A la empresa eléctrica e le formularon cargos por no informar los eventos ocurridos los días 11, 14 y 15 de enero que afectaron el suministro eléctrico de unos 2.300.000 usuarios.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) formuló cargos contra la empresa Edenor por $20 millones por no informar los eventos que derivaron en los cortes del suministro eléctrico a 2,3 millones de usuarios los días 11, 14 y 15 de enero.

Por la resolución 7, el ENRE formuló cargos contra la concesionaria Edenor por “haberse verificado incumplimientos en las obligaciones contractuales entorno al deber de informar de manera inmediata los eventos que afecten sus instalaciones en toda su área de concesión”.

El organismo certificó que “la empresa no informó los eventos ocurridos los días 11, 14 y 15 de enero del corriente, que derivaron en la afectación del suministro eléctrico para aproximadamente 2.300.000 usuarios y usuarias”.

El 11 de enero la caída de 1.800 megawatts afectó a 700.000 usuarios, y “en función del informe técnico, la Intervención del ENRE determinó que corresponde iniciar un sumario administrativo y formular cargos a Edenor por incumplimiento de sus obligaciones en materia de seguridad pública, a fin de determinar su responsabilidad ante posibles sanciones”.

A su vez, la Resolución 7 del Departamento de Seguridad Pública del ENRE intimó a la empresa a presentar los registros de mantenimiento de la franja de servidumbre e informes de inspección; realizar y acreditar las mediciones de altura de conductores corrigiendo la misma por las condiciones climáticas y el factor de carga del día y horario del evento; y que acredite las medidas preventivas que se realizaron y realizarían en la Línea de Alta Tensión en resguardo de las viviendas allí instaladas.

Por otra parte, se instruyó al Área de Aplicación y Administración de Normas Regulatorias a que realice un análisis técnico para determinar las causas que motivaron las interrupciones de suministro en las jornadas, y verifique el cumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por la empresa.

Con ese análisis técnico el ENRE “emitirá las sanciones y medidas pertinentes para prevenir fallas de este tipo o similares con el objetivo de minimizar los tiempos de reposición del suministro de energía eléctrica”, indicaron desde el organismo.

En el marco de lo establecido por el Contrato de Concesión, la empresa distribuidora tiene un plazo de 10 días hábiles para realizar su descargo

Luego del acuerdo de Precios Cuidados, el Gobierno se prepara para negociar una canasta escolar que colabore a frenar el impacto de la suba de los precios.

La Secretaría de Comercio Interior, a cargo de Roberto Feletti, trabaja en un acuerdo con el sector industrial y comercial de librerías para lanzar una canasta escolar con útiles a precios accesibles.

“Hemos empezado a trabajar hará tres semanas con la Secretaría de Comercio Interior en esta propuesta donde hay una lista de artículos que van a ser garantizados en las librerías que se consigan a un nivel de precio más que competitivo como para que el consumidor pueda acceder a ellos”, dijo hoy el presidente de la Cámara de la Industria de Artículos de Librería (CIAL), Marco Selan.

En declaraciones a FM 97.UNE, Selan señaló que participan de las negociaciones junto a la Cámara Argentina de Papelerías, Librerías (Capla) y Comercio Interior para definir la canasta que tendrá “entre 20 y 25 artículos que conforman la mochila básica de nivel inicial y primario“.

Desde Comercio Interior señalaron que el acuerdo está en curso y que la intención es lanzar la canasta escolar en el corto plazo, antes del inicio de las clases. Dicho entendimiento es fundamental dado que, según un informe de la consultora Focus Market, el kit de útiles escolares compuesto por 21 productos para el nivel primario tiene un precio este año de $4.470, mientras que en 2021 costaba $2.450, con un aumento del 82%. La consultora también indicó que el combo escolar compuesto por útiles, mochila y guardapolvo tiene un precio este año de $7.469, mientras que en 2021 costaba $2.249, representando un aumento del 76%.

El gobierno sigue firme en lo que hoy es uno de los pilares de su gestión.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, junto al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, recorrieron hoy obras de pavimentación en el partido bonaerense de Almirante Brown. “Las obras públicas no se detienen”, aseguró el funcionario nacional.

No son declaraciones de ocasión. Ocurre que ese punto es uno de los que está en discusión con el FMI, que pide un brutal ajuste que, entre otras cosas, termine con las inversiones en infraestructura. El gobierno parece decididó a no ceder en ese punto de negociación. La obra pública es clave para consolidar la recuperación de la actividad y el empleo.

“Las obras públicas no se detienen. Son más de 3.500 a lo largo y ancho de toda la Argentina. Esto habla a las claras de una gestión muy eficiente que se está llevando adelante y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida a las y los argentinos”, insistió Manzur.

A su vez, el ministro coordinador se expresó sobre el presupuesto en obras para este año: “Existe la vocación y la decisión política de usar las herramientas que tiene el Estado, administrativas y legales, para que la obra pública y las obras de infraestructura prioritarias, previstas a lo largo y ancho de toda la Argentina, se puedan seguir llevando adelante”.

Según un comisario involucrado en el entramado mafioso macrista “la mesa judicial se reunía cada 15 días”.

El diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, se refirió este viernes a las declarariones del comisario de la Policía bonaerense Hernán Cassasa en la Subcomisión de Inteligencia del Congreso en el marco de la investigación sobre la denominada “mesa judicial” macrista durante la gestión de Cambiemos y señaló que no descarta “para nada que haya visitas de (María Eugenia) Vidal a la AFI“.

Durante el macrismo, a nivel nacional y bonaerense, funcionó una verdadera mafia que involucró a funcionarios nacionales y provinciales, jueces, fiscales y medios de la comunicación. Nunca antes pasó algo igual en la democracia argentina. Se persiguieron más de 300 personas.

Tailhade afirmó que, de acuerdo con lo que planteó Cassasa “cada 15 días, todos los jueves, se reunían en la AFI” y esa información “es coincidente con lo que ya teníamos en los correos electrónicos”. “No descartó para nada que haya visitas de Vidal a la AFI”, insinuó.

También apuntó contra el procurador bonaerense Julio Conte Grand: “Tiene que ir a la audiencia en la Comisión Bicameral. Si no va es causal de juicio político”. Conte Grand debe presentarse el martes ante los legisladores que componen la Subcomisión. Sin embargo, el procurador macrista busca un artilugio para no ir presencialmente sino que mandará las respuestas por escrito.

El Congreso abrió una investigación tras al difusión de las imágenes de aquella reunión de 2017, en la que exfuncionarios de la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal, exdirectivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y empresarios analizaban estrategias para armar causas judiciales contra referentes del gremio de la construcción de La Plata. Los macristas proponen una gestapo (organización que funcionó durante el nazismo) contra opositores.

El procurador de la provincia de Buenos Aires adelantó que no irá a la reunión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso.

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, avisó que no irá el martes a la bicameral de Inteligencia del Congreso donde se investiga el armado de causas a sindicalistas en la provincia con la participación de directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El escándalo surgió por el video y los audios donde se ve y escucha cómo se preparaban operaciones judiciales contra opositores.

Conte Grand pidió, además, responder por escrito las preguntas sobre la Mesa Judicial que funcionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Por ese motivo, la subcomisión de Inteligencia volvió a convocarlo para el 27 de enero.

El macrismo se disfraza de republicanismo cuando le conviene. Cuando tiene que dar explicaciones por el entramado mafioso que persiguió a opositores, como nunca antes en la historia democrática del país, prefier evitar las instituciones de la República.

“El Procurador presentó una nota diciendo que está dispuesto a cooperar, pero respondiendo por escrito, como si hubiera sido citado por la Justicia. La verdad que con esta posición se coloca él mismo en condición de imputado, se está auto adjudicando responsabilidad en los hechos”, dijo el diputado Rodolfo Tailhade, integrante de la subcomisión.

El ministro de Economía brindó una entrevista a un medio extranjero.

“El panorama para 2022 puede ser muy virtuoso ya que la Argentina tiene un superávit comercial muy alto. Fue superior a los 15.000 millones de dólares en 2021. ¿Cuál es el problema de balanza de pagos que enfrenta Argentina en 2022? Es justamente la deuda con el FMI. Es al revés de lo que naturalmente ocurre. Es la deuda con el FMI la que genera el problema de balanza de pagos. Y por eso es importante poder refinanciarla. Es importante para el país y también para el FMI”, aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista concedida a la agencia France Press.

“Si empuja a Argentina a una situación desestabilizante, (el FMI) va también a tener una legitimidad menor en el futuro, cuando otros países requieran del multilateralismo para poder resolver junto a la comunidad internacional sus problemas”, advirtió. Argentina negocia una deuda de 45 mil millones que tomó de modo irresponsable el gobierno de Mauricio Macri. El FMI le dio el préstamo para ayudar a la gestión de derecha a ganar las elecciones de 2019, lo que finalmente no ocurrió.

“Si queremos protegernos entre todos y proteger el funcionamiento del multilateralismo, es importante acordar algo que sea creíble. Y creíble quiere decir implementable”, insistió el funcionario.

Por eso, el ministro volvió a pedir que se acuerde un programa que le permita crecer al país: “Necesitamos poder refinanciar estas deudas. Necesitamos que por ese tiempo no nos cobren una condicionalidad tal que detenga la recuperación y que inhiba la capacidad de desarrollo de Argentina en el mediano y en el largo plazo”, enfatizó. 

“En 2021, con una economía creciendo al 10%, el déficit fiscal primario cayó 3,5 puntos del PBI. El déficit fiscal de 2021 fue de entre 2,9 y 3% del PBI, esta cifra se va a conocer el 20 de enero. Es una caída muy fuerte. Se está dando una consolidación fiscal virtuosa”, precisó el ministro. Sin embargo, el FMI pide un mayor ajuste, que de lograrse obligaría a una recesión.

¿El FMI vuelve a jugar sus fichas en relación a sus simpatías con la derecha argentina? ¿Por qué tanto énfasis en un programa que ya fracasó en otros países y que obligaría a la Argentina a una crisis? ¿Quieren que esa crisis la pague el peronismo?

La cantidad de fallecidos en las últimas 24 horas fueron de 139 personas. Hasta el momento, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 6.793.119 y son 117.808 las víctimas.

El Ministerio de Salud de la Nación informó este jueves 13 de enero que, en las últimas 24 horas, se registraron 139 muertes, casi el doble de ayer, y 128.402 contagios de coronavirus: el tercer registro más alto de toda la pandemia. El récord se registró el martes 11 de enero, cuando se informaron 134.439 casos, 6.037 más que hoy.

Así, el total de infectados desde el inicio de la pandemia asciende a 6.793.119 y son 117.808 las víctimas. De ayer a hoy se realizaron 198.532 testeos. Como resultado, la tasa de positividad registrada es del 64.67%, seis veces más de lo que aconseja la OMS.

Por otro lado, del total de muertes reportadas hoy, 76 son hombres y 63 mujeres. Las provincias que más decesos reportaron fueron Buenos Aires con 37, Córdoba 26 y Salta con 17 fallecidos, respectivamente. Como consecuencia del aumento de casos, se viene registrando un repunte en la cantidad de personas fallecidas. La última vez que se registró un número superior al de hoy (139), fue el 17 de septiembre del año pasado, cuando se reportaron 185 ciudadanos muertos.

De acuerdo al parte epidemiológico, de momento, en Argentina hay 2.406 personas con coronavirus internadas en terapia intensiva. Son 200 más que ayer, miércoles 12. El porcentaje de ocupación de camas a nivel nacional es del 40,6% y en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) del 41,4%.

De los 128.402 casos de COVID-19 reportados hoy, 89.385 casos (el 69,61%) se concentran en PBA (49.908), CABA (12.656), Córdoba (15.508) y Santa Fe (11.313).

Para el resto del país, los números fueron los siguientes: Catamarca 1.021 contagios, Chaco 2.988, Chubut 1.291, Corrientes 610, Entre Ríos 3.039, Formosa 1.415, Jujuy 2.866, La Pampa 1.180, La Rioja 226, Mendoza 4.346, Misiones 301, Neuquén 1.495, Río Negro 1.027, Salta 3.872, San Juan 1.657, San Luis 2.605, Santa Cruz 1.249, Santiago del Estero 2.218, Tierra del Fuego 452 y Tucumán 5.159.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos informó que con ese incremento el IPC-Costo de Vida acumuló una suba de 50,9% a lo largo de 2021.

El Índice de precios al consumidor (IPC-Costo de Vida) registró en diciembre un incremento de 3,8% y, de esta forma, acumuló una suba de 50,9% a lo largo de 2021, informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El incremento de diciembre se ubicó por encima del 2,5% registrado en noviembre y determinó que el año cerrara con una diferencia de 14,8 puntos porcentuales respecto al cierre de 2022, cuando el acumulado fue de 36,1%.

Respecto a 2019, la inflación de 2021 fue 2,9 puntos porcentuales menor, debido a que ese año se ubicó en 53,8%.

En diciembre, la inflación núcleo fue de 4,4%, frente al 3,3% de noviembre, mientras que los precios de los productos Estacionales subieron 3,7%, liderados por los rubros indumentaria y el turismo.

Durante el último mes de 2021, la inflación fue impulsada por Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que marcaron un avance de 4,3% mensual, frente al 2,1% de noviembre.

Hizo lugar a dos reclamos judiciales y solicitó que se realice una evaluación ambiental estratégica antes de que comiencen las tareas de exploración.

La titular de la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, Laura Mazzaferri, pidió la suspensión “de exploración sísmica, explotación petrolera y otros trabajos vinculados, frente a las costas del Partido de General Pueyrredón, que fueran oportunamente dispuestas por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 900/21 y aprobadas por la Resolución N°436/21 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación”.

En ese marco, solicitó que antes de que comiencen las acciones de exploración se realice una evaluación ambiental estratégica, para asegurar que su aprobación no infrinja la normativa en materia ambiental, tanto a nivel nacional como internacional.

Las acciones de amparo, que darían lugar a la medida cautelar y en caso de aprobarse frenarían la exploración inminente frente a las playas de la Costa Atlántica, fueron presentadas por un ciudadano particular y por la Organización de Ambientalistas Autoconvocados.

Ambas peticiones coincidían en la potencial peligrosidad que produciría la prospección sísmica y la eventual explotación petrolífera frente a las costas de Mar del Plata, ciudad cabecera del partido de General Pueyrredón.

Por un lado, la acción iniciada por un ciudadano, oriundo de Mar del Plata, solicitaba la suspensión de las actividades de exploración sísmica, “hasta tanto se obtuviera la Declaración de Impacto ambiental garantizando el acceso a la información pública” y se garantizara la “efectiva participación de la comunidad del Partido de General Pueyrredón en el proceso de evaluación de impacto ambiental” y en la toma de decisiones.

El ciudadano pedía que intervengan la Universidad Nacional de Mar del Plata, a la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, a la Universidad Nacional de La Plata y al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), para la elaboración de los informes sanitarios, técnicos, ambientales y de impacto, correspondientes.

Serán, en su mayor medida, industrias ubicadas en el AMBA. El objetivo es evitar que se repitan los cortes masivos de los últimos días.

El gobierno nacional acordó con las grandes industrias una reducción del consumo de energía eléctrico en los horarios pico, a fin de evitar el colapso del sistema de distribución y una afección con grandes cortes de luz en la actividad residencial.

El acuerdo fue producto de una reunión que en las últimas horas mantuvieron funcionarios de la Secretaría de Energía y del Ministerio de la Producción con representantes del sector empresario y de las industrias ubicadas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

El secretario de Energía, Darío Martínez, explicó que la medida fue adoptada para evitar traspasar el pico de demandas y sufrir cortes masivos como los que hace días afectaron a buena parte de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, que solo en el ámbito porteño dejaron a 700 mil usuarios sin luz.

Y se refirió a la combinación de dos aspectos que agravan el contexto actual. “Una fuerte ola de calor extremo y un consumo algo debido al aumento de la actividad económica” de los últimos meses, indicó el funcionario.

“Hemos pedido el acompañamiento y la solidaridad del sector industrial que mayor energía demanda, alrededor del 30 por ciento, para que morigeren el consumo en horarios pico”, puntualizó Martínez durante una rueda de prensa.

La medida será aplicada por las empresas que no tienen un ciclo continuo de producción (24 horas sin descanso) y que puedan disminuir su ritmo de demanda energética entre las 13 y las 16 horas, aproximadamente.

El consumo residencial, la prioridad

“Es una decisión que tiende a poner en prioridad el consumo residencial”, puntualizó Martínez y aclaró: “Lo que queremos en esta primera instancia es que se reduzca la demanda de energía y en ese sentido el sector dio una señal de acompañamiento a la decisión tomada por el presidente” Alberto Fernández.

La razón por la cual se convocó a la industria es porque se trata del sector que más recuperó la producción en los últimos meses, tras las aperturas de actividades que habían sido “cerradas” por la pandemia de coronavirus.

“En noviembre de 2021 hubo un crecimiento de la actividad industrial del 9,7 por ciento, con lo cual alrededor del 68 por ciento de la capacidad instalada está en plena producción”, argumentó el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien acompañó a Martínez en sus declaraciones.

En este ciclo de “crecimiento y reactivación económica muy importante”, añadió Martínez, “se generó una demanda muy importante que, combinada con una ola de calor extremo, se llegó a valores récords de consumo. Ya llegamos a un pico histórico de 28.550 megas, todo un récord”.