Auspiciado por el Ministerio del Interior, se creó el programa que fortalecer el sistema democrático para promover la cultura democrática a través de foros, actividades culturales, educativas, congresos y eventos.

Mediante la resolución 35/2022 publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Interior creó el  programa “40 años de democracia siempre“, que “tendrá por objetivo promover la profundización y el fortalecimiento de la democracia argentina en el marco de su cuadragésimo aniversario de vigencia ininterrumpida, desarrollando acciones federales que propicien la participación ciudadana y la construcción de nuevos consensos democráticos, durante el bienio 2022 – 2023”.

“El aniversario de los 40 años de democracia constituye un hecho oportuno para reafirmar el compromiso ciudadano con la construcción de un país próspero y anclado en la plena vigencia de los derechos humanos”, argumenta la medida.

Y agrega: “El Estado Argentino, a través de sus instituciones de gobierno, debe promover la cultura democrática y fortalecerla“.

Las acciones que se contempla el plan son:

-Realización de Foros por la Democracia en todo el país, con el propósito de promover diálogos federales que integren a representantes, referentes, trabajadores y trabajadoras del ámbito de la gestión pública, partidos políticos, organizaciones sociales, comunidad científica, comunidad artística, sector productivo e industrial, universidades, y otros.

-Celebración de cumbres y congresos regionales e internacionales para la consolidación y el fortalecimiento de las instituciones democráticas.

-Desarrollo de actividades culturales y educativas en todo el país y producción de contenidos comunicacionales para la difusión del 40 aniversario democrático argentino y la promoción de los derechos ciudadanos.

-Producción de eventos públicos, abiertos a toda la ciudadanía, en articulación con organismos nacionales y provinciales.

El anuncio sería esta semana y se pagaría en abril a 5 millones de jubilados y pensionados sobre los 8,4 millones de todo el sistema.

Ante la aceleración de la inflación durante marzo, el gobierno decidió otorgar un nuevo bono  para reforzar los ingresos de jubilados y pensionados con haberes más bajos que se anunciaría en abril, que beneficiará a alrededor de 5 millones de personas.

Según trascendió, el pago extraordinario se ubicaría entre 5 mil y 8 mil pesos para la jubilación mínima e iría disminuyendo para los haberes un poco más altos, hasta determinado monto, aunque fuentes oficiales evitaron referirse a las cifras.

El aumento acelerado de los precios, sobre todo en los alimentos, que acumulan una suba de 7,7 por ciento hasta el 23 de marzo de acuerdo a la consultora LCG, le ganó la pulseada a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional sobre “evitar subas discrecionales en jubilaciones y pensiones” para no obstaculizar las metas fiscales.

La jubilación mínima se encuentra hoy en 32.630 pesos, monto que rige desde marzo hasta junio de este año de acuerdo a la actualización trimestral de la ley de movilidad. El último aumento, decretado en febrero, resultó del 12,28 por ciento. En ese momento se estimaba que la inflación para enero-marzo sería de 12,49 por ciento, es decir, un porcentaje similar al de la movilidad. Sin embargo, el cambio de escenario internacional llevó al Gobierno a tomar esta decisión para que los y las jubiladas no pierdan poder adquisitivo.

Los nuevos números del INDEC implican un descenso con respecto a la anterior medición: en el primer semestre del 2021, la pobreza había sido del 40,6 por ciento de las personas, y la indigencia llegaba al 10,7 por ciento.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) publicó este miércoles su informe sobre Incidencia de la pobreza y la indigencia, donde informó que la pobreza alcanzó al 37,3 por ciento de las personas y al 27,9 por ciento de los hogares en el segundo semestre de 2021. La indigencia, al 8,2 por ciento y al 6,1, respectivamente.

Con una población estimada en 45 millones de personas, estas cifras implican que 16,6 millones son pobres, y dentro de este segmento, 3,6 millones son indigentes.

Esta reducción en la pobreza tiene su correlato en el nivel de actividad de la economía, que a lo largo de 2021 marcó un incremento de 10.3 por ciento, luego de caer 9,9 puntos en el primer año de la pandemia.

Los números implican un descenso con respecto a las últimas mediciones: en el primer semestre del 2021, en tanto, la pobreza había el 40,6 por ciento de las personas, y la indigencia llegó al 10,7 por ciento.

Así lo manifestó el Presidente al intervenir en Consejo de Seguridad Interior. Criticó a la Justicia y reconoció que nuestro país hay “un serio problema en materia de seguridad”.

En la apertura del Primer Consejo de Seguridad Interior, desarrollado en el Centro Cultural Kirchner, el presidente de la Nación, Alberto Fernández sostuvo que “una de las causales del delito es la desigualdad” y que debe abordarse en conjunto para solucionarlo.

“Argentina tiene un serio problema en materia de seguridad y no podemos obviarlo”, dijo el presidente en la reunión con funcionarios de distintas provincias del país.

Y agregó: “El delito es un problema que tiene distintas causalidades y una de ellas es la desigualdad. El delito no prospera o prospera menos en las sociedades donde la igualdad es más clara”.

El presidente además volvió a reclamarle una mayor eficiencia a la Justicia y “revisar” el sistema carcelario para mejorarlo.

“Nada podemos hacer sin que haya una Justicia que sea corresponsable de la solución, porque el sistema está armado de tal manera que el que rompe la ley debe pagar el costo y si la Justicia no actúa del modo que tiene que actuar, el sistema de quiebra. Por eso, es permanente mi reclamo a que la Justicia se revise y se dé cuenta de que no está funcionando como debería estar funcionando. Y nosotros también tendremos que hacer nuestra parte en revisar la tercera pata del sistema, que es el sistema carcelario. Esta es una tarea que debemos afrontar”, dijo.

Para Fernández, “hay caminos mucho más fáciles como promover la discusión del aumento de penas o la baja de imputabilidad, soluciones que atacan los resultados pero no las causas, y el ataque de las causas para mí es lo central”.

“La seguridad es un derecho humano y todo ciudadano tiene derecho a poder transitar seguro por las calles”, remarcó el presidente.

En este sentido, Fernández le solicitó a los presentes “un trabajo conjunto” para combatir a la inseguridad y dijo que el “narcotráfico” es donde más están enfocados, ya que allí “hay articulación intergubernamental”.

“Hay provincias que la están pasando muy mal y ahí sí hay una responsabilidad del Estado federal, porque estamos hablando de delitos federales”, siguió.

En el encuentro también expuso el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, quien señaló que “los objetivos deben cumplirse con una articulación intergubernamental” y que las fuerzas policiales “están a la altura del desafío por su capacidad y compromiso”.

El Consejo de Seguridad tendrá distintos oradores en materia de Seguridad de todo el país y durará hasta mañana.

El pasado 10 de marzo un grupo de personas lanzó bombas de pintura y piedras al despacho de la vicepresidenta causando destrozos.

La Presidencia del Senado de la Nación, a cargo de Cristina Kirchner, informó este martes a la Justicia federal que los daños patrimoniales producidos durante la pedrada del 10 de marzo pasado contra el Congreso mientras se debatía el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) superan los $ 6 millones, según un cálculo provisorio que aún no incluye aquellos elementos considerados “históricos” que deberán reconstruirse con trabajo artesanal.

“La evaluación económica reviste carácter provisional y su estimación es aproximada dadas las características del Monumento Nacional del Palacio Legislativo y varios de los componentes dañados”, señaló la directora General de Asuntos Jurídicos de la Presidencia del Senado, Graciana Peñafort, en la presentación a la que accedió Télam.

Peñafort también señaló que “la agresión se encontró selectivamente direccionada sobre el margen correspondiente a la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos, específicamente donde se encuentran las oficinas de la H. Presidencia del Senado de la Nación, las que quedaron claramente señaladas por pintura y especialmente dañadas en sus paneles exteriores”.

En el informe, que había sido solicitado por la jueza María Eugenia Capuchetti, se detalló además que otras áreas del Senado, linderas a aquella que ocupa la vicepresidenta y titular de la Cámara alta, Cristina Kirchner, también fueron dañadas.

Otros despachos dañados fueron los de los senadores Claudia Abdala, José Mayans y Ricardo Guerra, informaron fuentes judiciales.

Entre los gastos eventuales que sí pudieron ser calculados están los de reposición y colocación de unos 200 paños de vidrio ($ 2 millones), retapizado e intervención en textiles ($ 1,5 millones) y solados, carpintería y revestimientos de madera ($ 2,7 millones), que es como se llegó a la suma de $ 6 millones.

El cálculo fue realizado a pedido de la justicia, pero en el escrito Peñafort puso de relieve que el ataque al Congreso con elementos contundentes llegó a “afectar no sólo el patrimonio legislativo sino la seguridad de quienes allí se encontraban, incluyéndose autoridades y representantes legislativos”.

La Presidencia del Senado interviene en el expediente como querellante.

La reunión, pedida por los mandatarios provinciales, se realizará a las 11 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada.

El Gobierno convocó para este miércoles a gobernadores y representantes de más de 20 provincias tras la audiencia de conciliación que, a instancias de la Corte Suprema de Justicia, tuvieron la Nación y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para discutir la reasignación de fondos por el traspaso de la policía al distrito porteño.

La reunión, pedida por los mandatarios provinciales, se realizará a las 11 en el Salón Eva Perón de Casa Rosada y será encabezada por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro.

Los gobernadores confirmados hasta el momento son Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Sergio Uñac (San Juan), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Omar Perotti (Santa Fe), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Osvaldo Jaldo (Tucumán).

En otros casos asistirán funcionarios de alto rango, mientras que Mendoza y Corrientes no asistirán a la convocatoria solicitada por sus pares.

En el encuentro, además, participará el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández; y la secretaria de Provincias, SIlvina Batakis.

Los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires tuvieron una audiencia pública el 10 de marzo pasado ante la Corte Suprema de Justicia para tratar de arribar a un acuerdo sobre el diferendo por los fondos transferidos para el mantenimiento de la policía durante la gestión de Mauricio Macri.

A partir de allí, el máximo tribunal dio 30 días hábiles, plazo que vence el 26 de abril, para que haya una negociación política entre ambas partes, y en caso de no haber arreglo dictará una medida cautelar.

En la Casa Rosada hay preocupación de que se convalide “semejante arbitrariedad” porque “es un número que va a impactar presupuesto 2022”, dijeron fuentes oficiales.

Además, sostienen que el planteo del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se basa en un decreto “anticonstitucional” y lo que se discute es “una mediación sobre montos”.

En ese sentido, hay una diferencia de 80.000 millones de pesos, “dos ATN (Aportes del Tesoro Nacional)”, graficaron a Télam los voceros del Gobierno, que podría alcanzar más de $ 130 mil millones este año, lo “que afectaría presupuesto nacional”.

“Esos $130 mil millones de pesos van a Ciudad y no a otro lado, y por eso en la reunión se va a transmitir a los gobernadores la gravedad de la situación”, aseguraron en la Casa Rosada, porque “no es un fallo menor” que, en caso de ser desfavorable, causará un “desbalance en el sistema presupuestario y político”.

La reunión fue pedida por los gobernadores porque las provincias “son parte del tema, porque es una discusión del sistema federal”, señalaron, y explicaron que “ese dinero va al presupuesto nacional y se gasta en obras” en todo el país.

Desde las 10 en el CCK, Alberto Fernández estará acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

El presidente Alberto Fernández encabezará este miércoles el encuentro del Consejo Federal de Seguridad Interior, informaron fuentes oficiales.

El acto será a las 10 en el Centro Cultural Kirchner, y el jefe de Estado estará acompañado por el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y por el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández.

Luego, a las 12, el Presidente mantendrá una videoconferencia con Charles Michel, quien acaba de ser reelecto como presidente del Consejo Europeo.

En tanto, a las 16, Manzur y el secretario de Energía, Darío Martínez, firmarán convenios con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, intendentes y delegados comunales de esa provincia.

El Presidente llamó a “construir una realidad distinta en un país lleno de urgencias”, y consideró que “el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación”.

Alberto Fernández pidió “darle una oportunidad al diálogo” para construir una realidad distinta “en un país lleno de urgencias“, y consideró que el mayor problema que tiene la Argentina es la inflación que impide que la “distribución sea más justa”, al encabezar la presentación de la Agenda Temática Federal y Productiva para este año del Consejo Económico y Social (CES) en el Centro Cultural Kirchner (CCK).

Ante un auditorio integrado por dirigentes sociales, políticos y empresarios que componen el CES y acompañado en el estrado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, Fernández y pidió “darle una oportunidad del diálogo” para ver si juntos se puede “construir algo distinto”.

Las palabras del mandatario, calificando a la inflación como el “mayor problema” argentino, llegaron pocas horas después de un primer encuentro mantenido con la dirigencia sindical y empresarial en el marco de las discusiones por los aumentos de precios.

“Vamos en el camino correcto. Tenemos un modelo que no ocultamos, sabemos dónde queremos ir: no esperen de nosotros ajustes ni retracción de la economía”, dijo, y estimó que si la reactivación no se traduce en una “distribución más justa” es porque “la inflación mete la cola”.

En ese sentido, y luego de criticar al capitalismo especulativo, sostuvo que si bien el “escenario internacional” complica el panorama, de “los 50 puntos de inflación” en Argentina, sólo “10 que tienen que ver con la guerra”.

“El capitalismo necesita que la gente consuma. Un capitalismo que prescinde de los consumidores, se suicida”, afirmó Fernández.

También dijo que el abordaje de la problemática inflacionaria “no se pudo hacer antes” porque “el escenario no estaba dado” por las negociaciones con los acreedores privados y el FMI.

La medida de fuerza es convocada por las organizaciones que pertenecen a la mesa de la Unidad Piquetera. La protesta se extenderá por 48 horas, en reclamo de asistencia a comedores y creación de puestos de trabajo.

El acampe frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social comenzará este miércoles y se extenderá por 48 horas. Así, se iniciará un plan de lucha nacional que contiene en sus reclamos diversas reivindicaciones sectoriales, con eje en la asistencia alimentaria a comedores comunitarios y la creación de puestos de trabajo, entre otros puntos.

La protesta prevista para mañana está respaldada por los representantes del Polo Obrero, MTR-Votamos Luchar, el CUBA-MTR-, el Bloque Piquetero Nacional, la Agrupación Armando Conciencia y la Organización 17 de Noviembre y el Movimiento Territorial (MTL-Rebelde), entre otras.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Zabaleta, recibió ayer a dirigentes de estas organizaciones, con quienes se acordó que “presentarán un plan de actividades laborales para titulares del Potenciar Trabajo”, mientras la cartera de Estado “financiará la compra de maquinarias, herramientas e insumos para la producción para fortalecer el trabajo en cooperativas y un refuerzo para las políticas·.

Asimismo, desde la cartera de Desarrollo Social se confirmó que se implementará un “refuerzo para las políticas alimentarias”, añadieron las fuentes, quienes consideraron que se trató de “una buena reunión en la que se acordaron dos de los cuatro puntos tratados por las organizaciones, que decidieron “mantener el plan de lucha que habían votado a principios de marzo en un plenario realizado en Plaza de Mayo.

Funcionarios de Desarrollo Social indicaron que no hubo acuerdo sobre el “alta de nuevos planes sociales y que se levantara la suspensión del cobro de los beneficios que reciben las dos personas que fueron detenidas por tirar piedras al Congreso cuando en Diputados se iniciaba el debate sobre el proyecto de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se enojó con el diputado del Frente de Todos (FdT) Máximo Kirchner por afirmar que “los porteños tienen tendencia a votar a los que quieren ocultar lo que hizo la dictadura”. Sin embargo, la realidad parece darle la razón: en el PRO abundan los dirigentes que niegan el genocidio ocurrido durante la última dictadura.

“Como sociedad estamos construyendo y legando a nuestros jóvenes una memoria y una historia parcial, en donde quienes tomaron armas contra la democracia construyeron un relato épico, se apropiaron de los derechos humanos y buscan ser reconocidos como héroes de nuestra historia”, sostuvo por su parte Patricia Bullrich, nada menos que la presidenta del PRO.

En esa línea, añadió: “Es tiempo de asumir responsabilidades y de no seguir cargando con exclusividad en las instituciones armadas, militares y policiales el desencuentro y la agresión armada que hubo entre hermanos de los años 70”.

“El fallo que juzgó a los comandantes habla de la guerra que existió en la Argentina donde elementos subversivos, el número de 30 mil atacaban las instituciones del Estado democrático”, afirmó también Ricardo López Murphy, diputado nacional por la Ciudad, en declaraciones radiales.

También planteó que “el proceso que arranca con Néstor Kirchner fue contrario a derecho”. De esta manera, el diputado de Juntos por el Cambio evaluó los juicios de la Memoria y recordó los dichos de Jorge Rafael Videla “nuestro peor momento llegó con los Kirchner”.

A estas declaraciones se suma un posteo viral de la jefa comunal de la localidad cordobesa de Los Aromos, Nelly Morales (PRO), donde a través de un retuiteo de una de sus funcionarias dijo que no hubo terrorismo de Estado, que “no son 30.000” y hasta que “no fue un genocidio”.

La realidad le dio la razón a Máximo Kirchner, lamentablemente: en uno de los principales partidos políticos, el PRO, abunda el negacionismo sobre lo ocurrido en la última dictadura militar, donde desaparecieron a 30 mil personas. La sociedad pide “Nunca más” pero parece que algunos dirigentes quieren otra cosa.