Apareció un nuevo chat que complica al líder de Revolución Federal: “estamos pensando en matar al jefe de La Cámpora”

Se trata de una conversación de WhatsApp que Gabriel Carrizo tuvo con un amigo horas después del ataque contra Cristina Kirchner. La prueba será presentada en la Justicia por la defensa de la Vicepresidenta.

Una nueva prueba que será presentada en la causa compromete más a Nicolás Gabriel Carrizo, el líder de la banda y uno de los cuatro detenidos por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el primero de septiembre pasado en el ingreso a su departamento, en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo con lo que se informó, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que tiene a cargo el expediente que se abrió por el atentado, recibirá el informe de una conversación que el joven de 27 años mantuvo con un amigo la noche del ataque contra la ex mandataria nacional.

Se trata de una serie de chats que se encontraron en el teléfono celular de Carrizo y en los cuales el sospechoso le reconoce a una persona, a la cual tiene agendada con el nombre de “Jony white”, que estaba “pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez”.

“Están llegando todos. Vamos a tener una reunión grupal”, escribió el sospechoso a las 23:40 de aquel primero de septiembre, apenas dos horas después de que Fernando Sabag Montiel gatillara una pistola Bersa calibre .32, cargada y apta para el disparo, a centímetros del rostro de la ex presidenta.

En aquella oportunidad, la bala no salió porque el arma estaba mal preparada y la Vicepresidenta salió ilesa, mientras que el agresor fue capturado por militantes kirchneristas y luego detenido por la Policía Federal. Con el correr de los días, también fueron apresados su novia, Brenda Uliarte, una amiga de ella, identificada como Agustina Díaz, y el propio Carrizo, todos sospechados de haber participado del intento de magnicidio.

La prueba será presentada por Cristina Kirchner, que se presentó como querellante en esta causa, a través de sus abogados, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que son los que la representan en esta investigación.

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El Gobierno le pide información a la Justicia de EEUU por sobreprecios en importaciones

Se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. Investigan sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El Gobierno le pidió informes a la Justicia de Estados Unidos por sobreprecios de importaciones que realizan empresas. Este mecanismo de triangulación les permitía lavar dinero en bancos del país norteamericano.

De esta manera, la justicia argentina avanza con las denuncias de la Aduana y se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. El pedio formal es para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El pasada jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el Estado decidió desde la Aduana denunciar a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”.

“La denuncia no es en la justicia argentina: los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos, serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos”, agregó en la exposición”.

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La justicia confirmó un embargo por más de $30 mil millones a una empresa de Vicentín

Los abogados de la firma del Grupo Vicentin habían apelado el millonario embargo preventivo en el marco de la causa en la que se investigan los préstamos que ese ‘holding´ obtuvo del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” un recurso presentado por los abogados de Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, que habían apelado el millonario embargo preventivo de los bienes de la firma en el marco de la causa en la que se investigan los préstamos que ese ‘holding´ obtuvo del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

Los jueces de la sala primera del máximo tribunal penal resolvieron “declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por los letrados Diego Pirota y Deborah Lichtmann, en representación de Algodonera Avellaneda S.A.” para revertir el embargo de bienes hasta cubrir los 31.000 millones de pesos, según surge del fallo.

La medida había sido dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas a los préstamos que recibió el Grupo Vicentin por las cuales están señalados judicialmente el expresidente Mauricio Macri, los extitulares del Banco Nación y del Banco Central Javier González Fraga y Guido Sandleris, respectivamente.

Los embargos habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini a instancias de un fallo de la Cámara Federal porteña.

Vicentin tiene una deuda con el Banco Nación de más de 300 millones de dólares por créditos otorgados durante el bienio 2018/19.

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Soria apuntó contra la Corte Suprema: “Extorsiona al Congreso y tiene la camiseta amarilla”

El ministro de Justicia apuntó contra el máximo tribunal por fallar contra el Consejo de la Magistratura y a medida de la oposición.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, repudió el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y cuestionó a la Corte Suprema por “extorsionar al Congreso” y ponerse “la camiseta amarilla” con fallos a medida de la oposición macrista.

El Senado de la Nación continua este miércoles con la discusión en un plenario de comisiones de los proyectos para modificar la conformación del organismo que designa y sanciona jueces.

Por primera vez en la historia desde el retorno de la democracia la Corte Suprema dictó un fallo declarando inconstitucional una Ley que estuvo vigente durante 16 años. Una ley bajo la cual se designaron al 70 por ciento de los jueces que están en funciones”, resaltó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Al tiempo que agregó: “Esta Corte, con dos ministros nombrados por decreto, obliga a que el Congreso de la Nación a que en 120 días saque una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Es decir, impone un plazo para legislar y el plazo obviamente es incumplible. Están obligando al Congreso a legislar bajo extorsión”.

Soria explicó que el fallo de la Corte Suprema “extorsiona” al poder legislativo porque le indica al Congreso que en caso de que no aprueben una ley quedará vigente una de 1997 y que favorecía a la Corte menemista. “Esa ley fue derogada y no se le puede dar operatividad a una ley que fue derogada por el Congreso“, sostuvo Soria, quien recordó que el propio juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reconoció que una ley derogada nunca puede ser aplicada. 

El funcionario alertó que solo quedan cuatro semanas para que se cumpla el plazo que estableció la Corte Suprema para aprobar una nueva ley. “Estamos a menos de cuatros semanas de que se paralice la administración de Justicia en Argentina. Se paraliza el Consejo de la Magistratura que es el órgano encargado de designar a los jueces y de llevar los procesos disciplinarios para aquellos jueces que tienen algún tipo de inconductas en sus gestiones”.

“Paralizar el Consejo de la Magistratura es música para los oídos de la mesa judicial, de Macri y para los que montaron este aparato de persecución”, denunció Soria.

El ministro de Justicia recordó que hubo reuniones clandestinas entre jueces y fiscales para armar causas. “Hasta se filmaban a ex funcionarios, espías y legisladores para armar causas judiciales. Esa es la persecución judicial, mediática y política de la que participaron varios jueces y fiscales”

Por último, Soria también rememoró cuando la Corte Suprema frenó la decisión del gobierno nacional de declarar servicio pública esencial a las compañías de telecomunicaciones que permitió aumentar sus ingresos de forma extraordinaria en medio de la pandemia del coronavirus.

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El feudo de Gerardo Morales: lleva 6 años la detención arbitraria de Milagro Sala

La detención de la dirigente popular Milagro Sala empezó a días de que Gerardo Morales asumira como gobernador de la provincia de Jujuy. “Si no la detenían, el gobierno no duraba dos meses”, reconoció el propio Morales en una entrevista con Clarín. Un acto de honestidad brutal. La detención respondió a intereses políticos y la imputación llegó luego de que Sala fuera apresada.

Pero las escandalosos irregularidades no terminan ahí. Luego, Morales reformó la Suprema Corte provincial y qué hizo: puso como jueces a ex candidatos de su propio partido. Desde allí fue todo martirio para Sala, a quien le renuevan las causas o aparecen algunas prescriptas. Por ejemplo, se la condenó por hechos en los que ella no estuvo (ni siquiera en la ciudad en cuestión).

La situación ilegal le valió al Estado argentino una denuncia del CELS y de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una solicitada publicada este domingo en Pagina/12 referentes de derechos humanos, gobernadores, miembros del gabinete nacional, dirigentes sindicales y sociales, periodistas y artistas, repudiaron la “detención ilegal” de la dirigente y expresaron que “con presos políticos no hay democracia plena”. Asimismo, el Comité por la libertad de Milagro Sala realizará a las 18 un encuentro virtual para exigir que se termine su persecución política.

Desde 2020, la Corte Suprema tiene en su poder un reclamo pero el máximo tribunal, que parece responder al macrismo, no quiere responder. Así se hace “justicia” con Sala, quien fue condenada por ejemplo porque unas personas le tiraron huevos a Morales hace más de 15 años. La causa debería haber proscripto pero no. El hecho ocurrió en Capital Federal y Sala no participó. Pero la Justicia inventó su rol de “instigadora” y la condenó. Es la misma Justicia que por ahora considera que el espionaje ilegal, que se desplegó desde el Estado e involucró a cientos de personas perseguidas, fue hecho por “cuentapropistas”.

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