Jairo recibió la distinción de manos del vicepresidente tercero de la cámara baja, Julio Cobos, acompañado por el Ministro de Cultura, Tristán Bauer y la diputada Gisela Scaglia, impulsora del reconocimiento.

Se entregó en el Salón de los Pasos Perdidos del Congreso de la Nación la “Mención de Honor Diputado Nacional Dr. Juan Bautista Alberdi” al cantautor Mario Rubén González, conocido popularmente como ”Jairo”, en reconocimiento a sus más de 50 años de trayectoria artística y como destacada personalidad de nuestra cultura popular.

Artista consagrado en nuestro país, la región y en Europa, Jairo se ha destacado desde el inicio y a lo largo de su carrera no sólo por su música sino por su compromiso social, así como su defensa de los valores democráticos y republicanos.

Jairo recibió la distinción de manos del vicepresidente tercero de la cámara baja, Julio Cobos, acompañado por el Ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer y la diputada (MC) Gisela Scaglia, impulsora del reconocimiento.

En el acto, que se celebró el martes, estuvieron presentes familiares, amistades personales y personalidades destacadas de nuestra cultura, como Juan Carlos Baglietto, Amelita Baltar, Carlos Bianchi, Fernando Bravo, Rudy Chernicof, Bobby Flores, Lito Vitale y Julia Zenko, entre otros.

Además participaron del evento el Ministro de Cultura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Enrique Avogadro, diputadas y diputados nacionales, invitadas e invitados especiales y autoridades de la H. Cámara de Diputados de la Nación.

Entre las presencias destacadas, cabe mencionar la de su hijo Yaco González, en compañía de su pareja Chantal Abad, sus nietos Juana y Francisco González Posse, a quienes se sumaron en vivo de manera virtual sus hijos Iván y Mario (desde París) y Lucía (desde Milán), quienes sorprendieron a Jairo con una comunicación en simultáneo, en lo que sin dudas fue uno de los momentos más significativos y emocionantes de la tarde.

Para finalizar, el propio Jairo interpretó tres canciones: “Los enamorados”; “Samba del pañuelo” (junto a Juan Falú) y el cierre con “Lamento del Indio Chaco”, dada la coincidencia de la fecha de la distinción con la que se conmemora el Día de los Pueblos Originarios.

La «Mención de Honor Diputado Juan Bautista Alberdi” constituye el máximo galardón que otorga la H. Cámara de Diputados de la Nación, presidida por Sergio Massa, a aquellas personas físicas y/o jurídicas que se destaquen por sus acciones culturales, científicas, políticas, humanísticas, o por aportes que, en general, realcen los valores democráticos y republicanos.

Está prófugo de Uruguay, que no quiere extraditarlo.

El macrismo suele jactarse de un respeto a las instituciones que no lleva a la práctica. Caso contrario, no se explica cómo el ex funcionario y hombre fuerte de Cambiemos Pepín Rodríguez sigue escapándose de la justicia argentina.

Rodríguez fue clave para el armado de causas durante el gobierno de Mauricio Macri, su íntimo amigo. Procesado por la justicia, Pepín decidió fugarse a Uruguay. Mañana se cumplirán 500 días de su fuga.

El 8 de diciembre de 2020, Rodríguez decidió que no quería enfrentar a los jueces de Argentina. Temía quedar preso en una causa que lo investiga como responsable de una red dedicada a perseguir opositores políticos. Ese día se escapó de Argentina y nunca más volvió.

Por esa causa, tiene pedido de captura internacional aunque todavía resta que el país vecino defina su situación. En Uruguay también manda la política sobre la justicia: el gobierno de derecha es aliado al macrismo. Caso contrario, no se entiende cómo todavía no se definió la extradición de Pepín.

Para que toda la situación sea más delirante, Pepín Rodríguez es miembro del Parlasur. El macrismo lo propuso en ese lugar justamente para que pueda esquivar a la justicia nacional. Ahora, el Parlasur podría echarlo. ¿Finalmente deberá rendir cuentas ante la justicia? ¿O seguirá impune?

La comisión de Legislación General se reúne en el Congreso para continuar el debate de la Ley 27.551 sobre Alquileres. Junto a asociaciones, observatorios y organizaciones de todo el país, se buscará mejorar la legislación actual.

Se espera la participación de representantes de la Cámara de Propietarios de la República Argentina; del Consejo Federal del Consumo (COFEDEC); de la Federación de Inquilinos Nacional (PTE); y del Centro de Estudios alegales y Sociales (CELS), entre otros.

La actividad se podrá seguir en directo desde los siguientes links:

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En los próximos días ANSES creará una aplicativo especial para quienes cobren el bono.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que se habilitará un aplicativo en su portal web, para que trabajadores no registrados puedan inscribirse. Así podrán acceder al bono de refuerzo de ingresos por $ 18.000 en dos cuotas que anunciaron ayer el presidente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Martín Guzmán. La medida del gobierno alcanza a 13 millones de personas.

El mecanismo de inscripción será oficializado a través de la web de la Anses y de sus distintos canales de comunicación, y será exclusivo para los trabajadores informales. Tanto los monotributistas A y B como los jubilados y pensionados que perciben hasta dos haberes mínimos están individualizados en los registros de la Anses.

Fuentes del organismo informaron que en las próximas horas se detallará “quiénes, dónde y desde cuándo podrán inscribirse para percibir el refuerzo”.

La Comisión de Legislación General realizó hoy una amplia ronda de reuniones informativas con el objetivo de debatir y analizar las modificaciones a la Ley de Alquileres

Presidida por la diputada nacional del Frente de Todos, Cecilia Moreau, la Comisión de Legislación General realizó hoy una amplia ronda de reuniones informativas con el objetivo de debatir y analizar las modificaciones a la Ley de Alquileres (27.551), norma sancionada por el Congreso en 2020. Las reuniones informativas de diputados continuarán mañana desde las 13Hs, en el Congreso de la Nación Argentina.

Durante la jornada, el Presidente de la Federación Inmobiliaria de Argentina, Emilio Caravaca Pazos, mencionó la propuesta que ya han presentado por escrito al cuerpo legislativo, incluyendo los puntos que consideran revisables de la legislación, destacando: “Podemos detenernos un poco en los fundamentos sobre eso, entender que la periodicidad de los ajustes ha generado en realidad una situación que ha elevado los valores iniciales de alquiler”.

En representación del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de Argentina, Andrés Gariboldi, enfatizó en modificaciones a la Ley: “Tenemos que poner en marcha algunas medidas de corto plazo que son la reducción del plazo del contrato, de 36 a 24 meses, consideramos que requerimos un escalonamiento dentro de las locaciones, no hay ningún producto ni servicio en la República Argentina que se actualice una vez al año”.

El debate en la Comisión de Legislación General contó con 30 expositores con representación federal, entre ellos Federico Prior (Inquilinos de Neuquén), Nire Roldán (Frente Nacional de Inquilinos y Pymes Locatarios), Laura Ceroli (investigadora y docente de planificación urbana), Javier Grandinetti (Consejo Consultivo de la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario), Alicia Espinoza (Fuerza de Mujeres Barrio 31), entre otros.

La comisión de Legislación General se reúne en el Congreso para continuar el debate de la Ley 27.551 sobre Alquileres.

En el encuentro se escucharán las observaciones y necesidades de consejos federales como COFECI, observatorios, asociaciones como ADCOIN, federaciones, investigadores, y fundaciones, con un amplio sentido federal.
Dicha dinámica permitirá el diálogo e intercambio entre sectores que representan a inquilinos, locatarios, inmobiliarias, y empresas, en busca junto a los diputados de mejorar la legislación actual.

Dicha comisión avanzará también mañana para retomar nuevamente el debate el 27 y 28 de abril.

La actividad se podrá seguir en directo desde los siguientes links:

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A través de un documento elaborado por la Cancillería se indicó que el despliegue de efectivos militares en las Islas constituye una “injustificada demostración de fuerza”.

El Gobierno nacional expresó su “contundente rechazo” a la realización de nuevas maniobras militares en las Islas Malvinas por parte del Reino Unido lo que, consideró, constituye “una injustificada demostración de fuerza” en territorio argentino “ilegítimamente ocupado” y un “deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de la ONU y de otros organismos internacionales”.

En una declaración emitida por la Cancillería, el Ejecutivo expresó una nueva protesta por los ejercicios militares británicos en el archipiélago, que se desarrollarán a partir de este lunes, hasta el 29 de abril. “La República Argentina rechaza en los términos más contundentes la realización de estas maniobras militares en territorio argentino ilegítimamente ocupado“, se pronunció el Palacio San Martín en el comunicado.

El documento oficial indica además que los nuevos ejercicios militares “constituyen una injustificada demostración de fuerza y un deliberado apartamiento de los llamamientos de las numerosas resoluciones de las Naciones Unidas y de otros organismos internacionales, que instan tanto a la Argentina como al Reino Unido a reanudar las negociaciones, a fin de encontrar una solución pacífica y definitiva a la disputa de soberanía que involucra a ambos países en la Cuestión de las Islas Malvinas”.

“El Gobierno argentino ha tomado conocimiento de que entre los días 18 y 29 de abril el Reino Unido está realizando, una vez más, ejercicios militares en las Islas Malvinas, donde participan, entre otros, fuerzas británicas estacionadas en las Islas Malvinas, pertenecientes al Regimiento del Duque de Lancaster“, detalla el comunicado.

Según la información oficial, también participarán de las maniobras “la ilegítima Fuerza de Defensa de las Islas, en conjunto con fuerzas de la Royal Navy y de la Royal Air Force“, los que, detalla, “forman parte del despliegue militar de ocupación ilegal del Reino Unido en las Islas Malvinas.

De acuerdo con un comunicado del contingente militar británico en las Islas Malvinas (BFSAI), estos ejercicios se llevan a cabo para “demostrar la habilidad del personal del BFSAI para coordinar y realizar recursos para un ejercicio a gran escala”, señala la cartera que encabeza el canciller Santiago Cafiero.

En la declaración, se remarca que la presencia militar británica en las islas se “contrapone categóricamente con la permanente voluntad de la República Argentina de resolver la controversia por medios pacíficos, de conformidad con el Derecho internacional y las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas”.

En ese sentido, sostiene que “en particular, la persistencia del Reino Unido en la realización de ejercicios militares en el Atlántico Sur contraviene específicamente la resolución 31/49 de la Asamblea General de Naciones Unidas que insta a ambas partes (la Argentina y el Reino Unido) a que se abstengan de adoptar decisiones unilaterales que entrañen la introducción de modificaciones en la situación mientras las Islas están atravesando por el proceso de negociación por ella recomendado”.

Asimismo, manifiesta que “la presencia militar contradice también la resolución 41/11 de la Asamblea General (Zona de Paz y Cooperación en el Atlántico Sur) que, entre otras disposiciones, exhorta a los estados de todas las demás regiones, en especial a los estados militarmente importantes, a que respeten escrupulosamente la región del Atlántico Sur como zona de paz y cooperación, en particular mediante la reducción y eventual eliminación de su presencia militar en dicha región”.

“El Gobierno argentino reafirma una vez más su soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes que forman parte integrante del territorio nacional de la República Argentina, los que, estando ilegítimamente ocupados por el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, son objeto de una disputa de soberanía reconocida por las Naciones Unidas mediante la resolución 2065 (XX) y posteriores de la Asamblea General así como de otras organizaciones y foros internacionales”, subraya el documento oficial.

Por último, indica que “de conformidad con las resoluciones mencionadas, el Gobierno argentino reitera que se trata de una controversia de soberanía que debe ser resuelta de manera bilateral entre ambos países, y reafirma su disposición a reanudar las negociaciones”.

Por fin: la Inspección General de Justicia requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake SA.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió la intervención judicial de la firma Hidden Lake S.A., propiedad del magnate inglés Joe Lewis, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a acceder al Lago Escondido, ubicado en la provincia de Río Negro, un derecho constitucional vedado hace 17 años. El poderoso Lewis es muy amigo de Mauricio Macri.

“Hidden Lake S.A. resulta ser una pantalla jurídica que no tiene por finalidad el intercambio, la producción o prestación de bienes o servicios, sino que se la está utilizando para disfrazar un cuantioso patrimonio del Sr. Lewis en la Patagonia, a la vez que para evitar o cuanto menos frenar la aspiración de cualquier integrante de la sociedad argentina de poder acceder al singular y maravilloso espejo de agua que representa el Lago Escondido”, sostuvo este lunes el organismo.

Así fue expuesto por la IGJ, entre otras argumentaciones, para apoyar su pedido, que deberá resolver ahora la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal, mientras la causa judicial referida al acceso al lago permanece desde hace 5 años sin movimientos en una cámara de Bariloche.

Según el Código Civil de la República Argentina los ríos y lagos son de dominio público (artículo 2340), mientras que la Constitución de la Provincia de Río Negro “asegura” el libre acceso con fines recreativos a las riberas de espejos de agua de dominio público (artículo 73).

Aunque en 1994 se creó el Área Natural Protegida Río Azul-Lago Escondido, en 1999 se modificó y se dejó al lago afuera del área protegida, reseñó Infonews.

Lago Escondido está custodiado por leyes nacionales que avalan el acceso a cualquier persona, algo que no se cumple pese a que hubo varios fallos en ese sentido de la justicia rionegrina.

Uno de los planteos de la IGJ apunta a “hacer cesar el irregular e ilegal estado de cosas que se verifica hasta el presente, concretado a través de la antijurídica actuación en nuestro país del Sr. Lewis, utilizando de forma espuria a una sociedad comercial registrada en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en un estudio jurídico capitalino”.

El hecho ocurrió en agosto de 2019, cuando en pleno macrismo un oficial derribó de una patada a un hombre que vivía en la calle y que murió al golpear su cabeza en el asfalto en el barrio porteño de San Cristóbal.

La Justicia decidió procesar a dos efectivos de la Policía de la Ciudad que conduce Horacio Rodríguez Larreta por encubrimiento agravado y falso testimonio. Están acusados de haber colaborado con el oficial que en agosto de 2019 derribó de una patada a un hombre que vivía en la calle y que murió al golpear su cabeza en el asfalto en el barrio porteño de San Cristóbal.
 
Según informó la Procuración, la decisión fue adoptada por la jueza nacional en lo Criminal y Correccional 8, Yamile Susana Bernan, en el marco de una investigación originada en el pedido de extracción de testimonios efectuado en su momento por la fiscal Ana Yacobucci en la causa principal por el homicidio preterintencional de Jorge Martín Gómez de 41 años.
 
Gómez murió en agosto de 2019 luego de haber sido derribado de un patada y golpearse la cabeza en la caída, en la calle Carlos Calvo entre Saavedra y Alberti, del barrio porteño de San Cristóbal.

Según consignó Télam, en diciembre pasado, el actual fiscal de la causa, Leonel Gómez Barbella, de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional 32, había solicitado la indagatoria de tres efectivos policiales por los delitos de encubrimiento agravado, falso testimonio agravado y falsedad ideológica.
 
El fiscal sostuvo que actuaron “en forma conjunta y coordinada para ocultar, alterar y hacer desaparecer los rastros y pruebas del delito” para ayudar a otro policía, Esteban Ramírez (44), con el objetivo de que pueda eludir la investigación en su contra.
 
Los tres policías fueron indagados por la jueza Bernan que ahora procesó, aunque sin prisión preventiva a dos de ellos, la oficial primero Lorena Alejandra Luna y el oficial primero Sergio Daniel Sendra, como coautores de “encubrimiento agravado por haber sido cometido por funcionarios públicos” y de “falso testimonio”.
 
La jueza consideró que ambos oficiales de la comisaría vecinal 3B habían visto cuando el policía Ramírez dio una patada que hizo que Gómez cayera al suelo y que, incluso, habían advertido “la gravedad de las lesiones” ocasionadas al hombre.
 
De acuerdo a la resolución, eso permitió explicar por qué “obraron como lo hicieron” y con la finalidad de ocultar lo ocurrido para evitar que el policía “pudiese ser responsabilizado por ello”.
 
“Pese a sus años de experiencia y a que lo que acababan de presenciar ameritaba indudablemente intervención judicial, no iniciaron actuación alguna. Por el contrario, y sin perjuicio de la gravedad de lo ocurrido, actuaron como si nada hubiese pasado”, remarcó la magistrada.

 También señaló que cuando habían prestado declaración testimonial, Luna y Sendra declararon falsamente e intentaron hacer creer que Gómez -una persona indigente- había agredido a su colega con el cuchillo y que el policía “tan sólo había actuado defensivamente”.
 
En relación al tercer imputado en esta causa, el oficial inspector Héctor Alejandro Febula, la jueza destacó que su vinculación a la investigación se da porque, al producirse el hecho, era el jefe de servicio judicial de la comisaría vecinal 3B, y la persona que efectuó las consultas telefónicas por lo ocurrido con la fiscalía y el juzgado.
 
Sin embargo, a diferencia de los otros dos imputados, consideró que no existen pruebas en la investigación que lo ubiquen en la escena del crimen y que supiera exactamente lo que había ocurrido, por lo que dictó su falta de mérito, alqo que Gómez Barbella ahora evalúa apelar.
 
Por su parte, el policía Ramírez está imputado y elevado a juicio por homicidio preterintencional. Iba a comenzar a ser juzgado el 6 de septiembre pasado por el Tribunal Oral Criminal (TOC) 9, aunque el debate se suspendió tras un pedido del abogado querellante para que se aceptara como parte a otro de los hermanos de la víctima, porque el que estaba designado falleció por Covid-19.

Ocurrió en La Plata, donde un hombre oriundo de Neuquén fue detenido por amenazar con un rifle a una mujer. Aseguró que su objetivo era matar a la vicepresidenta.

Un hombre fue detenido por amenazar con un rifle a una mujer en plena vía pública de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires. El implicado aseguró que su objetivo era matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

Una conductora advirtió que un niño que acompañaba al protagonista del hecho estaba en peligro ya que se encontraba con el cuerpo saliendo una de las ventanillas.

El hombre, que se vestía con ropa camuflada como militar en combate, sacó su rifle y amenazó a la mujer. La agredida llamó al 911 para denunciar la situación.

El director de Seguridad de Edificios Públicos Municipales, Cristian López, redujo al individuo y le sacó el arma.

Efectivos policiales le encontraron un cuchillo y una navaja. El detenido aseguró que hacía tres días venía manejando desde Neuquén para matar a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a otros funcionarios del Gobierno nacional.

El niño, que sería hijo del apresado, fue destinado al área de Niñez de la Municipalidad de La Plata, mientras que el hombre fue trasladado a la Comisaría cuarta platense.