La revista británica The Economist señala que los escándalos de corrupción y la inseguridad han salpicado a Luis Lacalle Pou y dañado la reputación del país.

La famosa revista británica The Economist publicó recientemente un editorial que sostiene una drástica caída de la imagen de Uruguay en América Latina, a pesar de sus cualidades que resaltan entre los países de la región.

En el inicio de la nota, The Economist, refiere que entre “ la económicamente disfuncional Argentina, el políticamente polarizado Brasil y la económicamente disfuncional Argentina, Uruguay parece un país modelo”.

Sin embargo, nadie se salva de las acusaciones de perversión gubernamental. El medio indica, sin piedad, que los escándalos de corrupción y aumento del crimen han lastimado al presidente Luis Lacalle Pou y dañado la reputación del país. Como sugiere la nota: “Uruguay está perdiendo su reputación como caso de éxito de América Latina”.

Desde allí, comienza a describir polémicas en el entorno del mandatario uruguayo empezando por la condena a cuatro años y medio de prisión por tráfico de influencias, asociación para delinquir y revelación de secretos de Estado del ex jefe de seguridad de él, Alejandro Astesiano.

Según la fiscalía a cargo de Gabriel Fossati el ex custodio cobró US$ 10 mil por hacer solo una gestión ilegal de las muchas que se sospecha participó: la venta de actas de nacimiento falsas a rusos y a ucranianos para que pudieran obtener pasaportes uruguayos.

En ese sentido, The Economist recrimina a Lacalle Pou su “fingida”ignorancia de las actividades ilícitas de su ex custodio. Según el medio,“en los veinte años que se conocen, el Sr. Astesiano ha tenido varios enredos con la ley, que incluyen investigaciones policiales sobre denuncias de fraude y robo”.

La dificultad administrativa que afrontó Lacalle Pou fue de tal magnitud que en febrero, se vio obligado a despedir a los jefes de policía asociados con Astesiano.

Más escándalos

El artículo también señala las renuncias de ministros y funcionarios durante el gobierno del presidente como la dimisión del ahora ex titular de Turismo Germán Cardosa en 2022 tras acusaciones de presuntas irregularidades relacionadas con asignaciones directas de publicidad y otras compras públicas sin licitación.

La del viceministra de Relaciones Exteriores Carolina Ache en ese mismo año quién tuvo que dejar su cargo por estar presuntamente involucrada en la emisión de un nuevo pasaporte a Sebastián Marset, un presunto capo de la droga que pudo escapar, gracias a la ayuda uruguaya de la captura en Dubai.

En enero de este año, el ahora ex ministro de Medio Ambiente Adrián Peña renunció después de que se supo que había afirmado falsamente que tenía una licenciatura en Dirección de Empresas que dijo haber tenido durante al menos siete años.

The Economist, también sostiene que el país se ha convertido en un centro del crimen internacional ya que “las pandillas envían armas de asalto y municiones entre Argentina y Brasil a través de Uruguay, según InSight Crime, un equipo de investigación. Las flotas pesqueras ilegales se están aprovechando de los controles laxos en el puerto libre de Montevideo, la capital”.

Sumado eso, se detiene a analizar la creciente inseguridad en el país que en la última década, la tasa de homicidios de Uruguay casi se duplicó, a 11,2 por cada 100.000 habitantes en 2022.

Estos escándalos sacuden al partido conservador y podría dañar sus posibilidades electorales.

Fuente: Con información de Urgente 24

Mientras el impacto del cambio climático que padecen los porteños con olas de calor sofocantes, demanda la necesidad de contar con espacios públicos verdes de calidad, Larreta da prioridad a un emprendimiento inmobiliario de lujo.

La Cámara de Apelaciones de la Ciudad de Buenos Aires le dio el visto bueno al Grupo IRSA para que inicie las obras del barrio de torres de lujo que proyecta en Costanera Sur. Lo hizo al revocar el fallo de primera instancia que había dado la razón a las organizaciones ciudadanas que rechazaban la construcción del emprendimiento Costa Urbana en la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors, habilitado en la Legislatura por el oficialismo porteño a fines de 2021. Además de las torres de hasta 145 metros que se erigirán en el terreno costero de 72 hectáreas.

Más de un año pasó desde que los y las legisladoras de Juntos por el Cambio aprobaron en la Legislatura el convenio urbanístico que habilitó a IRSA a levantar su mega desarrollo inmobiliario en los terrenos de los que es dueño desde 1997. En la última sesión antes del recambio legislativo de 2021, el oficialismo aprobó un paquete que incluyó la rezonificación de Costa Salguero y otras excepciones inmobiliarias para construir torres. Sin embargo, las organizaciones ciudadanas, que se expresaron mayoritariamente en contra del proyecto en audiencias públicas, fueron a la Justicia y en marzo de 2022 consiguieron que el juez Luis Ammirato impugnara el convenio al considerar que se habían incumplido los mecanismos de participación ciudadana y por los posibles daños ambientales del proyecto, informa Página 12.

Este lunes, la Sala IV de la Cámara en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la Ciudad decidió revocar la sentencia al hacer lugar a la apelación presentada por el GCBA e IRSA en conjunto. En su fallo, las juezas Nieves Macchiavelli y Laura Perugini sostuvieron que al no haber comenzado aún las obras “no puede sostenerse que exista un caso ambiental, dado que no hay una acción directa sobre el ambiente, ni tampoco se explica de qué manera las modificaciones normativas pueden por sí mismas implicar un daño al ambiente”.

Pese a que el convenio establece, entre otras cosas, el tamaño y los límites de los polígonos en que se dividirá el predio, la parte que será para las torres y la que será para parque público, y hasta las alturas de los edificios, las juezas consideraron que el impacto del emprendimiento todavía no puede definirse ya que “no se elaboró aun un proyecto concreto”.

Con respecto a la participación ciudadana, el juez Ammirato había sostenido que las audiencias tendrían que haberse realizado antes del tratamiento legislativo del proyecto, apoyándose en lo establecido por la Ley N°123 de Evaluación de Impacto Ambiental. Ahora, siguiendo la lógica anterior, los camaristas consideraron que, al no haber debatido la Legislatura el proyecto concreto de obra sino una modificación de normativa urbanística, esas instancias no eran necesarias como tratamiento previo.

“En la sentencia sólo se abordó la cuestión de la necesidad de convocar a instancias de participación ciudadana antes de la firma del convenio, pero el procedimiento de aprobación tuvo otras tantas irregularidades e ilegalidades”, dijo a Página 12 Jonatan Baldiviezo, abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad que presentó el amparo que derivó en el fallo de origen. Según precisó, hay otras acciones judiciales en marcha que cuestionan, entre otros puntos, la falta de evaluaciones de diagnóstico y de impacto antes de la firma del convenio, y la votación en la Legislatura que no llegó a los dos tercios del recinto. El abogado sostuvo, además, que “era previsible que en plena campaña den vía libre al emprendimiento”.

El fallo de la Sala IV salió menos de una semana después de que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, asegurara en la apertura de sesiones de la Legislatura que este año el GCBA buscará “recuperar la costanera y el acceso al río” con proyectos que incluyen a Costa Urbana. “La Empresa compró el terreno a 50 millones de dólares y con la nueva normativa hoy se valoriza a más de 800 millones. El Jefe de Gobierno, hoy candidato a presidente, le otorgó una renta extraordinaria a expensas de nuestra costa impactando en la destrucción del ecosistema”, dijo el diputado del Frente de Todos Matías Barroetaveña.

María Eva Koutsovitis, coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, otra de las organizaciones que acompañaron el amparo, sostuvo por su parte que Costa Urbana “implica destruir uno de los pocos humedales que tiene la Ciudad, estamos sufriendo una de las olas de calor más importante de las últimas décadas y el GCBA junto con IRSA quieren continuar llenado de torres y cemento la Costanera”. “La decisión judicial confirma el escandaloso cambio normativo que consiguió IRSA de parte de Larreta, quien premió a la empresa con normativa para realizar un barrio semiprivado sobre un humedal”, completó Barroetaveña.

El proyecto que habilita la construcción de un nuevo barrio en la Ciudad frente a la Reserva Ecológica, humedal protegido internacionalmente, implica la construcción de más de 30 edificios de hasta 145 metros en parte del predio, con una capacidad constructiva de 895 mil metros cuadrados. A cambio, IRSA deberá entregar una porción de los terrenos ribereños para construir un parque público. Aunque IRSA promociona que el 71 por ciento será destinado a ese parque, los números finos del convenio marcan otra cosa. Además de calles y veredas, en ese porcentaje se cuentan como contraprestación, por ejemplo, 11 hectáreas de un “espejo de agua” conformado por agua que ingresa del Río de la Plata.

NUEVACIUDAD

El bloque de concejales del Frente de Todos de Chacabuco denunció a dos funcionarios del municipio por “retornos” millonarios. El distrito lo gobierna el radical Víctor Aiola, quien ya echó a dos sospechados.

Un nuevo caso de corrupción sacude la localidad de Chacabuco. El bloque opositor de concejales del Frente de Todos de dicha ciudad denunció a dos funcionarios del municipio por “retornos” millonarios. El secretario de Servicios Públicos de Chacabuco, Juan Carlos Gómez, y el segundo de su área, el subsecretario Gabriel Vespasiano, pusieron de proveedor del municipio a un empleado del propio Vespasiano para que le facturara a la Municipalidad.

El distrito lo gobierna el radical Víctor Aiola desde 2015 y, ante la denuncia, no tardó en separar del cargo a ambos funcionarios.

El concejal del Frente de Todos, Darío Golia, contó a El Destape: “Recibimos denuncias anónimas sobre estas maniobras y encontramos unos 2,7 millones de pesos en retornos“. Además explicó que, “esta persona que era proveedor, facturaba y una vez que cobrara le transfería el dinero a los funcionarios de Chacabuco“. “Un modo operandi que indica que seguramente haya otros proveedores involucrados”, agregó Golia.

Ante el escándalo desatado, el propio intendente Víctor Aiola los separó del cargo este lunes y presentó una denuncia contra sus funcionarios en la Fiscalía de Junín con asiento en Chacabuco, la UFIJ N° 11 a cargo de Erica Evelina Mattiuz. “Ante la contundencia de las pruebas, no tuvo otro camino”, relató el concejal. Además detalló el Concejo Deliberante de Chacabuco “aprobó hoy por unanimidad la creación de una Comisión Investigadora“.

“Hay otros hechos de corrupción que hemos denunciado y el Intendente no siguió”, dijo Golia y, a modo de ejemplo, contó: Durante el mes de enero “denunciamos que la misma área de Servicios Públicos gastó 26 millones de pesos en un compra de piedra y tosca, cuando en realidad resultó ser tierra colorada, que está a mitad de precio y lo estamos investigando“. 

El dueño de Techint está acusado de pagar sobornos por más de 6,5 millones de euros para conseguir contratos con Petrobras.

Una fiscal italiana pidió cuatro años y medio de prisión para Paolo Rocca por el presunto pago de sobornos para obtener contratos con Petrobras.

Se trata de un juicio que se lleva adelante en Milán y en el que se investiga el pago ilegal de más de 6,5 millones de euros a un ex gerente de Petrobras para que Techint se quede con contratos para venderle tubos de acero sin costura a la petrolera brasileña por más de 1400 millones de euros.

Además del titular del grupo Techint, el pedido de la fiscal italiana Donata Costa alcanza a Gianfelice Rocca, hermano de Paolo, y a Roberto Bonatti, directivo del holding y primo de Paolo, según adelantó el portal ElDiarioAr.

La acusación contra los directivos de Techint está sostenida en la declaración del ex gerente de Servicio de Petrobras, Renato Duque, quien admitió durante el juicio haber recibido las coimas y fue condenado en Brasil por estos hechos.

La fiscal italiana también pidió multar San Faustin, la sociedad que controla a todas las empresas del grupo Techint, con 1.239.200 euros y que ordenen el decomiso de 6.592.891 euros, el equivalente al soborno al funcionario brasileño.

Si el tribunal acepta el pedido de la fiscal y condena a más de 4 años de prisión a los directivos de Techint, la pena sería de cumplimiento efectivo de acuerdo a la legislación italiana. Pero por cuestiones de edad, los ejecutivos podrían eludir la cárcel.

Se trata de Sebastián López quien fue electo por el PRO como representante de la Cámara de Diputados provincial y en una cámara oculta se ve como le exige “100 lucas” a cambio de “rosca y contactos políticos” a una multinacional

Los dos involucrados cobraban coimas de desarrolladores de country para falsificar inspecciones y no paralizarles las obras del lugar

La presentación se hizo ante la Unidad de Delitos Económicos de Rosario

La ex diputada volvió a atacar con su caballito de batalla

El Concejo Deliberante aprobó una ordenanza enviada por Juntos por el Cambio y ambientalistas acusan que perjudicará a un Parque Nacional

Está acusada ahora de pagar supuestos sobreprecios como secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior nacional