Vecinos del barrio porteño de Caballito continúan con la protesta con el fin de detener la demolición de la Avenida Honorio Pueyrredón, que será parte de la obra que prevé construir un Parque Lineal.
Vecinos de Caballito seguimos informando a la comunidad sobre la polémica obra de demolición de la Av Honorio Pueyrredón, y sumando firmas para impedirlo con un amparo colectivo. Seguinos para enterarte más de este proyecto y saber dónde/cuándo podés acercarte a firmar. ✒️✊ pic.twitter.com/j3aSHn2Q8n
— No a la estafa del pque lineal Honorio Pueyrredón (@HonorioEsVerde) January 6, 2022
Vecinos y vecinas del barrio porteño de Caballito llevan adelante la junta de firmas, con la intención de presentar un amparo colectivo contra del proyecto impulsado por el ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires que planea la construcción de un Parque Lineal en la Avenida Honorio Pueyrredón.
Previamente los propios habitantes de la localidad del territorio porteño ya realizaron varias medidas de protesta, aunque es la primera vez que se trata de juntar firmas. En ese sentido, es válido recordar que sobre fines del 2021 realizaron tres manifestaciones, una de ellas frente a Acoyte y Rivadavia, y las dos previas en las cercanías del Cid Campeador, pero no obtuvieron respuestas de las autoridades.
Los participantes denuncian que el proyecto que propone el Gobierno conducido por Horacio Rodríguez Larreta produce “caos de tránsito diario existente en esa zona, generando mayor contaminación, ruidos molestos y alterando la calidad de vida del barrio”.
Las organizaciones vecinales hace años exigen la construcción de un parque público en el playón ubicado en las inmediaciones del club Ferrocarril Oeste. Se trata de un predio que cuenta con más de 15 hectáreas, por lo que proponen, a través de un proyecto que ya fue presentado en la Legislatura porteña, la rezonificación de los terrenos como Urbanización Parque.
El juez de la causa procesó y le dictó preventiva a dos comisarios, un subcomisario y cuatro oficiales de la Policía de la Ciudad.
Dos comisarios, un subcomisario y cuatro oficiales, todos de la Policía de la Ciudad, fueron procesados con prisión preventiva por el encubrimiento del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado de un balazo en la cabeza en el barrio porteño de Barracas, y las vejaciones a las que fueron sometidos sus tres amigos, ilegalmente detenidos.
La medida fue dictada por el juez de la causa Martín del Viso y alcanzó al comisario inspector Daniel Santana, al comisario Rodolfo Ozán, al subcomisario Ramón Jesús Chocobar, y a los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa.
De acuerdo a la resolución de 186 páginas, todos los policías fueron procesados con prisión preventiva por el “encubrimiento doblemente agravado por la condición de funcionario público y por ser el delito precedente especialmente grave”, en relación al crimen de Lucas.
Para el juez Del Viso, ese delito ocurrió “en concurso real con privación ilegal de la libertad doblemente agravada por tratarse de funcionarios públicos que con abuso de sus funciones o sin las formalidades prescriptas por ley privaron de la libertad a Julián Alejandro Salas, Lucas Santiago González y Joaquín Zúñiga Gómez y porque en desempeño de un acto de servicio cometieron vejaciones contra las personas que se detuvo”.
El magistrado a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 7 además le trabó un embargo de un millón de pesos a cada uno de los siete policías procesados. De esta manera, el juez Del Viso accedió al pedido de procesamiento realizado el jueves pasado por el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella.
De acuerdo con el Ministerio Público Fiscal (MPF), estos policías, con distintos roles, participaron desde el comienzo en el procedimiento que intentó encubrir el asesinato de González, y en sus respectivas declaraciones indagatorias solo dieron una versión “maquillada y mendaz” acerca de lo ocurrido.
Por el homicidio calificado de Lucas y la tentativa de homicidio calificado de sus tres amigos ya estaban procesados con prisión preventiva los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi. Mientras que por el encubrimiento están también con prisión preventiva los comisarios Juan Romero y Fabián Du Santos, el subcomisario Roberto Inca, el inspector Héctor Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño, quienes afrontan otros cargos como “falsedad ideológica, encubrimiento agravado, privación ilegal de la libertad agravada y vejaciones”.
Una serie de mensajes extraídos de teléfonos policiales, fueron sumados como prueba del encubrimiento que policías de la Ciudad montaron en la escena donde fue asesinado Lucas González.
La causa que investiga el asesinato del joven Lucas González por parte de la Policía de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta sumó una serie de mensajes extraídos de teléfonos policiales, que dicen “lo que hicieron los polis no tiene nombre”, “encima le ponen una pistola de juguete”, “vi todo”, “hay que preparase”.
Los textos fueron sumados como prueba del encubrimiento que policías de la Ciudad montaron en la escena donde fue asesinado el adolescente en noviembre pasado por tres efectivos en el barrio porteño de Barracas.
En tanto, fuentes judiciales informaron a Télam que también surgió en las últimas horas información sobre que uno de los ayer procesados, el subcomisario Ramón Chocobar, está a punto de ser juzgado por un Tribunal Oral Federal porteño en el marco de otra causa por el delito de “falsificación de documento público”.
En el fallo de 186 páginas al que accedió Télam, el juez Del Viso analizó toda la prueba producida a lo largo del mes y medio de instrucción por parte del fiscal Leonel Gómez Barbella, y en el marco de la cual hay tres policías procesados con prisión preventiva por el homicidio agravado de Lucas y la tentativa de homicidio agravado de sus amigos, y otros 13 por el encubrimiento agravado de esos hechos.
Y fue en ese análisis en el que incorporaron como prueba nuevos mensajes extraídos de los teléfonos de los policías acusados que constan en un informe realizado a pedido de la fiscalía por personal de la Dirección General de Investigaciones de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip).
Para el magistrado, ese informe “contiene material que ha venido a confirmar todas las sospechas que se pusieron de manifiesto”
“A modo de ejemplo, del teléfono secuestrado a (el oficial principal) Héctor Cuevas (uno de los primeros procesados), se extrajeron, entre otras cosas, mensajes que envió el 18 de noviembre a las 18.32 al decir ‘lo que hicieron los polis no tiene nombre’, ‘unos dementes’, ‘encima le ponen una pistola de juguete’, ‘déjate de joder’ y ‘yo fui el primero en llegar’, ‘y vi todo’, ‘lo que hicieron'”, transcribió Del Viso.
Y continuó: “Y el mismo día del hecho (17 de noviembre) a las 20.52 también escribió a requerimiento de su interlocutora que le preguntó ‘tenía una réplica como decía el poli??’, que “se la pusieron””.
Voceros de la pesquisa consultados sobre ese informe dijeron que fue Cuevas quien respondió “se la pusieron” al ser preguntado por la persona con quien se mensajeaba sobre el arma de juguete hallada en el auto de los cuatro adolescentes atacados por la policía, y que desde el inicio el Ministerio Público sostuvo que había sido “plantada” para sostener la falsa versión de en enfrentamiento.
También el juez se refirió a un intercambio de mensajes entre el procesado subcomisario Roberto Inca y una policía que le informó acerca de la muerte de Lucas en el hospital el El Cruce de Valera el 18 de diciembre.
De acuerdo a ese intercambio, iniciado a las 17.42 de ese día, Inca puso un emoji que “parecería ser una calavera” cuando la persona que le escribió le dijo que el adolescente había fallecido, tras lo cual agregó: “Entonces hay que prepararse”.
El juez hizo además especial hincapié a una comunicación que involucra al comisario Rodolfo Ozán y a otro de los procesados, el comisario Fabián Du Santos, en la que se refieren al accionar de los policías de la brigada como “un mocazo” y en la que se dice que “busquen lo tenga que buscar para justificar esto”.
“No se puede dejar pasar el tenor de la conversación, pues no solo se aparta absolutamente de las misiones y funciones que debe cumplir todo policía sino que denota un desprecio por la vida ajena evidente e intolerable. Es que en lugar de ocuparse de una persona herida de bala y de velar por la legalidad del procedimiento posterior a la balacera prefirieron centrar su actividad en ’emprolijar [la] cagada’, lo que se debe articular entonces con la instrucción que dio de que nadie filmara o tomara fotos”, destacó el juez en el fallo.
Y al analizar el accionar policial desplegado en la escena del hecho, y referirse puntualmente a los últimos siete procesados, el comisario inspector Daniel Santana, el comisario Ozán, el subcomisario Chocobar, y a los oficiales Sebastián Baidon, Jonathan Alexis Martínez, Ángel Darío Arévalos y Daniel Rubén Espinosa, escribió: “Parece claro que desde el primer momento los agentes pudieron y debieron percibir que se intentaba dar ropaje de legalidad a un procedimiento que a todas luces no lo era”.
“Es que, por imperio del sentido común, era evidente que los integrantes de la brigada habían transmitido una noticia falsa para revertir los roles que ocuparon las personas en el suceso”, continuó, al concluir que ” “queda claro que la trama tendiente a disimular los episodios se urdió desde su propio inicio”.
El asesinato de Lucas (17) sucedió cerca de las 9.30 del 17 de noviembre, cuando la víctima y tres amigos de su misma edad salieron de entrenar del club Barracas Central a bordo del Volkswagen Suran del padre de uno de ellos y fueron interceptados por un auto Nissan Tiida de la Brigada de Investigaciones de la Policía de la Ciudad sin patente ni signos de ser policial, del que bajaron tres efectivos armados y sin identificar.
De acuerdo con las pruebas recabadas, los adolescentes creyeron que eran ladrones que iban a robarles, por lo que huyeron del lugar, momento en que los policías les dispararon desde distintos ángulos.
Al menos cinco tiros dieron en el auto y uno de ellos impactó en la cabeza de Lucas, quien horas más tarde murió.
Por el homicidio están procesados con prisión preventiva los policías de la Ciudad Juan José Nieva, Fabián López y Gabriel Issasi.
Mientras que por el encubrimiento ya estaban también con prisión preventiva los comisarios Juan Romero y Du Santos, el subcomisario Inca, el inspector Cuevas y las oficiales Micaela Fariña y Lorena Miño.
Los cancilleres y delegados diplomáticos de las naciones que integran el organismo latinoamericano y caribeño, serán recibidos por el Presidente y el ministro de relaciones exteriores de la Nación.
La XXII cumbre de cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) comienza este jueves y se extenderá hasta mañana viernes en la Ciudad de Buenos Aires, con la participación del presidente Alberto Fernández y el canciller Santiago Cafiero. La primera jornada se desarrolla con un evento en el Centro Cultural Kirchner, mientras que este viernes se realizará la sesión plenaria en el Palacio San Martín, donde se debatirá la presidencia pro témpore en manos de Argentina.
La candidatura de Argentina (la única que quedó vigente hasta el momento) para ocupar la presidencia pro témpore del espacio regional durante el año que acaba de comenzar, cuenta hoy con el aval de 31 de los 32 países que participarán de la Cumbre que se desarrollará en el Palacio San Martín.
Así, nuestro país quedó como único candidato a dirigir el bloque latinoamericano y caribeño, luego de que San Vicente y las Granadinas bajara su postulación `para presidir la Celac.
Los cancilleres por la noche participarán de un evento en el Centro Cultural Kirchner, que será encabezado por el presidente en su condición de anfitrión, quien estará acompañado por el canciller argentino.
Mañana, en tanto se desarrollará una reunión plenaria en el Palacio San Martín y encuentros bilaterales de alto nivel entre los países, según informaron desde Cancillería.
El Presidente encabezó la reunión con gobernadores en el Museo del Bicentenario de Casa de Gobierno, donde el ministro Martín Guzmán informó sobre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional.
El presidente Alberto Fernández advirtió este miércoles que “ajustar la economía es dejar de crecer” y que para el Gobierno argentino “la palabra ajuste está desterrada en la discusión” que lleva adelante con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por el pago de la deuda.
En ese sentido, el mandatario reafirmó que Argentina “va a lograr una reestructuración conveniente” de la deuda con el FMI. En el mismo tono, advirtió que el préstamo contraído por el gobierno de Mauricio Macri superará su mandato e incluso también el de quien gobierne el país a partir de 2027.
Fernández recordó que “es muy grave” el problema de la deuda externa de la Argentina, tanto con acreedores privados, como con el FMI, heredadas del gobierno de Cambiemos, y dejó en claro que esa situación generará “un fuerte condicionamiento”, no sólo para la actualidad, sino también “en los años venideros”.
“La solución de la deuda es una política de Estado y, como tal, debemos asumirla. Nuestro planteo no es ver cómo el Gobierno de Alberto Fernández se saca el problema de encima, sino ver cómo Argentina encuentra los mejores caminos para alcanzar la mejor solución en une escenario muy complejo”, planteó el mandatario.
Al respecto, definió que “no es posible una deuda sustentable que se funde en razones de ajuste. Para nosotros ajustar es achicar la economía, dejar de crecer y hacer más difícil las obligaciones que tenemos con los acreedores externos”.
En esa línea, insistió en que “la palabra ajuste está desterrada en la discusión” y expresó: “Hemos logrado este año que el déficit primario sea menor, no como consecuencia de que dejamos de pagar jubilaciones o invertir en la educación, sino producto del crecimiento. Ese es el camino virtuoso que tenemos que seguir”.
Para el Presidente, “si resolver el problema de la deuda es que las sociedades se posterguen y dejan de crecer, esa no es una buena solución. Esa es la lógica central de nuestro planteo y así seguiremos negociando”.
El jefe de Estado participaba esta tarde, en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada, de la exposición que el ministro de Economía, Martín Guzmán, realizó ante gobernadores de todo el país sobre las negociaciones que el Gobierno nacional lleva adelante con el organismo multilateral de crédito que encabeza Kristalina Georgieva.
Allí, Fernández detalló que entre el 2015 y el 2019 la deuda con acreedores externos se incrementó en “más de cien mil millones de dólares”, reiniciando el proceso de endeudamiento de décadas anteriores.
En otro tramo de su discurso, Fernández reafirmó su convicción de que la Argentina va a “lograr una reestructuración” de la deuda de US$ 44.000 millones con el FMI “conveniente” para el país, pero aseguró que ese sólo será apenas “un paso adelante” en conseguir “que esas obligaciones crediticias pesen lo menos posible” para la Nación.
La reunión que se desarrollaba con los gobernadores de todo el país y el ministro de Economía, Martín Guzmán, fue convocada para que “entendamos con total claridad lo que estamos haciendo” y para “transparentar al máximo” cuál es la situación actual con respecto a las negociaciones con el FMI, precisó el mandatario.
El Presidente pidió además ver la deuda como una “secuencia” y no interpretar un eventual acuerdo con el FMI como un “punto definitivo o de llegada”.
“Parte ya lo hicimos. El año pasado logramos reestructurar la deuda con acreedores privados, y ahora estamos discutiendo con el FMI, pero mientras tanto también hicimos cosas por la deuda”, dijo desde el Museo del Bicentenario en referencia a la discusión referida a las sobretasas.
Asistieron al encuentro los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; Catamarca, Raúl Jalil; Chaco, Jorge Capitanich; Entre Ríos, Gustavo Bordet; Formosa, Gildo Insfrán; La Pampa, Sergio Ziliotto; La Rioja, Ricardo Quintela; Misiones, Oscar Herrera Ahuad; Neuquén, Omar Gutiérrez; Río Negro, Arabela Carreras; Santa Fe, Omar Perotti; Tierra del Fuego, Gustavo Melella; Tucumán, Osvaldo Jaldo. Los de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, Santiago del Estero, Gerardo Zamora, y Santa Cruz, Alicia Kirchner, están presentes mediante videoconferencia.
También dijeron presentes, por Chubut, el ministro de Economía y Crédito, Oscar Antonena; Córdoba, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González; Corrientes, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; Jujuy, el vicegobernador, Carlos Haquim; Mendoza, el ministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié; Salta, el vicegobernador, Antonio Marocco; San Juan, el vicegobernador Roberto Gattoni; y Santa Cruz, el vicegobernador, Eugenio Quiroga.
Acompañaron al Presidente el jefe de Gabinete, Juan Manzur; el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; y los secretarios, de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y General de la Presidencia, Julio Vitobello.
La presidenta del bloque de senadores del oficialismo en la Legislatura bonaerense, advirtió que “se han pronunciado todas las personas involucradas en este hecho delictivo, sin embrago no sabemos dónde está ella: no opina, ni aparece”.
La presidenta del bloque de senadores del Frente de Todos en la Legislatura bonaerense, María Teresa García, afirmó que le “preocupa” el silencio de la exgobernadora María Eugenia Vidal sobre la denominada mesa judicial montada por funcionarios de su gestión, agentes de la AFI y empresarios con la supuesta intención de armar causas contra sindicalistas.
“Hay silencios que son preocupantes. Me preocupa el silencio de los integrantes de Juntos por el Cambio no macristas y, fundamentalmente, el de la exgobernadora Vidal“, planteó la legisladora en declaraciones radiales.
La semana pasada, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, presentó una denuncia ante la justicia federal de La Plata luego de que encontrara en ese organismo un disco que contenía una grabación realizada el 15 de junio de 2017, en la que funcionarios del Gobierno de Vidal y agentes de inteligencia orquestaban una persecución y armado de causas a organizaciones sindicales, mientras mantenían un encuentro con empresarios platenses de la construcción.
En el video difundido que ahora investiga la Justicia federal aparecían, entre otros, el por entonces ministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas; el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; Adrián Grassi, exsubsecretario de Justicia bonaerense; Juan Pablo Allan, senador provincial; y el intendente de La Plata, Julio Garro,además de empresarios y los agentes de inteligencia Sebastián De Stefano, director de jurídicos de la AFI y Darío Biorci, por entonces cuñado y jefe de gabinete de Silvia Majdalani, subdirectora de la AFI.
En el encuentro, Villegas expresaba su deseo de tener una “Gestapo” -la policía política del régimen nazi– para accionar contra los gremios en Argentina.
En ese sentido, García advirtió que “se han pronunciado todas las personas involucradas en este hecho delictivo, sin embrago no sabemos dónde está ella: no opina, ni aparece, cuando esto era en una oficina de su gobierno, con tres ministros de su gobierno” e insistió: “La exgobernadora no emitió una sola opinión sobre su responsabilidad en el tema”.
A la vez, la titular de la bancada peronista en la Cámara alta provincial se refirió al pedido de juicio político al procurador Julio Conte Grand, impulsado en la Legislatura por los diputados bonaerenses del Frente de Todos por presunto mal desempeño de sus funciones, al estar sospechado de participar de esa mesa judicial.
En ese sentido, recordó que el peronismo “venía pidiendo (a Conte Grand) que tenga una actitud democrática y se alejara de esa responsabilidad”, porque la de procurador debe ser una labor “no partidaria” que tiene que ver con “impartir justicia”.
“No sólo no renunció, sino redobló la apuesta sacándose una foto con (el expresidente) Mauricio Macri”, agregó García sobre la imagen que circuló semanas atrás del procurador bonaerense en un restaurante porteño con el expresidente, hecho que calificó como una “provocación”.
Además, sostuvo que “se vino estudiando en la Cámara de Diputados la Ley de Juicio Político, que requiere el ingreso de la denuncia -que es lo que hicieron el martes los legisladores-, luego el tratamiento en el recinto con mayoría simple (la mitad más uno de los presentes) para que se pueda constituir una comisión de investigación y acusación de cinco miembros”.
“Una vez que esa comisión emita dictamen, la acusación debe ser aprobada en el recinto por dos tercios de los presentes y luego pasa al Senado”, explicó y detalló que para que el proceso avance, en la Cámara alta también se requiere del acompañamiento de los dos tercios.
Analizó que se trata de un “sistema complejo” y recordó que el oficialismo no cuenta con los números en el Senado por lo que el tema requerirá “de mucha discusión”.
Es que en Diputados, el Frente de Todos es la primera minoría con 43 legisladores sobre un total de 92 y en el Senado está empatado con Juntos en 23 senadores.
El macrismo tomó la deuda con el FMI pero ahora obstaculiza cualquier negociación para resolver ese acuerdo.
El CEO de una de las multinacionales más importantes del país, como Syngenta, criticó a Juntos por el Cambio y sus goberandores por no asistir a la reunión prevista para mañana en la Casa de Gobierno para dialogar con el ministro Martín Guzmán sobre las negociaciones con el FMI. Y puso especial énfasis en cuestionar los argumentos que expuso Horacio Rodríguez Larreta.
Es una crítica muy fuerte teniendo en cuenta que viene de uno de los empresarios top del país. Seguramente, al macrismo no le cayó simpática una crítica así del establishment económico.
La crítica de Antonio Arce tiene que ver con el faltazo que la oposición a una reunión con Guzmán para tratar de avanzar en un acuerdo con el FMI. Vale recordar que la deuda con ese organismo fue tomada por… ¡el macrismo! Es decir, el macrismo se endeudó y ahora obstaculiza cualquier posibilidad de avance. Insólito.
“No entiendo a qué se dedican”, disparó Antonio Aracre, titular de la firma proveedora global líder de ciencia y tecnología agrícolas, y completó: “Me hizo ruido que la oposición diga que no va a ir a una reunión con los gobernadores, con los sindicatos, con los empresarios, porque sería una reunión política. Y entonces no entiendo a qué se dedican, porque la política es básicamente su función, su rol, me descolocó esa frase”.
Lo que hizo el empresario es objetar la posición de Larreta, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que había dicho que no asistirá a la reunión para conocer la negociación para resolver la deuda que dejó JXC debido a que está “planteada cómo una reunión política”.
Aracre había tuiteado ese concepto, el de la contraposición de que políticos no quieran asistir a reuniones institucionales sobre temas fundamentales para el país con la excusa de que serían encuentros “políticos”.
Así lo aseguraron diferentes periodistas que siguen la causa judicial de cerca.
La ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal sigue sin hablar sobre el video donde se ve a ex funcionarios suyos hablar de una “gestapo” para perseguir a rivales. La gestapo fue una organización criminal nazi. ¿No tiene nada para explicar?
Para muchos periodistas que siguen la causa desde cerca, aseguran que en el material grabado – son muchas horas y se conocieron algunos minutos – aparecería la propia Vidal. De confirmarse ese dato sería una bomba absoluta.
“Abogados de víctimas de la persecución a sindicalistas afirman que en uno de los videos aparece Vidal”, aseguró, por ejemplo, el periodista Martín Peiretti en Twitter.
Ahora, se conoció otro dato escandaloso sobre Vidal. Tenía un celular encriptado con el que se comunicaba con agentes de la Agencia Federal de Inteligencia. En la reunión donde se habla de la Gestapo, de hecho, había dos espías de primer nivel en la organización que conducía Gustavo Arribas, íntimo amigo de Macri. ¿La oposición seguirá insistiendo con la teoría de los “cuentapropistas” para referirse a los agentes que espiaron a opositores durante el macrismo? Nunca antes en democracia se espió forma sistemática a centenares de personas. Macri lo hizo.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso este martes el allanamiento del despacho del senador provincial Juan Pablo Allan (JxC), en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal diseñan una estrategia para encausar a dirigentes sindicales. En la famosa reunión se habló de crear una “GESTAPO”, en referencia a una organización criminal nazi.
Fuentes judiciales indicaron que la medida fue ordenada luego de que el senador de Juntos por el Cambio (JxC) consintiera esa disposición.
El juez también ordenó la obtención del teléfono celular y el IPad de Darío Biorci, exjefe de Gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y cuñado de la exsubdirectora del organismo Silvia Majdalani, luego de que el propio exdirectivo de la central de espías lo pusiera a disposición de la justicia.
Biorci fue uno de los tres directivos de la AFI que participó de la reunión de junio de 2017 en la sede porteña del Banco provincia, donde también estuvieron el exministro de Trabajo del gobierno bonaerense, Marcelo Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador Allan. También estuvieron los espías -además de Biorci- Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).
Así lo dispuso el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal diseñan una estrategia para encausar a dirigentes sindicales.
El juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, dispuso este martes el allanamiento del despacho del senador provincial Juan Pablo Allan (JxC), en el marco de la causa iniciada tras el hallazgo de un video en el que espías, empresarios y exfuncionarios del Gobierno bonaerense de María Eugenia Vidal diseñan una estrategia para encausar a dirigentes sindicales.
Fuentes judiciales indicaron que la medida fue ordenada luego de que el senador de JxC consintiera esa disposición.
De esa forma se evitó que Kreplak tuviera que aguardar una autorización al respecto de la Cámara alta de la provincia de Buenos Aires, que ya se encuentra en receso estival.
En este contexto, el juez también ordenó la obtención del teléfono celular y el IPad de Darío Biorci, exjefe de Gabinete de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y cuñado de la exsubdirectora del organismo Silvia Majdalani, luego de que el propio exdirectivo de la central de espías lo pusiera a disposición de la justicia.
Sobre esos dispositivos se realizarán peritajes para obtener información que podría resultar de interés para el expediente.
Biorci fue uno de los tres directivos de la AFI que participó de la reunión de junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, donde también estuvieron el exministro de Trabajo del gobierno bonaerense, Marcelo Villegas; el intendente de La Plata, Julio Garro; y el senador Allan.
También estuvieron los espías -además de Biorci- Juan Sebastián De Stefano (exdirector de Asuntos Jurídicos de la AFI) y Diego Dalmau Pereyra (exdirector de Contrainteligencia de ese organismo).
Otros participantes fueron el exministro de Infraestructura provincial, Roberto Gigante; y el exsubsecretario de Justicia de PBA, Adrián Grassi.
El juez federal de La Plata ordenó estas medidas luego de que el lunes autorizara la feria judicial para esta causa.
