El Ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación afirmó que el entendimiento con el FMI no modificará la política habitacional del Gobierno.

El titular de la cartera de de Desarrollo Territorial y Hábitat nacional, Jorge Ferraresi, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) “no cambiará las políticas de vivienda” que implementa el Gobierno nacional, y recordó que este año “la inversión pública aumentará” en relación a lo que se destinó durante 2021.

“El acuerdo con el FMI no cambiará en nada la política habitacional del Gobierno. Seguimos con el objetivo de construir 100 mil viviendas por año. El año pasado tuvimos una inversión pública de 1,4 porciento del PBI y en 2022 tendremos una de 2.2%”, señaló el ex intendente de Avellaneda.

El funcionario señaló además que “una de las cuestiones que se ha tenido en cuenta la negociación con el FMI es justamente no postergar una de las deudas sociales con los argentinos“.

“Estamos muy bien en ese camino con todos los programas destinados a saldar una deuda social con los argentinos que es la de garantizar la casa propia. Estamos trabajando con los sindicatos para avanzar con programas de viviendas para sus trabajadores“, precisó en relación a los proyectos venideros.

A la hora de repasar el estado de la construcción de viviendas, el funcionario consignó “hay más de 110 mil viviendas a construir en todo el país y el mes de marzo se estaremos entregando la vivienda número 40 mil”.

A su vez, remarcó que “el programa de crédito directo para que se construyan viviendas en terrenos ya adquiridos o de familiares viene creciendo muchísimo porque el primer sorteo fue de 13 mil personas y en el último sorteo ya se inscribieron más de 48 mil”.
Tras dos jornadas seguidas de entrega de viviendas en desarrollos urbanísticos en la ciudad de Buenos Aires, Ferraresi sostuvo que el programa Procrear II “cada vez tiene más volumen” y destacó que “en los últimos días se han entregado viviendas” en el distrito porteño.

“Lamentablemente, el Gobierno de la Ciudad no acompaña. No hay interacción, pero nosotros seguimos construyendo en los terrenos nacionales que tenemos y esa es la tarea”, ratificó.

De esta manera, el kilo del popular alimento pasará a costar 300 pesos, a raíz del incrementos de las materias primas y los servicios.

A partir del lunes que viene, el precio del pan aumentará entre un 20% y un 25% y, de esta forma, pasará a costar entre $240 y $300 el kilo.

El aumento se debe a la suba de precios de los combustibles, de los servicios y de las materias primas, según informó este miércoles la Federación Industrial Panaderil de la provincia de Buenos Aires (FIPBA).

Según explicó el presidente de la FIPBA, Raúl Santoandré, “los huevos, por ejemplo, en diez días aumentaron un 30%; el azúcar un 33%; los plásticos y el papel, un 10%, y la levadura un 35% por ciento”.

“Es inevitable para nosotros tener que trasladar esos aumentos a nuestros precios”, agregó el dirigente empresario sobre los motivos del alza del precio del pan.

Además del pan, otros productos clásicos de las panaderías tendrán incrementos. Las facturas, por ejemplo, costarán entre $400 y $600 la docena a partir del lunes próximo, según el anticipo de Santoandré.

Los panaderos justifican estos aumentos en los precios por la suba de los costos. La semana pasada, el combustible aumentó un 9% en promedio, entre ellos el gasoil, y la mayoría de las materias primas que se necesitan para la elaboración de los panificados se traslada en camiones.

El juez Ramos Padilla rechazó los informes de campaña 2017 de Cambiemos y condenó a la coalición opositora con una multa total de más de $5.5 millones.

El juez federal con competencia electoral de La Plata, Alejo Ramos Padilla, ­desaprobó la rendición contable de la filial bonaerense de Cambiemos del año 2017, cuando María Eugenia Vidal gobernaba la provincia de Buenos Aires y sumó más dudas al escándalo de los aportantes falsos para la ­campaña electoral.

Se trata de los informes de recursos y gastos asignados a la campaña del frente Cambiemos Buenos Aires (nombre que adoptó la coalición en la Provincia) para las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), y que al año siguiente fueron el centro de un escándalo cuando se reveló que muchos de los supuestos aportantes habían sido inscriptos sin su conocimiento y no habían realmente aportado fondos para la contienda electoral.

El magistrado impuso además una multa total de más de 5,5 millones de pesos a los partidos que integraban la coalición macrista en territorio bonaerense.

El partido que deberá pagar el mayor monto es PRO, la principal fuerza de esa alianza, fundada por Mauricio Macri: Ramos Padilla le impuso una suma de $3.246.965,53. En tanto, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica-Afirmación para una República Igualitaria (CC-ARI) deberán desembolsar $990.599,65 en cada caso.

Otras ocho fuerzas políticas que integraban Cambiemos en la Provincia fueron sancionadas con multas de $34.395,82. Se trata del Partido Demócrata Progresista (PDP), el Partido Conservador Popular, el Partido Demócrata, la Unión del Centro Democrático (Ucedé), el Espacio Abierto para el Desarrollo y la Integración Social, el Partido Fe, el Partido del Diálogo y el Movimiento Social por la República.

La lista de Cambiemos Buenos Aires para el Senado estaba encabezada por Graciela Ocaña, y la de postulantes a diputados, por Esteban Bullrich.

En su fallo, el juez electoral decidió ­“desaprobar los informes finales de recursos y gastos de campaña de la alianza Cambiemos Buenos Aires de este distrito para la elección primaria del 13 de agosto de 2017, correspondientes a las categorías de diputados nacionales y senadores nacionales”, y “sancionar a los partidos que conformaron la alianza” con las multas detalladas arriba, por un total de $5.503.331,39.

No solo eso, también dispuso “iniciar las actuaciones penales a fin de investigar la posible comisión de un delito, de conformidad con lo establecido” en el Código Electoral Nacional.

Ocurre que, según se reveló en 2018, Cambiemos Buenos Aires habría anotado como aportantes a personas que figuraban en las bases de datos de beneficiarios de planes sociales; personas que, claramente, no estaban en condiciones de aportar dinero para una campaña y que, en la mayoría de los casos, se enteraron de que figuraban en la lista cuando estalló el escándalo.

Así lo informó el director general de la OMS Tedros Ghebreyesus. A la vez, aseguró que “cualquier sensación de seguridad puede cambiar de un momento a otro”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informó esta semana que bajaron los casos y las muertes en el mundo producto de la pandemia. Al mismo tiempo, su director general Tedros Adhanom Ghebreyesus advirtió este miércoles que la pandemia de coronavirus “no terminó” y pidió más apoyo para combatirla.

Días atrás en su informe epidemiológico semanal, la OMS dijo que los casos de coronavirus cayeron un 17% durante la última semana en el mundo en comparación con la semana anterior, incluida una caída del 50% en Estados Unidos, mientras que las muertes disminuyeron un 7%.

En ese sentido, Ghebreyesus lanzó su advertencia y anunció oficialmente un campaña de 23.000 millones de dólares para financiar los esfuerzos del organismo de salud de la ONU y conseguir una distribución mundial equitativa de test, vacunas y medicamentos para el coronavirus.

“Dependiendo donde viva uno, podría parecer que la pandemia de Covid-19 está casi terminada o podría parecer que está en su peor momento. Pero donde sea que viva uno, la Covid-19 no terminó “, dijo Tedros.

“Sabemos que este virus va a seguir cambiando, pero no estamos indefensos. Tenemos las herramientas para prevenir esta enfermedad, diagnosticarla y tratarla”, añadió, según informó la agencia de noticias Europa Press.

En su informe epidemiológico, la OMS dijo Ómicron es cada vez más dominante y representa casi el 97% de todos los casos contabilizados, mientras que un poco más del 3% de los casos correspondían a la variante Delta.

“La prevalencia de la variante Ómicron ha aumentado a nivel mundial y ahora se detecta en casi todos los países”, dijo la OMS.

“Sin embargo, muchos de los países que informaron un aumento temprano en el número de casos debido a la variante Ómicron ahora han informado una disminución en el número total de casos nuevos desde principios de enero de 2022”, agregó.

Sus comentarios llegaron en momentos en que algunos países han anunciado el fin de las restricciones por el coronavirus o planes para ponerles fin luego de superar recientes picos provocados por la variante Ómicron o de empezar a hacerlo.

Tedros dijo que las “enfermedades no respetan fronteras” y que la altamente transmisible Ómicron demostró que “cualquier sensación de seguridad puede cambiar de un momento a otro”.

La economía crea empleo privado hace 13 meses de forma consecutiva.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este martes que la industria registró en diciembre un incremento del 10,1% respecto a igual mes de 2020 y cerró el año con un alza de 15,8%, mientras que la actividad de la construcción subió en diciembre un 4,6% interanual y acumuló un 30,8% de crecimiento. La economía ya recuperó lo perdido por la pandemia y por varios años del ajuste macrista. Impresionante.

Al respecto de la actividad industrial, el rubro que mejor suba mostró fue el de automotores y equipos de transporte con un alza del 50,9% sobre el acumulado del año anterior. La industria ya funciona a nivel de 2016/2017.

Desde el Ministerio de Economía destacaron que tanto la construcción como la producción llevan 14 meses consecutivos en alza, y logró ubicarse en un nivel de actividad que resulta un 26,5% superior a la prepandemia.

Ese crecimiento de la economía argentina viene acompañando de la creación de puestos de trabajo. Hace más de un año que cada mes se incrementa el número de personas ocupadas en el sector privado. Ya casi se recuperaron todos los puestos perdidos durante la pandemia. Ahora, habrá que remontar los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, que fueron una catástrofe para los trabajadores argentinos.

Así lo revelaron los estudios de laboratorios de las dosis secuestrada en los allanamientos policiales.

Las primeras pericias aseguraron que la cocaína adulterada que mató a 24 personas en la provincia de Buenos Aires tenía clorhidrato piperidina, un precursor del fentanilo.

La información fue confirmada por el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, quien informó que el estudio fue realizado en un laboratorio privado.

En ese contexto, Berní aseguró: “Estuvimos a nada de una tragedia masiva“, para luego detallar que “las víctimas contaron que en cuestión de minutos ya sentían que se morían”.

El ministro bonaerense indicó que en los operativos realizados por la Policía se secuestraron 25 mil dosis que estaban listas para vender y adelantó que se encuentran a la espera de que la Justicia apruebe nuevos allanamientos, ya que estiman que aún hay un remanente de dosis adulteradas.

Según explicó, “la piperidina es un precursor del fentanilo, el cual se clasifica dentro de los opioides, sustancias que son anestésicos y analgésicos”. A su vez advirtió que la sustancia “estaba en forma de clorhidrato, pero no como clorhidrato de cocaína”, lo que arroja como resultado que se trataba en realidad de clorhidrato de piperidina.

Berni sostuvo que, a su criterio, “estábamos ante la presencia de un simulacro de cocaína que salió mal”.

El pasado diciembre la Corte Suprema dispuso que el Consejo de la Magistratura debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros

En diálogo con el canal oficial de la Cámara de Diputados, legisladores de distintas fuerzas políticas se refirieron al proyecto para una nueva composición del Consejo de la Magistratura, luego de que la Corte Suprema estableciera como inconstitucional la actual composición de 13 miembros.

“Hay un fallo de la Corte Suprema que le solicita al Congreso Nacional que dicte una Ley acorde a la manda constitucional del equilibrio entre los estamentos políticos y no políticos, expresó el diputado Juan Martín, del Bloque de la UCR, y agregó: “Sobre eso tenemos el desafío de llegar a un acuerdo y un entendimiento en la medida de lo posible con todos los bloques políticos”.

Por otro lado, Graciela Landriscini, del Frente de Todos consideró necesario aumentar los miembros del Consejo de la Magistratura “para tener una mayor representatividad de los actores legislativos, académicos y profesionales”.

“Se requiere una Justicia transparente, una participación más abierta de quienes son los responsables de las elecciones de jueces y una participación que incorpore la distintas jurisdicciones y territorios del país porque esto nos compete a todos y todas”, aseguró.

El pasado diciembre la Corte Suprema dispuso que el Consejo de la Magistratura debe volver a la conformación sancionada en 1999, modificada luego en 2006, de 20 miembros. El fallo otorgó un plazo de 120 días.

A casi cinco años de iniciada la causa, el juez Alejo Ramos Padilla determinó que “son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes” de campaña de Cambiemos para las elecciones de 2017.

La justicia electoral federal de la Provincia de Buenos Aires comprobó “al menos 79 casos” de aportantes truchos a la campaña proselitista de Cambiemos para las elecciones de 2017. Casi un lustro después de la denuncia, que en cualquier otro escenario debió genera un escándalo de enormes dimensiones políticas, el juez Alejo Ramos Padilla determinó que “son las numerosas irregularidades descriptas y vinculadas a los aportantes privados los que impiden categóricamente aprobar los informes presentados por la agrupación” en su rendición de cuentas sobre cómo financió su campaña en territorio bonaerense. Y dispuso, además, “investigar la posible comisión de algún delito penal”. 

Según informó el portal Tiempo Argentino, la Justicia electoral platense decidió multar al partido PRO con 3.246.965,53 pesos; a sus socios mayores en la coalición, la UCR y la Coalición Cívica – Ari, con 990.599,65 pesos a cada uno, y a los socios menores (Partido Demócrata Progresista, Conservador Popular, Demócrata, Ucedé, Espacio abierto para el Desarrolla y la Integración Social, Fe, Partido del Diálogo, Movimiento Social por la República), con 34.395,82 pesos por fuerza. 

Ramos Padilla tenía los elementos y las pruebas para sacar esta resolución a finales del año pasado, en pleno proceso electoral. Pero prefirió pulir los detalles y demorar el fallo para despegarlo de cualquier intencionalidad política que pudiera atribuírsele.

A lo largo de medio centenar de páginas, el ex juez federal de Dolores concluyó que “se pudieron constatar -al menos- 79 casos de personas que, mediante denuncias o declaraciones testimoniales, negaron haber realizado el aporte declarado por la agrupación” Cambiemos Buenos Aires, tal el nombre que por entonces tenía el oficialismo en los principales distritos electorales de la Argentina.

Acerca de los aportantes, muchas de las personas negaron haber realizado voluminosos aportes eran beneficiarios de planes sociales -AUH, Plan Hogar (garrafa a precio subsidiado) monotributo social-, trabajaban para el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o eran monotributistas cuyo aporte excedía su límite de facturación mensual”.

“Se constató que la agrupación libró recibos a favor de dichas personas, que incluían datos personales como Cuil y dirección, y fueron presentados en este tribunal”.  Cuando una investigación periodística de Juan Amorín dejó al desnudo ese sistema de financiamiento ilegal, tan perverso como antiguo, Cambiemos intentó emprolijar la situación. “La agrupación realizó tres rectificaciones masivas, donde excluyó a más de 1.400 aportantes, e incluyó a más de 300 nuevos aportantes”. Pero “no brindó ninguna explicación de cuáles fueron los errores que llevaron a realizar dichas rectificaciones, no explicó quiénes fueron los responsables de dichos errores, cómo se produjeron, en qué momento se detectaron, por qué ocurrieron, cuáles fueron las bases de datos involucradas”.  Para colmo, “tampoco anuló los recibos de los aportantes excluidos” y “excluyó a personas que habían ratificado el aporte”.

Además, según la resolución de Ramos Padilla, “se verificaron irregularidades en algunas de las personas que ratificaron el aporte, como por ejemplo, el hecho de que quienes ratificaron el aporte lo hicieron varios años después de presentados los informes contables”. 

Aclarado que los aportantes no estaban en capacidad de contribuir a promocionar las candidaturas de Esteban Bullrich y Gladys González, quienes finalmente ganaron la elección para senadores nacionales por la Provincia de Buenos Aires, la auditoría ordenada por el juzgado buscó determinar de dónde provenían esos fondos.

“Se constataron diversos casos que, a criterio del perito, constituyen aportes indirectos prohibidos, ya que se vinculaban con personas pertenecientes a una misma empresa con cargos jerárquicos y que aportaban exactamente el mismo monto dinerario”. Empresas y particulares que, presuntamente, no querían aparecer como los verdaderos financistas de Cambiemos. La investigación penal que dispuso Ramos Padilla deberá centrarse en ellos.

El médico denunció haber sido “hostigado” el pasado fin de semana mientras participaba de la “Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía” a Lago Escondido.

El medico sanitarista y dirigente peronista Jorge Rachid fue rescatado este martes con un helicóptero por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca). El hombre se encontraba retenido luego de haber denunciado haber sido “hostigado” el pasado fin de semana mientras participaba de la “Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía” a Lago Escondido, ubicado en la zona cordillerana de la provincia de Río Negro.

Los participantes de la manifestación sufrieron agresiones por parte de sujetos armados que decían responder a Lewis, una información se conoció a través de una denuncia realizada el domingo por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

No obstante, la Justicia Federal de Bariloche rechazó en las últimas horas dos pedidos de hábeas corpus en favor de los manifestantes, y ante este hecho, Fipca, que respalda las actividades de esta marcha a Lago Escondido, comunicó a través de sus redes sociales que llevará a cabo un operativo de rescate.

Por su parte, Leandro Rachid, hijo del médico sanitarista había afirmado esta mañana en declaraciones a Télam que su padre “estaba bien de salud“, y se encontraban “a la espera de que llegue una brigada de Bomberos de Montaña” para bajar de la zona al dirigente peronista.

Leandro Rachid había informado antes de que se conociera la puesta en marcha de este rescate que hoy mismo su padre bajaría del camino del Lago Escondido con ayuda de los bomberos y “los demás manifestantes estaban viendo cómo lo harían”.

La Justicia falló contra el ex jugador de Boca y la Selección Argentina por una deuda impositiva correspondiente al Impuesto de Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2020.

El juzgado Federal de ejecuciones Fiscales Tributarias Nº 4 le dio la razón a la AFIP y condenó al ex futbolista Carlos Tevez a pagar 42.361.511,85 de pesos, por una deuda impositiva correspondiente al Impuesto de Bienes Personales correspondiente al período fiscal 2020.

No se confirmó, aunque se estimaba, que Tevez apelará el fallo, y deberá pasarse a una segunda instancia.

Según difundió Diario Mendoza Today, Tevez argumentó que “presentó la declaración jurada definitiva del Impuesto sobre los Bienes Personales del período fiscal 2020, cuya cancelación fue instrumentada mediante la suscripción de un plan de pagos en los términos de la RG 4057 (Plan N° PO53792) en la que no se computó suma alguna en concepto de pagos a cuenta”.

Ello fue refutado por el fallo del juez Elías Alfredo Tapia, quien condenó finalmente al ex jugador de Boca, “haciendo lugar a la demanda interpuesta sólo respecto de los intereses resarcitorios y punitorios reclamados respecto de tales obligaciones”.

En consecuencia, se determinó “llevar adelante la presente ejecución contra Tevez hasta que haga íntegro pago a la parte actora (AFIP) de los accesorios previstos en los arts. 37 y 52 de la ley 11.683 (t.o.1998 y sus modif.) cuya cancelación se encuentre pendiente”.

Tevez, además, se había negado a pagar el gravamen extraordinario correspondiente a las grandes fortunas, sancionado el año pasado, con motivo de la pandemia.