El gobernador encabezó este lunes en Berazategui la apertura de una nueva edición de los Juegos Bonaerenses y aprovechó el acto para cuestionar al gobierno nacional por los recortes en deporte, cultura y educación.
Durante el lanzamiento oficial de los Juegos Bonaerenses 2025, el gobernador Axel Kicillof encabezó un acto cargado de contenido político, donde arremetió con fuerza contra los recortes impulsados por la administración de Javier Milei. Ante un auditorio colmado en el Centro de Actividades “Roberto De Vicenzo”, el mandatario bonaerense denunció el desfinanciamiento en áreas clave como el deporte, la cultura y la educación.
“Estamos en una época donde gobierna Javier Milei. Desfinanció a las universidades, al INCAA, al Instituto del Teatro. La motosierra se la están poniendo a la cultura argentina”, disparó Kicillof, elevando el tono frente a intendentes, funcionarios, deportistas y docentes presentes en el evento.
Sin escatimar en críticas, el gobernador también apuntó contra la lógica de gobierno del presidente: “El otro día lo escuché decir que el Estado no está para cumplirle los sueños a nadie. Eso se lo puede decir a un millonario, pero no a los millones de pibes y pibas de esta provincia que esperan estos Juegos para competir, disfrutar y tener más oportunidades”.
Una de sus frases más contundentes resonó con fuerza en la jornada: “Plata hay, de a montones. Nada más que se la están dando a los que más tienen, a los que viven afuera, a los grandes empresarios. Yo tengo una regla: los recursos bonaerenses son para el pueblo de la Provincia”.
“Que no les digan que no hay plata. El problema es que no quieren invertir en el pueblo”, remató el gobernador.
Kicillof también criticó el desmantelamiento de programas nacionales, como los Juegos Evita, y reivindicó la continuidad de los Juegos Bonaerenses como una política activa de inclusión y acceso. En sintonía, el ministro Andrés “Cuervo” Larroque denunció que “de 25 mil finalistas de la provincia, solo llevaron 8 mil. Gobernar para un tercio de la población es lo que tienen en la cabeza”.
El evento también tuvo espacio para reconocimientos: Tornquist recibió la Copa Comunidad, Lomas de Zamora la Copa Desafío Bonaerense, y se homenajeó a trabajadores históricos de la competencia. Kicillof celebró en sus redes sociales: “¡Felicitaciones por llevar en alto #LaPasiónDeLaProvincia!”.
Para cerrar, Kicillof recordó que esta competencia nació en 1992 y que, pese a los vaivenes políticos, la Provincia sigue apostando a la cultura y el deporte como políticas de Estado. “Que no les digan que no hay plata. El problema es que no quieren invertir en el pueblo”, remató.
El Presidente fue denunciado tras el discurso en el que habló de “kukas inmundos” y “parásitos mentales”, y rarificó su “crueldad” con los “empleados públicos”.
Javier Milei cerró una cena que la Fundación Faro organizó en el Yacht Club de Puerto Madero, con el objetivo de conseguir fondos para La Libertad Avanza (LLA), donde formuló un discurso cargado de exabruptos e insultos dirigidos a sus adversarios ideológicos, en el marco de una campaña electoral que no lo tiene como candidato pero sí en la centralidad política.
Ante empresarios y referentes libertarios, el mandatario se refirió a sus opositores como “kukas inmundos” y “parásitos mentales”, reafirmando su “crueldad” frente a quienes se oponen a su política de ajuste y hasta los “empleados públicos”.
“Sí, soy cruel, kukas inmundos. Soy cruel con ustedes, con los gastadores, con los empleados públicos, con los estatistas, con los que le rompen el culo a los argentinos de bien”, gritó un Milei cuyas palabras y gestos traslucían un odio inusitado pero esperable en un mandatario que se jacta cotidianamente de encender las pasiones más bajas entre sus seguidores.
Por esa razón, el Presidente fue denunciado por incitación a la violencia por la abogada Valeria Carreras, quien consideró que la expresión “kukas inmundos”, además de ser una agresión personal, “categoriza y degrada a un grupo de ciudadanos por su ideología política, incentivando la discriminación y el odio”.
En cuanto a los “gastadores y empleados públicos”, la letrada señaló que las expresiones del mandatario “denotan una generalización negativa hacia personas que desempeñan funciones públicas, despreciando su labor y contribuciones”.
Las palabras de Milei “denotan un desprecio hacia sus derechos laborales y su papel en la sociedad, socavando así el respeto que deben recibir como ciudadanos”, añade la abogada en su presentación ante la Justicia.
Bajo el título “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, el PJ bonaerense acusó al presidente Javier Milei de abandonar a los damnificados y de priorizar una agenda ajena a las necesidades del pueblo.
El Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires lanzó un contundente comunicado en repudio al veto presidencial a la ley que declaraba zona de emergencia y catástrofe a Bahía Blanca y Coronel Rosales, afectadas por las inundaciones de marzo pasado. Bajo el título “Fuertes con los débiles, débiles con los poderosos”, el PJ bonaerense acusó al presidente Javier Milei de abandonar a los damnificados y de priorizar su alineamiento con agendas internacionales ajenas a la realidad nacional y las necesidades del pueblo.
La crítica se desató luego de que Milei vetara la Ley 27.790, aprobada con una amplia mayoría en el Congreso (153 votos a favor y solo 32 en contra, todos de La Libertad Avanza), que preveía la creación de un fondo de emergencia de $200.000 millones para asistir a las zonas afectadas por el temporal.
El Ejecutivo justificó el veto a través del Decreto 424/2025 —publicado este martes en el Boletín Oficial y firmado también por Guillermo Francos y Patricia Bullrich— argumentando que ya se habían tomado medidas similares mediante el Decreto 238/25, que habilitó un fondo de asistencia y el pago del “Suplemento Único para la Reconstrucción (S.U.R.)”. Según el gobierno, más del 85% de los beneficiarios ya recibieron ese subsidio.
Sin embargo, el PJ bonaerense respondió con dureza. Señalaron que el nuevo proyecto contemplaba también créditos para reconstrucción de viviendas y edificios públicos, y que el veto presidencial “deja a miles de vecinos sin la asistencia que necesitan para recomponerse de una tragedia”.
“El fondo especial vetado por Milei y sus secuaces estaba destinado a reparar los daños que dejó una catástrofe. Pero una vez más, el gobierno nacional elige mirar para otro lado cuando se trata de asistir a los sectores más vulnerables”, sentenciaron desde el peronismo bonaerense.
Además, cuestionaron los argumentos técnicos del gobierno para excluir a Coronel Rosales de la ayuda: “Según ellos, como el Servicio Meteorológico Nacional indicó que Bahía Blanca fue la más afectada, los otros municipios quedan fuera. Una lógica perversa que desconoce la dimensión humana de una catástrofe”, expresaron.
El comunicado culmina con un mensaje especialmente crítico hacia el ministro de Economía, Luis Caputo: “La ayuda por una emergencia es un gasto para el gobierno nacional, no sorprende. Avanzan con la gente afuera. El mismo día que el endeudador de Caputo se alista para recibir al FMI con sus mejores galas, Milei le niega a los bonaerenses la asistencia necesaria para reconstruir sus vidas”.
Sin respuesta aún por parte de la gestión de Javier Milei, trabajadores y residentes del reconocido centro de salud volverán a frenar sus actividades.
Los trabajadores del Hospital Garrahan llevarán a cabo un nuevo paroeste miércoles 25 de junio a partir de las 7 de la mañana. La protesta tiene como objetivo principal exigir mejoras salariales al gobierno de Javier Milei, cuya principal demanda apunta a que el sueldo básico ascienda a $1.800.000.
Además de la huelga, los trabajadores han organizado un festival con fines benéficos para visibilizar su situación y recaudar apoyo: “Desde las 9 hasta las 22 con estos artistas solidarios y más también”, reza la invitación lanzada a través de Instagram por Alejandro Lipcovich, delegado de ATE (Asociación Trabajadores del Estado) en el Hospital Garrahan y Secretario General de la Junta Interna del mismo hospital.
En torno a la medida de fuerza de este miércoles, Lipcovich sostuvo: “Es una respuesta a la guerra que el Gobierno está emprendiendo contra el principal hospital pediátrico del país, las barbaridades que vienen diciendo sus funcionarios, incluidas flagrantes mentiras”.
En esa dirección, recalcó: “Dijeron que el personal administrativo es mayoría, cuando representa solo al 10% del total, según las estadísticas oficiales de una institución que está controlada en su gestión por el gobierno desde diciembre de 2023″.
Seguidamente, continuó su crítica hacia Javier Milei y su gestión, señalando “la aberración de que un salario superior a los $380.000 superaría la línea de pobreza” y el planteamiento de “que las residencias deberían ser sin salario” como un completo error, ya que eso “desmantelaría por completo el sistema público de salud”.
Por su parte, Gerardo Oroz -secretario adjunto de ATE Garrahan- manifestó: “Nuestro pedido de un salario inicial de $1.800.000 es equivalente a la defensa del hospital. Por eso, el plan de lucha se profundizará. Exigimos que cesen las maniobras dilatorias y se concrete una propuesta concreta por parte del gobierno y las autoridades”.
Y cerró asegurando que el plan libertario es “vaciar el Garrahan y desmantelar al sistema de salud, pero se están encontrando un gran obstáculo” que es “la pelea de sus trabajadores por salario y condiciones de trabajo logró un apoyo sin precedentes”.
La Legislatura de la provincia de Buenos Aires dio media sanción al proyecto que elimina el límite de mandatos para senadores, diputados y concejales.
Este jueves, el Senado bonaerense aprobó por 36 votos a favor y 18 en contra un proyecto de reforma constitucional que permite la reelección ilimitada de senadores, diputados provinciales y concejales , eliminando así la actual restricción de dos mandatos consecutivos.
La iniciativa fue impulsada por el bloque de Juntos por el Cambio , encabezado por el presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Alejandro García , quien defendió la medida como un mecanismo de “profesionalización legislativa” y “estabilidad institucional”.
“No hay razón para impedir que un ciudadano siga representando a su comunidad si es elegido democráticamente”, aseguró García durante el debate.
Sin embargo, la oposición cuestionó duramente la reforma, advirtiendo que la medida abre la puerta a una posible concentración del poder y perpetuación en el cargo de figuras políticas con larga trayectoria. Unidad Ciudadana y el Frente de Izquierda denunciaron que esta reforma “busca blindar privilegios y consolidar cacicazgos políticos”.
El texto ahora deberá ser tratado en la Cámara de Diputados , donde se espera un fuerte debate. Si también obtiene allí mayoría simple, será remitido al Jurado de Enjuiciamiento, que decidirá si se somete a referéndum o no, según lo establece la Constitución provincial.
Entre los principales beneficiarios potenciales de esta reforma se encuentran figuras históricas del peronismo y la UCR , incluyendo intendentes y legisladores con décadas en funciones.
La polémica sigue creciendo: mientras algunos celebran la posibilidad de mantener a legisladores experimentados, otros ven en esta reforma un retroceso democrático y un riesgo para la renovación política.
Ante el ajuste de Javier Milei a la Educación, reclaman la urgente sanción de la ley para garantizar el funcionamiento de las Universidades públicas.
Los docentes universitarios encabezarán una nueva Marcha Federal Universitaria y un paro por 48 horas, que irá desde el jueves hasta el viernes, como reclamo por un aumento salarial, incremento en las becas estudiantiles, mayor presupuesto para ciencia y tecnología y la sanción de la Ley de Financiamiento Universitario.
“Los días 26 y 27 de junio se llevará adelante un nuevo paro nacional docente universitario de 48 horas, en reclamo de la urgente actualización salarial, ante la persistente falta de respuestas por parte del Gobierno nacional, que continúa clausurando la discusión paritaria”, informó la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitario (CONADU).
En ese sentido, explicó que en la protesta también se exigirá que el Congreso trate la Ley de Financiamiento Universitario, que fue presentada por el Frente Sindical de Universidades Nacionales que agrupa a las federaciones docentes y no docentes; al Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a rectores y a la Federación Universitaria Argentina (FUA), que representa al estudiantado.
“Este proyecto es fundamental para garantizar el sostenimiento y desarrollo del sistema universitario público argentino y, por eso, convocamos a toda la comunidad educativa y a la sociedad en su conjunto, a sumarse y acompañar este reclamo colectivo en defensa de la universidad pública, gratuita, inclusiva y de calidad”, concluyó la CONADU en su comunicado.
Marcha Federal Universitaria que se llevó a cabo el 2 de octubre de 2024
La última medida de fuerza tuvo lugar entre el 11 y 12 de junio, cuando se realizó un paro. En esa ocasión, explicaron que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%.
Ley de Financiamiento Universitario
A través de un encuentro que nucleó a rectores, representantes de gremios docentes, dirigentes de centros de estudiantes universitarios y diputados de bloques opositores, el 28 de mayo se presentó el proyecto de ley para el financiamiento de universidades.
La actividad no fue en el marco de una comisión oficial, sino que fue una convocatoria de bloques opositores que respaldan la iniciativa: Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica, Frente de Izquierda y la Unión Cívica Radical.
El proyecto pide la reapertura de convocatoria a paritarias (que no ocurren desde octubre del 2024, dado que los aumentos se dan por decreto), la disposición de fondos para garantizar el funcionamiento universitario y sus instituciones vinculadas (hospitales, laboratorios) y el sostenimiento de becas. Además, establece un fondo de 10 mil millones de pesos, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
Mientras el Gobierno celebra una inflación mensual de “un dígito bajo”, los servicios públicos básicos aumentaron más de un 10% en junio. La factura energética ya se lleva más del 12% del sueldo promedio.
Lejos del discurso oficial que insiste en mostrar una economía “ordenada” y una inflación “controlada”, los servicios públicos esenciales experimentaron en junio un nuevo salto de dos dígitos que golpea directamente a los hogares del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet), la canasta de servicios públicos para un hogar tipo aumentó un 10,6% solo en el último mes. El relevamiento expone que el gasto mensual en electricidad, gas, agua y transporte llegó a $183.496, cuando en mayo era de $166.559.
El ajuste tarifario responde tanto a incrementos directos en los cuadros tarifarios como a la suba estacional del consumo de gas y electricidad. En junio, el gas natural aumentó 3,5% en su cargo fijo y 2,5% en el variable; el agua subió por actualización tarifaria y ajustes mensuales; y la electricidad hizo lo propio con un alza del 3,3% en el cargo fijo y 2,8% en el variable.
En transporte, mientras el Gobierno nacional se jacta de “haber frenado la maquinita”, los boletos de colectivos interjurisdiccionales aumentaron un 7% en junio. El promedio ponderado de transporte trepó 5,8% en el mes.
Pero la radiografía del ajuste se vuelve aún más brutal cuando se observa la evolución desde diciembre de 2023: mientras el IPC acumuló una suba del 150%, la canasta de servicios públicos creció 561%. El gas fue el más afectado, con un insólito 1482% de aumento, seguido por el transporte (729%), el agua (343%) y la electricidad (316%).
Los datos dejan en evidencia un fenómeno cada vez más evidente: la inflación real no está en el supermercado, sino en las boletas que llegan a fin de mes. Según el informe, en junio la canasta de servicios públicos representó el 12,7% del salario promedio registrado ($1.445.000), con el transporte como el rubro más pesado, explicando un 36% del gasto total.
A pesar de este panorama, el Estado sigue cubriendo un 46% del costo total de las tarifas mediante subsidios, aunque el acceso a estos beneficios es cada vez más desigual.
Mientras el Gobierno de Javier Milei proclama “equilibrio fiscal”, la realidad de los hogares argentinos —en especial en el conurbano— muestra que ese equilibrio se sostiene a costa de un tarifazo encubierto que no se ve en los números del INDEC, pero que se siente con fuerza en cada factura.
Luego de que el Tribunal Oral Federal 2 aclarara que no tiene prohibido el uso del balcón, la expresidenta se dejó ver en el balcón de San José y Humberto Primo.
Los seguidores de Cristina Kirchner no descansan y eso tiene su recompensa: luego de algunas jornadas en que la expresidenta no podía salir a saludar a la militancia por el fallo sobre la prisión domiciliaria que no era del todo claro al respecto, la máxima líder del peronismo volvió a hacer uso del balcón luego de que el Tribunal Oral Federal 2 la autorizara para ello.
De esta manera, la exmandataria volvió a encender a sus adherentes que la esperaban ansiosamente en las inmediaciones de su departamento en el barrio porteño de Constitución. Esta vez, Cristina salió por el balcón de San José y Humberto Primo.
Allí saludó y sonrió un largo rato, y también agitó sus brazos cuando la gente cantaba “vamos a volver”.
Las tobilleras de colores, como símbolo de apoyo a CFK
En la jornada de este jueves, también se conoció la decisión del TOF2 de que Cristina comience a usar la tobillera electrónica, que ya tiene puesta. Ante esto, un gran número de mujeres se congregó en San José 1111, con tobilleras de flores de colores en sus tobillos, asegurando que es una expresión de apoyo, pero también una señal de que “no nos robarán la primavera”, en relación a lo colorido del asunto.
“Cristina es inocente y la tobillera nos la ponemos todas”, aseguraron las adherentes a la exmandataria y ratificaron: “Es un certificado de dignidad”, tal como expresó la expresidenta días atrás.
Después de que el juez Jorge Gorini autorizara el uso del balcón, Cristina Kirchner saludó a su militancia en su segundo día de prisión domiciliaria.https://t.co/UgSv4IWAKtpic.twitter.com/vbYUyb9Orn
Carlos Beraldi recurrirá la imposición de la tobillera electrónica a Cristina Kirchner
Uno de los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, informó este jueves que recurrirá ante la Justicia la imposición de la tobillera electrónica que fue dispuesta luego de que aceptara que la exmandataria cumpla su condena a seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ocupar cargos públicos bajo el beneficio de la prisión domiciliaria.
En diálogo con los periodistas apostados afuera de la casa de Cristina Kirchner en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, Beraldi aseguró que a lo largo de esta mañana “pasaron para hacer un informe técnico y ya se retiraron”.
El informe técnico buscaba determinar si están dadas las condiciones necesarias para que se le pueda imponer el uso de una tobillera electrónica a la exmandataria mientras cumple con su pena.
Según explicó Beraldi, se realizó el informe técnico sobre el cálculo de las emisiones de las señales, tras lo cual se resolvió que efectivamente Cristina use tobillera electrónica. Sobre esto, el letrado aseguró: “Nosotros creemos que eso es una imposición que no corresponde es totalmente innecesaria, y la vamos a recurrir”.
La Policía requisó micros en la Riccheri, decomisó pertenencias personales y aplicó controles arbitrarios a militantes que se dirigían a la Plaza de Mayo. La ministra Patricia Bullrich volvió a aplicar su “protocolo represivo” con el aval del Gobierno nacional. La Casa Rosada, además, anticipó descuentos salariales a los empleados públicos que se sumen a la protesta.
Con un despliegue propio de un Estado de excepción, el Gobierno nacional activó esta mañana un operativo de amedrentamiento contra manifestantes que se dirigían a la Plaza de Mayo para participar de la convocatoria del PJ en respaldo a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Efectivos de fuerzas federales interceptaron micros en la Autopista Riccheri, aplicaron requisas arbitrarias y realizaron controles de alcoholemia a choferes sin ninguna justificación legal.
Testimonios de militantes señalaron decomisos injustificados de objetos personales y retención de vehículos sin orden judicial. “Quieren evitar que lleguemos a la marcha. Nos revisaron todo sin decir por qué, como si fuéramos delincuentes”, denunció uno de los militantes.
La medida forma parte de la aplicación estricta del “protocolo antipiquetes” de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que bajo la excusa del orden público convierte cualquier expresión política en un acto sospechoso. La Plaza de Mayo amaneció completamente vallada y con un fuerte dispositivo de seguridad, mientras se anticipó también un cerco policial en las inmediaciones del Congreso, donde se movilizan todos los miércoles jubilados y pensionados.
Como parte de la escalada persecutoria, el Ejecutivo anunció que descontará el día a los empleados públicos que adhieran al paro y participen de la marcha. La convocatoria, impulsada por el PJ tras conocerse la prisión domiciliaria contra Cristina, denuncia una estrategia de proscripción política y persecución judicial contra la principal figura del peronismo.
La marcha se espera masiva, con epicentro a partir de las 14 horas. Para el oficialismo, sin embargo, el verdadero problema no es el tránsito ni la logística: es que el pueblo vuelva a las calles. Y ese pueblo, pese a las amenazas, volvió.
El gobernador Axel Kicillof realizó un posteo breve posteo para convocar a la militancia a la movilización en apoyo a la expresidenta.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a movilizarse este miércoles 18 para acompañar a la expresidenta Cristina Kirchner hasta los tribunales de Comodoro Py y luego de regreso a su domicilio, en el marco de una movilización para la que se esperan más de medio millón de personas.
“Este miércoles 18 acompañamos a Cristina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia. ¡Nos vemos ahí!”, publicó el mandatario bonaerense, sumándose al pedido de prisión domiciliaria para la ex mandataria, condenada por la Corte Suprema en la Causa Vialidad.
La convocatoria fue impulsada por el peronismo, funcionarios y agrupaciones políticas como La Cámpora e incluirá una movilización a las 10 desde el domicilio de CFK en San José 1111, con destino a los tribunales federales porteños, donde se haría efectiva la detención.
Mientras tanto, la expresidenta evaluaba por estas horas su estrategia judicial. Su defensa solicitó que la notificación del inicio del cumplimiento de la condena se realice vía Zoom y no de forma presencial, a la espera de que el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF 2) resuelva el pedido de prisión domiciliaria.
Este miércoles 18 acompañamos a @CFKArgentina hasta Comodoro Py y de vuelta a su casa. Defenderla es defender la democracia.
La Justicia pidió que garanticen la seguridad para detener a Cristina Kirchner
El TOF 2, que condenó a Cristina 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, le pidió al Gobierno nacional y al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) que arbitren los medios necesarios para garantizar la seguridad durante la inminente detención de la expresidenta y la marcha convocada por el peronismo para el miércoles 18 de junio, desde su domicilio en Constitución hasta los tribunales.
El oficio fue firmado el sábado por el juez Jorge Gorini, presidente del TOF 2, y dirigido a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich; al ministro de Seguridad porteño, Horacio Giménez; y también a las autoridades de la Cámara Federal de Casación Penal, responsable del edificio judicial ubicado en la avenida Comodoro Py 2002. En el mismo, se señala que las detenciones de Cristina Kirchner y los otros ocho condenados en la Causa Vialidad “se materializarán entre el martes y el miércoles” en la sede del tribunal.
“Se solicita que se sirvan arbitrar los medios necesarios a fin de brindar seguridad suficiente en los alrededores y en las inmediaciones del edificio, y dentro del mismo, en especial en el sexto piso donde tiene asiento este tribunal”, indica el escrito judicial, al que accedió Infobae.
El requerimiento judicial se da en paralelo al fuerte operativo de seguridad que desde el jueves se está diseñando entre fuerzas federales y porteñas. La movilización del miércoles, convocada por organizaciones políticas, sociales y sindicales afines al kirchnerismo, genera preocupación en los distintos niveles del Estado por su dimensión y el clima de tensión que se respira en las calles.
También fueron notificados los responsables de la Unidad 29 del Servicio Penitenciario Federal (SPF), ubicada en Comodoro Py, donde podría realizarse el procedimiento de detención de la exmandataria. Si no se le otorga la prisión domiciliaria, Cristina Kirchner sería alojada allí en una primera etapa.
En este contexto, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, expresó públicamente la postura del Gobierno nacional: evitar que Cristina Kirchner tenga que presentarse físicamente en los tribunales. “Me parecería absolutamente lógico que la notificación pueda hacerse sin que la expresidenta tenga que concurrir. Eso no va a generar nada positivo, va a ser un momento de tensión, de cortes, de movilización de fuerzas federales”, advirtió en una entrevista en el canal A24.
La Casa Rosada propuso oficialmente posibles lugares de detención acordes a las características personales e institucionales de Cristina Fernández de Kirchner. La información fue considerada confidencial por el tribunal y se encuentra resguardada en sobre cerrado dentro de una caja fuerte. En el mismo sentido, Francos había declarado que “hay una decisión generalizada de que los mayores de 70 años pueden pedir ese beneficio”, en referencia a la prisión domiciliaria. Pero también remarcó que, de otorgarse, debería implicar ciertas restricciones, como evitar apariciones públicas o saludos desde el balcón, como los que la expresidenta protagonizó en los últimos días.
Expectativa por el dictamen fiscal: ¿domiciliaria sí o no?
Esta jornada será clave. Está previsto que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola dictaminen sobre el pedido de prisión domiciliaria presentado por los abogados de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy. La defensa alegó que la expresidenta, de 72 años, tiene derecho a cumplir su condena en su domicilio de San José 1111, en el barrio de Constitución, por motivos de edad, seguridad y estado de salud. Además, recordaron que fue víctima de un intento de homicidio en septiembre de 2022 y que cuenta con custodia oficial.
Según trascendió, los fiscales estarían inclinados a rechazar el pedido, en línea con sus posturas previas. En dos oportunidades solicitaron la “inmediata detención” de Cristina Kirchner, aun antes de vencido el plazo de cinco días hábiles concedido por el tribunal para que todos los condenados se presenten de manera voluntaria. Dicho plazo concluye este miércoles 18, día en el que la exmandataria anunció que irá a Comodoro Py.
Una vez emitido el dictamen fiscal, el TOF 2 quedará en condiciones de resolver. Fuentes judiciales estiman que la decisión podría conocerse mañana mismo, en un intento de “descomprimir” la marcha planificada. “No es lo mismo movilizarse sabiendo que va a volver a su casa, que hacerlo con la incertidumbre de si irá presa a una unidad del SPF”, explicaron desde el área de Seguridad.
