Las grandes industrias cuentan con seis meses para adaptarse a la nueva normativa, reglamentada en marzo, mientras que las medianas y pequeñas tienen un año más.

La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, anticipó hoy que “entre agosto y septiembre” comenzará a implementarse de forma efectiva la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como “ley de etiquetado frontal”, que busca advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades.

Las grandes industrias cuentan con seis meses para adaptarse a la nueva normativa, reglamentada en marzo, mientras que las medianas y pequeñas tienen un año más, por lo que “entre agosto y septiembre ya tendríamos algunos productos etiquetados en las góndolas”, sostuvo Tirado en declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a canales de televisión de Tierra del Fuego, La Rioja y Mar del Plata.

Asimismo, sostuvo que “es realmente una ley muy amplia con mucho trabajo del poder Ejecutivo tanto nacional como provincial para que tengamos ese fin que es de promocionar la alimentación saludable”.

La funcionaria y médica pediatra recordó que cada packaging “tendrá un sello de color negro, de forma octogonal, con letras blancas, muy claro y visible, de un tamaño que estará en relación al producto que se está por comprar y que nos informará si ese alimento tiene exceso de azúcar agregadas, de sodio, de grasas de grasas saturadas, de edulcorantes o cafeína que en ese caso se recomienda que no se lo administre a niños o niñas”.

“Será una información que estará disponible para saber qué tiene el producto que estaremos comprando y lo que se busca es que algunos de estos productos puedan cambiar su concentración y bajar los niveles de sodio, de azúcar o el nivel de grasas y que no sean alcanzados por esta Ley con lo cual no tengan que poner estos sellos”, remarcó

Consultada sobre si esta norma existe en otros lugares, dijo que “se ha implementado en otros países y tenemos las experiencias como Chile y México y hemos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud que ellos también formaron parte de esta Ley y de su reglamentación”.

“Desde la aprobación de la ley hemos mantenido más de veinte reuniones con organismos internacionales, sociedades científicas y de nutrición y por supuesto con las empresas”, contó la secretaria.

En ese sentido, precisó que las etiquetas alcanzarán a los productos “procesados y ultraprocesados” mientras que no comprenderán a los “semielaborados o naturales, como la yerba mate, el azúcar o el arroz”, señaló.

“Estamos hablando de productos que llevan proceso y en este proceso tienen algún agregado de algunos de estos componentes lleve a que tengan el etiquetado”, resaltó y explicó que analizaban “con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y áreas del Poder Ejecutivo” en posibles “sanciones que tienen que ver con que no se puedan comercializar, multas” a quienes no cumplan la norma.

Respecto de las bebidas alcanzadas por la ley, precisó que “son las bebidas analcohólicas y aquellos jugos que tengan agregados, en el caso de jugos naturales no, pero si tienen agregados de azúcares o edulcorantes sí van a estar alcanzados, y en el caso de bebidas gaseosas que tengan exceso de azúcar o cafeínas”.

“Es una ley muy completa, muy ambiciosa, porque aparte del etiquetado como lo que busca es la promoción de una alimentación saludable, también tiene capítulos específicos”, como los productos que se pueden consumir en las escuelas o “regular la publicidad de este tipo de alimentos”, acotó.

El Gobierno nacional publicó el 23 de marzo la reglamentación de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, cuyo objetivo es advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La reglamentación de la Ley 27.642 fue aprobada mediante el decreto 151/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la ministra de Salud Carla Vizzotti y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Así lo anunció el Gobierno, este miércoles, al firmar un convenio en Casa Rosada entre la AFI y la Casa de Moneda para garantizar el acceso a la documentación de las ex-SIDE.

El Gobierno Nacional formalizó, con la firma de un convenio entre las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Casa de Moneda, el inicio del Plan de Digitalización del Fondo Documental de la ex-SIDE, que funcionará como herramienta técnica para garantizar el acceso a la documentación de ese organismo relacionada al terrorismo de Estado.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y la vicepresidenta de la Casa de Moneda, Marina Pecar, acompañadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, firmaron el convenio en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada para la digitalización de la documentación histórica del organismo de inteligencia. El proceso contempla especialmente los documentos producidos por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura militar.

Caamaño sostuvo que el acuerdo firmado constituye “un paso más en el trabajo de relevamiento que se lleva adelante en cada rincón de la Agencia, que permitirá aportar información relacionada con el accionar de los servicios de inteligencia a las causas por delitos de lesa humanidad”, y convocó “a organismos del Estado y de la sociedad civil a que realicen aportes técnicos para la elaboración de un instrumento jurídico que garantice la desclasificación -en los casos de que sea necesaria- y el acceso a esta información”, lo que permitirá reconstruir la historia institucional de la exSIDE y, posteriormente, brindar acceso al fondo documental.

Pecar destacó “los servicios de gran calidad, pero sobre todo de altísima seguridad en la confección y en el resguardo de documentos específicos y de especies valoradas” que proporciona el organismo. En ese sentido, se emocionó al remarcar que la institución es hoy “artífice de preservar la memoria”.

Por su parte, el ministro de Justicia, valoró el compromiso del Gobierno Nacional de terminar con la inteligencia interior en la Argentina. “Hoy, firmando este convenio, estamos dando y robusteciendo un paso más en ese proceso de memoria, verdad y justicia”, remarcó Soria.

A su vez, el secretario de Derechos Humanos puso en valor “la decisión política que se tomó en diciembre del 2014 de transformar lo que fue la SIDE y la continuidad de esa gestión durante la presidencia de Alberto Fernández”.

La iniciativa estará integrada por la Agencia Federal de Inteligencia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, y organismos de Derechos Humanos y especialistas en la materia.

La misma contiene archivos históricos que están compuestos por 250.000 fichas, con 5.000.000 de microfilms y más de 1.000.000 de fojas en papel con información institucional producida entre las décadas de 1940 y 1980. De esta manera, el objetivo central del acuerdo es poner luz sobre el rol de los servicios de inteligencia durante la última dictadura cívico militar e integrar a la Agencia Federal de Inteligencia al Estado de Derecho.

Este convenio es un paso más del trabajo iniciado el año pasado junto a organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Memoria Abierta, entre otros; la Secretaría de Derechos Humanos, y el Archivo General de la Nación en el marco de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos.

Con más de 40 expositores con representación federal, se realizó la primera reunión informativa en la Cámara baja, que preside Sergio Massa, en el marco del trabajo que busca reformar la norma sancionada por el Congreso en 2020.

La Comisión de Legislación General, cuya titular es la diputada oficialista Cecilia Moreau, abrió la ronda de exposiciones informativas para analizar las modificaciones a la Ley de Alquileres (27.551).

“Hemos intentado hacer un listado para que todas las partes estén representadas, con un criterio federal, ya que todos somos parte de la problemática y nos parece importante escucharlos”, indicó la legisladora.

Al mismo tiempo, explicó que el martes 19 y miércoles 20 del corriente mes se continuará con el cronograma establecido y con la participación de distintos expositores que surgieron de las propuestas de todos los bloques políticos.

El primer expositor de hoy fue Giovanni Tessaro de la Dirección de Defensa del Consumidor de Chaco, quien manifestó que “es fundamental regular los precios de los alquileres”, al considerar que “son muy onerosos”.

Posteriormente, Matías Sironi, del Colegio de Corredores Inmobiliarios del Chaco, consideró que “la norma actual no contribuyó a dar solución a la crisis habitacional, a incrementar las plazas disponibles, a facilitar el acceso”. Por el contrario, aseveró, “profundizó la escasez de oferta, disparó los valores y tornó menos previsibles las condiciones contractuales”.

Desde la Unión de inquilinos de Rio Negro, Roberto Díaz, manifestó que “las quejas de los inquilinos tienen mucho que ver con los aumentos semestrales de los contratos”. “No creo en la libertad de las partes porque termina ocurriendo que el inquilino se ve forzado a firmar cuestiones que están por fuera de la ley y sin respaldo del Estado para brindar un lugar a donde denunciar estas irregularidades”, aseveró.

Por su parte, Fernando Olcese, del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de San Luis, pidió volver “al periodo contractual mínimo de dos años”.

“Lamentablemente no existen ofertas de inmuebles para el alquiler, no las hay, pero no solamente en San Luis, sino en el resto de la Argentina”, admitió.

Antonio Salinas, Jefe de la Oficina Municipal del Consumidor de Rosario, advirtió que “en lo que va de 2022, hemos recibido 245 denuncias por incumplimientos de la ley de alquileres de parte de inquilinos e inquilinas”. Los principales incumplimientos están relacionados con las expensas, plazos de contratos y no registración.

Entre otros oradores, en representación de Inquilinos Entre Ríos, Jonathan Villanueva, consideró que “el mercado es voraz y va en desmedro nuestro”. “Los tres años –de contrato de la ley actual- sí nos dan previsibilidad pero también es importante generar políticas para que el acceso a la vivienda de alquiler sea más fácil”, aseveró.

El ministro de Desarrollo nacional se refirió a los reclamos sociales.

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, analizó la situación política y social en Argentina. “A las organizaciones sociales les tenemos que agradecer la tarea y el rol que tuvieron en los últimos años”, aseguró. Después, explicó sobre el conflicto con muchas agrupaciones de izquierda: “Hay decisiones que tomamos del gobierno como direccionar los planes sociales”.

“Los indicadores nos ayudan a plantear otro tipo de programas sociales, planteamos proyectos productivos para ir hacia el empleo oficial”, insistió el ministro. Las organizaciones de izquierda rechazan esa posibilidad. “Estamos vinculando los planes al trabajo, respetamos todas las opiniones, tenemos que seguir resolviendo cuestiones”, insistió.

Después, contó que el gobierno decidió “aumentar la tarjeta alimentar en un 50%, tenemos que seguir charlando para ordenar la situación social”, aclaró. “Estamos viendo un camino de reconstrucción, tenemos que avanzar en camino común”, dijo.

Después, se refirió a las diferencias en el Frente de Todos: “Hay que dejar de hincharse las pelotas, no podemos seguir dañándonos entre nosotros, el pueblo argentino está muy golpeado”, pidió. “Lo más importante es poner objetivos claros respecto a los problemas que tenemos que enfrentar”.

Por último, se refirió a la relación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández: “Hay dos que tiran y hay muchos que tenemos que empujar el carro y lo tenemos que hacer porque vale la pena”.

La guerra en Ucrania y la situación en Argentina, entre los tópicos.

El ministro de Interior nacional, Eduardo Wado de Pedro, fue recibido por el Papa Francisco en Roma durante su reciente gira por Italia. El ministro tuvo una audiencia privada con el Sumo Pontífice de casi una hora y media en la residencia Santa Marta, informaron desde el Gobierno.

El ministro visitó Italia entre el 5 y el 8 de abril. Allí tuvo reuniones con su par italiana, Luciana Lamorgese, y presentó ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), los planes articulados con las provincias para aumentar la producción de alimentos. En ese marco, el funcionario logró reunirse con el Papa.

Se conoce poco de lo dialogado por De Pedro y Francisco, sin embargo, trascendió extraoficialmente que ambos incluyeron un momento para charlar sobre la situación en Argentina. Se sabe que Jorge Bergoglio sigue muy informado sobre todo lo que pasa en el país donde nació. Además, tiene muchos contactos con diferentes sectores de la dirigencia peronista.

La visita anterior de Wado de Pedro al Vaticano había sido en septiembre de 2014, en el marco de un encuentro entre el Sumo Pontífice y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La comisión de Legislación General se reúne en el Congreso para continuar el debate de la Ley 27.551 sobre Alquileres. Junto a expositores invitados, buscarán mejorar la legislación actual.

Se espera la participación de representantes del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la Argentina (CoFeCI); de la Agrupación Inmobiliarias Argentinas; y del Centro de Estudios Metropolitanos Concejalía Popular, entre otros.

La actividad se podrá seguir en directo desde los siguientes links:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

Así lo detallaron diferentes informes realizados por las carteras de Salud nacional y provinciales.

La letalidad medida del coronavirus -personas fallecidas sobre casos notificados- pasó de ser cercana al 3% en 2020 a 0,3% en 2022 en Argentina, como consecuencia de la inmunidad adquirida, tanto natural como por las vacunas, indicaron especialistas en un contexto actual el que se informan un promedio de cinco muertes por día en el país.

“La letalidad es el número de fallecidos sobre cantidad de casos reportados; estos números muestran con claridad que está descendiendo la cantidad de personas que fallecen en relación a la cantidad de contagios”, explicó el infectólogo Martín Hojman.

Hojman, integrante de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), indicó que “esto se debe a dos causas; en primer lugar las vacunas, eso lo vimos en la ola por Ómicron en enero pasado que tuvimos una gran cantidad de casos y mucho menos muertes que en mayo-junio de 2021; esto si bien puede estar en parte relacionado con una característica propia de la variante, el principal motivo fue la vacunación”.

“También puede ser consecuencia de la inmunidad natural, la que se va adquiriendo producto de los contagios previos; en este caso no está clara su magnitud sobre todo en el contexto de las diferentes variantes, pero seguro que alguna influencia tiene”, sostuvo.

Según datos del Ministerio de Salud, en 2020 la letalidad fue de aproximadamente el 2,8 (3,2% en varones y 2,3% en mujeres); al diferenciar por franja etaria se encontraba que era un 0,6% en menores de 60 y un 15,9% en personas de 60 años y más, el promedio de edad fue de 72 años.

Hacia 2021, la letalidad general pasó a ser aproximadamente 1,7% (2% en varones y 1,4% en mujeres); pero como consecuencia de las vacunas que se aplicaron en principio a las personas mayores, la brecha entre el porcentaje de fallecidos de menos de 60 y de más de 60 se redujo: la letalidad fue de 0,5% en menores de 60 y del 10% en personas de 60 años y más; también descendió a 68 años el promedio de edad.

Durante 2022 el porcentaje de vacunación alcanzó en forma proporcional a casi todas las edades (al menos en mayores de 18 años).

Esto llevó a una letalidad de solo el 0,3% aproximadamente (igual en varones y mujeres), en tanto que volvió a incrementarse la brecha: entre los menores de 60 la letalidad es de 0,04% y en las personas mayores alcanza el 2,1% y el promedio de edad de los fallecidos ascendió a 75 años.

Se trata de estadísticas públicas del gobierno de la Ciudad.

Una familia porteña necesitó ingresos por $139.729,98 en marzo para ser considerada de clase media según la Dirección General de Estadísticas y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de marzo de 2022. Ese umbral, de unos $4.507,41 por día, subió 6,09% respecto a febrero, por arriba de la inflación del mes. En términos interanuales, los ingresos necesarios para alcanzar ese nivel socioeconómico aumentaron 61,13% en comparación con el mismo mes del año pasado.

El reporte, entre otros datos, fija los criterios actualizados que toma el distrito para delimitar los niveles socioeconómicos en base al nivel ingreso.

Así, una familia de cuatro integrantes necesitó disponer de entre $139.729,98 y $447.135,91 durante el mes pasado para entrar en “sector medio”. Esa “familia tipo”, según el relevamiento oficial, está formada por dos adultos de 35 años, económicamente activos, propietarios de una vivienda y con dos hijos de 9 y 6 años.

En situación de indigencia: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Alimentaria (CBA – Línea de indigencia). Es decir, quienes en marzo no percibieron ingresos por $49.602,43.

En situación de pobreza no indigente: hogares cuyo ingreso total mensual no alcanza para cubrir la Canasta Básica Total (CBT – Línea de pobreza) pero permite al menos adquirir la CBA. El rango de ingresos para este estrato se fijó entre $49.602,44 y $90.467,22.

No pobres vulnerables: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CBT y no alcanza la Canasta Total (CT) del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan entre $90.467,23 y $111.783,97.

Sector medio frágil: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos la CT y no alcanza 1,25 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Tienen ingresos mensuales entre $111.783,98 y 139.729,97.

Sector medio “clase media”: hogares cuyo ingreso total mensual es de al menos 1,25 veces la CT y no alcanza 4 veces la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Ganan desde $139.729,98 y hasta $447.135,91.

Sector acomodado: hogares cuyo ingreso mensual es de 4 veces o más la CT del Sistema de Canastas de Consumo. Son los ingresos de $447.135,92 o más.

Según estos parámetros, para no caer en la pobreza se necesitaron $90.467,23 al mes -un 52,79% más que hace un año-, mientras que quienes superan los $111.783,98 pero no alcanzan los $139.729,98 mensuales son considerados “sector medio frágil”.

Un matrimonio con dos hijos necesitó en marzo esa cantidad de ingresos para no caer en la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires.

Una familia compuesta por un matrimonio y dos hijos necesitó en marzo ingresos por $90.467 para no caer en la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires, según detalló la Dirección de Estadística porteña. Así, a igual período del año pasado, este valor representó un incremento del 52,77%.

En tanto, si se lo compara con febrero de 2022 significó un alza de 6,1%, 1,4 puntos más que la variación general de precios que publica el INDEC.

La Canasta Básica Total (CBT) con que se mide la pobreza está compuesta por un conjunto de alimentos y servicios esenciales para la supervivencia de un mes del conjunto determinado.

Por su parte, para no caer en la indigencia, el mismo el umbral de ingresos para el grupo familiar se ubicó en $49.602 –valor de la Canasta Básica Alimentaria (CBA)-, lo que significó una suba del 57,7% contra marzo de 2021 y de 5.4% con relación a febrero, 0,7 puntos más que el IPC.

La última medición de pobreza del INDEC arrojó una tasa de 37,3% para todo el país y para la Ciudad de Buenos Aires de 16,4%.

No obstante, se espera un deterioro de estos indicadores cuando se conozca los resultados del primer semestre de 2022 debido al fuerte impacto que tendrá la creciente inflación.

El INDEC dará a conocer la medición oficial el próximo miércoles 13.

El dirigente santafesino aseguró que “no hay que tenerle miedo a la discusión”.

El dirigente peronista de Santa Fe Leandro Busatto habló sobre el debate en el interior del Frente de Todos. Le quitó dramatismo a la situación: “Hay que revitalizar la discusión al interior del peronismo, hay que hablar de cara a la sociedad de los problemas que hoy existen y cómo se van a resolver. No tenemos que tenerle miedo a esa discusión porque se juegan cosas muy importantes en la Argentina”, señaló.

En esa línea, insistió: “Hay que generar mucho ‘frentetodismo’, esa es nuestra idea. No hay que tenerle miedo al debate. Te hablo desde el interior del país, para nosotros el kirchnerismo es una identidad muy fuerte, que revitalizó el peronismo. No podemos dejar de lado esa identidad”, agregó en una entrevista con AM 530 – Somos Radio.

“No está en juego solo una elección, sino toda una identidad, 70 años de peronismo y de todo lo que eso significa, hablamos de que pueda triunfar el proyecto histórico de la derecha”, aseguró el dirigente kirchnerista, quien aseguró que quiere ser candidato a gobernador por Santa Fe.

Por último, se refirió a los debates económicos en el Frente de Todos: “La economía argentina está creciendo y lo está haciendo de acuerdo a los parámetros propios de lo que propuso el kirchnerismo. Pero también es cierto que ese crecimiento todavía no impacto socialmente”, aclaró. “Podés pensar en crecer pero hay que tener una estrategia de desarrollo”, siguió.

Por último, insistió: “No hay que tenerle miedo a la discusión pero teniendo en claro que tiene que seguir gobernando el peronismo, no hay otra alternativa para Argentina.