El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº2 admitió tramitar la presentación que la CTA y otras organizaciones hicieron contra el decreto presidencial.

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal Nº2, a cargo del juez Esteban Furnari, admitió este sábado tramitar la presentación que la CTA y otras organizaciones hicieron contra el DNU de Javier Milei.

“Admitir que la presente acción tramite como amparo colectivo en los términos del artículo 43 de la Constitución Nacional”, reza el primer artículo del registro judicial dado a conocer por el tribunal a cargo de Furnari.

En la presentación argumentaron que la iniciativa constituye una “desviación de poder y un abuso de derecho público, por violar el principio republicano, la división de poderes, la democracia, el principio de reserva de ley y los derechos colectivos de la ciudadanía argentina a la participación en la dirección de los asuntos públicos directamente o a través de sus representantes”.

El objeto de la demanda pretende obtener la declaración de inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y de toda normativa o acto que derive de su vigencia o que fue dictado en su cumplimiento, por violar la Constitución de la Nación Argentina (arts. 29, 33, 36, 76; art. 75, incisos 18 y 19, art. 99, inciso 3) y por constituir el ejercicio de facultades extraordinarias y facultades equivalentes a la suma del poder público.

Velas, rosarios y cartas recuerdan a Fernando en el lugar donde fue asesinado hace tres años en Villa Gesell. Dónde y a qué hora se realizarán más homenajes.

Este miércoles 18 de enero se cumplen tres años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa, el joven que dos días antes de ser asesinado a golpes en la puerta del boliche “Le Brique”, había llegado Villa Gesell con la ilusión de pasar las vacaciones junto a sus amigos. Tenía 18 años.

Hoy se desarrolla en el Tribunal Federal de Dolores el último día de las audiencias de prueba en el juicio por el crimen, que tiene como imputados por homicidio a Máximo Thomsen (23), Enzo Comelli (22), Matías Benicelli (23), Blas Cinalli (21), Ayrton Viollaz (23), Luciano Pertossi, Ciro Pertossi (22) y Lucas Pertossi (23).

En Villa Gesell, un letrero de madera con el nombre de Fernando Báez Sosa cubierto con estampitas, flores, rosarios y cartas lo recuerda en el lugar donde hace tres años fue asesinado a golpes por el grupo de ocho rugbiers.

Los homenajes a tres años del crimen del joven se replicarán en distintos lugares con el objetivo de pedir justicia.

Blumberg y otros familiares de víctimas llegaron a Dolores para acompañar a los padres de Fernando

Juan Carlos Blumberg, padre de Axel, el joven secuestrado en Martínez y asesinado en Moreno en 2004, y la viuda y el hijo de Roberto Sabo, el kiosquero al que mataron en un asalto en la localidad de Ramos Mejía en noviembre de 2020, llegaron hoy a la ciudad bonaerense de Dolores para acompañar a los padres de Fernando Báez Sosa en la previa al acto por el tercer aniversario del homicidio del joven que se realizará esta tarde.

Tras arribar a esa ciudad donde desde el 2 de este mes se lleva adelante el juicio a ocho rugbiers acusados del asesinato, Blumberg se reunió con Silvino Báez y Graciela Sosa en el primer piso de los tribunales locales, donde se llevaba a cabo la declaración de los peritos forenses de la defensa que prefirieron no escuchar.

El padre de Axel Blumberg viajó especialmente para acompañarlos en la última audiencia de exhibición de pruebas y para participar del acto interreligioso que se hará a partir de las 19 en el Anfiteatro Municipal en la memoria de Fernando, al cumplirse tres años de su asesinato.

También llegaron a Dolores Nicolás Sabo, hijo del kiosquero asesinado de un disparo en un asalto cometido en noviembre de 2020 en su comercio, y su viuda, Paula, quienes acompañarán a los padres del estudiante de abogacía.

“Los dos queríamos venir a acompañarlos. Pasamos por lo mismo, sabemos lo que es ese dolor. Hace bien estar y acompañarlos de alguna manera”, dijo Nicolás a Télam.

En tanto, familiares de Graciela Sosa viajaron especialmente desde Paraguay para estar junto a ella y Silvino durante la audiencia del juicio y el posterior acto.

“Llegamos anteayer de Paraguay, nos quedamos un poquito en la capital y desde ayer estamos en Dolores”, contó Natalia, prima de Fernando, quien lo recordó como “un ángel”, “una criatura amable”, “muy cabezudo” y “muy cariñoso”.

Crimen de Fernando Báez Sosa: homenaje en el Obelisco

En el Obelisco se espera una marcha desde las 13. La consigna principal es la de llevar una vela, para reforzar el pedido de justicia contra los acusados: piden cadena perpetua y que no obtengan beneficios.

Crimen de Fernando Báez Sosa: homenaje en Dolores

Según informaron los padres del joven, Graciela y Silvino Báez Sosa, se realizará una oración interreligiosa en Dolores: “Será en el Anfiteatro de Dolores y los queremos invitar a todos a colaborar con una colecta solidaria que puede ser un alimento no perecedero o útiles escolares que serán donados a distintas entidades”.

Crimen de Fernando Báez Sosa: homenaje en Villa Gesell

Será en la puerta del boliche Le Brique de Villa Gesell, donde la sangrienta pelea que terminó con la vida de Fernando.

Allí el ex-Obispo de Gesell – hoy Obispo de Mar del Plata- brindará una misa para recordar a Fernando.

Los bloques de Senadores y Diputados de la provincia de Buenos Aires realizarán mañana miércoles 7 de diciembre a las 10:00 hs una conferencia de prensa en el Hall del Senado bonaerense.

A raíz de la condena que recibió Cristina Fernández de Kirchner en la Causa Vialidad, diputados y senadores bonaerenses del Frente de Todos hablarán ante la prensa para mostrar su descontento ante la decisión del Tribunal Oral Federal 2. La condena a la vicepresidenta consta en seis años de prisión y la inhabilitación perpetua para tener cargos públicos.

Luego de que los diputados nacionales lancen un comunicado, ahora es el turno de los legisladores bonaerenses en mostrar su parecer. Tanto Axel Kicillof, como varios funcionarios del oficialismo ya mostraron su postura contra la decisión del Tribunal.

La primera en hablar fue la presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Senadores, Teresa García, que advirtió que “la cabeza de todo esto es Hector Magnetto quien ha puesto en tapa en Clarín a Cristina y Néstor porque son quienes convatieron desde el comienzo al poder paraestatal y mafioso”.   

Por su parte, el titular del bloque de Diputados del Frente de Todos, César Valicente, explicó que “el año que viene en Argentina cumplimos 40 años de democracia ininterrumpida, el período más largo del país en toda su historia”, y posteriomente criticó fuertemente al Grupo Clarín al cuestionar que “debemos discutir en qué democracia elegimos vivir. Porque el sector mafioso de poder que comanda Héctor Magnetto da 2 opciones o te protege o te persigue”. 

Luego, tomó la palabra el presidente de la Cámara de Diputados, Federico Otermín, que consideró que”buscan disciplinar a la política y al peronismo. Pero en particular atacan a Cristina porque no la pueden comprar, porque no se vende y no la pueden intimidar ni amenazar. Le pusieron un revolver en la cabeza en cadena nacional y tiempo después se paró en el Estadio Diego Armando Maradona ante 70 mil personas”.

Posteriormente, la vicegobernadora Verónica Magario sostuvo que “ayer fue un día muy especial para la Argentina. La última vez que nos reunimos los representantes de la Legislatura era frente al intento de magnicidio de nuestra vicepresidente de la Nación. Un hecho que era inédito e impensado en un país como el nuestro, desde el advenimiento de la democracia”.

Se trata de una conversación de WhatsApp que Gabriel Carrizo tuvo con un amigo horas después del ataque contra Cristina Kirchner. La prueba será presentada en la Justicia por la defensa de la Vicepresidenta.

Una nueva prueba que será presentada en la causa compromete más a Nicolás Gabriel Carrizo, el líder de la banda y uno de los cuatro detenidos por el intento de asesinato contra la vicepresidenta Cristina Kirchner ocurrido el primero de septiembre pasado en el ingreso a su departamento, en el barrio porteño de Recoleta.

De acuerdo con lo que se informó, la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que tiene a cargo el expediente que se abrió por el atentado, recibirá el informe de una conversación que el joven de 27 años mantuvo con un amigo la noche del ataque contra la ex mandataria nacional.

Se trata de una serie de chats que se encontraron en el teléfono celular de Carrizo y en los cuales el sospechoso le reconoce a una persona, a la cual tiene agendada con el nombre de “Jony white”, que estaba “pensando en matar al jefe de La Cámpora esta vez”.

“Están llegando todos. Vamos a tener una reunión grupal”, escribió el sospechoso a las 23:40 de aquel primero de septiembre, apenas dos horas después de que Fernando Sabag Montiel gatillara una pistola Bersa calibre .32, cargada y apta para el disparo, a centímetros del rostro de la ex presidenta.

En aquella oportunidad, la bala no salió porque el arma estaba mal preparada y la Vicepresidenta salió ilesa, mientras que el agresor fue capturado por militantes kirchneristas y luego detenido por la Policía Federal. Con el correr de los días, también fueron apresados su novia, Brenda Uliarte, una amiga de ella, identificada como Agustina Díaz, y el propio Carrizo, todos sospechados de haber participado del intento de magnicidio.

La prueba será presentada por Cristina Kirchner, que se presentó como querellante en esta causa, a través de sus abogados, Juan Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal, que son los que la representan en esta investigación.

Se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. Investigan sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El Gobierno le pidió informes a la Justicia de Estados Unidos por sobreprecios de importaciones que realizan empresas. Este mecanismo de triangulación les permitía lavar dinero en bancos del país norteamericano.

De esta manera, la justicia argentina avanza con las denuncias de la Aduana y se activó el intercambio de información con la unidad de inteligencia financiera de Estados Unidos. El pedio formal es para que se investiguen sociedades y cuentas bancarias de argentinos vinculadas a maniobras de sobrefacturación de importaciones.

El pasada jueves, el ministro de Economía, Sergio Massa, confirmó que el Estado decidió desde la Aduana denunciar a una empresa proveedora de servicios por sobrefacturación de importaciones con triangulación, perjudicando a aquellos que de verdad necesitan los dólares”.

“La denuncia no es en la justicia argentina: los que usen para lavar dinero bancos de Estados Unidos, serán denunciados en los bancos y en la justicia de Estados Unidos”, agregó en la exposición”.

Los abogados de la firma del Grupo Vicentin habían apelado el millonario embargo preventivo en el marco de la causa en la que se investigan los préstamos que ese ‘holding´ obtuvo del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

La Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” un recurso presentado por los abogados de Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, que habían apelado el millonario embargo preventivo de los bienes de la firma en el marco de la causa en la que se investigan los préstamos que ese ‘holding´ obtuvo del Banco Nación durante el gobierno de Cambiemos.

Los jueces de la sala primera del máximo tribunal penal resolvieron “declarar inadmisible el recurso de casación interpuesto por los letrados Diego Pirota y Deborah Lichtmann, en representación de Algodonera Avellaneda S.A.” para revertir el embargo de bienes hasta cubrir los 31.000 millones de pesos, según surge del fallo.

La medida había sido dispuesta en la causa en la que se investigan supuestas irregularidades vinculadas a los préstamos que recibió el Grupo Vicentin por las cuales están señalados judicialmente el expresidente Mauricio Macri, los extitulares del Banco Nación y del Banco Central Javier González Fraga y Guido Sandleris, respectivamente.

Los embargos habían sido dictados por el juez federal Julián Ercolini a instancias de un fallo de la Cámara Federal porteña.

Vicentin tiene una deuda con el Banco Nación de más de 300 millones de dólares por créditos otorgados durante el bienio 2018/19.

El ministro de Justicia apuntó contra el máximo tribunal por fallar contra el Consejo de la Magistratura y a medida de la oposición.

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, repudió el fallo que declaró la inconstitucionalidad de la ley del Consejo de la Magistratura y cuestionó a la Corte Suprema por “extorsionar al Congreso” y ponerse “la camiseta amarilla” con fallos a medida de la oposición macrista.

El Senado de la Nación continua este miércoles con la discusión en un plenario de comisiones de los proyectos para modificar la conformación del organismo que designa y sanciona jueces.

“Por primera vez en la historia desde el retorno de la democracia la Corte Suprema dictó un fallo declarando inconstitucional una Ley que estuvo vigente durante 16 años. Una ley bajo la cual se designaron al 70 por ciento de los jueces que están en funciones”, resaltó el funcionario nacional en declaraciones radiales.

Al tiempo que agregó: “Esta Corte, con dos ministros nombrados por decreto, obliga a que el Congreso de la Nación a que en 120 días saque una nueva ley del Consejo de la Magistratura. Es decir, impone un plazo para legislar y el plazo obviamente es incumplible. Están obligando al Congreso a legislar bajo extorsión”.

Soria explicó que el fallo de la Corte Suprema “extorsiona” al poder legislativo porque le indica al Congreso que en caso de que no aprueben una ley quedará vigente una de 1997 y que favorecía a la Corte menemista. “Esa ley fue derogada y no se le puede dar operatividad a una ley que fue derogada por el Congreso“, sostuvo Soria, quien recordó que el propio juez de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, reconoció que una ley derogada nunca puede ser aplicada. 

El funcionario alertó que solo quedan cuatro semanas para que se cumpla el plazo que estableció la Corte Suprema para aprobar una nueva ley. “Estamos a menos de cuatros semanas de que se paralice la administración de Justicia en Argentina. Se paraliza el Consejo de la Magistratura que es el órgano encargado de designar a los jueces y de llevar los procesos disciplinarios para aquellos jueces que tienen algún tipo de inconductas en sus gestiones”.

“Paralizar el Consejo de la Magistratura es música para los oídos de la mesa judicial, de Macri y para los que montaron este aparato de persecución”, denunció Soria.

El ministro de Justicia recordó que hubo reuniones clandestinas entre jueces y fiscales para armar causas. “Hasta se filmaban a ex funcionarios, espías y legisladores para armar causas judiciales. Esa es la persecución judicial, mediática y política de la que participaron varios jueces y fiscales”

Por último, Soria también rememoró cuando la Corte Suprema frenó la decisión del gobierno nacional de declarar servicio pública esencial a las compañías de telecomunicaciones que permitió aumentar sus ingresos de forma extraordinaria en medio de la pandemia del coronavirus.

La detención de la dirigente popular Milagro Sala empezó a días de que Gerardo Morales asumira como gobernador de la provincia de Jujuy. “Si no la detenían, el gobierno no duraba dos meses”, reconoció el propio Morales en una entrevista con Clarín. Un acto de honestidad brutal. La detención respondió a intereses políticos y la imputación llegó luego de que Sala fuera apresada.

Pero las escandalosos irregularidades no terminan ahí. Luego, Morales reformó la Suprema Corte provincial y qué hizo: puso como jueces a ex candidatos de su propio partido. Desde allí fue todo martirio para Sala, a quien le renuevan las causas o aparecen algunas prescriptas. Por ejemplo, se la condenó por hechos en los que ella no estuvo (ni siquiera en la ciudad en cuestión).

La situación ilegal le valió al Estado argentino una denuncia del CELS y de Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En una solicitada publicada este domingo en Pagina/12 referentes de derechos humanos, gobernadores, miembros del gabinete nacional, dirigentes sindicales y sociales, periodistas y artistas, repudiaron la “detención ilegal” de la dirigente y expresaron que “con presos políticos no hay democracia plena”. Asimismo, el Comité por la libertad de Milagro Sala realizará a las 18 un encuentro virtual para exigir que se termine su persecución política.

Desde 2020, la Corte Suprema tiene en su poder un reclamo pero el máximo tribunal, que parece responder al macrismo, no quiere responder. Así se hace “justicia” con Sala, quien fue condenada por ejemplo porque unas personas le tiraron huevos a Morales hace más de 15 años. La causa debería haber proscripto pero no. El hecho ocurrió en Capital Federal y Sala no participó. Pero la Justicia inventó su rol de “instigadora” y la condenó. Es la misma Justicia que por ahora considera que el espionaje ilegal, que se desplegó desde el Estado e involucró a cientos de personas perseguidas, fue hecho por “cuentapropistas”.

La portavoz de la Presidencia, pidió que la Justicia “actúe pronto” para encontrar a los responsables de la amenaza al legislador.

Roberto Figueroa Minetti había obtenido una cautelar para no abonar el aporte extraordinario, pero la Cámara revirtió la decisión