No prosperó la recusación planteada por el gobierno porteño para separar al magistrado que investiga el presunto uso irregular del sistema de reconocimiento facial de prófugos, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA. Entre los “espiados” figuran Alberto Fernández, Cristina Fernández y Estela de Carlotto.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes al juez Roberto Gallardo al frente de la causa en la que se investiga la supuesta utilización irregular de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes judiciales.

La sala primera del tribunal de apelaciones rechazó la recusación formulada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –la parte demandada- en la que se sostenía que el magistrado había incurrido en falta de imparcialidad e, incluso, había tomado decisiones llevado por una situación de enemistad.

“El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende”, sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras, en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.

“La sola circunstancia de que el juez haya ordenado las medidas que consideró conducentes para cumplir con su obligación de instruir el proceso y, luego, haya decidido las cuestiones sometidas a su consideración, no resulta suficiente para justificar la alegada afectación de la imparcialidad exigible a los magistrados y, consecuentemente, su separación del proceso”, señalaron los jueces en el fallo al que accedió Télam.

La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, el 11 de abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, “ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”.

El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

El Gobierno porteño, entonces, había señalado que el juez había tomado decisiones que excedían sus funciones, le reprochaban que hubiera dispuesto medidas que ninguna de las partes le había solicitado e incluso le habían criticado la decisión de suspender el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de la cartera de Seguridad porteña, a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA).

Para los jueces de la Cámara, el Gobierno porteño no pudo justificar en su planteo “que las medidas para mejor proveer adoptadas por el a quo –el juez- se hallaban palmariamente desconectadas del objeto de este pleito”.

“La demostración de tal extremo era una condición necesaria para justificar su afirmación de que tales determinaciones constituían un mecanismo utilizado por el juez para ampliar el objeto del proceso o para suplir las falencias defensivas de la contraria”, señalaron los jueces.

“Por otro lado, el accionado tampoco logró fundar adecuadamente su argumento referido a que las diligencias dispuestas por el magistrado para resguardar la información (para luego poder realizar una pericia informática) podía considerarse una actuación carente de imparcialidad. En este sentido, el demandado no presentó ninguna constancia que evidenciara que la reserva ordenada por el magistrado constituía un obrar inequitativo respecto de su parte”, señalaron.

“No puede afirmarse –en términos razonables– que el magistrado hubiera ordenado medidas que tuvieran un fin distinto al de alcanzar la verdad material. En otras palabras, no puede aseverarse que las medidas adoptadas por el tuvieran por objetivo menoscabar intencionalmente los derechos de la demandada”, remarcaron los jueces.

El gobernador Axel Kicillof mantuvo un encuentro con el representante del Banco en Argentina, con quien repasó las obras en ejecución y nuevos proyectos. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, recibió esta tarde en su despacho al representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la Argentina, José Agustín Aguerre Fabregat, con quien abordó el impacto de las obras hídricas, viales, sanitarias y de urbanización que se llevan a cabo con financiamiento del organismo. 

Con la participación del ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, durante la reunión se evaluaron también nuevos proyectos de infraestructura, conectividad, caminos rurales y programas sociales. 

Según precisaron, la cartera de préstamos con el BID para financiar inversiones de la Provincia ascenderá este año a 1.425 millones de dólares.

A fines del año pasado, López alcanzó un acuerdo con el Banco por 500 millones de dólares para el fortalecimiento e integración de las redes de salud y la mejora de la seguridad vial en la Provincia.

Por un lado, el Programa de Salud, con un financiamiento de 300 millones de dólares, tenía como objetivo mejorar la accesibilidad y la cobertura efectiva de los servicios públicos mediante la expansión del primer nivel de atención, la construcción de nuevos CAPS, la adquisición de unidades sanitarias móviles, la refacción de los Centros Comunitarios de Salud Mental y de las Unidades Residenciales de la red de atención y cuidados en salud mental y consumos problemáticos, la conformación de una red integrada de servicio de emergencia, la constitución de un sistema de gestión unificado de medicamentos e insumos, la creación de una red de diagnóstico por imágenes provincial y el fortalecimiento del Instituto Provincial del Cáncer.

A su vez, el Programa preveía continuar financiando el fortalecimiento del sistema público provincial de prevención, diagnóstico y atención de COVID-19.

Este programa es la segunda operación de la Línea de Crédito Condicional para Proyectos de Inversión (CCLIP), suscripta en 2020 entre la Provincia y el BID por USD de 600 millones. La primera operación, de 150 millones dólares, financió refacciones en Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS) y en guardias hospitalarias, la expansión y mejora de la cobertura de tratamientos oncológicos y el fortalecimiento del sistema sanitario para hacer frente al COVID-19, con la adquisición de camas de terapia intensiva, respiradores, materiales y equipos de protección, entre otros.

Por su parte, el Programa de Seguridad Vial financió obras de infraestructura vial sostenible, segura e inclusiva en la Provincia por USD 200 millones. El Programa contempló obras de ampliación vial, entre las que se encuentran la duplicación de calzada de la RP 1003 tramo Merlo – Morón por 7km; la conversión en multicarril y obras complementarias en el Camino 084-03 (parque industrial Pilar) por 5,5 km; la ampliación de la calzada de 28,5 km en la RP 88 y de 12,5 km de la RP 36.  También se preveía la puesta en valor de la RP 2 de 146 km desde el municipio de La Plata hasta Dolores; y la rehabilitación de la RP 205 entre Ezeiza y Cañuelas.

Sin diálogo con el presidente Alberto Fernández tras su abrupta salida, el ex Canciller fue invitado a participar de las reuniones políticas en territorio bonaerense.

Tras su abrupta salida del gobierno nacional, el ex Canciller Felipe Solá confirmó que fue convocado a participar de las reuniones de la mesa política del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, impulsada por los distintos sectores que componen la coalición gobernante.

“Fui consultado y dije que sí, por apoyo a la gestión provincial y pertenencia al peronismo” expresó Solá al portal letra P ante la consulta de la convocatoria a formar parte de la institucionalización del  FDT en la provincia de Buenos Aires, un territorio que Felipe Solá conoce de primera mano por su experiencia como Gobernador (período 2002-2005)

La primera reunión de la mesa del FDT fue a fines de abril en la residencia de la Casa de Gobierno, ubicada en La Plata. Según explicaron, se trató de un “encuentro preliminar” que seguirá con una serie de reuniones “con todos los actores que confirman la coalición para fortalecer el espacio de discusión y debate interno”

De ese encuentro participaron el gobernador Axel Kicillof, el diputado nacional y presidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, la vicegobernadora Verónica Magario; Malena Galmarini por el Frente Renovador, Mario Secco, del Frente Grande; Carlos Castagneto por Kolina, Mónica Macha por Nuevo Encuentro, Cristina Álvarez Rodríguez y Martín Insaurralde.

Según el propio Felipe Solá, el ex mandatario mantiene un diálogo fluido con el actual gobernador Axel Kicillof, y también con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. De hecho, a principios de abril, el excanciller fue invitado al Instituto Patria para abrir un seminario taller sobre “Política, planificación y Gobierno”.

Se trata de las firmas Molinos Río de la Plata y Mastellone. Desde el gobierno bonaerense aseguran que existe un evidente desabastecimiento.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires instó a las empresas alimenticias Molinos Río de la Plata y Mastellone a dar información sobre precios, volúmenes de producción y ventas registrados en los últimos meses, por la notoria faltante de los productos de esas dos firmas en los comercios adheridos al Programa Precios Cuidados.

En un comunicado, se precisó que ambas empresas, líderes de consumo masivo, cuentan con más de 100 productos dentro del Programa +Precios Cuidados.

Se detalló que la solicitud de información se origina “por los preocupantes resultados de las fiscalizaciones del Programa +Precios Cuidados, que muestran un evidente desabastecimiento en las góndolas de las grandes cadenas comerciales en toda la Provincia”.

“Ante un contexto de estabilidad cambiaria, políticas destinadas al sostenimiento de la oferta y acuerdos entre el gobierno y las empresas alimenticias, no se evidencia las razones del desabastecimiento que denuncian las cadenas”, se indicó.

El instrumento utilizado busca que las empresas justifiquen las razones por las cuales se genera el magro abastecimiento y, a la vez, seguir de cerca estas acciones e identificar a tiempo posibles maniobras especulativas.

Ambas empresas cuentan con un plazo perentorio para remitir la información a la Subsecretaría de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones bonaerense.

Se explicó que esas acciones se desarrollaron en el marco de un operativo conjunto con la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA).

El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires creará un “área profesional de choferes” para que manejen los móviles policiales.

La cartera de Seguridad de la provincia de Buenos Aires inició una convocatoria de civiles para la trabajar como choferes de móviles de la Policía Bonaerense. Los requisitos para integrar esta nueva área profesional de choferes.

“En Argentina todas las fuerzas policiales, inclusive las fuerzas armadas, reclutan civiles. Es algo que sucede en todas las fuerzas, excepto la Policía de la Ciudad, que se formó con personal de diferentes fuerzas policiales”, sostuvo el ministro de Seguridad, Sergio Berni, y subrayó que la iniciativa “viene a resolver una situación y a darle mayor capacidad operativa a la Policía”.

La convocatoria qllegó a distintos municipios como Ensenada, Moreno, Vicente López, Berisso, Quilmes, José C. Paz, San Isidro, San Fernando, Lomas de Zamora, Lanús, Almirante Brown, San Vicente, Brandsen, La Matanza, Ituzaingó, San Miguel, Hurlingham y Tres de Febrero.

De acuerdo a los requisitos difundidos por los distintos municipios provinciales que respaldan la propuesta, los postulantes para ser choferes de la Policía Bonaerense deben ser argentinos o naturalizados, tener entre 18 y 29 años, haber finalizado el colegio secundario, poseer registro de conducir vigente y no contar con antecedentes penales.

“La policía tiene 100 mil hombres, de los cuales muchos son administrativos, científicos o técnicos, que no portan armas, ni hacen operativos de control, ni patrullaje de calle”, remarcaron los voceros e indicaron que “todos tienen formación policial. De igual forma, esta será un área profesional de choferes, con personal dedicado exclusivamente a conducir”.

Al respecto, Berni explicó que una vez que la persona es reclutada “pasa a tener estado policial” y agregó que “en la policía el cien por ciento pasa a ser parte del cuerpo policial, eso no significa que pueda portar armas o ingresar a un operativo”.

Así lo manifestó la jefa de los senadores de la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos.

La jefa de la Cámara Alta bonaerenses del oficialismo, María Teresa García, sostuvo que el ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán “cumplió una etapa” y también se mostró refractaria a “las políticas productivas” del titular de la cartera de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

Así, Teresa García respaldó las recientes declaraciones del ministro de Desarrollo a la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, quien ayer criticó a Guzmán, al marcar que “no lo votó nadie” y al reclamar cambios tajantes en el rumbo de “la política económica”.

“El ministro Larroque tuvo ayer una fuerte declaración que no menos cierta porque a los ministros no nos elige nadie… lo que se lee en sus declaraciones son el fondo de la cuestión, hubo críticas al acuerdo con el FMI que en parte fueron saldadas por la votación, pero nuestra preocupación es cómo siguen los requerimientos sobre las tarifas y otras cuestiones”, remarcó García.

La senadora bonaerense y exministra de Gobierno, sostuvo que coincide “con Larroque en que hay que pegar un volantazo en las políticas económicas estructurales”. “No podemos transformarnos en comentaristas de los aumentos de precios, en este momento no hay mucho tiempo para entrar en discusiones”, disparó.

“Me parece que Martín Guzmán cumplió una etapa, lo digo a título personal, no quiero comprometer a los otros legisladores, me parce que hace falta una mirada sobre el modelo económico distinto, sino va a ser difícil”, lanzó la presidenta del bloque de los senadores bonaerenses del Frente de Todos.

Luego, Teresa García matizó al señalar que “es el Presidente (Alberto Fernández) el que tiene las atribuciones de nombrar y sostener su equipo”. Sin embargo, párrafo seguido retomó los cuestionamientos a diferentes áreas del Gobierno nacional.

“También soy crítica de las políticas productivas de (Matías) Kulfas… lo peor que pude pasar es que las cosas se discutan por debajo de la mesa, la discusión de nuestro espacio se convirtió en el hit del verano pero no es menos cierto que también hay discusiones en Juntos por el Cambio. Somos todos reemplazables, no hay nadie imprescindible”, retrucó en declaraciones radiales.

El gobernador Axel Kicillof se reunirá con los docentes en una mesa de monitoreo.

Luego de que se confirmara el llamado a los trabajadores estatales, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a los docentes bonaerenses en el marco de la reapertura de paritarias que los distintos sectores venían reclamando semanas atrás.

En este sentido, Kicillof se reunirá con los docentes bonaerenses el próximo 3 de mayo, al igual que los estatales, en una mesa de monitoreo que tendrá como objetivo evaluar la situación de los salarios en el marco del proceso inflacionario.

La mesa de monitoreo tiene como fin evaluar la evolución de la inflación. Se trata de un paso previo a la revisión, lo que ya implicaría hablar de números concretos para readecuar el aumento firmado.

Vale mencionar que, desde el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) –Suteba, FEB, Udocba, Sadop y AMET– enviaron sendas notas a la ministra de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, para solicitar el encuentro.

Cabe destacar que, el último acuerdo paritario entre la Provincia y los docentes bonaerenses se firmó en febrero pasado y contempló un incremento cercano al 42% en tres tramos: 17% en marzo, 28% en julio y 41,8% en septiembre.

Además, el acuerdo entre el Ejecutivo provincial y los docentes bonaerenses incluyó una cláusula de reapertura de paritarias y otra de seguimiento en caso que la inflación trepara a futuro, situación que se dio apenas cerraron negociaciones salariales.

Vale recordar que, en marzo la inflación fue del 6,7% mientras que el incremento del primer trimestre del año fue del 16,1%, por lo que los sindicatos docentes manifestaron su preocupación al respecto.

“Consideramos que están dadas las condiciones para la revisión y monitoreo en conjunto, tal como fue pactado en el acuerdo paritario, debido a la acelerada evolución de dicho indicador y, en especial y de manera más marcada, en la canasta de alimentos, hecho que impacta de manera excluyente en los salarios de los y las docentes”, precisaron desde la FUDB.

En tanto, este lunes el titular de Suteba, Roberto Baradel, pidió “readecuar el acuerdo salarial al que habíamos llegado y discutir en septiembre el último tramo del año”. “Hasta ahora estamos 2 ó 3 puntos por arriba de la inflación pero si los valores se mantienen altos vamos a quedar por abajo”, explicó el dirigente gremial.

Por otro lado, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) confirmó que el Gobierno bonaerense llamó a los sindicatos que nuclean a los trabajadores estatales bonaerenses de la Ley 10.430 para el próximo 3 de mayo.

El alerta del Servicio Meteorológico Nacional rige hasta hoy a la medianoche pero esperan lluvias hasta el miércoles al mediodía.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta naranja para buena parte de la provincia de Buenos Aires a partir de la tarde noche de este martes por posibles tormentas fuertes, intensas ráfagas de viento y actividad eléctrica.

En la Quinta Sección, el alerta naranja alcanza a La Costa, Chascomús, Dolores, Castelli, General Lavalle, Lezama, Tordillo, Pila, Ayacucho, Balcarce, General Guido, Maipú, General Madariaga y parte de Mar Chiquita y Tandil.

Según la calificación utilizada por el organismo, el alerta naranja significa que “se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente“.

El área será afectada por tormentas fuertes o severas, las cuales estarán acompañadas por muy intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, caída de granizo y abundante caída de agua en cortos períodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 30 y 60 mm, pudiendo ser superados de forma localizada.

En tanto, rige un alerta amarilla para Mar del Plata, Miramar, Lobería, Necochea, San Cayetano y parte de Mar Chiquita y Tandil.

En este caso, se espera que el área sea afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y abundante caída de agua en cortos períodos.  Y se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo frena desalojos y suspende cortes por falta de pago de los servicios públicos.

El proyecto enviado a la legislatura por el Poder Ejecutivo bonaerense otorga facilidades financieras y tarifarias, suspende la ejecución de sentencias de desalojo y prohíbe los cortes de servicios públicos de distribución de energía eléctrica, de agua potable y desagües cloacales por el plazo de dos años, al tiempo que indica que los prestatarios tienen que otorgar un plan de facilidades de pago para poder cancelar las deudas que tengan con esas empresas.

Los senadores también aprobaron la Ley de Identidad de Origen, que garantiza el acceso a ese derecho primario a todas las personas que están buscando a sus familias.

La norma crea “tres vías protegidas” para que las personas que fueron privadas de su identidad biológica pueden conocer la misma: una judicial, una administrativa a cargo del Poder Ejecutivo, y una particular a la que pueden optar los buscadores con el apoyo del Estado para acceder a los archivos que puedan servir para descubrir sus familias biológicas.

La ley impulsa campañas de concientización, mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de la norma, capacitaciones a los organismos de la administración pública, convenios de cooperación y la adecuación de normativas en caso de ser necesario; y contempla la gratuidad de los estudios genéticos.

Y propicia la progresiva conformación de un banco provincial de datos genéticos, estableciendo la obligación de coordinar las búsquedas e intercambiar información con los organismos de otras jurisdicciones.

El Cuerpo aprobó el proyecto del Gobierno bonaerense para modificar las leyes 14.393, 12.511 y 15.310 que regulan el reparto de fondos destinados a programas de viviendas y de género. La misma introduce cambios a las legislaciones que regulan el Fondo Fiduciario Programa de Mejora de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires (PROMEI), el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial y el Fideicomiso del Programa “Desendeudadas”.

Por primera vez, la mayoría de la conducción de la institución quedó en manos de mujeres, lo que constituye una importante renovación. Durante la ceremonia, se destacó la labor del personal reemplazado durante la pandemia. 

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires designó este viernes una nueva Plana Mayor en el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) luego de que cuatro de sus integrantes culminaron con su trayectoria institucional, y por primera vez en la historia de la provincia de los cinco cargos, cuatro serán ocupados por mujeres.

La nueva plana del SPB quedará integrada ahora por Javier Raúl Cáceres (Subjefe), Ricardo Roberto Méndez (Director General de Seguridad), Norma Raquel Díaz (Directora General de Asistencia y Tratamiento), Andrea Fernández (Directora General de Recursos Humanos), los que se suman a Cristina Alejandra Córdoba (Directora General de Coordinación) y María Luján Arbe (Directora General de Institutos de Formación y Capacitación).

De esta manera, por primera vez en la historia de la provincia, de los cinco integrantes de la Plana Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense cuatro son mujeres.

Los funcionarios fueron puestos en sus cargos con el acompañamiento del Subsecretario de Política Penitenciaria, José González Hueso y el Jefe del SPB, Xavier Areses.

La renovación obedece a la dinámica propia de la Institución y los funcionarios sustituidos fueron relevados con una ceremonia efectuada este jueves en la Escuela de Cadetes de La Plata, en la que se reconoció su compromiso y dedicación.

De esta manera fueron relevados el subjefe del SPB, el Inspector General Juan Vaccaro, el Director General de Asistencia y Tratamiento, el Inspector General Pablo Bonafé, el Director General de Seguridad, Roberto González y la Directora General de Recursos Humanos, la Inspector General Norma Puccia.

En todos los casos el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, destacó el compromiso puesto de manifiesto por los funcionarios penitenciarios, en circunstancias que incluyeron la crisis sanitaria por la pandemia del Covid-19.

La Directora General de Asistencia y Tratamiento, Norma Díaz, ingresó al SPB en febrero de 1993 y egresó como oficial dos años después. Hasta hoy se desempeñaba como Subdirectora General de Asistencia y Tratamiento. Anteriormente fue directora de la Unidad 8 Los Hornos, subdirectora en la Unidad 51 Magdalena e instructora en la Escuela de Cadetes, entre otras funciones.

La Directora General de Recursos Humanos, Andrea Fernández, ingresó al SPB en noviembre de 1992 y en su trayectoria institucional cumplió funciones en las Unidades 8 Los Hornos, 28 Magdalena y 12 Gorina.

En tanto, el flamante Director General de Seguridad, Ricardo Méndez, oriundo de Mercedes, se desempeñaba como Jefe del Complejo Penitenciario Norte y había sido Secretario de Coordinación de los Complejos Penitenciarios Florencio Varela y San Martín, Director de las Unidades 5 Mercedes y 19 Saavedra y Subdirector de la Unidad 11 Baradero.