Por el hecho denunciaron al procurador Conte Grand, el ex interventor del Astillero Río Santiago Daniel Capdevila y ex funcionarios de María Eugenia Vidal.

La presidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia de la Cámara de Diputados bonaerense, Susana González, denunció penalmente al Procurador General provincial, Julio Conte Grand, acusándolo de “encubrir” a funcionarios del gobierno de Juntos por el Cambio de la provincia de Buenos Aires que habrían cometido hechos de corrupción.

En diálogo con AM 530 Somos Radio, la presidenta del Frente Grande de la provincia de Buenos Aires explicó que en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en el comedor del Astillero Río Santiago, por sorpresa “se encontró una orden de compra de 95 millones de dólares para la construcción de cuatro supuestos buques a una empresa que es una offshore”, de nombre White Sea.

En la presentación, también pidió que se investigue a otras seis personas por la posible comisión de los delitos de “malversación de fondos y fraude en perjuicio de la administración pública por U$S 95 millones destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”.

Esos otros denunciados son el extitular del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila; el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, los funcionarios de la Procuración Miguel de Lezica, Max Perkins y Francisco Pont Vergés y Ricardo René López, excoordinador de Seguridad y jefe de Recursos Humanos del Astillero Río Santiago y integrante de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“La denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores contra trabajadores del Astillero y representantes gremiales, en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”, dijo González. Y también los acusó de “exacciones ilegales, negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, soborno trasnacional, tráfico de influencias y asociación ilícita”.

En su denuncia, González dijo que esos hechos “se realizaron en connivencia entre quienes eran funcionarios del Poder Ejecutivo, funcionarios de la Procuración General, Agentes Fiscales”, lo que, afirmó, evidencia “la participación principal del Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, junto a integrantes del Ministerio Público y Procuración General”.

Para la diputada, durante la gestión macrista se conformó “un plan de acción, coordinado, entre un grupo de funcionarios del Poder Ejecutivo nacional y provincial que tenía por objetivo la impunidad de funcionarios de Cambiemos, la persecución de opositores políticos, y el disciplinamiento de fiscales otorgando impunidad o proveyendo a su suspensión”.

Remarcó que “un hecho de corrupción que se descubre en la causa armada a los dirigentes de ATE-Ensenada, en la que habrían intervenido agentes de la AFI y de la cual podrían haberse enriquecido tanto los funcionarios nacionales como provinciales e interventores y directores del Astillero Río Santiago”.

Para González, el fiscal a cargo de esa causa, “decidió ir por los sindicalistas de ATE y no investigar un acto de corrupción que comprometía a Cambiemos”, lo que considera “un hecho de corrupción probado mediante pericia de la Prefectura Naval, que incluía a los interventores del Astillero Rio Santiago y a los Agentes de la AFI, por unos 95 millones de dólares”.

La denuncia fue radicada en el juzgado federal 1 de La Plata a cargo de Alejo Ramos Padilla. González indicó que “la denuncia apunta al entramado para la persecución judicial y armado de causas de opositores en complicidad con agentes orgánicos, inorgánicos y propios funcionarios de Poder Ejecutivo nacional y provincial durante el gobierno de María Eugenia Vidal”.

González indicó que “se toparon con su propia torpeza” y que la pericia “demuestra que malversaron U$S 95 millones que estaban destinados a cuatro embarcaciones que no fueron construidas”. La diputada aporta el informe técnico de la Prefectura Naval y el de los contadores en la visita al Astillero Río Santiago, realizada el 8 de febrero de 2019.

Añadió que hubo “un contrato suscripto entre Astilleros y una sociedad off shore, con la compra de Planchas y Perfiles de Acero destinados a la construcción de 2 buques por una suma aproximada de 95 millones de dólares” en 2016.

González dijo que desde que asumió Conte Grand hubo un plan para cometer “actos a fin de posibilitar, con intervención de agentes federales de inteligencia, el enriquecimiento de los funcionarios federales y provinciales mediante hechos de corrupción”.

El diputado nacional apuntó contra el procurador bonaerense por el video de la reunión de funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la que se analiza el armado de causas contra sindicalistas.

El diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Rodolfo Tailhade denunció que hay una “violación a la Ley de Inteligencia Nacional” en el video de la reunión de funcionarios de la exgobernadora María Eugenia Vidal en la que se analiza el armado de causas contra sindicalistas. En ese tono, señaló que el caso “más alarmante” es el del procurador bonaerense, Julio Conte Grand, que se maneja con “un nivel de irresponsabilidad institucional sin precedentes”.

“Claramente hay una violación a la Ley de Inteligencia Nacional en esta relación con los poderes públicos nacionales. Y el caso que me parece más alarmante es el del procurador, que no solamente está involucrado en todo esto sino que tiene un teléfono encriptado de la AFI”, declaró Tailhade a Télam en el marco de la sesión de la subcomisión Bicameral de Inteligencia del Congreso.

El diputado apuntó a Conte Grand por no presentarse a las citaciones de la Bicameral y lo acusó de tener “una irresponsabilidad institucional sin precedentes”.

“Hasta ahora no tenemos ninguna confirmación, da la impresión de que no va a venir. Una actitud responsable del procurador hubiera sido avisarle a la Bicameral en qué fecha iba a asistir. Hasta ahora no hubo ninguna comunicación de Conte Grand, es probable que no venga”, afirmó.

“Si no viene, más allá de que es un nivel de irresponsabilidad institucional sin precedentes, me parece que la Bicameral tiene que presentarse en la Legislatura y agregar este hecho como causal de juicio político”, alertó.

Tailhade señaló que hay otro punto para agregar y “tiene que ver con lo que dice la ley de inteligencia respecto de funcionarios provinciales que tienen vínculos con los servicios de inteligencia. Hay un artículo de la ley que específicamente establece un delito para la persona que tiene vinculación con los servicios de inteligencia sin ninguna justificación, siendo funcionario público provincial”.

La subcomisión de Inteligencia del Congreso recibirá este miércoles a una exfuncionaria del Banco Provincia en la investigación que lleva adelante para esclarecer la responsabilidad política del Gobierno de Vidal. Se trata de Emilia Jaime, secretaria del entonces presidente del Banco Provincia, Juan Curuchet.

Tailhade detalló que Jaime fue la encargada de reservar el salón para la reunión donde el exministro de Trabajo Marcelo Villegas habló de la “Gestapo” por tres días: “primero para el jueves y el viernes, y después agregando un día más”.

“Tenemos los correos electrónicos de ella pidiendo la reserva del lugar. Las preguntas son bastante lógicas, tienen que ver con quién organizó la reunión y quién convocó a los agentes de inteligencia, que es lo que nos interesa a nosotros. El resto lo investigará la Justicia. Estamos vinculados a la investigación específicamente para saber qué hacían en la reunión los agentes de inteligencia”, marcó.

Aseguró que “en los cruces de mails dice que la reunión se hizo por pedido de la gobernación”, y las reuniones internas del banco programadas previamente en el salón de la “reunión Gestapo” fueron suspendidas “por indicación de la máxima autoridad del banco, el presidente”.

Tailhade marcó que la reunión tenía “la prioridad absoluta” y no descartó que estuviera involucrada Vidal.

Confirmó que los agentes de inteligencia de esa reunión “van a ser citados y es posible que una vez que declaren podamos convocar a los políticos que participaron de la reunión para después eventualmente llegar a la exgobernadora” Vidal.

Sobre el silencio de los exfuncionarios aseguró: “Ellos son así. En el macrismo son especialistas en especular con lo que piensa el sector del electorado que lo acompaña, gran parte del 40% que los votó en las elecciones no les interesa la Gestapo, no les interesa si al (gremialista) Pata Medina lo persiguen con las reglas de la mafia o del Estado de derecho, y por lo tanto en ese posicionamiento están muy cómodos y salen a decir las pavadas que dicen. Saben que hay un sector de la sociedad que no les va a hacer pagar un costo por esto. Abrir la boca en estas situaciones es arriesgarse”.

Recordó que hay abiertas “otras líneas de investigación que tienen que ver con otros gremios”, como las denuncias de “UOCRA Bahía Blanca, el sindicato de Fleteros, el sindicato de Tandanor, del Astillero Río Santiago y la organización de Juan Grabois”, entre otras.

“Todas vinculadas a la participación de la AFI en el armado de causas contra ellas. Probablemente después de que terminemos Gestapo iniciemos una investigación con esas denuncias”, concluyó.

El procurador de la provincia de Buenos Aires adelantó que no irá a la reunión de la Bicameral de Inteligencia del Congreso.

El procurador de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, avisó que no irá el martes a la bicameral de Inteligencia del Congreso donde se investiga el armado de causas a sindicalistas en la provincia con la participación de directivos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). El escándalo surgió por el video y los audios donde se ve y escucha cómo se preparaban operaciones judiciales contra opositores.

Conte Grand pidió, además, responder por escrito las preguntas sobre la Mesa Judicial que funcionó durante el gobierno de María Eugenia Vidal. Por ese motivo, la subcomisión de Inteligencia volvió a convocarlo para el 27 de enero.

El macrismo se disfraza de republicanismo cuando le conviene. Cuando tiene que dar explicaciones por el entramado mafioso que persiguió a opositores, como nunca antes en la historia democrática del país, prefier evitar las instituciones de la República.

“El Procurador presentó una nota diciendo que está dispuesto a cooperar, pero respondiendo por escrito, como si hubiera sido citado por la Justicia. La verdad que con esta posición se coloca él mismo en condición de imputado, se está auto adjudicando responsabilidad en los hechos”, dijo el diputado Rodolfo Tailhade, integrante de la subcomisión.

Espert pasó de criticar a Juntos a cerrar filas con la oposición. No quiere que se investigue la “gestaPRO”

El bloque de José Luis Espert en la provincia de Buenos Aires cerró filas con el cuestionado procurador Julio Conte Grand y no dará el quórum en Diputados para iniciar el juicio político. De esta manera, se suma a la estrategia del macrismo, que busca defender al jefe de los fiscales.

De este modo, se complican los dos tercios necesarios para remover al procurador bonaerense. El Frente de Todos necesita llegar a los 47 votos para poner en tratamiento el proyecto. El oficialismo llega a 44 votos. Por eso necesita los tres votos del bloque Avanza Libertad, el espacio ultraliberal.

“No nos prestaremos a una maniobra que carece de fundamento jurídico y hemos decidido no dar quorum para su tratamiento”, dijeron desde el bloque a través de un comunicado.

Conte Grand fue un actor clave en la persecución macrista contra opositores durante el gobierno de Vidal en Buenos Aires. Antes de ser procurador, fue funcionario macrista, tanto en CABA como en PBA. Es evidente el conflicto de intereses. Pero Espert parece acomodarse muy rápido a la “casta político – sindical”.

Presentaron un proyecto para activar el proceso de destitución contra el Jefe de Fiscales que puso Vidal ante las denuncias en su contra por espionaje ilegal y armado de causas contra dirigentes. ¿Acompañan los radicales?

Así lo anunciaron oficialmente en una conferencia de prensa, en la que vincularon al Jefe de los Fiscales de la provincia de Buenos Aires a “una dinámica política, mediática y judicial de las que fuimos víctima todos” y que tradujeron como “un método de persecución” y “espionaje” sin el cual, aseguraron, “no se podría haber avanzado en un proyecto económico y político”.

Acorde a lo que se informó durante la conferencia, el proyecto para el inicio del proceso de destitución del Jefe de Fiscales que asumió con Vidal deberá pasar por una sesión de la Cámara baja y para aprobarse deberá contar con los dos tercios de los votos de los legisladores presentes. Por ello, el oficialismo apunta al sector radical para contar con el número necesario. Si prospera, se conformará una Comisión Investigadora que dará curso a la recolección del material acusatorio y a la convocatoria de testigos y acusados, entre lo que se nombró al intendente de la Plata y el senador de Juntos, Juan Pablo Alllan, dos de las figuras presente en en el video de la reunión.

“Como argentinos fuimos testigos de una mesa judicial en la Nación, que está en investigación, que está imputado el propio ex presidente de la Nación. Está comprobado y hay evidencia muy clara que había relación entre operadores políticos, judiciales, mediáticos y agentes de la AFI. Hay cada vez más evidencias del caso. La provincia de Buenos Aires no estaba exenta de ese mecanismo”, denunciaron los diputados del oficialismo.

Por su parte, la diputada provincial Susana González se refirió a la filmación que se conoció una semana atrás, en la que el exministro de Trabajo bonaerense, Marcelo Villegas, daba pistas del funcionamiento de una mesa judicial destinada a perseguir políticamente y mencionaba a Conte Grand.

Esta filmación no es más que una pequeña parte de todo lo que esa mesa judicial desplegaba, lo que el gobierno de Macri, de Vidal realizaba en la provincia”, reflexionó, y recordó que Conte Grand “tuvo a su cargo la mayor cantidad de denuncias contra fiscales y fiscales, jueces y juezas en intento de amedrentamiento”.

También lo acusó de haber emitido en 2020 “una resolución en pleno pico de pandemia pidiendo a los fiscales que pidieran morigeraciones de penas que estaban en situación sanitaria complicada y luego en un hábeas corpus terminan denunciando con la cabeza de María Eugenia Vidal, al gobierno de Axel Kicillof, diciendo que liberaba presos”.

También enumeró el espionaje ilegal que se llevó a cabo desde Asuntos Internos, por el cual se imputó a Guillermo Berra y a su entorno, a las bases de la AFI en el Conurbano, el espionaje a familiares del ARA San Juan”, entre otras maniobras.

El Procurador bonaerense ultramacrista fue señalado en el armado de causas judiciales a opositores.

La ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Cristina Alvarez Rodríguez, se refirió a la GestaPRO, el entramado mafioso que reunió a jueces, fiscales y dirigentes del macrismo y que armó causas contra opositores. “Este video confirma lo que muchos denunciamos: que la mesa judicial de Macri y Vidal existía”, aseguró la funcionaria.

Entre los nombrados en el video aparece nombrado Julio Conte Grand, el procurador bonaerense. El jefe de los fiscales es un ultramacrista aceptado. De hecho, llegó a la procuración después de ser funcionario de María Eugenia Vidal. El macrismo pregona un republicanismo que no respeta nunca. “Conte Grand tiene que investigar causas del gobierno anterior que no las va a investigar porque es parte de ese gobierno”, insistió.

Por eso, la funcionaria pidió que el jefe de fiscales de un paso al costado. “El Procurador de la provincia tiene igual mecanismo de destitución y de nombramiento, no es una facultad del ejecutivo. Conte Grand debería dar un paso al costado”, pidió.

Después se refirió a Julio Garro, intendente de La Plata. “Garro se quiere convertir en víctima diciendo que iba a actuar con una bala sobre la mesa, estando sentado en esa mesa, es demencial”. El macrismo está al borde de un ataque de nervios por las pruebas contundentes que muestran los videos y audios que circulan ahora. Algo ya se confirmó: el kirchnerismo tenía razón cuando habló de que el macrismo desarrolló un esquema destinado a armar causas contra opositores.