel Santoro, la productora del programa de televisión La Cornisa y el canal América TV, fueron condenados a pagarle dos millones de pesos más intereses de seis años a un testigo de identidad reservada que aportó datos para la detención del narcotraficante Ibar Pérez Corradi, cuyo nombre completo y ocupación dieron a conocer al aire.

A la condena por dos millones debe sumarse los honorarios de todos los abogados, que duplican ese monto. La medida fue resuelta por la jueza civil de primera instancia María Eugenia Nelli, que juzgó a los periodistas porque expusieron al testigo, quien había acordado medidas de protección (entre ellas su identidad).

“No hubiera habido ningún reproche y la presentación de la nota hubiera sido intachable, si directamente no lo nombraban, ni mostraban el acta. No resultaba necesario aportar los datos personales del testigo -aquí actor- para informar a la ciudadanía de manera acabada como, sin duda alguna, debe suceder en una república democrática”, sostuvo la jueza.

“Bastaba con dar a conocer el contenido de la denuncia para ilustrar acera de los elementos que habían sido valorados por la justicia federal para citar a indagatoria a los funcionarios que investigaba”, añadió, en alusión al ex jefe de la AFI y hoy senador nacional Oscar Parrilli.

El testigo, vecino de la zona de la Triple Frontera, había aportado los datos para hallar a Pérez Corradi en agosto de 2015, cuando ya se había iniciado el proceso electoral que terminó con Mauricio Macri en la presidencia de la Nación. Pérez Corradi fue detenido después del cambio de gobierno, lo que llevó al juez Ariel Lijo a llamar a indagatoria a Parrilli ante la acusación de haber demorado el aporte de la información para “proteger” a Pérez Corradi.  Parrilli había sido sobreseído en esa causa, pero la Cámara Federal ordenó seguir investigando.

Para la jueza, “aún de mediar un interés general prevaleciente para divulgar un acontecimiento en que interviene una persona, el hecho es antijurídico si la revelación de los datos identificatorios del declarante era, como quedó dicho, superflua para el fin general de que se trate”, reseñó Tiempo Argentino.