Destinadas a apoyar a jóvenes de 16 y 17 años para que puedan finalizar su ciclo de educación obligatoria, el Gobierno dispuso incrementar de 6.400 a 7.400 pesos mensuales el monto de las becas Progresar.

El Gobierno dispuso incrementar de 6.400 a 7.400 pesos mensuales el monto de las becas Progresar, destinadas a apoyar a jóvenes de 16 y 17 años para que puedan finalizar su ciclo de educación obligatoria.

Mediante la resolución 2323/2022, publicada este martes en el Boletín Oficial, el ministro de Educación, Jaime Perczyk, determinó que las nuevas sumas regirán con la cuota correspondiente a agosto.

A partir de la nueva norma, la beca Progresar tendrá un monto de 7.400 pesos mensuales en sus líneas “Finalización de la Educación Obligatoria” y “Progresar Trabajo”, así como en la de “Fomento de la educación superior” para carreras universitarias y carreras de educación superior no universitarias.

La misma suma regirá para becarios y becarias cursantes de las denominadas “carreras estratégicas” no universitarias y universitarias de 2° y 3° año inclusive, además de las y los estudiantes ingresantes de 1° y 2° año inclusive de la línea “Enfermería”.

Hasta ahora, la suma para todos los casos era de 6.400 pesos mensuales y se cobra el 80% del monto de la beca durante la cursada y el 20% restante al certificar regularidad durante el año o curso.

En el caso de estudiantes avanzados de nivel superior (terciario o universitario) se cobra el 100% del monto.

Asimismo, a través de la Resolución 2321/2022, publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Educación también oficializó la incorporación de más de 20 mil cursos gratuitos de lenguas extranjeras que dictarán universidades nacionales para los más de 400 mil becarios del Progresar y del programa de Becas Estratégicas Manuel Belgrano que el viernes pasado anunciaron Perczyk y la titular de la Anses, Fernanda Raverta.

Los becarios podrán acceder a cursos de inglés, francés, portugués, alemán, italiano y chino mandarín que serán dictados por 35 universidades de gestión pública y 65 institutos superiores de formación docente de todo el país.

También se dictarán cursos de español como segunda lengua para estudiantes de pueblos originarios, migrantes y refugiados.

Los becarios que cumplimenten esta formación recibirán un monto adicional al pago de su beca de 1.500 pesos mensuales durante cuatro meses, es decir un total de 6.000 pesos, que se acreditará al finalizar el curso con el certificado correspondiente.

Para la implementación de este programa de formación en lenguas extranjeras se invertirá un total de 5.000 millones de pesos durante este año, según se especificó en la resolución firmada por el titular de la cartera educativa.

De esta manera, en los primeros siete meses del año se acumula un resultado primario de déficit de $876.628,7 millones, equivalente al 1,1% del PBI.

El sector público nacional registró un déficit primario de $75.947,3 millones durante julio último, compatible con la meta anual del 2,5%, informaron ayer en el Ministerio de Economía.

“Julio muestra una serie de correcciones que permiten retomar un sendero fiscal compatible con un déficit anual del sector público nacional del 2,5% del Producto Bruto Interno (PBI)”, señalaron desde la cartera.

Este número “contempla el límite anual para el cómputo de los ingresos provenientes de las rentas de la propiedad vinculadas a las emisiones primarias de títulos públicos equivalente al 0,3% del PBI”.

De esta manera, en los primeros siete meses del año se acumula un resultado primario de déficit de $876.628,7 millones, equivalente al 1,1% del PBI.

“Sin descontar el excedente consistente con la meta de déficit primario del 2,5% del PBI, el déficit primario para el mes de julio resultó en $1.945,3 millones”, añade la información.

Con estas correcciones, julio presenta una desaceleración del crecimiento real del gasto primario, en virtud de la política de ordenamiento y consolidación de las cuentas públicas.

Las iniciativas presentadas, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen como objetivo prohibir a nivel nacional la conducción de vehículos después de ingerir cualquier bebida alcohólica.

La Comisión de Transportes continuará el trabajo en una reunión con legisladores, representantes de Asociaciones Civiles y familiares de víctimas, a los efectos de exponer sobre la temática de Alcohol Cero al Volante.
Anteriormente, la Comisión había recibido al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Pablo Martínez Carignano, y a representantes del colectivo “Madres del Dolor”, quienes expusieron sobre dicha temática.

Las iniciativas presentadas, tanto del oficialismo como de la oposición, tienen como objetivo prohibir a nivel nacional la conducción de vehículos después de ingerir cualquier bebida alcohólica.

La actividad se podrá seguir en los siguientes links:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

Se trata del neuquino Francisco Sánchez, quien generó el amplio repudio en las redes sociales.

El diputado nacional del PRO, Francisco Sánchez, pidió la “pena de muerte” para Cristina Kirchner tras conocerse el pedido del fiscal Diego Lucioni de 12 años de prisión en el marco del juicio por Obra Pública.

“12 años por robar impunemente es casi nada. El año pasado presenté un proyecto de ley para que este tipo de delitos sean considerados traición a la Patria. Merecen la pena de muerte, no una liviana prisión domiciliaria”, escribió el legislador macrista.

El fiscal Diego Luciani, quien jugaba al fútbol con Mauricio Macri en la quinta Los Abrojos, finalizó este lunes su alegato en el que pidió 12 años de prisión contra la vicepresidenta además de solicitar su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

El pedio de Luciani es el en el marco del juicio contra la ex mandataria en la causa por Obra Pública en Santa Cruz.

El ex delantero de la Selección Argentina había iniciado maniobras judiciales para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia

La Justicia Federal de Reconquista ordenó un embargo por más de 71 millones de pesos al exfutbolista y productor agropecuario Gabriel Batistuta, luego de una demanda de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por incumplimientos en el pago del Aporte Solidario y Extraordinario de las Grandes Fortunas, aprobado por el Congreso para paliar los efectos de la pandemia de coronavirus.

La resolución estuvo a cargo del juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde, quien ordenó el embargo el 17 de agosto sobre tres inmuebles del exintegrante del seleccionado argentino.

Según informa este domingo el portal ReconquistaSF, el embargo es por 71.096.882,09 pesos, de los cuales 46.059.135,85 pesos son en concepto de capital y los restantes 25.037.746,24 pesos por intereses.

En mayo, Alurralde había rechazado una medida cautelar presentada por el exfutbolista de Boca Juniors, River Plate y Fiorentina de Italia, entre otros equipos, para no pagar el tributo también conocido como Impuesto a la Riqueza, por lo que el caso pasó a a Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia.

El Tribunal de Alzada de la capital chaqueña, integrado por las juezas María Denogens, Rocío Alcalá y Patricia García, le dio la razón a Alurralde el 29 de junio pasado al desestimar el recurso presentado por Batistuta.

El exfutbolista presentó originalmente la medida cautelar ante el fuero en lo Contencioso Administrativo número 4 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se declaró incompetente y la remitió a Reconquista, de donde es oriundo y en cuya zona posee unas 126 mil hectáreas de campo.

Batistuta consideró que el aporte solidario “vulnera derechos, principios y garantías constitucionales y en especial el derecho de propiedad y la garantía de no confiscatoriedad”, por lo que viola “la garantía constitucional de igualdad frente a los impuestos y las cargas públicas”.

Pero en su fallo, las juezas Denogens, Alcalá y García consideraron que “no se advierten configurados los requisitos exigibles para la procedencia de la medida cautelar pretendida, resultando ello suficiente para desestimar el recurso incoado por el requirente y confirmar la decisión del juez de la anterior instancia”.

A partir de mañana las empresas alimenticias deberán informar en sus productos sobre el exceso de azúcares, grasas y calorías en alimentos y bebidas.

El Ministerio de Salud nacional precisó que a partir de este sábado los productos con exceso en grasas, azúcares, sodio y calorías de las grandes empresas deberán comercializarse con el sello correspondiente, a excepción de aquellas que se les haya otorgado una prórroga.

En ese sentido, desde la cartera sanitaria enfatizaron que la aparición del etiquetado frontal en las góndolas “se trata de un proceso gradual cuyo objetivo no es el sello sino la promoción de una alimentación saludable”.

En efecto, la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que “el etiquetado frontal es solo una parte que busca dar la información para que las personas tomen las mejores decisiones y las empresas traten de readecuar sus productos en la medida que puedan”.

La Ley N° 27.642 de Etiquetado Frontal se sancionó el 26 de octubre de 2021 y en marzo pasado se publicó el decreto reglamentario el cual establece diferentes etapas para la implementación de uno de sus ejes, que es la colocación de sellos a los productos que tengan exceso de grasas, azúcares, sodio y calorías.

En el caso de las grandes empresas, el pasado 20 de julio venció el pedido de prórroga que se podía solicitar por única vez por 180 días, por lo que para mayo de 2023 todos sus productos deberán tener los sellos en el caso de que corresponda.

En detalle, la directora del Instituto Nacional de Alimentos (INAL) de la Anmat, Evangelina Macías, indicó que “se otorgaron prórrogas a unas 240 empresas que contemplan unos 11 mil productos, alrededor de un 3% del universo de los productos de tránsito federal”.

“Los motivos por los que se solicitaron las prórrogas son variados, algunos fueron para la reformulación de los productos para que no tengan sello, en otros casos tiene que ver con insumos, con adecuación tecnológica, etc.”, explicó Macías.

En tanto, para las pequeñas y medianas empresas, el plazo para pedir prórroga vence el 20 de enero de 2023; un mes después deberán tener los sellos aquellos productos que no hayan recibido o pedido prórroga, y el 20 noviembre de 2023 todos sus productos deberán tener los sellos en caso que corresponda.

Es decir, que antes de fin del año próximo las góndolas deberían tener todos los productos con etiquetado frontal, a excepción de los envases retornables de vidrio que tendrán plazo hasta mayo de 2024.

Por tanto, la secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, sostuvo que a partir del próximo sábado se verá “la convivencia de productos con y sin sello; incluso puede suceder que veamos de la misma empresa o marca con y sin sello porque depende del stock que tenían”

El precio de la Canasta Básica Total aumentó 6,8 % en julio, y la Alimentaria, que marca el umbral de la indigencia, al 6,3 %.

El precio de la Canasta Básica Total, aumentó durante julio 6,8 % por lo que un grupo familiar integrado por una pareja con dos hijos, necesitó de $ 111.297 para comprar la comida indispensable, indumentaria y transporte, y no caiga en la indigencia.

Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) que dio cuenta también que el costo de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que solo reúne la comida mínima para la subsistencia aumentó 6,3 % en julio, por lo cual el mismo grupo familiar necesitó contar con ingresos por $49.465 para no caer debajo de la línea de la indigencia.

En los primeros siete meses del año la CBT aumentó 46,2 % y la CBA el 50,1 %. Esta diferencia se debe a que las tarifas de los servicios públicos, y el transporte, se encontraban con escasos aumentos por lo cual aumenta la ponderación que tiene la comida dentro de los índices.

El ministro de Economía, Sergio Massa aseguró este jueves que desde el Estado aún están en deuda en todo lo relativo a los niveles de ingresos y pobreza. “El ingreso cayó más de 23 puntos en los últimos seis años, por lo tanto tenemos que trabajar para mejorarlo, como así también políticas más fuertes en la lucha contra la pobreza y la indigencia”, dijo al hablar ante empresarios en el Consejo de las Américas.

A fines del año pasado, último registro que tiene el Indec, la pobreza alcanzaba al 37,3% de los habitantes, entre los cuales, 8,2% eran indigentes, es decir que sus ingresos no les alcanzaba para comprar la cantidad mínima de comida para subsistir. En los últimos doce meses, el costo de la CBA avanzó 70,6 % y la CBT 64,7 %, informó el Indec.

El servicio que une el sur de la provincia de Buenos Aires con la Ciudad, está interrumpido a raíz de una medida de fuerza de los trabajadores.

El servicio del tren Roca fue interrumpido temporalmente a raíz de una medida de fuerza por parte de los trabajadores del gremio Unión Ferroviaria. La medida de fuerza se lleva adelante a raíz de un nuevo episodio de violencia registrado esta misma mañana en la estación de Temperley, cuando un guarda fue agredido sin razón aparente por un violento pasajero.

Fuentes de Trenes Argentinos confirmaron a este medio, que una persona le pegó a un guarda, por lo que una parte de ellos decidió hacer una medida de fuerza. En principio, los primeros anuncios hablaban de un corte total del servicio durante todo el jueves a partir del mediodía a modo de repudio por la situación que le tocó vivir al guarda, aunque una fuente le dijo a este medio que el servicio podría reanudarse en las próximas horas.

Este conflicto aparece días después del corte total del servicio que realizaron los trabajadores del tren Roca a partir de la agresión que sufrió un maquinista de Trenes Argentinos después de haber arrollado a un nene que se estaba sobre las vías.

Asimismo, desde la empresa no lograron confirmar hasta qué hora durará el corte de servicio, aunque podría extenderse durante varias horas de la tarde.

En el marco de un plenario de la comisión de Agricultura y Ganadería y la comisión de Industria, el titular de la cartera de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación debatió, junto a referentes del sector, la creación de un Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial Federal, Inclusivo, Sustentable y Exportador.

Las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria, presididas por los diputados Ricardo Buryaile (UCR) y Marcelo Casaretto (FdT), respectivamente, recibieron al Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quien analizó, junto a especialistas, las propuestas de Creación de un Régimen de Fomento al Desarrollo Agroindustrial.

El Secretario Bahillo expuso los principales lineamientos del Régimen de fomento, afirmando que “la ley agroindustrial tiene un espíritu federal que promociona y brinda herramientas de desarrollo a las economías regionales”.

“Esta ley busca consolidar a la Argentina como un país productor de alimentos a través del aprovechamiento de las condiciones ambientales y humanas que tiene para hacerlo”, destacó Bahillo, al explicar que “a través del desarrollo agroindustrial buscamos que nuestros jóvenes se queden en el interior y tengan un futuro”.

Asimismo, indicó que “el objetivo es seguir transformando la producción primaria de proteína vegetal en proteína animal, como carne, huevo y leche”, para lo cual “debemos incentivar la aplicación de tecnologías para mantener el crecimiento del volumen”.

Al inicio del encuentro, Buryaile destacó la “vocación de aportar mejoras, en esta tercera reunión abocada al proyecto, para avanzar en aspectos técnicos que den al sector productivo y al gobierno una herramienta que no declame, sino que sirva”.

Por su parte, Casaretto ponderó que el proyecto de ley aspire a “captar inversiones en el sector agropecuario y en el sector industrial; generar valor agregado en la Argentina con el consecuente ingreso de dólares; en algún caso, sustituir importaciones, y, en otro caso, fomentar exportaciones”.

En otro orden, Raúl Carlos Dente, director Ejecutivo Federación Acopiadores de Granos de la República Argentina, definiendo al Régimen como “un proyecto de incentivo fiscal a la inversión”. Dente valoró que el proyecto redefina a la agroindustria “como un sector competitivo externo”, y bregó para que signifique un punto de partida hacia una “Ley agrícola argentina, donde se establezcan las reglas de juego, y se defina la política comercial del sector, sobre la base de una estrategia de desarrollo sostenible del país”.

Luego, pudo expresarse la secretaria de la Fundación Barbechando, Ángeles Naveyra, quien destacó que la implementación del Régimen brindaría “cuatro beneficios significativos; la amortización acelerada; la valuación de la hacienda; el beneficio de pagar cuando se tiene el producto para vender, a partir del saldo técnico de IVA, y, por último, el certificado de crédito fiscal”. Naveyra argumentó su adhesión al declarar “que si generamos financiamiento genuino, el productor agropecuario tiene muchísimo para dar, y porque la agroindustria es sin duda una locomotora que tira de un tren donde hay lugar para todos los argentinos”.

Cabe recordar que el proyecto de ley busca una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con más valor agregado, a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología, como semillas, fertilizantes, y genética. El objetivo de la iniciativa es alcanzar, en el 2030, exportaciones por US$ 100.000 millones y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo.

Participaron del plenario, en adhesión a la creación del régimen: los asesores de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan Manuel Fernández Arocena y Rodrigo Páez; el Subsecretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani; el Presidente Cámara de Feedlot, Fernando Storni; el Director de Proyectos Especiales y Relaciones Institucionales de ACA-Asociación de Cooperativas Argentinas, Julián Echazarreta; el vicepresidente primero de la Cámara de Legumbres de la República Argentina (CLERA), Sergio Raffaeli, y el Presidente de la Federación del Citrus Entre Ríos (FeCIER), Pablo Molo.

Así lo informó el INDEC este miércoles. De esta manera, en el primer semestre del año el sector fabril acumuló un alza del 5,9%.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este miércoles que la utilización de la capacidad instalada de la industria subió en junio al 69,1% (el valor más alto en casi 5 años) frente al 64,1% de igual mes del año pasado, y cerró el semestre con un incremento acumulado del 5,9%.

Incluso el nivel de maquinarias y herramientas del sector fabril durante junio se ubicó por encima del de mayo, que fue del 68,4%, agregó el organismo.

El incremento de la utilización de la capacidad instalada tuvo correlato con la suba de la actividad Industrial, que durante junio se ubicó 6,9% por sobre igual mes del año pasado, y 2,6% en comparación a mayo.

De esta manera, en el primer semestre del año el sector fabril acumuló un alza del 5,9%, informó el Indec.

Durante junio, los bloques sectoriales que presentaron niveles de utilización de la capacidad instalada superiores a la suba del 69,1% del nivel general fueron industrias metálicas básicas, con el 84,2%; productos minerales no metálicos, 82,7%; refinación del petróleo, 81,2%; papel y cartón, 78,4%; y sustancias y productos químicos, 73,3%.

Los bloques sectoriales que se ubicaron debajo del nivel general son textiles, 67,6%; productos alimenticios y bebidas, 65,4%; edición e impresión, 64,1%; metalmecánica, 59,8%; industria automotriz, 59,8%; productos del tabaco, 55,9%; y caucho y plástico con el 55,6%.