El Gobernador buscará aprobar el jueves en la Legislatura un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, buscará aprobar el jueves en la Legislatura bonaerense un proyecto para crear la “Empresa bonaerense de emergencias en salud” y el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, dos sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria que tienen como objetivo profundizar la integración del sistema de salud.

Las iniciativas fueron incluidas dentro de un proyecto enviado el viernes pasado por el Poder Ejecutivo a las cámaras en el que además se busca prorrogar el estado de emergencia vigente en diversas áreas como seguridad, salud y educación, y se solicita autorización de endeudamiento por el equivalente en pesos de US$ 1.800 millones para hacer frente a los servicios de deuda del año próximo.

Según explicó en declaraciones formuladas a Télam el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se trata de “herramientas claves para profundizar la integración del sistema de salud”.

Kreplak detalló que se proyecta que “ambas iniciativas se constituyan bajo el modelo de Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, lo que quiere decir que la provincia tendrá su control”.

Describió que “la Empresa bonaerense de emergencias en salud busca mejorar el sistema de emergencia de toda la provincia mejorando los estándares de calidad y el financiamiento”.

“Sabemos que son grandes problemas que cada distrito y cada localidad tiene. Tenemos el proyecto y sabemos cómo hacer para contribuir a esa solución. Esperemos que nuestros legisladores y legisladoras las puedan convertir en ley para inmediatamente trabajar para concretarlas”, cerró.

En las propuestas, a las que tuvo acceso Télam, se precisa que el “Centro de Industria Farmacéutica Bonaerense”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, tendrá por objeto “realizar la investigación, el desarrollo, la producción, el fasoneo, el fraccionamiento, la transformación, la terminación, la importación y/o la exportación, la compra, la venta y la distribución por mayor y/o menor así como el control de calidad de todo tipo de medicamentos, vacunas, insumos, productos médicos, equipamientos, ingredientes farmacéuticos activos, estándares primarios y secundarios para control de calidad de la producción, insumos médicos odontológicos, productos sanitarios y cualquier otro insumo necesario para la salud”.

También, se dedicará “al control de calidad fisicoquímico y microbiológico de alimentos y agua, la explotación de patentes de invención, licencias, fórmulas y marcas nacionales o extranjeras, actividades de representación, mandato, comisión y consignación, la importación y exportación, así como toda otra actividad tendiente a fortalecer el desarrollo tecnológico, científico, productivo, de innovación de la propia sociedad, así como del sector público y privado de la provincia de Buenos Aires”.

En la propuesta enviada a la Legislatura se pretende crear la “empresa bonaerense de emergencias en Salud”, en jurisdicción del Ministerio de Salud, con el objeto de “prestar el servicio de emergencias en salud que comprenderá la asistencia sanitaria ante urgencias o emergencias”.

En paralelo, se ocupará de la logística y transporte de usuarios y usuarias del sistema de salud, ya sea traslados pre hospitalarios o bien traslados y derivaciones inter hospitalarios, la logística y transporte de insumos críticos del sistema de salud y residuos patogénicos de establecimientos de salud, y el manejo de un sistema integral de emergencias en salud”.

En la norma enviada a la Legislatura se aclaró que “el Poder Ejecutivo dictará los estatutos societarios de las sociedades creadas con el fin de optimizar el cumplimiento del objeto social” y se indicó que “a tales fines podrá autorizarlas a emitir, en el país o en el extranjero, debentures, obligaciones negociables y otros títulos de deudas en cualquier moneda con o sin garantía real, especial o flotante, convertibles o no, para el cumplimiento de su objeto social”

El peronismo de la Provincia convocó a empresarios, políticos y dirigentes para plantarse al decreto antidemocrático impulsado por el Presidente.

En medio del revuelo social y político por la presentación de un súper DNU por parte del presidente Javier Milei para “desregular la economía”, desde el PJ bonaerense salieron a plantar la bandera del rechazo a las medidas y convocaron a presentar resistencia no solo en el Congreso, sino también en las calles.

Desde la organización que comanda Máximo Kirchner, señalaron que el gobierno de Milei “tiene una serie de desafíos por delante que decidió encarar de la peor forma: de manera inconstitucional, de espaldas al pueblo y a sus representantes en el Congreso, pretende imponer un programa de flexibilización laboral, impositiva y ambiental que no tiene una sola coma de novedoso”.

“No por casualidad los personajes de la foto son los mismos que llevaron a la Argentina al desastre con los gobiernos de Fernando de la Rúa y de Mauricio Macri”, sentenciaron.

En ese plano, señalaron que el DNU “inconstitucional” del presidente Milei “agrava todos y cada uno de los problemas que dice buscar resolver: la pérdida de los más básicos derechos laborales no va a mejorarle la vida a un solo argentino que viva de su trabajo; la privatización de las empresas públicas no va a provocar sino la pérdida del patrimonio nacional; la desregulación de las obras sociales y prepagas no va a mejorar la atención de ningún afiliado”.

“El resultado de la aplicación de estas medidas no va a ser distinto al que tuvo la Argentina cada vez que experimentó este tipo de recetas fracasadas: la destrucción del empleo y el entramado PyME, la pérdida de soberanía sobre nuestro territorio y sus bienes naturales comunes, el quiebre del sistema de protección y cuidado sobre nuestra gente”, aseveraron.

“La sociedad argentina eligió como presidente a Javier Milei y su decisión debe ser respetada en el marco de las reglas democráticas. Pero su mandato es tan legítimo como el del Congreso de la Nación y la plena vigencia de la Constitución Nacional”, subrayaron.

Por eso, desde el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires rechazaron tanto el decreto como el contenido de estas medidas, las que, aseguraron, vienen a “desregular ya no la economía sino la vida entera de nuestra gente y la casa común que habitamos para garantizar y hacer crecer la ganancia de un pequeño grupo”.

Finalmente, convocaron a “todos los actores y sectores de nuestra vida política y social, a los partidos políticos, los sindicatos, a los empresarios y representantes de las PyMES, a los movimientos sociales y los bloques en el Congreso de la Nación a rechazar las medidas propuestas por el presidente Milei y trabajar en conjunto, de cara a la sociedad, con la responsabilidad necesaria que el tiempo histórico y nuestro pueblo nos demanda”.

Quiso usar la campaña que tiene como objetivo recaudar fondos que comenzó “Manu” Ginóbili para engañar a personas que aportan a la colecta. Pidió perdón y dijo que se trató de una broma.

Iván Safar, hijo de la concejal de Avanza Libertad Valeria Rodríguez, creó en las últimas horas una cuenta similar a la impulsada por Manu Ginóbili y otras figuras destacadas para ayudar a las víctimas del temporal, pero en su caso para estafar a los bahienses.

La fiscal Marina Lara habló esta mañana en La Brújula 24 respecto de la investigación en torno al accionar del acusado.

“El Ministerio Público Fiscal tiene la potestad y la obligación de actuar de oficio cuando toma conocimiento de hechos que pueden ser tipificados como delito. Por eso, teniendo en cuenta esa normativa legal y que las dependencias policiales hoy están funcionando a medias, de hecho muchas no tienen luz, es que estamos armando causas de oficio”, dijo la profesional. Y agregó que “efectivamente, lo hice, por la noticia que salió en todos los medios masivos de comunicación”.

“Formé la causa y le pedí allanamiento a la jueza de garantías, con el único objetivo de recolectar elementos probatorios que puedan dar sustento a una eventual imputación. Se concedió la orden y se allanaron dos domicilios, incautándose CPU y una PlayStation, porque son dispositivos que tienen acceso a internet”, relató Lara.

Y a modo de análisis, dijo que “imputación todavía no hay ninguna, podría existir una tentativa de estafa, pero hay que tener en cuenta algunas cuestiones muy técnicas”. Y explicó: “Hay que ver si la tentativa fue acabada o no, es decir, si a esta cuestión de querer inducir a error a través de la creación de una cuenta similar, de una cuenta que tuvo trascendencia pública, si le dio publicidad o no”.

«ME FUMÉ UN PORRO Y LO HICE»

Cabe recordar que después de la impresionante difusión mediática que tuvo el caso, Safar dijo que se trató de un “error”, tras haber fumado marihuana con sus amigos. Pero amén de la excusa, en las últimas horas allanaron su domicilio.

El hombre se desvaneció este jueves por la madrugada mientras una gran cantidad de personas se manifestaba en el centro de La Plata. Falleció en el San Martín.

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento del hombre que fue internado de urgencia tras desmayarse en medio del cacerolazo que reunió a gran cantidad de personas en el centro de La Plata en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) presentado por el presidente Javier Milei.

El episodio se registró durante la madrugada de este jueves, cuando aún perduraba la movilización en la esquina de 7 y 50. Según informaron fuentes policiales y médicas, la víctima fue identificada como Jorge Antonio Messina, de 72 años.

De acuerdo a lo indicado, el personal del SAME La Plata acudió de inmediato a la escena tras un llamado al sistema de emergencias y lo trasladó al hospital San Martín, debido a que “había entrado en paro”.

Este jueves por la mañana, los voceros confirmaron a este medio que finalmente murió como consecuencia del paro cardíaco sufrido. No obstante, la causa fue caratulada como “averiguación causales de muerte”, mientras la investigación esté en curso.

ÍMAGINES SENSIBLES

Minutos antes de las 23 del miércoles, varias personas acudieron con sus cacerolas a la icónica esquina de 7 y 50 para hacer oír su repudio frente al “megadecreto” de Milei para desregular la economía.

El descontento también se hizo sentir en otros puntos de la ciudad, con vecinos golpeando cacerolas desde los balcones de los edificios y saliendo a la calle.

Arana y Centenario, en Villa Elisa, fue otro de los lugares donde en principio un grupo de unas 30 personas se acercó para manifestarse pacíficamente, tal como indicaron fuentes policiales a este medio.

LA CADENA NACIONAL DE JAVIER MILEI

El presidente Javier Milei grabó en Casa Rosada la cadena nacional que se emitió este miércoles a las 21, donde presentó su Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) para desregularizar la economía. El mandatario estuvo acompañado por todo su gabinete.

Entre las principales iniciativas de este decreto con el que se pretende modificar o derogar más de 300 leyes sin la necesidad de pasar por el Congreso, figuran cambios en el sistema laboral, la simplificación de algunos trámites burocráticos para modernizar el Estado, un plan de achicamiento de gastos públicos y la derogación de la Ley de Alquileres.

El intendente de Pehuajó apuntó contra el decreto del Presidente. Pidió a los Diputados que no lo avalen y advirtió que quién lo haga será un traidor a la Patria.

En cadena nacional, el presidente Javier Milei enumeró los principales artículos del Decreto de Necesidad y Urgencia que deroga 300 leyes entre ellas la de Alquileres, de Góndolas, Compre Nacional y Abastecimiento. También avanza hacia la privatización de empresas pública, la cesión del paquete accionario de Aerolíneas y la llegada de las SA al fútbol e incluye cambios en la medicina prepaga y las obras sociales.

Desde sus redes sociales, el intendente de Pehuajó, Pablo Javier Zurro, cruzó el anuncio del DNU. “¡Que lindo anuncio de la casta! Estamos en presencia de otro enorme perjuicio al pueblo argentino”, dijo .

Y pidió “¡POR FAVOR Diputados no avalen este avasallamiento! El que avale esto será un traidor a la Patria”.

La Federación Marítima y Fluvial FeSiMaF se reunió con el sector empresario tras la circulación de rumores que indican que el Gobierno de Javier Milei pretende desregular el sector y arrinconar a la Reserva de Cabotaje Nacional. Alertan sobre el peligro que implica para los puestos de trabajo del sector.

El sector empresario de la Marina Mercante Argentina con representantes de la FENA, la CNA y la CARBA respondieron al pedido de reunión de la Federación Marítima y Fluvial FeSiMaF.

El peligro empieza a sonar en forma de rumores que circulan desde el oficialismo. Junto a medidas desregulatorias en actividades productivas, industriales y de servicios, el Gobierno de Milei buscaría eliminar la Reserva de Cabotaje Nacional para buques argentinos o con tratamiento de bandera.

Aseguran que los argumentos circulan en función del «alto costo comparativo de los fletes de cabotaje nacional respecto del que eventualmente cobrarían las flotas extranjeras».

Por el momento no informaron ni consultaron al sector para tomar estas medidas, pero aseguran que si esto fuera confirmado oficialmente «pondrá en grave peligro la continuidad de la Marina Mercante Argentina y consecuentemente, nuestros puestos de trabajo».

Al respecto, todos los gremios mantendrán la unión en todas las negociaciones «en defensa de los puestos de trabajo y planificar las distintas acciones conducentes a alcanzar esos objetivos».

Fuente: infogremiales

La medida se basa en violaciones a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor. La provincia ya había imputado a Rappi por prácticas similares, sancionándola con una multa de $59 millones.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires sancionó a la empresa de delivery “PedidosYa”, que deberá devolver dinero a sus clientes bonaerenses, retirar de sus contratos una cláusula abusiva y pagar una multa de $ 62.400.000, informó el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.

En un comunicado, se indicó que el Poder Ejecutivo le ordenó a la empresa la devolución del dinero cobrado a usuarios y usuarias bonaerenses en concepto de “tarifa de servicio”, y le informó que deberá suprimir ese costo adicional en sus contratos.

“La Provincia había imputado en marzo a la empresa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor, dándole la posibilidad de evitar la multa si retiraba ese extra, aunque la firma decidió no hacerlo“, se explicó.

La compañía, además del gasto por envío, cobra -y continúa cobrando- un cargo extra denominado “tarifa de servicio”, que no se informa con antelación y del que la persona consumidora se entera únicamente en el momento del pago.

Desde Producción se planteó que “se trata de un adicional que fue constituido claramente para aumentar las ganancias, a costas de trasladar gastos y costos operativos de la propia plataforma a las y los consumidores y usuarios”.

Se aclaró que en el procedimiento llevado a cabo por la la Dirección Provincial de Defensa de las y los Consumidores Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones, dependiente de la cartera productiva provincial, “se garantizó a PedidosYa su derecho de defensa”, y se planteó que “sin embargo, la empresa se negó a modificar su conducta por lo que, además de la multa, se le ordenó cesar el cobro y suprimir el concepto ‘tarifa de servicio’”.

Así, la Provincia ordenó a PedidosYa que arbitre los mecanismos adecuados para reintegrar a las y los consumidores bonaerenses los montos abonados por este concepto, que no existía hasta fines de 2021 y fue incluido en enero de 2022.

Ese dinero, actualizado a la fecha de hoy, deberá ser devuelto a usuarios y usuarias bonaerenses.

“No es en absoluto una actitud antiempresa, sino al contrario, se le dio a la empresa la posibilidad de corregir esa cláusula, pero decidió no corregirla y por eso llega la multa”, destacó el subsecretario de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones provincial, Ariel Aguilar. Y agregó: “Si PedidosYa quitaba ese concepto, la multa no llegaba”.

En marzo de este año, la Provincia ya había imputado a las empresas Rappi y PedidosYa por presuntas prácticas abusivas detectadas por autoridades bonaerenses, a partir del cobro de cargos extra en los envíos, con apercibimiento de aplicarles multas por más de 400 millones de pesos, que en ese entonces era el máximo permitido por la ley.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los consumidores, la cartera productiva imputó a las empresas Rappi y PedidosYa por el cobro de cargos adicionales compulsivos en violación a la Ley Nacional de Defensa del Consumidor.

En ese marco, la empresa Rappi fue sancionada en septiembre con una multa de 59 millones de pesos. Además, le fue ordenado retirar la “tarifa de servicio” y devolver a usuarios y usuarios de la Provincia lo cobrado por ese cargo.

En momentos de las imputaciones, se había detectado que las empresas no daban información detallada y precisa respecto de cuál era el motivo o la composición de la “tarifa por servicio” que aplicaban a sus usuarios y usuarias, y que obligaban a pagarlo para finalizar la compra, negando la posibilidad de rechazar el cargo.

De esta forma, ese cobro adicional resultaría una práctica abusiva por parte de las empresas, que aumenta el precio de los productos y servicios y traslada, a consumidores y usuarios, costos y gastos empresarios, propios de la actividad, que deben estar a cargo de las respectivas plataformas.

La sanción a PedidosYa es un importante precedente para la defensa de los derechos de los consumidores en la provincia de Buenos Aires.

“El valor de la harina se disparó, hoy una bolsa sale 11 mil pesos y esto no para. El pago es al contado y el precio es hoy”, dijo presidente de la Federación Industrial Panaderil bonaerense.

Raúl Santoandre, presidente de la Federación de la Industrial Panaderil Bonaerense habló sobre el aumentó del pan y también contó cuál es el precio hoy del pan dulce en las panaderias.

“El valor de la harina se disparó, hoy una bolsa sale 11 mil pesos y esto no para. El pago es contado y el precio es hoy”, aseguró

“El pan está desde 1700 a 2 mil pesos. La docena de facturas está en 3 mil pesos y el pan dulce en una panadería 10 mil”. 

“Antiguamente se dejaba un stock para comercializar internamente y abastecer a todos los argentinos, aparentemente ese stock se exportaría a valor internacional, entonces el trigo, ese mismo trigo que se convierte en harina lo quieren comercializar en nuestro país, eso esta ocurriendo hoy, por eso el valor de la harina se disparo”, afirmo el presidente de la Federación Panaderil Bonaerense.

Fuente: Radio Continental.

“Que la libertad del mercado se vaya al carajo, la gente está primero”, explicó el intendente Francisco Echarren.

De cara a las fiestas, y en un contexto minado de aumentos por las medidas de ajuste del gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri, el municipio bonaerense de Castelli fijó los precios de varios cortes de carne un 60 % más baratos que el valor de mercado.

Su intendente, Francisco Echarren, explicó por AM750 que en el municipio se podrá comprar un kilo de asado por $2.900, cuando, por ejemplo, en una reconocida cadena de supermercados el precio ascendía a $5.500.

Al justificar la decisión, Echarren aseguró que “como intendente, desde el punto de vista humano, uno no se puede quedar de brazos cruzados viendo cómo un presidente destroza la economía del país, empobrece a los trabajadores y produce situaciones injustas”.

Por eso, aseguró que si bien entiende que no va a poder “evitar las consecuencias macroeconómicas”, dijo que sí va a estar “en un lugar de defensa de la gente”. Y lo sintetizó todo en una idea contundente: “Para mí es una enorme alegría poder hacer esto para los vecinos. Que la libertad del mercado se vaya al carajo, la gente está primero”.

“Es un grito de rebeldía ante esto que estamos viviendo, que se perdió el valor de los salarios por la devaluación, donde hay un desquicio por el aumento de precios. Que no tiene que ver con el retiro del Estado en los controles. Toda una serie de cuestiones que hacen que las expectativas construyan una espiral de inflación que afectan a los trabajadores y la clase media”, se lamentó.

Además, Echarren destacío que “en este escenario no nos pensamos quedar de brazos cruzados”, sino que buscarán “defender con justicia social a cada vecino, sobre todo en esta época del año”. “Vamos a intervenir con la estructura de costos, con las humildes herramientas que tenemos, pero con la firme convicción de creer en un Estado que regule el precio de los alimentos en un proceso de ajuste y recesión”, indicó.

De esta manera, Castelli comprará directamente la carne a los productores, hará la faena en una empresa local a cambio del adelanto de impuestos futuros y la suministrará a las carnicerías locales habilitadas para que las mismas puedan tener, también, un repunte en las ventas que vienen en picada. 

Así lo anunció la administración bonaerense a través del ministro de Gobierno.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires liderado por Axel Kicillof remarcó este martes que no formará parte del protocolo antipiquete anunciado por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, para las movilizaciones que tengan corte de calles e impidan que la sociedad llegue a sus destinos en tiempo y forma.

“Sé que hay contactos entre nuestro ministro de Seguridad y el de la Nación, como corresponde, son contactos institucionales y operativos. No nos han solicitado que apliquemos el protocolo y no vamos a aplicar ese protocolo porque no estamos de acuerdo con las disposiciones, que entre otras cosas, creo que criminaliza en cierto sentido la protesta”, expresó el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco por Radio La Red.

Y agregó: “Por supuesto que las protestas tienen que ser con cierto orden, pero lo que han hecho sobrepasa un límite que hemos tenido en todos estos años de democracia. Recién escuchaba cuestiones de reconocimiento facial que hay que ver si están validadas en el marco de la normativa legal. Son cosas que habrá que analizar”.

El funcionario sostuvo que “nadie hace una protesta si no tiene una necesidad” y se mostró a favor en trabajar para que no haya desmanes ni caos en las calles.

“Nadie quiere una situación de violencia, de desmanes y de caos, por eso vamos a trabajar en la provincia para que no se produzcan ninguna de estas situaciones”, dijo.

Sobre las personas que se movilizarán este miércoles y que reciben planes sociales, Bianco afirmó que es una “cuestión persecutoria” la que hace el Gobierno Nacional con amenazar en quitarle los beneficios a los que marchen.

“Creemos que tienen que cobrar los programas que vinculan trabajo y distintas actividades laborales que se realizan en la provincia, lo tienen que pagar en tanto y en cuanto cumplan con sus obligaciones. Esto me parece una cuestión persecutoria. Nosotros, juntos con los municipios y las cooperativas, siempre trabajamos para que estos programas reciban lo que corresponda. Esa es nuestra posición”, explicó.

Mañana se espera una masiva marcha de agrupaciones sociales rumbo al Centro poreño para manifestarse en contra de las medidas económicas dispuestas por el Gobierno de Javier Milei y pedir una ampliación en los fondos destinados a planes sociales.