Chats, documentos oficiales y vínculos con el Ministerio de Seguridad exponen una trama que va más allá de una simple infracción administrativa.

Una denuncia anónima destapó una de las tramas político-policiales más graves desde el regreso de la democracia. Lo que comenzó como una sospecha sobre una veintena de efectivos de la Policía Ecológica bonaerense terminó por confirmar la existencia de una red interna de apoyo partidario al candidato libertario Maximiliano Bondarenko. Con documentos oficiales, chats de WhatsApp, uso de recursos públicos y contactos con el Ministerio de Seguridad, el caso ya está en manos de la justicia y podría derivar en detenciones.

La causa, que recayó en la fiscalía platense de Juan Cruz Condomí Alcorta, surgió tras detectarse que 24 agentes, entre ellos dos comisarios, integraban un grupo de WhatsApp denominado “Grupo Rocket”, desde donde organizaban tareas proselitistas en favor de Bondarenko, mientras cumplían funciones activas en dependencias policiales. Uno de los mensajes clave del grupo rezaba: “Estoy yendo para la Casa Rosada”, lo que confirma una conexión directa con el poder central.

Maximiliano Bondarenko fue concejal de Florencio Varela y actualmente se desempeña como referente de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral bonaerense. Abiertamente alineado con Patricia Bullrich y Javier Milei, fue uno de los impulsores de la candidatura libertaria en el conurbano sur. Su historial político muestra un derrotero de saltos partidarios: en 2015 ingresó al Concejo Deliberante por el Frente Renovador, luego se acercó a Juntos por el Cambio y más recientemente fue adoptado como figura por el espacio libertario. Hoy, su nombre vuelve a estar en el centro del escándalo.

Entre las pruebas que obran en la investigación figuran documentos oficiales emitidos desde computadoras de la Policía Ecológica con membrete de La Libertad Avanza, dirigidos al intendente de Florencio Varela para obtener información estratégica sobre cámaras de seguridad y móviles policiales. En los hechos, los efectivos actuaban como asesores de campaña de Bondarenko, en horario laboral y con recursos del Estado.

Según el periodista Nicolás Lantos, el objetivo de este grupo no era solamente electoral. Se encontraron mensajes que hacían alusión a un plan de purga dentro de la estructura policial, con la intención de desplazar cuadros jerárquicos y posicionar a referentes afines. El proyecto político era ambicioso: desde colaborar en la campaña hasta soñar con el control del Ministerio de Seguridad bonaerense si La Libertad Avanza lograba hacer pie en la provincia.

Uno de los policías involucrados, el comisario Manuel Ortiz Valenzuela, tiene antecedentes preocupantes. Ya en 2005 había sido desafectado de la fuerza por el entonces ministro León Arslanián por presuntas irregularidades vinculadas a hechos de corrupción. Sin embargo, reapareció en funciones gracias a una designación judicial y hoy figura entre los principales sospechados de liderar la red operativa pro-Bondarenko.

Consultado por el caso, el gobernador Axel Kicillof fue claro: “La verdad que la cuestión esta es delicada, tiene que ver con una investigación que está llevando asuntos internos de la propia policía y que ya fue a sede judicial. Así que para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas, nada más que eso”.

Para el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, el caso va aún más allá: “Estaban organizando una purga policial. Esto ya lo vivimos en los 90, cuando policías retirados manejaban la fuerza y eso derivó en el crimen de José Luis Cabezas. Es peligroso y antidemocrático”.

Pese a la gravedad del asunto, el gobierno nacional se mantiene en silencio. Patricia Bullrich, lejos de repudiar la injerencia política en la fuerza, usó el escándalo como plataforma para relanzar la campaña de LLA en la provincia. “Kicillof odia a la policía”, dijo, victimizando al candidato investigado y transformando el episodio en una oportunidad de propaganda.

Mientras La Libertad Avanza denunciaba sin pruebas un supuesto fraude electoral, se descubrió que sus propios cuadros planificaban desde adentro del Estado una estrategia para condicionar al sistema democrático. La evidencia es contundente: lo que operaba en la comisaría no era solo un grupo de campaña, sino una red de poder con ambiciones institucionales.

El escándalo recién comienza. La pregunta ahora es hasta dónde llega el “Grupo Rocket” y cuántos más como él se están incubando bajo el paraguas libertario.

Un grupo de uniformados fue desafectado de la fuerza tras una denuncia interna que los vincula con el armado de un golpe institucional.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar a 24 policías bonaerenses tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre una posible maniobra interna para impulsar un golpe institucional dentro de la fuerza. La decisión, según explicó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, se tomó luego de detectar indicios graves de una confabulación para desplazar a la cúpula policial y reemplazarla con un grupo afín al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato de Javier Milei.

Frente a versiones periodísticas que vinculaban las bajas con razones políticas o cercanía de los uniformados con Bondarenko, Alonso fue categórico: “Es una tajante mentira que las desafectaciones hayan sido por motivos políticos”. Según detalló, el motivo real fue una grave denuncia recibida por Asuntos Internos, que advertía sobre un grupo de oficiales –algunos de alto rango– que planeaban intervenir la estructura de la Policía Bonaerense para tomar el control institucional.

“En esa denuncia se daba cuenta de un proyecto que incluía pasar a retiro a los altos mandos y poner a este grupo al frente de la policía y del comando institucional”, explicó el ministro. Ante esta situación, se realizó una auditoría preventiva en dos dependencias señaladas, donde se analizaron computadoras oficiales y se hallaron elementos que respaldan la veracidad de la denuncia.

Por esa razón, se resolvió la desafectación inmediata de los 24 policías, aclarando que no se trata de un despido definitivo sino de una medida preventiva mientras avanza la investigación administrativa. “Acá estamos hablando de una falta muy grave contra la ley orgánica provincial”, subrayó Alonso.

El funcionario también marcó límites claros respecto a la participación política dentro de la fuerza: “Si estos policías quieren estar en política, que pidan licencia. Pero no pueden ser las dos cosas. Lo que no puede pasar es que esta persona (por Bondarenko) lidere un grupo de oficiales en funciones. Eso es montar un comando institucional paralelo”.

Por último, Alonso relacionó este episodio con el clima político nacional: “No nos olvidemos de que el Presidente dijo que había que intervenir la provincia de Buenos Aires. Imagínense la insistencia que hay de que la policía se levante en armas contra el Gobernador”.

Después de haber votado a favor de la ley de emergencia en Bahía Blanca, que destinaba 200 mil millones de pesos para reparaciones por la inundación, el PRO apoyara el veto del presidente Javier Milei. Así lo confirmó Cristian Ritondo.

En una decisión que ha generado indignación en Bahía Blanca, el bloque del PRO confirmó que apoyará el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia, a pesar de haber votado a favor de ella semanas atrás. La medida preveía 200 mil millones de pesos para reconstruir la ciudad tras las devastadoras inundaciones que la golpearon en marzo.

El jefe del bloque PRO en Diputados, Cristian Ritondo, fue quien blanqueó el cambio de postura en una entrevista con la señal de streaming Neura, donde sostuvo:

“No me parece que esté bien decirle al Gobierno en qué tiene que gastar la plata.”

Este giro abrupto se produce después de que el PRO sellara un acuerdo político con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, lo que deja en evidencia que las prioridades del partido están más alineadas con los pactos de poder que con las necesidades urgentes de los vecinos de Bahía Blanca.

Votaron a favor y ahora se dan vuelta

En la madrugada del 5 de junio, Ritondo y los otros nueve diputados del PRO por Buenos Aires votaron a favor de los cambios que introdujo el Senado a la media sanción original, incluyendo la asignación específica de fondos para la emergencia. Sin embargo, tras el veto presidencial, el PRO decidió darle la espalda a esa misma ley.

Ritondo intentó justificar el cambio con argumentos ambiguos:

“Ya le dijimos [al Gobierno] cuál era el monto, pero el Ejecutivo sabe en qué tiene que gastarlo.”

Con esta postura, el PRO avala que el Poder Ejecutivo ignore una emergencia social concreta, aludiendo a cuestiones fiscales y de autonomía administrativa, en lugar de defender a las comunidades devastadas.

Una traición a los bahienses

La ley vetada fue aprobada con amplio respaldo en el Congreso y contemplaba medidas concretas: suspensión de ejecuciones fiscales y embargos, prórroga de impuestos, asistencia previsional, y reasignación de partidas presupuestarias para atender a Bahía Blanca y Coronel Rosales.

Sin embargo, el Gobierno de Milei la vetó con el argumento de que afectaba el equilibrio fiscal, minimizando el impacto humano del desastre.

Con su apoyo al veto, el PRO deja clara su prioridad: no es la gente, es el ajuste en beneficio de unos pocos. Entre los diputados que hoy defienden la decisión presidencial figuran nombres como Martín Ardohain, Gabriela Besana, Alejandro Finocchiaro, María Eugenia Vidal y Martín Yeza, entre otros.

Esta traición política al pueblo de Bahía Blanca marca un antes y un después en la relación del PRO con su electorado. Porque cuando más se necesitaba solidaridad, eligieron la obediencia a Milei por encima del compromiso con los afectados.

Un informe del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, muestra que el 51% de los niños con padres trabajadores informales sufre inseguridad alimentaria severa, el nivel más alto desde 2010. En plena recesión y con un Estado ausente, crece la marca indeleble del hambre.

La gestión de Javier Milei suma otro récord alarmante: el 51% de las niñas, niños y adolescentes que viven en hogares donde los adultos tienen trabajos informales o precarios no acceden a una alimentación adecuada. El dato, elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, expone una realidad brutal: en la Argentina 2024, tener empleo no garantiza comida.

El informe, revela que este nivel de inseguridad alimentaria es el más alto de, al menos, los últimos 15 años. Supera incluso los peores momentos de crisis recientes: 49% en la pandemia de 2020 y 43% durante la recesión de 2019. “La precarización laboral es el factor más decisivo en la reproducción de la pobreza estructural”, señala el trabajo.

La situación se agrava en hogares pobres, numerosos o monoparentales, aunque el denominador común es la informalidad: el 42% de los trabajadores argentinos no cuenta con empleo registrado y, de ellos, cinco de cada diez son pobres. Es decir, trabajan, pero no logran cubrir una canasta básica de bienes y servicios.

A lo largo del informe se destaca cómo “la falta de acceso regular a alimentos suficientes, seguros y nutritivos afecta directamente la salud física, el desarrollo cognitivo y el aprendizaje”. En términos concretos, 4 de cada 10 niños y adolescentes argentinos padecen algún nivel de inseguridad alimentaria; 4,3 millones de vidas marcadas por la privación cotidiana.

La situación es aún más crítica en hogares donde el jefe o jefa de hogar tiene empleo informal: allí, la inseguridad alimentaria llega al 51%, 15 puntos por encima del promedio nacional y más de 40 puntos por encima de los hogares con empleo formal.

El documento también evalúa el impacto de políticas como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que logran reducir el riesgo, pero no lo resuelven. “Su impacto es limitado frente a factores estructurales persistentes”, advierten los especialistas. Desde 2018, el alcance de estos programas se amplió, pero la escalada inflacionaria y el deterioro del poder adquisitivo licúan su efecto protector.

Por regiones, la informalidad se ensaña con el norte argentino: el NOA y el NEA superan ampliamente el promedio nacional con tasas que rondan el 50%. La precarización no es solo una variable económica: es una política que deja huella.

El análisis del ODSA traza una línea clara entre el aumento de la informalidad, el abandono estatal y el deterioro social. La inseguridad alimentaria es solo una de sus expresiones más crudas. Mientras el Gobierno se aferra a su dogma de ajuste, las infancias pagan la cuenta del experimento libertario.

El gobernador bonaerense manifestó por redes sociales su repudio a los dichos ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina.

Axel Kicillof repudió las declaraciones del designado embajador estadounidense en Argentina en el Congreso de su país. Con un comunicado publicado en la red social X, titulado como “Lamelas go home”, el gobernador dijo que lo que le resulta “más penoso y alarmante” es el “humillante sometimiento” del gobierno de Javier Milei a “estas prácticas neocoloniales”.

Lamelas, que espera la confirmación del Senado estadounidense, no solo anticipó que respaldará al gobierno de Milei, sino que avisó que recorrerá las provincias para “vigilar que no hagan acuerdos con los chinos” y que intervendrá en el Poder Judicial argentino para “asegurarme de que Cristina reciba la justicia que bien merece”. La referencia explícita a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, a quien dedicó varios minutos de su exposición, incluyó menciones al caso AMIA, a la muerte de Nisman y a la prisión domiciliaria de la exmandataria.

“Repudiamos las declaraciones ante el Congreso de Estados Unidos del candidato de Trump a embajador en Argentina. Son intolerables”, escribió Kicillof. Para el gobernador bonaerense, no se trata de un exabrupto individual sino de una estrategia de Estado: “Al parecer, Washington ha decidido reeditar la obsoleta Doctrina Monroe”.

Aplica aranceles extorsivos a Brasil, cuestiona la soberanía del Canal de Panamá y busca condicionar procesos judiciales ajenos a su incumbencia. Incluso se permite opinar (¿estará opinando o ejerciendo presión?) sobre la absurda condena que pesa sobre Cristina. Resulta evidente que aquel fallo primero se escribió en inglés”.

“Lo más penoso y alarmante es el humillante sometimiento del gobierno de Milei a estas prácticas neocoloniales”, consideró el gobernador, que agregó que el Presidente, “además de bailar en las suntuosas fiestas de Donald Trump, ataca a los gobernadores, desfinancia a las provincias, desprecia el federalismo e incluso ha amenazado con intervenir la provincia de Buenos Aires. No es casualidad”, señaló.

Lamelas expresó, además, su voluntad de reunirse con los gobernadores para dificultar emprendimientos comerciales de las provincias argentinas con China. La respuesta de Kicillof fue tajante: “Ya le adelanto que ni se moleste en venir a La Plata: acá nadie lo va a recibir”.

El gobernador bonaerense ya había denunciado semanas atrás un intento de intervención por parte del presidente Milei sobre la provincia. Ahora, redobla su postura y vuelve a poner el foco en la defensa del federalismo y la soberanía nacional como eje de campaña. “Frente a este nivel de entrega y amenaza, las elecciones de septiembre y octubre no son unas simples elecciones legislativas. Hay que sumar fuerzas para defender la Constitución, el federalismo y la soberanía nacional”, expresó.

Kicillof cerró el comunicado con una posdata en tono directo: “Señor Lamelas: ocúpese de los múltiples problemas que tiene su país y no se meta con la soberanía argentina”.

Luego de que Fuerza Patria presentara a sus candidatos para las secciones de la provincia de Buenos Aires, el gobernador habló de todo en C5N.

Tras el cierre de listas de Fuerza Patria, el espacio que lidera en provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones legislativas del próximo 7 de septiembre, Axel Kicillof estuvo en “Minuto Uno” (C5N) y habló de lo que viene en las siguientes semanas.

“Creían que nos estábamos rompiendo, pero estábamos sumando fuerza. Así que la verdad es un trabajo que hay que agradecer a todos los sectores por la generosidad, por el compromiso y por la comprensión de que la gente nos viene pidiendo que vayamos en una misma boleta para frenar a Milei”, sostuvo.

Y sumó: “Me parece que, en ese sentido, es una buena noticia que para el 7 de septiembre estuvimos construyendo el instrumento para ponerle un freno a Milei, que es la boleta de Fuerza Patria. La única boleta que se opone a Milei es la de Fuerza Patria“, destacó.

“A partir de la condena a Cristina (Kirchner), que fue un catalizador, que quedó muy en claro por la injusticia, por lo que representa, porque era una candidata a la tercera sección electoral, caminando la plaza fue… juntense, armen una lista, y bueno en eso estamos teniendo en cuenta el mandato, la necesidad de la época y comprendiendo que es una etapa de muchísima gravedad, a ver… terrorismo de Estado, más blando, más… pero situaciones muy graves con respecto a la democracia”, describió Kicillof en dirección al avance del ajuste de Javier Milei.

En referencia a esto, advirtió: “Estamos ante un gran peligro y un gran riesgo”. Al mismo tiempo, anticipó: “Van a hacer una campaña sucia, se viene una campaña muy dura para generar desánimo. Claro que estamos preparados, quiero decir con mucha tranquilidad que se vienen meses intensos”.

Elecciones Buenos Aires 2025: cómo quedó conformada la lista de Fuerza Patria en cada sección

Primera sección electoral

•  Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura bonaerense – MDF)
• Malena Galmarini (Frente Renovador)
• Mario Ishii (intendente de José C. Paz)
• Mónica Macha (diputada nacional – Nuevo Encuentro)

Segunda sección electoral

•  Diego Nanni (intendente de Exaltación de la Cruz – MDF)
• Evelyn Flores (La Cámpora San Nicolás)
• Carlos Puglelli (Frente Renovador)
• Cintia Romero (Patria Grande de Juan Grabois)

Tercera sección electoral

•  Verónica Magario (vicegobernadora – MDF)
• Facundo Tignanelli (jefe del bloque de diputados bonaerense de Unión por la Patria – La Cámpora La Matanza)
• Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes)
• Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown)
• Ayelén Rasquetti (diputada provincial del Frente Renovador)
• Luis Vivona (senador por la Primera Sección Electoral)
• María Eva Limone (concejal de Lomas de Zamora – La Cámpora)
• José Galván (dirigente apadrinado por Fernando Espinoza)
• Romina Barreiro (secretaria de Desarrollo Social de Avellaneda – Jorge Ferraresi – MDF)
• Roberto Vásquez (secretario de Seguridad de San Vicente – Frente Renovador)
• María Nardini (actual funcionaria provincial)

Cuarta sección electoral

• Diego Videla (presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó – Pablo Zurro – MDF)
• Valeria Arata (Frente Renovador Junín)
• Germán Lago (intendente de Alberti – MDF)
• Sol Fernández (excandidata a intendenta de General Villegas – La Cámpora)
• Diego Ibáñez (Frente Renovador)
• Julieta Garello (MDF)
• Maxi Capriolli (Frente Renovador)

Quinta sección electoral

• Fernanda Raverta (extitular de Anses – La Cámpora)
• Jorge Paredi (director de ABSA y exintendente de Mar Chiquita – MDF)
• María Laura García (vicepresidenta de Lotería – Frente Renovador)
• Marcelo Sosa (dirigente peronista de Mar Chiquita)

Sexta sección electoral

• Alejandro Dichiara, (vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, exintendente de Monte Hermoso – La Cámpora)
• Maite Alvado (diputada bonaerense – La Cámpora)
• Alejandro Acerbo (intendente de Daireaux – MDF)
• Sofía Vanelli (senadora saliente por la Primera Sección – Frente Renovador)
• Álvaro Díaz (responde al intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles)

Séptima sección electoral

• María Inés Laurini (concejal de Azul – respaldada por Nelson Sombra y Máximo Kirchner)
• Marcos Pisano (intendente de Bolívar – Frente Renovador)
• Evelyn Díaz (funcionaria de Olavarría – La Cámpora)

No hay representación del MDF en esta sección

Octava sección electoral

• Ariel Archanco (actual diputado provincial y presidente del PJ de La Plata – La Cámpora)
• Lucía Iáñez (diputada provincial, cercana a Julio Alak – MDF)
• Juan Malpeli (diputado provincial del Frente Renovador)
• Carola Corra (referenciada por Victoria Tolosa Paz)
• Cristian Vander (concejal y referente del gremio de telefónicos)
• Paula Lambertini (subsecretaria de Educación de La Plata)

Un video viral, un archivo imposible de esquivar y la certeza de que algunos adeptos al oficialismo nacional se quedaron con la sangre en la boca.

La provincia de Buenos Aires está en llamas de cara a la recta final hacia las elecciones legislativas, que se llevarán a cabo el próximo 7 de septiembre. En ese escenario, uno de los grandes perdedores del armado político de La Libertad Avanza fue el “Gordo Dan”, y con él toda su runfla de tuiteros y cualquiera que no le caiga en gracia a Karina Milei, incluido Santiago Caputo.

En este sentido, este lunes el tuitero “Traductor te ama” le contestó al titular de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, que eligió para conformar la lista de ese partido a Pablo Morillo, un hombre que alguna vez se refirió al actual gobernador bonaerense, Axel Kicillof, como “uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina”.

“Buenos días, Sebastián Pareja, vos sos un pelotudo y un hijodeputa. Te vas a la concha de tu madre. Abrazo. (sic)“, escribió el “traductor” en un lenguaje sin lugar a debates semánticos.

Para explicar su rabia, el “traductor” difundió un video antiguo de Morillo en el que explicaba que Axel Kicillof, que fue su jefe político hasta 2023, “está altamente calificado como para ser Presidente de la Nación”, y que “es uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina, sin lugar a dudas”.

En aquella entrevista reflotada por el tuitero este lunes al mediodía, el otrora kirchnerista Morillo decía que Axel Kicillof podía llegar a Presidente de la Nación. “Yo creo que tiene todas las condiciones para serlo”, sopesaba.

“La preparación que tiene, que muchas veces es denostada por la oposición o por sectores del periodismo o de grupos concentrados de poder, esas críticas no se condicen para nada con la preparación que tiene nuestro gobernador, Kicillof”, insistía Morillo en esa entrevista.

Hoy en día Pablo Morillo figura entre los primeros candidatos de La Libertad Avanza para la Segunda Sección Electoral de la provincia de Buenos Aires, lo que hizo montar en cólera a los adeptos del oficialismo nacional.

“El precio de la libertad es la eterna vigilancia”, sentenció el “traductor” airado.

Al parecer, el exfutbolista no soportó las constantes agresiones de un cocinero al que también acusaron de estar pasado de copas y que luego subió la apuesta con sus dichos.

“Argentina no va a negociar con las partes demandantes”. De esta manera el vocero presidencial, Manuel Adorni, le cerró las puertas este viernes a un eventual diálogo con los fondos buitre, que obtuvieron en primera instancia un fallo favorable en el juicio por la expropiación de YPF y exigen el pago de 16.099 millones de dólares. En paralelo, los propios demandantes aclararon que su interés no es quedarse con el 51% de las acciones de la petrolera -y el control de la compañía-, sino que buscan que el Gobierno deposite una “garantía” para tramitar la apelación en marcha.

En primer lugar, el vocero presidencial celebró el fallo que suspendió la entrega de acciones Clase D, ordenada por Loretta Preska el 30 de junio pasado. “Argentina logró que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito disponga la suspensión preventiva de la orden de entrega de acciones de YPF. En consecuencia, la decisión de la jueza se encuentra temporalmente suspendida”, dijo Adorni en conferencia de prensa.

En ese marco, el portavoz aclaró que “esta suspensión seguirá vigente hasta que la Cámara decida si mantiene la suspensión durante todo el tramite de apelación de entrega de las acciones” y remarcó que “no hay un plazo determinado para eso”.

Adorni realizó estas declaraciones horas después de que el gobierno de Estados Unidos volviera a respaldar a la Argentina en el juicio por YPF. El apoyo se concretó tras una presentación escrita del Departamento de Justicia, que se ofreció como amicus curiae en la causa.

El gobierno de Donald Trump pidió que se suspenda la ejecución de la sentencia para preservar la inmunidad soberana, evitar conflictos internacionales y garantizar que el proceso judicial se resuelva correctamente en la instancia de apelación.

La presentación se concretó en las tres causas vinculadas a la entrega de acciones de YPF, iniciadas por demandantes distintos: Petersen Energía Inversora S.A.U. (Case: 25-1687, a cargo de Burford Capital), Eton Park Capital Management (Case: 25-1689) y Bainbridge Fund Ltd. (Case: 25-1686), que corresponde a una parte todavía impaga de la deuda en default del 2001.

Con este apoyo del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Gobierno se animó a cerrar nuevamente la posibilidad de iniciar contactos con los fondos para analizar un acuerdo extrajudicial. “Argentina no va a negociar con las partes demandantes y rechaza categóricamente cualquier discusión malintencionada de reuniones paralelas o acuerdos clandestinos”, sentenció Adorni.

Fondos buitre no quieren controlar YPF

En medio de la presentación del Departamento de Justicia y de los dichos de Adorni, se conoció que los beneficiarios del fallo por la expropiación de YPF informaron a la Corte de Apelaciones de Nueva York que no desean quedarse con las acciones de la petrolera, si es que las reciben como parte del cobro del juicio ganado.

Los fondos presentaron un escrito donde indicaron que buscarán la forma de devolverlas porque no tienen intención de administrar la compañía. Así lo informó el especialista Sebastián Maril, quien además precisó que los demandantes también manifestaron su oposición a que Argentina apele sin presentar una garantía financiera.

De acuerdo a la interpretación de Maril, este planteo, presentado en las últimas horas ante la justicia estadounidense, modifica el escenario procesal del caso.

Es que los beneficiarios del fallo expresaron que no aceptarán una apelación sin garantía. Según Maril, consideran que si Argentina pierde la apelación sin haber dejado una garantía suficiente, será difícil luego ejecutar el fallo por 16.099 millones de dólares.

En esta línea, indicaron que si reciben acciones de YPF como parte de un eventual cobro, no buscarán conservarlas y que tratarán de restituirlas por un mecanismo adecuado. O sea, venderlas.

Cómo sigue el juicio por YPF

En septiembre de 2023, la jueza Loretta Preska falló en contra de Argentina por la expropiación de YPF en 2012 y determinó que el Estado debía pagar 16.099 millones de dólares por no haber realizado una oferta pública de adquisición a los accionistas minoritarios, como indicaba el estatuto de la empresa.

Argentina apeló y el caso está ahora en la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York. Para continuar con la apelación y evitar una ejecución inmediata del fallo, el país debe ofrecer una garantía financiera. Sin embargo, todavía no lo hizo.

Mar del Plata y otros destinos emblemáticos sufren una caída histórica en la ocupación hotelera. El impacto del ajuste económico y el auge del turismo al exterior.

Con el inicio de las vacaciones de invierno, el turismo interno en Argentina enfrenta una de sus temporadas más flojas de los últimos años. En ciudades como Mar del Plata, las reservas hoteleras no alcanzan ni el 30% de las plazas disponibles y el clima en las calles refleja la ausencia del visitante que solía dinamizar la economía local en estas fechas.

El invierno pasado ya había sido preocupante, con picos que apenas llegaron al 60% de ocupación. Pero en este 2025 la situación es más crítica: los operadores turísticos marplatenses reconocen que las reservas rondan apenas el 25%. Desde el sector empresarial esperan que la tendencia mejore en los próximos días, aunque no hay señales claras de un repunte inmediato.

Hernán Szkrohal, vicepresidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, sostuvo que las vacaciones de invierno “nunca fueron el pico de la actividad”, pero reconoció que “el comportamiento del turista está muy por debajo del promedio de años anteriores”.

La crisis también golpea al norte argentino. En Catamarca, Cristian Fernández, titular de la Asociación de Agencias de Viajes, trazó un panorama sombrío: “Venimos muy golpeados, no solo en la provincia sino en todo el país”.

El fenómeno, aseguran los especialistas, no es casual. La combinación de una economía estancada, la pérdida del poder adquisitivo y un dólar relativamente barato llevó a que quienes aún pueden viajar opten por destinos internacionales. “La estrella del primer semestre fueron los viajes al exterior”, afirmó Martín Romano, CEO de una de las principales agencias de viajes del país. Sin embargo, advirtió que ese tipo de salidas están reservadas para un “minimundo” con capacidad económica.

Romano explicó que la clase media —tradicional motor del turismo nacional— está “muy ajustada” y que, quienes todavía pueden moverse, “prefieren alquilar un departamento o buscan opciones más económicas”. Además, reveló que destinos como Iguazú están ofreciendo paquetes completos por menos de 400 mil pesos, lo que desplaza aún más la demanda hacia la costa.

El gobierno, que eliminó los programas de incentivo al turismo interno creados en años anteriores, no ha presentado medidas concretas para revertir la tendencia. Por ahora, el sector se resigna a esperar una reactivación que, si llega, lo hará recién en los fines de semana largos de octubre y noviembre, o directamente en el verano. Mientras tanto, miles de trabajadores dependen de una temporada que parece perdida.

Preguntar a ChatGPT

La Cámara Nacional del Trabajo ratificó el fallo que anula artículos clave del DNU 340/25, por considerar que vulnera derechos laborales y evade el rol constitucional del Congreso. Otro traspié legal en la avanzada autoritaria del Ejecutivo.

La Justicia volvió a ponerle un freno al Poder Ejecutivo. La Cámara Nacional del Trabajo confirmó este lunes la invalidez constitucional de los artículos 2 y 3 del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 340/25, con el que el gobierno de Javier Milei buscaba restringir el derecho a huelga en múltiples sectores, incluyendo la marina mercante. El tribunal consideró que el decreto es formalmente inconstitucional, carece de justificación legal y vulnera libertades fundamentales como la libertad sindical.

El fallo ratifica una decisión previa de la jueza Moira Fullana, en respuesta a un amparo presentado por la Confederación General del Trabajo (CGT), y representa un nuevo golpe jurídico para la estrategia gubernamental de legislar por decreto sin pasar por el Congreso.

El Congreso, ignorado; los derechos, vulnerados

Los jueces Silvia Pinto Varela y Héctor Guisado sostuvieron que el DNU fue dictado cuando el Congreso estaba en funciones, y que el Gobierno no acreditó una situación de emergencia que justificara eludir el proceso legislativo ordinario. “No se explican las razones por las cuales se intentó evitar el tratamiento de la cuestión en el Congreso”, señalaron los camaristas, en línea con lo expresado por la magistrada de primera instancia.

La norma pretendía ampliar arbitrariamente el listado de “servicios esenciales” —lo cual restringe el derecho a huelga— sin debate parlamentario ni participación de los actores sociales involucrados. Para el tribunal, esa medida configura una clara “usurpación de facultades legislativas”.

Una política por decreto que choca con la Constitución

Desde su asunción, Milei ha intentado gobernar a fuerza de decretos y sin diálogo con el Congreso, lo que ha provocado una seguidilla de conflictos legales. El argumento repetido de la “crisis económica y social” fue descartado nuevamente por la Justicia, que advirtió que bajo esa lógica el Congreso perdería toda su función y el Ejecutivo quedaría con poderes ilimitados.

“El problema no es qué sectores son esenciales, sino quién tiene la atribución de definirlo”, explicó uno de los magistrados. La Constitución, recordaron, reserva al Congreso la sanción de leyes de fondo, como la Ley 25.877 que regula los conflictos laborales colectivos.

Libertad sindical en riesgo

Además del vicio de forma, el fallo también apuntó a los contenidos del DNU: su ampliación del concepto de “servicio esencial” limitaba de manera directa el ejercicio del derecho a huelga y la acción sindical, contraviniendo convenios internacionales firmados por Argentina y protegidos por la Constitución Nacional.

Desde la CGT calificaron la decisión como “una victoria en defensa de los derechos conquistados” y advirtieron que seguirán resistiendo judicialmente todos los intentos de avasallamiento por parte del Ejecutivo.

Otro traspié en la ofensiva presidencial

Este fallo se suma a otros recientes donde la Justicia cuestionó o anuló disposiciones del Ejecutivo por su forma inconsulta y autoritaria de legislar. El gobierno de Milei, que acumula derrotas en el plano legislativo y judicial, insiste en forzar normas por fuera de los canales constitucionales.

Mientras el Presidente sigue celebrando en redes sociales, la Justicia recuerda que la democracia no se gobierna a golpe de tuit ni de DNU. Y que los derechos laborales no se negocian en la Casa Rosada.