Ante el conflicto que se desató entre Ucrania y la Federación Rusa, el frente opositor emitió un comunicado donde exige al Gobierno que “explique la relación con Rusia”. Además, Carrió salió a decir que la vicepresidente “juega” con Vladimir Putin.

Este jueves desde Juntos por el Cambio no esperaron ni un segundo para alinearse con los Estados Unidos y la OTAN. En un breve comunicado, la alianza opositora liderada por Mauricio Macri salió a condenar la invasión a Ucrania y exhortaron al Gobierno argentino a hacer lo mismo, cuestión que más tarde ocurrió.

Sin embargo, algunos de sus dirigentes fueron más allá e hicieron un aprovechamiento político del viaje previo que hizo el presidente Alberto Fernández a Rusia. En ese sentido, interpelaron al canciller Santiago Cafiero para que “explique la relación con Rusia“.

Pero no termina ahí, también apareció Elisa Carrió a decir que “Cristina juega con Putin y esto es peligrosísimo porque pone a la Argentina al lado de las dictaduras”, sostuvo la ex diputada que además comparó a Vladimir Putin con Adolph Hitler.

El posicionamiento sobre Ucrania de la alianza opositora empezó hace ya varios días y se intensificó después de un encuentro de la mesa federal de Juntos por el Cambio, en el que tanto la presidenta del PRO Patricia Bullrich como el de la UCR Gerardo Morales llamaron a que el Gobierno condenara el accionar ruso.

Este jueves Bullrich fue un poco más allá y junto a Graciela Ocaña visitaron la embajada de Ucrania en CABA donde se reunieron con el encargado de negocios de la representación diplomática: “Es inaceptable la invasión de Rusia a Ucrania. Nos recuerda períodos oscuros de la historia universal. Por nuestra propia historia, debemos ser contundentes en contra de la neutralidad”, dijo la titular del PRO.

Tras el avance militar, emitieron un breve comunicado: “Desde Juntos para el Cambio expresamos nuestra absoluta condena ante la invasión desplegada por la Federación Rusa en Ucrania, vulnerando la integridad territorial de ese país”, remarcaron.

“Repudiando la violación de la soberanía ucraniana, y pidiendo el respeto a las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas y las normas del Derecho Internacional, nos solidarizamos con el pueblo de Ucrania y lamentamos la pérdida de vidas inocentes, acompañando a las familias de las víctimas en este difícil momento”, afirmaron.

Vale remarcar que en contra de lo publicado por la oposición, una vez conocida la noticia del avance ruso sobre Ucrania, el presidente Alberto Fernández condenó los ataques, y sostuvo en sus redes: “Lamento profundamente la escalada bélica que conocemos a partir de la situación generada en Ucrania. El diálogo y respeto a la soberanía, la integridad territorial, la seguridad de los Estados y a los derechos humanos garantizan soluciones justas y duraderas a los conflictos”, aseguró el presidente sobre la crisis que se vive entre ambos países.

Surge de los datos oficiales del Estado argentino. La llegada de Alberto disminuyó la sangría de argentinos.

La directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, confirmó, en base a datos oficiales, que durante al expresidente Mauricio Macri se fueron del país el doble de personas que durante la gestión de Alberto Fernández. Las consecuencias del ajuste brutal.

“El promedio diario de personas que salieron y no volvieron por 1 año durante el macrismo es de 164 x día. Mientras, al tomar los datos de la declaración jurada migratoria (desde 2020), el promedio diario de personas que consignaron mudanza es de 78 por día. Menos de la mitad”, explicó Florencia Carignano a través de una publicación en Twitter en la que, además, adjuntó cuadros estadísticos. Otra mentira macrista que se cae.

Carignano salió al cruce de Macri, quien, sin sustento alguno, dijo que el país atraviesa “el mayor éxodo de argentinos de su historia”, en una de sus nuevas cartas de fin de semana que comparte en las redes sociales cada vez que quiere cuestionar al gobierno de Alberto Fernández y recordarles a los argentinos su deseo de volver a ser Gobierno o, simplemente, hacerse ver mientras son otros los referentes de su espacio los que se confiesan con los periodistas amigos del expresidente.

El Jefe porteño avanza con los negociados inmobiliarios y siguen cayendo denuncias que acusan a Rodríguez Larreta de entregar patrimonio de la Ciudad a privados.

Una vez más el Grupo IRSA volvió a quedarse con un importante edificio público de la Ciudad de Buenos Aires y las organizaciones que trabajan en defensa de las tierras públicas denunciaron que el Gobierno porteño se lo vendió a la mitad del precio de mercado.

Se trata del inmueble ubicado en Beruti y Avenida Coronel Díaz –frente al Alto Palermo, del que IRSA es dueño– en el que actualmente funciona la Sede Comunal N°14. El holding empresarial de Eduardo Elsztain desembolsó en subasta pública poco más de 20 millones de dólares para quedarse con los más de 8400 metros cuadrados construidos en una de las zonas más cotizadas de la ciudad. Ahora, el GCBA tendrá 30 meses para desalojar el lugar y entregarlo a IRSA: las organizaciones sospechan que el holding lo utilizará para ampliar el shopping. 

La subasta del Banco Ciudad se abrió el pasado 18 de febrero y tuvo solo dos ofertantes. Al precio base fijado por el Gobierno –20 millones de dólares–, IRSA le agregó solo 110 mil dólares y así se quedó con el edificio. “Luego de una puja de dos oferentes, el GCBA lo vendió por 20.110.000 dólares, es decir a 2.372 dólares el metro cuadrado.

Sin embargo, según detalló Página 12, como el pago se debe realizar al cambio oficial, la Ciudad recibirá la mitad de dicho valor, es decir, 1.186 dólares. Más de un 50 por ciento más barato que el valor de mercado. Por si faltaba más, el pago se realiza en pesos”, denunciaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC).

“Rodríguez Larreta se consolida como el testaferro político de IRSA. Nunca antes IRSA ha tenido tantos beneficios por parte de un Gobierno en detrimento del bien común de la ciudadanía porteña”, dijo a Jonatan Baldiviezo, fundador del ODC. 

“Se le otorgó la concesión del centro de Convenciones y Exposiciones al lado de la Facultad de Derecho a un conglomerado de empresas del que forma parte IRSA. El GCBA puso la tierra, construyó el edificio y le otorgó la concesión con un canon irrisorio. También le otorgó el permiso para la construcción de Ciudad Palmera, un negocio conjunto con la empresa Portland. De las cuatro hectáreas ubicadas en Caballito, dos tendrían que haber pasado a manos del Estado para espacios verdes. El GCBA no le exigió ningún metro cuadrado y el emprendimiento fue frenado en la Justicia”, recordó Baldiviezo. 

“Ahora le entrega a menos de la mitad de valor de mercado el edificio de Beruti que IRSA seguramente utilizará para expandir el Alto Palermo, quizás también construyendo un puente sobre la calle como hizo en Arenales”, advirtió. 

El holding empresarial ya es dueño de otros centros comerciales de CABA: Abasto Shopping, DOT Baires, Alcorta Shopping, Patio Bullrich y Distrito Arcos. “Para Larreta el interés privado de IRSA es prioridad, al límite de vender un predio sin saber dónde relocalizar el edificio de la Comuna 14“, agregó Baldiviezo sobre la venta del edificio de 8.475 metros cuadrados. Antes de la venta definitiva, el GCBA ya había intentado rematar el inmueble pero no hubo ofertantes.  

La Ley N°4481, aprobada por la Legislatura en diciembre de 2012, fue la que autorizó a la administración porteña a enajenar el inmueble. La norma habilitó la venta de ese y otros catorce edificios y tierras públicas con el objetivo de construir con lo recaudado la llamada “Ciudad Judicial”, en un predio que “albergue a las áreas jurisdiccionales del Poder Judicial de CABA”. El texto de la ley agregaba que el lugar en cuestión debería tener “una superficie de entre 40.000 y 60.000 metros cuadrados” y estar “emplazado en la zona sur de la Ciudad”. 

“De esta ciudad judicial no hay ninguna novedad luego de diez años. No existe ningún proyecto o avance que se haya informado. Aún así el GCBA decidió vender el inmueble de Beruti cuando no existe ninguna urgencia”, advirtieron ahora desde el ODC y agregaron que “esto se demuestra con la cláusula que estipula que el GCBA seguirá utilizando el inmueble por otros 30 meses más. Una declaración de que el inmueble es necesario para la ciudad y que es totalmente inoportuna su venta”.

Así lo aseguró el juez Luis Carzoglio ante los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia, al exponer sobre la llamada “mesa judicial bonaerense” destinada presuntamente a armar causas contra gremialistas.

El suspendido juez de Garantías de Avellaneda Luis Carzoglio confirmó este martes ante los miembros de la Comisión Bicameral de Inteligencia que agentes de la AFI lo presionaron para que detenga a los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano, al exponer sobre la llamada “mesa judicial bonaerense” destinada presuntamente a armar causas contra gremialistas.

Por otra parte, el exdirector del Área de Asuntos Jurídicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Juan Sebastián De Stéfano concurrió a la comisión pero presentó un escrito donde dijo que no responderá preguntas debido a que fue citado por el juez Ernesto Kreplax a prestar declaración indagatoria sobre ese tema.

Carzoglio había rechazado un pedido fiscal para detener al dirigente camionero Pablo Moyano en una causa por presuntas irregularidades en el club Independiente, del cual el sindicalista es directivo.

Por esa cuestión, Carzoglio fue sometido a un jurado de enjuiciamiento, que lo suspendió en 2019.

El diputado Rodolfo Tailhade informó que Carzoglio dijo que el juez de Lomas de Zamora Gabriel Vitale “también sufrió la misma maniobra”, por lo cual “vamos a citar a este magistrado”.

Carzoglio les dijo a los diputados que “el responsable de esta maniobra, de esta intimidación que lo afectó a él, tiene nombre y apellido y es Mauricio Macri“, amplió el legislador.

El empresario macrista se suma al ex funcionario de Cambiemos Pepín, que está prófugo en Uruguay.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) emitió este lunes un pedido de captura internacional contra Leonardo Cositorto, CEO de Generación Zoe. El empresario tiene vínculos con dirigentes del PRO y apoyó la candidatura de Diego Santilli en provincia de Buenos Aires.

El pedido de captura sostiene que Cositorto está señalado por dirigir y promover, junto con otras siete personas, el «haber acordado asociarse para cometer ilícitos indeterminados, simulando ser una empresa de la fachada «ZOE» y «Al Coaches SAS» dedicada al dictado de cursos de Coaching, Mentoring, Trading, entre otros, con una solvencia extraordinaria a sabiendas que no contaban con los fondos suficientes para llevar adelante la operación financiera».

En su alerta, Interpol sostuvo que Cositorto y sus socios habrían inducido al error a los damnificados «haciéndoles creer falsamente que al realizar un depósito de dinero que se instrumentaba a través de simples recibos, los imputados se encontraban en condiciones de pagar por lo menos un interés de un 7,5% mensual en dólares».

De esta manera, Cositorto es el segundo macrista prófugo de la justicia. El más emblemático es Pepín Rodríguez Simón, ex funcionario de Cambiemos. Rodríguez Simón fue parte de la mesa judicial que el gobierno de Mauricio Macri llevó adelante para perseguir a rivales políticos. Fue un hecho inédito en la democracia argentina. Rodríguez Simón se escapó a Uruguay y nunca más volvió.

El máximo tribunal fijó una audiencia entre la Ciudad y el Gobierno Nacional en el marco del juicio por el quite de fondos de coparticipación decretado por el gobierno de Alberto Fernández en 2020.

A dos años del DNU de Alberto Fernández que recuperó fondos de coparticipación que Mauricio Macri destinó durante su presidencia a la Ciudad de Buenos Aires, este jueves la Corte Suprema convocó a una audiencia entre Nación y la Ciudad de Buenos Aires.

La reunión clave fue pactada para el próximo el 10 de marzo a las 11 de la mañana, y fueron citados el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro.

La audiencia fue fijada “en los términos del art. 36, inc. 2, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación”, y frimada por los jueces Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

El objetivo de la audiencia entre Nación y Ciudad será “intentar una conciliación total o parcial del conflicto o incidente procesal, pudiendo proponer y promover que las partes deriven el litigio a otros medios alternativos de resolución de conflictos”.

En caso de no haber acuerdo, la Corte Suprema de Justicia deberá dictar una sentencia para resolver el conflicto.

El ministro de Defensa solicitó “un informe exhaustivo y pormenorizado” de todas las actuaciones vinculadas al ejercicio militar denominada “Puma” durante la gestión de Cambiemos.

Jorge Taiana señaló que se encuentra investigando el ejercicio militar en territorio venezolano durante el gobierno de Mauricio Macri y aseguró que “no le sorprende” que “el gobierno de Macri, que era un miembro activo del Grupo de Lima, haya tenido una actitud intervencionista en Venezuela”.

“A raíz de esta información, he solicitado un informe exhaustivo y pormenorizado de todas las actuaciones vinculadas a dicho ejercicio denominado ‘Puma’, verificando si se cumplió con la normativa vigente, la ley de Inteligencia, de Defensa, de Seguridad Interior, así como la naturaleza y objetivos de dicho ejercicio”, detalló Taiana.

Sobre los resultados que podría tener esa disposición, el titular de la cartera de Defensa señaló que “el informe nos permitirá establecer con claridad las responsabilidades políticas y militares que surjan de los hechos“.

“El gobierno del Frente de Todos siempre ha defendido el respeto a la no injerencia en los asuntos internos de los Estados, la solución pacifica de las controversias, la integración regional y la preservación de Sudamérica como zona de paz“, remarcó el funcionario.

Así lo aseguró la actual interventora, Graciela Caamaño. El macrismo había registrado 105 mil conversaciones de forma ilegal.

“Estamos hablando de 105 mil registros de voz que, si bien tiene un inicio con un oficio judicial, muchas se tendrían que haber destruido porque hay muchas conversaciones íntimas que vulneran el derecho a la intimidad, y también muchas conversaciones entre los abogados y sus defendidos” sobre las que enfatizó su carácter “ilegal”, reseñó Graciela Caamaño, titular de la Agencia Federal de Inteligencia. Lo que pasó con la AFI durante el macrismo es extremadamente grave.

La interventora de la AFI consideró que la gestión anterior de del organismo, a cargo del amigo del ex presidente Mauricio Macri, Gustavo Arribas, tenía “guardadas” esas escuchas “para algo, o por algo, porque la realidad es que la que debería tener guardadas esas escuchas es la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que es la que intercepta la comunicación”.

“Pero no la AFI, que en ese momento era auxiliar de la Justicia”, acotó, en referencia al rol del organismo durante el Gobierno de Mauricio Macri.

Para Caamaño, la gestión macrista en ese organismo “se quedaba con escuchas y eso es ilegal”.

La interventora planteó que la AFI “era un lugar oscuro que se manejaba con leyes propias, donde la gente cobraba en un sobre en efectivo, todos usaban nombres supuestos, y nosotros, desde la intervención, lo que estuvimos impulsando fue que sea un organismo más del Estado”, bajo la premisa de “llevar el Estado de derecho a los sótanos de la democracia”.

Además, Martín Soria aseguró conocer que “de primera mano” cómo funcionaba la mesa judicial macrista “antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación”.

El ministro de Justicia, Martín Soria, afirmó que la Argentina “estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso” que como “instrumento” para “despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas” contaba con una “mesa judicial”. En ese sentido, el funcionario nacional dijo que “tenemos un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer”.

En una entrevista con el diario Página/12, Soria dijo que hace un año “logramos conocer de primera mano cómo funcionaba todo ese plan sistemático de la mesa judicial con las visitas clandestinas de jueces a Olivos y la Casa Rosada antes de sacar un fallo para la tapa de Clarín o La Nación”.

“Recién en diciembre pasado se encontró un video grabado por los propios funcionarios macristas en el que participaban senadores de la provincia de Buenos Aires, ministros de (María Eugenia) Vidal, funcionarios de la AFI, el intendente de La Plata y empresarios. Allí, el ex ministro de Trabajo, (Marcelo) Villegas, les explicaba cómo armar causas para despedir trabajadores y meter presos a sindicalistas”, repasó el titular de la cartera de Justicia.

En ese marco, agregó: “Por eso no tengo ninguna duda de la existencia de la mesa judicial. Argentina estuvo durante cuatro años gobernada por un mafioso y el instrumento que tenían era precisamente esa mesa judicial”.

Destacó que “todo esto lo que demuestra es que el verdadero ministro de Trabajo del expresidente Macri y de la exgobernadora Vidal era (Gustavo) Arribas, el jefe de los espías. En 2018, Macri eliminó el Ministerio de Trabajo de la Nación porque con la AFI le alcanzaba y le sobraba. La política laboral durante el macrismo era destruir el salario de los trabajadores y destruir a los sindicatos”.

Al ser consultado como actúa el Poder Judicial ante la denuncia de la existencia de la mesa judicial, Soria expresó que “es muy difícil que entre bomberos se pisen la manguera” y recordó que junto a varios diputados pidió que citen a “Elisa Carrió, que fue la primera que habló de la mesa judicial para criticarla”. Al respecto, agregó: “Sin embargo, ha pasado un año y yo no escuché que la llamen a que cuente qué más sabe de la mesa judicial”.

El funcionario nacional señaló asimismo que “a medida que pasa el tiempo y van saliendo más hechos a la luz, cada vez se les hace más difícil tapar el sol con las manos”, y sentenció: “Las pruebas están todas, lo que sí tenemos es un Poder Judicial en el cual Mauricio Macri no dejó ninguna fechoría por hacer”. Además, subrayó que “hubo 38 traslados ilegales, camaristas puestos a dedo en lugares clave como (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi”.

“Cuando se los llamó para regularizar la situación de esos traslados ilegales, inmediatamente presentaron un per saltum y la Corte Suprema en semanas resolvió, diciendo que los traslados son inconstitucionales pero hasta que no se hagan los concursos tienen que seguir ocupando esos cargos”, añadió.

El fiscal federal Eduardo Taiano imputó al fundador de la empresa investigada por posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales.

Leonardo Cositorto, fundador de “Generación Zoe”, un holding investigado por posible realización de oferta pública e intermediación irregular en el mercado de capitales, fue imputado por el fiscal federal Eduardo Taiano.

La imputación se realizó tras la denuncia de un particular en el Ministerio Publico Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, donde acusó a “Generación Zoe” de presunta estafa y defraudación económica al fisco, porque “bajo una fachada de un supuesto culto y una falsa universidad […] ofrece(ría) titulados en criptomonedas y coaching”.

La empresa fundada por Leonardo Cositorto había generando polémica en los últimos días por la difusión de ofertas de inversión con ganancias en dólares inusuales.

Eso motivó que incluso la Comisión Nacional de Valores (CNV) le abriera un sumario y evaluara emitir una alerta internacional ante una posible intermediación irregular en el mercado de capitales.

Las acciones de la empresa habían caído estrepitosamente un 20% hace dos días y cotizaba a menos de 10 centavos de dólar.

En el medio se sumó la política y, en las últimas horas, sacaron a relucir presuntos vínculos entre el inversionista, el hijo del diputado nacional de Juntos por el Cambio, Diego Santilli y una figura mediática que se prepara para dar el salto a la política. 

Mientras la Justicia avanza contra este grupo, el usuario Osvaldo “Beto” Mendeleiev, que sigue de cerca cada movimiento de Generación Zoe, denunció un presunto vínculo entre este el grupo acusado de estafa y el hijo de Diego Santilli. Nicanor Santilli Pazos, hijo del legislador y la periodista Nancy Pazos, es piloto de carreras y este año pegó el salto a la categoría TopRace Series.

Entre el cúmulo de auspiciantes en su auto, en la parte trasera de cada lateral se lee la inscripción “Zoe Cash”, la criptomoneda impulsada por Cositorto, quién en medio de la polémica anunció que renunciará a la representación de Zoe en Argentina para llevar la firma a Colombia.