Esta medida permitirá desestimar todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y contra Repsol.

YPF anunció que alcanzó un acuerdo por el caso Maxus en Estados Unidos, lo que permitirá desestimar todas las acciones iniciadas contra la petrolera argentina y contra Repsol y otorgará una liberación y absolución total de los reclamos que presentó en su momento el Fideicomiso de Liquidación de Maxus por hasta US$ 14.000 millones.

En un comunicado, la petrolera argentina recordó que tras la privatización en 1992 de YPF, la compañía desplegó una estrategia de expansión internacional en la adquirió Maxus, una empresa estadounidense de petróleo y gas. Por entonces esta firma contaba con activos en diversos países del mundo (Estados Unidos, Bolivia, Indonesia, Ecuador y Venezuela), lo que para YPF –controlada por Repsol- significó el puntapié de una estrategia de negocios que a la luz de la época se presentaba como atractiva.

Años antes, en 1986, Maxus había vendido su negocio de químicos a Occidental Chemical Corporation y aceptado indemnizar a la misma por los pasivos ambientales derivados de sus operaciones.

Posteriormente, en el año 2005 el Estado de Nueva Jersey demandó a Occidental y a Maxus -añadiendo más tarde a YPF y Repsol- por la contaminación del río Passaic -a 10 kilómetros de la ciudad de Nueva York- con residuos químicos.

Occidental hizo valer su indemnidad y Maxus, la empresa que había adquirido YPF en 1995, honró sus obligaciones hasta que el 17 de junio de 2016 tomó la decisión de presentarse en concurso y posteriormente se decretó su quiebra.

En junio de 2018 el Fideicomiso de Liquidación de Maxus demandó a YPF y Repsol y ciertas subsidiarias, por un monto de hasta 14.000 millones de dólares ante el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware. El Fideicomiso alegó que Maxus tuvo la intención de obstaculizar, retrasar o defraudar a sus acreedores.

El acuerdo alcanzado por YPF

En un comunicado, YPF informó esta noche que tras años de litigio y negociaciones el Fideicomiso de Liquidación de Maxus y luego de obtener de parte de la petrolera argentina, en junio de 2002, una decisión de juicio sumario parcial por parte del Tribunal de Quiebras, YPF y Repsol llegaron a un acuerdo de conciliación.

Ese acuerdo determina que el Fideicomiso de Liquidación de Maxus desistiría de las reclamaciones que ha presentado contra YPF y Repsol en el Tribunal de Quiebras del Distrito de Delaware, así como a todas las reclamaciones actuales y futuras que puedan tener contra ambas compañías.

A cambio de esto, YPF y Repsol se comprometieron a pagar al Fideicomiso un monto de US$ 287,5 millones cada uno, lo que hace una cifra total de US$ 575 millones. El monto que deberá abonar YPF equivale sólo al 2% de la cifra original de la demanda.

El acuerdo está sujeto a aprobación judicial y otras condiciones que deberán cumplirse a lo largo de los próximos meses, detalló el comunicado de YPF.

Asimismo, YPF y Repsol firmaron también un acuerdo transaccional con Occidental Chemical Corporation y algunas de sus afiliadas, bajo el que Occidental acordó renunciar a reclamos futuros que pueda tener contra ambas compañías en relación con las entidades Maxus, el río Passaic y otras áreas sujetas a remediación ambiental.

En esta línea, tanto YPF como Repsol también firmaron entendimientos con varias entidades gubernamentales, incluidos el Departamento de Justicia actuando en representación de la Agencia de Protección Ambiental de EEUU, y los Estados de Ohio y de Wisconsin, bajo el que las entidades gubernamentales se han comprometido a no presentar reclamos contra ambas empresas en cuestiones similares a las registradas con anterioridad en el marco del Fideicomiso de Liquidación de Maxus.

Los acuerdos con Occidental y la Agencia de Protección Ambiental de EEUU se encuentra similarmente sujeto a ciertas condiciones precedentes.

“De cumplirse las condiciones, los acuerdos darán por terminado el litigio que se extendió durante años, llegando a un cierre justo y razonable para todas las partes, y que permitirá a YPF seguir centrando sus esfuerzos en la generación de valor y empleo, profundizar el crecimiento de su producción y enfocar sus esfuerzos en las inversiones necesarias para robustecer y diversificar la matriz energética argentina”, sostuvo la empresa que conduce Pablo González.

La noticia se conoció una vez que la policía liberó a los dos choferes de colectivos que fueron detenidos tras ser acusados de agredir el lunes pasado al ministro Berni.

La Justicia liberó este jueves noche a los dos choferes de colectivos que fueron detenidos tras ser acusados de agredir el lunes pasado al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, cuando el funcionario fue a dialogar con un grupo de conductores que estaban protestando por el asesinato de un colega durante un robo en Virrey del Pino, partido de La Matanza.

Los colectiveros, imputados de atentado contra la autoridad agravado, delito para el cual se prevé una pena de entre seis meses a dos años de prisión (por lo tanto excarcelable), fueron llevados a prestar declaración en las últimas horas de este jueves ante la Justicia porteña.

Los acusados, identificados como Jorge Oscar Galiano y Jorge Ezequiel Zerda, estuvieron asistidos por el abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvio Piorno, y alrededor de las 22 recuperaron la libertad.

Ante las detenciones, los choferes de ocho líneas de transporte público que circulan por la zona oeste del Gran Buenos Aires habían iniciado un paro de actividades, el cual quedó sin efecto desde el primer minuto de este viernes.

Se trata de un hombre sospechado de estar involucrado en el robo del auto que luego fue usado por los delincuentes que participaron del crimen del colectivero

Un hombre fue detenido este viernes en Virrey del Pino sospechado de estar involucrado en el robo del auto que luego fue usado por los delincuentes que participaron del crimen del colectivero Daniel Barrientos. La captura tuvo lugar el mismo día en que se toma la declaración de una testigo y del Policía que estaba vestido de civil y que se tiroteó con los delincuentes.

Según informaron desde la Justicia el estaría involucrado en el robo del auto que se utilizó para el crimen del lunes a la madrugada en Virrey del Pino, La Matanza. “Estamos preocupados. Agarraron al primero que se les cruzó”, manifestó Ezequiel, hermano de uno de los detenidos.

En estos momentos una pasajera que presenció el crimen y el Policía declaraban frente al fiscal Gastón Duplaá en la Fiscalía de Hipólito Yrigoyen para intentar precisar qué participación tuvo cada uno de los dos detenidos que hasta ahora tiene la causa.

Se trata de Rosa Grillo, quien falleció este martes a los 114 años en la zona rural Lote 40 de “El Martillo”, en la provincia del Chaco

Cristina Fernández deKirchner despidió despidió a Rosa Grillo, la última sobreviviente de la matanza de 400 indígenas del Chaco que pasó a la historia como la Masacre de Napalpí. “Hasta siempre, mujer valiente”, escribió la vicepresidenta.

El gobierno provincial decretó tres días de duelo y asueto para los y las trabajadoras estatales miembros de alguna comunidad originaria.

La muerte de Grilo se dio a conocer hoy pero ocurrió ayer, según lo confirmaron sus familiares que vivían junto a ella en la zona rural Lote 40 de “El Martillo”, ubicada a unos 30 kilómetros de la Planta Urbana de la localidad de Colonia Aborigen.

Su testimonio fue clave en la causa judicial que, casi un siglo después, culminó el año pasado con una condena al Estado nacional por “genocidio”. En este crimen de lesa humanidad fueron asesinados el padre y varios familiares de Rosa.

El jefe de Gobierno mandó a archivar el proyecto para crear un parque público en el Costa Salguero. Era la primera vez que se usaba este mecanismo de democracia participativa. El PRO no dudó en sepultarlo, demostrando que la república y los intereses vecinales para ellos son un simple eslogan electoral.

Quizás algún día cuando se escriban los libros de historia se consignará que el primer proyecto de ley que llegó a la Legislatura porteña por el mecanismos de iniciativa popular fue el que proponía crear un parque en los terrenos del Costa Salguero. Es un mecanismo que prevé la Constitución porteña: se juntan firmas y se puede presentar el proyecto. La iniciativa, en este caso, había reunido 53 mil firmas, luego de una campaña extensa y de audiencias públicas donde miles de personas habían repudiado la privatización de los terrenos que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, intenta a toda costa. Según la Constitución, tenían un año para tratar el proyecto. En ese tiempo, no lo pasaron por comisiones, no llamaron a especialistas para que hablen a favor o en contra de la iniciativa, no hubo absolutamente ningún debate, solo el silencio impuesto por el poder de los negocios inmobiliarios. Finalmente, el oficialismo impuso su mayoría para archivar el proyecto con el menor ruido posible y sin demasiados argumentos.

Fueron 21 votos afirmativos, 35 negativos y una abstención (que era otro voto negativo mal contabilizado). La gran mayoría de los responsables de sepultar la primera iniciativa popular fueron los integrantes de Juntos por el Cambio.Curiosidades para la historia: el mismo día que rechazaban la voz de los vecinos en la Legislatura porteña, la misma fuerza política bloqueaba el funcionamiento del Congreso a nivel nacional para tratar leyes con la del alcohol cero.

Quedó claro que todo el objetivo estaba en evitar el debate público, la participación social, que el tema entrara en la agenda de los medios y que tuvieran que dar algún tipo de justificación sobre por qué serían mejor torres de lujo que un parque para todos los habitantes. Por eso, la estrategia de sacarse de encima el proyecto de ley rápido y en una sesión sin paso por comisiones ni debate previo.

El Frente de Todos hizo de todo para llamar la atención sobre esto: desde reuniones previas con organizaciones que promovían el parque hasta los discursos en el recinto. Por ejemplo, el legislador Juan Valdés mostró una manzana verde y dijo: “Es la única manzana verde que conoce Larreta, quien prometió inaugurar 65 en el marco de la campaña.Tendrían que tener un etiquetado frontal porque detrás de cada obra hay un empresario amigo”.

“Lamento que el oficialismo desconozca la importancia y el valor que esta iniciativa popular representa para la sociedad y niegue a los porteños la posibilidad de tener un parque público sobre la costa. Hoy Rodríguez Larreta eligió el cemento frente a la naturaleza; prefirió construir torres frente al río cuando lo que más falta son espacios verdes para vivir mejor, para respirar aire puro y prevenir inundaciones, entre otros beneficios para la ciudadanía”, remarcó.

Pero no es solo una victoria de los negocios sobre el bien público. También lo es de los mecanismos de lobby empresario sobre los de participación popular. El PRO, que tuvo que insistir decenas de veces antes de conseguirle al grupo IRSA la ley que pedía para su barrio de lujo en Costanera Sur, se sacó de encima en un segundo un proyecto que venía con una iniciativa popular detrás.

Ahora Larreta seguirá intentando privatizar esos terrenos, luego de que la venta estuviera trabada judicialmente (solo le falta que el Tribunal Superior de Justicia le habilite la venta). Este no es el único negociado que apareció en estos días y, curiosamente, todos comparten los mismos rostros de empresarios: La renovación de las concesiones de los Bajo Autopista en la Ciudad está llena de irregularidades, según escribió Nicolás Eisler en Tiempo Argentino. Un artículo que pasó emasiado desapercibida para mi gusto.

Eisler (que supo formar parte de la redacción de Nueva Ciudad) advirtió sobre el compendio de irregularidades de la licitación del bajo autopista de la AU 25. Entre otras cosas, enumeró la existencia de compañías fundadas días antes de que salgan los pliegos, empresarios vinculados al Estado, balances truchos, millonarias sumas para impugnar una evaluación y trámites exprés.

El dato son los vínculos de una de las empresas llegan a Salguero Eventos SA, unas de las asociadas a la concesión del Costa Salguero y que, como contó este sitio cuando fue la tragedia de Time Warp, tiene en su directorio a Fernando Polledo Olivera, esposo de la entonces titular de la Legislatura y actual funcionaria larretista, Carmen Polledo. Todo queda en familia.

Fuente: nuevaciudad

La medida de fuerza rige desde las 10 de la mañana, en el denominado “Piquetazo Nacional”.

Unidad Piquetera comenzó una jornada nacional de protesta contra los 18 millones de pobres en el país y para pedir una mayor asistencia de parte del Ministerio de Desarrollo Social.

“El Gobierno lleva adelante una política de ajuste que hambrea a los trabajadores y saquea a los jubilados. Una política que se profundizará en las próximas semanas, luego del planteo del FMI de profundizar el ajuste con bajas masivas en planes sociales y recortes de los presupuestos en todos los rubros: previsión social, salud, educación, obra pública, etc”, indicó Unidad Piquetera en un comunicado.

La organización anunció que este miércoles desde las 10 habrá 128 cortes en todo el país, que incluirán la interrupción de accesos a la ciudad de Buenos Aires en el Puente Pueyrredón, Ruta 197 y Panamericana, Puente La Noria, Ruta 3 y Gral. Paz, Autopista La Plata, Ruta 23 y Acceso Oeste (Moreno) y otros cuatro cortes en Puerto Madero.

Además, habrá interrupciones en el interior de la provincia de Buenos Aires (ruta 11 Mar del Plata, ruta 9 y ruta 188 de San Nicolás, ruta 3 de Bahía Blanca y Puente Colgante de Necochea), en San Juan, Córdoba, La Rioja, Entre Ríos, Santa Fe, Chaco, Misiones, Corrientes, Formosa, Chubut, Santa Cruz, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro, Tucumán, Jujuy, Catamarca, Salta y Tierra del Fuego.

Entre los reclamos, se incluyen alimentos para comedores populares en un cuadro creciente de inflación y herramientas para los microemprendimientos.

Los manifestantes también reiterarán su reclamo por la transparencia en las bajas en el programa Potenciar Trabajo.

“No vamos a aceptar que la crisis la paguen los trabajadores, los jubilados y los desocupados y precarizados; es necesario rechazar que el ajuste deje sin comida a los comedores populares, sin las herramientas que se necesitan para los emprendimientos productivos y sin los programas que necesitan cientos de miles de desocupados golpeados por la creciente recesión y la inflación que destruye los salarios”, indicaron.

Además de Unidad Piquetera, también se movilizarán el Polo Obrero, el MTR Votamos Luchar por el Cambio Social, CUBA, Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), Libres del Sur, Movimiento de los Pueblos, Federación de Organizaciones de Base (FOB) y MST Teresa Vive, entre otras agrupaciones.

Fue por delitos de lesa humanidad cometidos por los agentes durante la última dictadura cívico-militar en centros clandestinos de detención.

Cinco exagentes de la ex SIDE fueron procesados con prisión preventiva por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en los centros de detención conocidos como Orletti, Bacacay y el recientemente identificado Base Pomar.

Los procesamientos fueron dictados por el juez federal Daniel Rafecas y entre los acusados se destaca el nombre del exintegrante jerárquico de la ex Secretaría de Inteligencia de Estado Patricio Miguel Finnen, quien se encuentra detenido desde diciembre pasado.

El fallo de más de 1.200 fojas se produjo en el marco de la causa del Primer Cuerpo de Ejército, donde se investiga el terrorismo de Estado durante la última dictadura, y los hechos atribuidos a los imputados habrían ocurrido entre los años 1976 y 1977.

Los procesados son Finnen, César Estanislao Albarracín, Hugo Ángel Carlet, Luis Nelson González y Rubén Héctor Escobar, quien habría actuado en los tres centros clandestinos junto a su hermano Enrique Osvaldo Escobar, fallecido unos meses antes de que el juez dispusiera la detención, informaron fuentes del caso.

Los cinco imputados fueron encontrados responsables de la privación ilegal de la libertad agravada y el sometimiento a tormentos de 120 personas y la participación como cómplices primarios en el homicidio de 23 personas entregadas desde el centro clandestino por los imputados, para su inmediata eliminación.

Además se les atribuyó la coautoría en un homicidio y la retención u ocultamiento de cinco menores de diez años, a la vez que se trabó embargos por sumas que superaron los 50 millones de pesos.

El juez Rafecas tuvo por acreditado que bajo la autoridad de la ex SIDE funcionaron durante los años 1976 y 1977 tres centros clandestinos de detención, en los cuales se alojaron a 123 víctimas que fueron sometidas sistemáticamente a torturas.

El primero de ellos fue el ubicado en Bacacay 3570 del barrio de Floresta, por donde pasaron al menos 32 víctimas; el segundo, y más importante por el caudal de víctimas y su tiempo de funcionamiento, fue el conocido como Automotores Orletti, ubicado en la misma manzana que el anterior, por donde pasaron al menos 83 víctimas.

En tercer lugar se encuentra el ubicado en Pomar 4171, alquilado por la ex SIDE en el año 1977, donde fueron alojados siete integrantes del Partido Comunista, entre ellos el diputado Juan Carlos Comínguez y el agente de bolsa Pedro Zavalía, llevado luego por la banda lideraba por Aníbal Gordon a la provincia de Córdoba, donde permaneció cautivo.

Si bien la investigación originariamente estuvo centrada en los crímenes cometidos en Orletti, ubicado en Venancio Flores 3519 de Floresta, nuevos elementos probatorios surgidos durante la investigación permitieron lograr la identificación de los dos centros clandestinos restantes, que funcionaron en forma coordinada con Automotores Orletti, lo que configuró un circuito represivo.

La referencia precisa al domicilio de Bacacay 3570 surgió en los documentos desclasificados por el gobierno de Estados Unidos, referentes a la dictadura cívico militar, en los cuales se consignó que el inmueble fue alquilado para operaciones oficiales de la ex SIDE y que allí actuó la banda de Aníbal Gordon.

La vivienda, que hoy es una casa de familia, conserva aún el pequeño sótano que fue reconocido por las víctimas en la inspección judicial realizada por el juzgado que conduce Rafecas, informaron fuentes judiciales.

En la resolución, el magistrado tuvo por acreditado el alojamiento en Bacacay del senador uruguayo Raúl Zelmar Michelini, y el entonces presidente de la Cámara de Diputados de ese país, Héctor Gutiérrez Ruiz.

Esa reconstrucción se logró a partir del testimonio prestado durante la pandemia por la entonces menor de 4 años Gabriela Schroeder, quien permaneció en el mismo centro de detención junto a su madre Rosario Barredo y William Whitelaw, pareja que el 21 de mayo de 1976 fue hallada asesinada en un automóvil Torino, en jurisdicción de la Comisaría 40 de la Capital Federal, junto a Michelini y Gutiérrez Ruiz.

La idea es avanzar con una nueva norma que regule el precio de las rentas de las moradas.

El gobierno de la Nación pondrá punto final a la Ley de Alquileres. Se tratará así de ver cómo lograr un proyecto superador a esta ley, que generó un perjuicio (y fastidio) tanto a propietarios como inquilinos en todo el país. El dato surge luego de la jornada de las reuniones que encabezó ayer el Presidente en Casa Rosada con una agenda dominada por temas económicos y por las nuevas metas que impuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la Argentina.

Según trascendió, luego de la reunión entre el Presidente y el ministro de Economía, hubo varias definiciones. Una de ellas, dejar sin efecto la Ley de Alquileres que entró en vigencia en julio de 2020.

Durante la charla Fernández y Massa coincidieron en que la controvertida ley que regula los alquileres se debe cambiar. Aunque aún no se conoce cómo y cuáles serán los lineamientos que definirán la nueva norma para regular los contratos de locación y vivienda en todo el país. Pero está la convicción de que hay que hacerlo.

La decisión estaría definida, algo que desde hace varios meses viene circulando en los pasillos de los despachos tanto del Poder Ejecutivo como Legislativo. A pesar de varios intentos de cambios y reformulación de la actual ley 27.551, el dato es contundente: desde su puesta en vigencia del 1° de julio de 2020, el aumento de los alquileres alcanzó el 245% en casi tres años.

La inflación galopante, las paritarias que no superan la pauta de aumentos y el casi nulo acceso al crédito hipotecario, fueron las variables que potenciaron aún más el explosivo panorama que enfrentan tanto propietarios como inquilinos, a la hora de definir los valores de los alquileres en un contrato.

En el cónclave, del que trascendieron escasos detalles, sí se acordó dar de baja la ley de alquileres, que fija nuevas reglas como tres años de contrato y ajuste por inflación y variación salarial, en un contexto inflacionario que generó por igual quejas de inquilinos y propietarios.

Actualmente, el mercado de los alquileres tiene muy poca oferta, con una demanda que se mantiene alta y con precios por las nubes. Por ejemplo, un alquiler que en julio de 2020 pagaba 50 mil pesos mensuales, hoy tiene un valor de 122.500 pesos.

Según indicó Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), en la suspensión debería detallarse el procedimiento a seguir en los contratos vigentes con la nueva ley y los que se firmen de aquí en adelante con la ley ya suspendida.

El presidente de Keymex Argentina, abogado, escribano y corredor inmobiliario explicó a ámbito.com que una de las posibilidades será que en los “contratos vigentes se sigue aplicando la ley actual recientemente suspendida, ya que las cláusulas del contrato de locación fueron negociadas y consensuadas con dicha ley”.

En tanto, estimó que en relación a los contratos que se firmen de aquí en adelante, “mientras no se dicte una nueva norma, se rijan por la antigua ley de alquileres. En este supuesto se podrá fijar un mínimo plazo contractual de dos años y la actualización podrá ser negociada libremente por las partes”.

Es el primero de su tipo desarrollado por la petrolera nacional, que hasta el momento se había focalizado en la generación eólica. Habilitación del ENRE para conectarse al sistema eléctrico.

El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dio a conocer hoy la solicitud de acceso a la capacidad de transporte existente por parte de YPF Luz, que permitirá conectar al sistema eléctrico la primera etapa del Parque Solar Fotovoltaico Zonda I en la provincia de San Juan.

Según lo establecido por la Resolución 340 publicada hoy en el Boletín Oficial, los actores del mercado tienen cinco días hábiles contados a partir de hoy para formular observaciones.

El parque solar es el primero de su tipo desarrollado por la hidrocarburífera nacional YPF a través de su subsidiaria YPF Luz, que hasta el momento se había focalizado en la generación eólica con tres parques ubicados en Chubut, Santa Cruz y en el partido bonaerense de Azul.

La habilitación de hoy permitirá conectar al establecimiento con la red eléctrica mediante una línea de alta tensión de 132 kilovatios (KW) entre las estaciones transformadores Tocota 1 y Bauchaceta, propiedad de Energía Provincial S.E (EPSE).

A partir de esta solicitud, entrará en servicio la primera etapa por un total de 100 megavatios (MW), lo que ampliará la capacidad de generación renovable en un 25% en San Juan.

Con las dos etapas posteriores, de 100 MW cada una, se prevé ampliar la producción a 300 Mw con los que se puede abastecer el consumo eléctrico de 140.000 hogares.

El parque solar generará un ahorro de emisiones equivalente a 360.000 toneladas de dióxido de carbono al año, respecto de una central termoeléctrica equivalente.

Una vez finalizadas las obras –que iniciaron en febrero del año pasado- YPF Luz venderá la energía fotovoltaica generada a grandes usuarios y clientes industriales en el Mercado a Término de Energías Renovables (Mater).

La planta ocupará una superficie de 300 hectáreas ubicadas en la localidad de Bella Vista, departamento de Iglesia.

El proyecto, que demanda a la compañía una inversión de U$S 93 millones, posee como novedad que US$ 63,9 millones del total será financiado a través de un bono verde con una tasa del 5% y con vencimiento final a 10 años, en lo que constituirá la primera operación de YPF con este tipo de financiamiento. .

Según afirmó el presidente de la petrolera, Pablo González, y el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano en noviembre último la fecha prevista para la puesta en servicio de la primera etapa era marzo.

De no mediar objeciones a la solicitud de acceso y una vez cumplidas las observaciones y requerimos técnicos para garantizar el correcto funcionamiento del Sistema Argentino de Interconexión (SADI), el ENRE le otorgará la habilitación comercial a YPF Luz, que luego deberá comunicar su puesta en servicio.

Además de las dos etapas remanentes, YPF tiene proyectado el parque solar Tocota, de 200 megavatios y cuyo inicio de construcción está planificada para finales de 2023.

Fuente: periferiaciencia

Por Ignacio Corradi

El reciente fallo de la justicia estadounidense a favor de la firma Burford en el marco de la causa por la expropiación de YPF en 2012 presenta diversas aristas en el plano jurídico. En primer lugar, estamos ante un fallo que se presenta como dividido ya que por un lado exime a la petrolera de bandera de abonar el monto reclamado por el fondo buitre. Por otro lado, hace recaer dicha responsabilidad en el Estado argentino.

Si bien aún quedan dos instancias de apelación el monto final es realmente significativo y de ser rechazados los recursos presentados por la defensa argentina al país se le abriría un frente de conflicto más al ya complicado y delicado escenario macroeconómico actual con la gravosa carga de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) como protagonista central. Más allá de los tecnicismos y vericuetos jurídicos que envuelven a esta causa, lo que interesa proponer aquí es la mirada política que atraviesa al asunto.  

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, hizo días atrás durante su discurso en el CCK una interesante lectura que nos puede servir como disparador para analizar este fallo, el contexto en el cual se da y sus implicancias: En relación al lawfare CFK destaco que sus objetivos persiguen “la criminalización de una forma determinada de hacer política, esto es la de los proyectos nacionales que representan los intereses populares de movilidad social, de distribución del ingreso etc. Y por otro lado el disciplinamiento de la dirigencia política para disuadirla de emprender modelos y políticas similares en el futuro”.

Para finalizar, Cristina resaltó que “hoy como ayer la pelea de fondo es por el modelo económico”, alertando además de la puja por los recursos naturales que se cierne sobre el mundo y en especial sobre América Latina: “vienen por ellos” afirmo.     

De estas afirmaciones podemos ir esbozando una posible lectura política del fallo de la justicia norteamericana. El objetivo de fondo, es disciplinar a los gobiernos que tengan la osadía de recuperar para si las áreas estratégicas que permitan apalancar un desarrollo autónomo propio. Hoy, las áreas estratégicas del país vuelven a estar en la mesa de discusión del debate electoral argentino.

En ese sentido, Juntos por el Cambio, principal fuerza de oposición, y las fuerzas autodenominadas “libertarias” (básicamente un neoliberalismo por colectora, un envase distinto de viejas propuestas ya conocidas y sufridas por todos) plantean abiertamente la idea de re privatizar dichas áreas entregándolas a lo que consideran la siempre prudente y sabia eficiencia de la administración y gestión privada.

A su vez, cabe señalar que en el caso de YPF, el lapidario Informe Mosconi del año 2012 elaborado por el equipo interventor de la empresa, describió como las políticas de desinversión y depredación hechas durante la gestión de Repsol privilegiaron una mirada cortoplacista que fue agotando los recursos convencionales, pero sin impulsar nuevas inversiones en la explotación de los no convencionales, a los cuales sólo promocionó a los fines de hacer atractiva la venta de la empresa, de la cual (previo vaciamiento) buscaba desprenderse tal como se revela en dicho informe.

Retornando a la coyuntura electoral, la única diferencia entre las propuestas de los espacios opositores es quizá de tiempos, donde algún sector propone un esquema de privatizaciones de manera automática como parte de un shok de medidas iniciales, mientras que otros prefieren optar por un método  gradual: esto quiere decir una desjerarquización de las áreas acompañada de su correspondiente desfinanciacion que las torne más ineficientes con el propósito velado de justificar la posterior liquidación, total o parcial.

De producirse la trágica decisión de avanzar en esta dirección sería muy difícil revertir el daño, en especial cuando hoy pesa la presencia del fondo monetario internacional en nuestra vida política, cuando se decidió en 2012 recuperar YPF este duro condicionante no estaba presente ya que el gobierno de Néstor Kirchner a los fines de ganar autonomía en matera de toma de decisiones se lo había logrado sacar de encima en 2006, luego de años de penurias que le tocó vivir al país a manos del nefasto organismo de crédito.

En consecuencia, el panorama es sombrío y la planificación económica del organismo de crédito se hace sentir con rigor, repetir la patriada del 2006 en adelante parece misión imposible.

Para dimensionar un poco lo que está en juego, volcamos en esta nota algunos datos de actualidad sobre YPF que se pueden consultar en el sitio oficial de la compañía y en páginas especializadas del rubro:

1) Es el principal inversor y productor de gas y petróleo no convencional de la formación geológica vaca muerta y la principal empresa de hidrocarburos del país.

2) Apalanco una producción record de gas y petróleo no convencional de los últimos 25 años, produciendo 503.000 barriles de petróleo al día, registrándose además récords de eficiencia en los tiempos de perforación y fractura de los pozos y la marca más alta en la cantidad de nuevas perforaciones de pozos horizontales.

3) En 2022 obtuvo ganancias netas por US$2.200 millones.  

4) La compañía logró cumplir con la ejecución de su plan de inversiones anunciado de aproximadamente 4.200 millones de dólares, que resultó un 60% superior respecto al año anterior y constituye la mayor inversión corporativa del país.

5) Las inversiones, los resultados obtenidos y la eficiencia lograda durante el 2022, le permitieron a YPF mejorar sus reservas que alcanzaron los casi 1.200 millones de barriles de petróleo equivalentes, la mayor cifra desde 2015.

6)  Su nivel de deuda está en su nivel más bajo desde 2015.

7) Su diversificación la llevo a explorar nuevas iniciativas como el caso de Y-TEC el brazo tecnológico de YPF en asociación con el CONICET  que hoy investigan en proyectos de innovación como la producción de baterías de litio o el hidrogeno.

8) La compañía se perfila como un actor clave en la posibilidad de  producción de petróleo y gas offshore en el mar argentino.

Lo que se desprende de todo lo analizado es que existe un hilo conductor entre el fallo dividido de la justicia yanqui, las necesidades geopolíticas de EEUU en materia de control de los recursos naturales e infraestructuras estratégicas tal como lo enuncio la Jefa del Comando Sur de ese país, Laura Richardson, a comienzos de marzo donde destacó que “los recursos naturales de Latinoamérica deben ser catalogados como una cuestión de seguridad nacional para EEUU, el cual debía además “intensificar su juego” en la región”.

Por otro lado, tenemos la necesaria complicidad de las propuestas de los espacios opositores en nuestro país que proponen la privatización de la empresa. Quizá esto explica también por qué la responsabilidad del monto multimillonario que se vaticina habrá que pagar recae sobre el estado argentino y no sobre la empresa, si se analiza este punto, una empresa sin deudas y complicaciones jurídicas es mucho más atractiva para su venta al mejor postor ( las empresas del rubro más poderosas que operan en argentina seguramente se estarán relamiendo de solo pensarlo), y el pasivo recae en la cuenta del estado nacional, tal como ocurrió en los 90’s donde el estado se hizo cargo de las deudas para tornar más atractivas las privatizaciones a los ojos de los inversores foráneos. El 3 de junio de 2022 se conmemoraron los 100 años de esta estratégica empresa, y el objetivo señalado por su fundador Mosconi sigue estando plenamente vigente: convertir a YPF en una herramienta de liberación y soberanía económica, que contribuya a mejorar la calidad de vida de todos los argentinos, entregarla nuevamente sería un acto de traición.