En 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevó el caso hasta la Corte Suprema. Ahora, el Gobierno de la Cuidad deberá acatar la orden la judicial y destruir la pared.

Desde el gobierno de la Ciudad informaron que el sábado comenzarán las obras para demoler el muro que el Grupo Clarín levantó de forma ilegal en la intersección de las calles Ascasubi y Luna. La medida será dispuesta por La Dirección General Guardia de Auxilio y Emergencias del gobierno porteño.

Cabe recordar que en 2015, un fallo de una jueza ordenó demoler la pared pero tras una serie de apelaciones se llevó el caso hasta la Corte Suprema. La misma desestimó un recurso de queja interpuesto por el gobierno porteño y dejó firme la decisión de primera instancia.

De acuerdo al comunicado del Ejecutivo porteño a la Justicia, se lee: “Pongo en conocimiento de Vuestra Señoría que la DIRECCION GENERAL DE GUARDIA DE AUXILIO Y EMERGENCIA ha informado mediante comunicación oficial identificada como NO-2022-14980908-GCABA-DGGAYE las tareas operativas solicitadas de demolición de muro en la intersección de las calles Ascasubi y Luna por parte de esta área operativa será el SABADO 30/04/2022 a partir de las 9:00hs de la mañana”.

En este marco, el senador Mariano Recalde expresó: “¿Sabías que Clarín bloqueó una calle de Barracas y construyó un muro de 4 metros de alto para cercar su planta de impresión? ¿Sabías que desde hace 7 años la Justicia le ordena a Larreta que lo derribe y la Ciudad siempre se niega a hacerlo?”.

Fue luego de la decisión del juez Kreplak de sospecharlo responsable por persecución sindical.

El intendente Julio Garro aseguró que “debería estar orgulloso de estar procesado” en la causa funcionamiento de una mesa judicial bonaerense para perseguir a dirigentes gremiales, pero admitió que “está triste”. Las declaraciones las bridó luego de que se conociera que él, junto a otros ex funcionarios de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, se los considere como los principales responsables en la causa que lleva adelante el juez Federal Ernesto Kreplak.

El Jefe Comunal pasó por los estudios de América y aseguró que lo que él buscaba era hacer lo que corresponde y agregó que eso era “escuchar a la gente de su ciudad que era extorsionada y poner la cara, termina procesado”. Sin embargo, las declaraciones no fueron estrictamente direccionadas a los que interpretó el juez, que además, lo embargó por 10 millones de pesos, sino que buscó mezclar su situación con la procesal de Medina.

Se trata del expediente que se inició a partir del hallazgo, entre los archivos digitales de la AFI, de la grabación de una reunión llevada a cabo en junio de 2017 en la sede porteña del Banco Provincia, y a la que asistieron los procesados y también un grupo empresarios de la construcción de La Plata, a los que el juez les dictó la falta de mérito.Reproductor de video00:0002:15

Luego Garro se refirió al procesamiento en la causa que investiga la detención de Juan Pablo “Pata” Medina, y lamentó: “Vivimos en un país que es el reino del revés, donde terminas procesado por poner la cara y escuchar a la gente que era extorsionada”. Por último, reconoció que estaba esperando ser procesado.

Los procesados son el exministro Villegas; el intendente Garro; el exsubsecretario de Justicia bonaerense Adrián Grassi; el senador provincial de Cambiemos Juan Pablo Allan y los exdirectivos de la AFI Juan Sebastián Destéfano (Asuntos Jurídicos), Diego Dalamu Pereyra (Contrainteligencia) y Dario Biorci (exjefe de Gabinete de la subdirección de la AFI).

La abogada Valeria Carreras presentó la medida luego de que se conociera que el vicecanciller en Gran Bretaña firmó el acuerdo bajo un estado de ebriedad.

La abogada Valeria Carreras amplió la denuncia por “traición a la patria” contra el expresidente Mauricio Macri por el acuerdo por el cual Argentina se comprometía a “remover todos los obstáculos que limiten el crecimiento económico” de las islas Malvinas, luego de las revelaciones sobre el entendimiento conocidas este martes a partir del testimonio del excanciller británico a cargo de las negociaciones.

“Amplié la denuncia porque hay un hecho nuevo en este acuerdo aberrante que no se podía firmar ni borracho”, señaló la abogada en declaraciones a Radio 10, en las que se refirió a las memorias del exministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido Alan Duncan, quien dijo que el entonces vicecanciller Carlos Foradori “estaba borracho” cuando se firmó un acuerdo para levantar las sanciones argentinas sobre las empresas británicas que operan en las aguas que circundan a las Malvinas.

Según reveló el sitió Declassified, en ese acuerdo, alcanzado en septiembre de 2016, se otorgaban por parte de la Argentina concesiones para frecuencias de vuelos que llegarían a las islas desde distintos puntos del continente haciendo escala en Argentina.

Según Duncan, el trato se cerró en una bodega que tiene la Embajada británica en Buenos Aires, en cuyas paredes reposaban varias botellas de vino merlot, y que en ese escenario se llevó a cabo una reunión con Foradori, en representación del Gobierno que encabezaba Macri.

“A medida que una botella tras otra iba pasando de la pared de la bodega a la mesa, las negociaciones mejoraban. A eso de las 2 de la mañana nos dimos la mano con un acuerdo general”, indicó el excanciller británico.

Dos legisladoras del Frente de Todos repudiaron el hecho y anunciaron que solicitarán identificar a los responsables de la violencia política.

La titular de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura porteña, Victoria Montenegro (Frente de Todos), informó anoche que solicitará al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires videos para identificar a los responsables de colocar muñecos colgados con sogas, simulando ahorcamientos, alrededor de las rejas de la Pirámide de Mayo, con fotos de funcionarios y dirigentes del oficialismo.

La legisladora porteña Claudia Neira (FDT) también se refirió en su cuenta de Twitter a la colocación de los muñecos: “No es ‘el campo’. Son algunos haciendo política“.

Los muñecos fueron colocados durante la protesta realizada en la Plaza de Mayo, por productores autoconvocados y agrupaciones rurales, con apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio.

Tenían pegadas fotos del presidente Alberto Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto; la de Madres, Hebe de Bonafini; el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el diputado Máximo Kirchner, entre otros.

El jefe de Gobierno porteño sostuvo que “el campo es el motor productivo” y “no se le pueden subir más impuestos”. Sin embargo, omite que el Gobierno no le subió las retenciones y muy a pesar de la rentabilidad extraordinaria que está obteniendo el sector por estos días, producto de la guerra Rusia-Ucrania.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, se sumó al “tractorazo” de ruralistas autoconvocados en reclamo a la política económica del Gobierno con el sector del campo, aunque aclaró que no buscaba “politizar” la protesta.

Rodríguez Larreta se acercó a la intersección de la Avenida del Libertador con Udaondo, a metros del estadio Monumental de River Plate, uno de los puntos de reunión para los manifestantes que ingresan a la Ciudad de Buenos Aires a través de la zona norte.

“Vengo a saludar. Es increíble la buena onda. Es una protesta en contra de una suba de impuestos y por eso venimos a dar nuestro apoyo”, justificó su presencia en alcalde porteño.

Sin embargo, en declaraciones al canal TN, remarcó: “No quiero que se politice la marcha. Por eso solo vengo a saludar”, dijo uno de los grandes referentes del espacio opositor Juntos por el Cambio antes de acercarse a los ruralistas apostados en sus tractores, listo para empezar a marchar hacia la Plaza de Mayo.

“El campo es el motor productivo, no se le pueden subir más impuestos”, agregó Larreta, quien buscó despegarse de la acusación del Gobierno de que esta era una “marcha política”.

Horas antes, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, aclaró este sábado que los productores agropecuarios no estarán alcanzados por el impuesto a la “renta inesperada” que impulsa el ministerio de Economía y que tampoco habrá un aumento de retenciones.

El ex presidente y Juliana Awada asistieron al casamiento del periodista ya devenido en militante.

El ex presidente Mauricio Macri fue al casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio que se realizó en la localidad de Exaltación de la Cruz.

El líder del PRO volvió a mostrarse junto a su esposa, Juliana Awada, y al llegar a la ceremonia no se detuvo ante los periodistas que estaban en la puerta de entrada.

El viernes en LAM dieron a conocer los invitados famosos que iban a asistir al casamiento y, además del ex mandatario y su esposa, completaban la lista: Chano Charpentier, Luis Majul, Diego Leuco, Marina Calabró, Eduardo Feinmann y Rodolfo Barili, dado que es la actual pareja de Lara Piro, una amiga de Marcovecchio.

Cabe recordar que durante la gestión de Mauricio Macri, muchos de los principales periodistas del país que enviaron dólares al exterior durante los cuatro años del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019). Entre los que se destacaron comunicadores de La Nación, 1.455.000 y 920 mil dólares respectivamente, Jorge Lanata del Grupo Clarín, 870.066 dólares, Novaresio 515.920 dólares y Héctor Magnetto (Clarín) 500 mil dólares a través del JP Morgan.

Además, Feinmann de La Nación sacó 480 mil dólares, Ricardo Roa (Clarín) 396 mil dólares
y Pablo Sirven (La Nación) 303 mil dólares para comprar un inmueble en Punta del Este.o.com

Se recogieron más de 150 mil firmas en apoyo a la iniciativa

La Cámpora y algunos de sus socios políticos desplegaron en todo el país una campaña para reunir firmas en respaldo al proyecto de ley que propone crear un Fondo Nacional para cancelar la deuda con el FMI.

Militantes del kichnerismo reunieron más de 150 mil firmas en apoyo a la iniciativa que propone que “la deuda tomada por el macrismo no se pague a costa de pueblo argentino sino que sean los aportes de los que fugaron la plata al exterior los que permitan cumplir con las obligaciones con el FMI”.

A lo largo y ancho del país, hubo volanteadas y mesas de consulta para conseguir el respaldo de los ciudadanos al proyecto.

Sus impulsores remarcaron que “no es un nuevo impuesto, ni afecta a los trabajadoras y trabajadores” y puntualizaron: “Son quienes fugaron dinero del país los que deberán aportar el 20% de sus bienes no declarados en dólares. Además, para llevar adelante este Fondo, se propone levantar el secreto bancario de la ley de entidades financieras que fue impuesta en la última dictadura militar”.

Desde el espacio que integra la coalición de Gobierno, celebraron la buena repercusión de la iniciativa que busca que la deuda no la pague el pueblo argentino.

¿En qué consiste el proyecto para recaudar dólares de la evasión?

El oficialismo apunta a los U$D 447.507 millones que, según indican estadísticas oficiales, se encuentran en el exterior y/o fuera del sistema financiero del país y pertenecen a argentinos. “De ellos se encuentran declarados ante la AFIP sólo 69.000 millones de dólares, según se desprende del impuesto sobre los bienes personales del año 2020” indicaron.

“Quienes se beneficiaron con los recursos del FMI, fugaron divisas de la Argentina y no las declararon – acto profundamente lesivo para los contribuyentes de nuestra nación – son los que deben hacer el mayor esfuerzo contributivo y a quienes en definitiva apunta este proyecto de ley para amortizar la deuda con el FMI. Es un acto de estricta justicia distributiva, tributaria e histórica”, sostienen.

“Existen unos 400.000 millones de dólares en el exterior de residentes argentinos y menos de una tercera parte están declarados ante la AFIP. Así lo demuestran los Panamá, Paradise y Pandora Papers entre otros informes de organismos públicos y privados”, concluyen.

También se exigirá el cambio del menú por algo más saludable. Se propuso más frutas y verduras de cooperativas agroecológicas en lugar de productos ultraprocesados y en mal estado.

La legisaldora porteña del Frente de Todos, Ofelia Fernández, encabezó ayer una actividad frente a la Legislatura (Perú 160) para insistir con la aprobación de un proyecto de su autoría, a partir del cual propone mejorar el sistema de comedores y viandas escolares en la jurisdicción que gobierna Horacio Rodríguez Larreta.
 
Cabe remarcar que uno de los principales motivos que impulsó a la creación del proyecto fue la denuncia por parte de Fernández de constantes “intoxicaciones” de alumnos y alumnas en las instituciones educativas porteñas, en paralelo con una “baja calidad nutricional” en los menús que entrega el Gobierno de la Ciudad.
 
“La calidad de la comida es mala”, sostuvo ante una gran convocatoria en la puerta de la Legislatura y advirtió que existe “un negocio” de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta con las empresas proveedoras del servicio alimentario. Un negocio que, la semana próxima, será denunciado formalmente desde la organización El Movimiento.

 
“Se trata de cambiar el espíritu del sistema de alimentación escolar, el que hoy está al servicio de un negocio, por uno que otorgue la mejor alimentación posible para los pibes y las pibas, porque en las escuelas se come mal, la comida no es saludable y es de mala calidad”, explicó Fernández.
 
Según consignó Infonews, Fernández sostuvo que el esquema vigente impuesto por el Gobierno porteño para los concesionarios de los comedores y de viandas “suma puntos a las empresas en relación a la cantidad de años que llevan de servicio, pero no tiene en cuenta las infracciones con que ya cuentan los proveedores que, en muchos casos, reciben múltiples denuncias por casos de intoxicaciones”.
 
“Atrás de eso hay un negocio ya que algunas de las empresas fueron aportantes de la campaña electoral de Cambiemos en 2015”, dijo la legisladora, quien anticipó que la sanción del proyecto resultará dificultosa debido a la necesidad de contar con los votos del bloque oficialista porteño que responde a Rodríguez Larreta.
 
En rigor, el proyecto ingresó a la Legislatura la semana pasada con la autoría de Fernández, junto a su compañero de bloque Matías Barroetaveña, para “transformar el funcionamiento de los comedores y viandas en jardines, primarias y secundarias” de la Ciudad.
 
Para ello, propone la “universalización y gratuidad de la asistencia alimentaria escolar” y prohibir que las empresas que fueron multadas por un mal servicio puedan proveer alimentos. También propone que las frutas y verduras estén producidas por cooperativas agroecológicas y que se incentive la compra de alimentos a pymes, así como la creación de una comisión interdisciplinaria integrada por nutricionistas y actores de la comunidad educativa que controlen los menús y la implementación.

Ayer la Policía de la Ciudad no dejó circular a un tractor de la UTT que marchaba contra la crisis climática. Hoy, varios de estos vehículos cortarán la calle en la Ciudad con autorización oficial.

Hoy se realizará en la Ciudad un “tractorazo” convocado por el campo que contó con una medida cautelar presentada por Juntos por el Cambio para que las organizaciones del campo puedan ingresar con sus tractores al territorio porteño para manifestarse.
 
La medida va en contra de las declaraciones del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta que había instado al gobierno nacional a quitar los planes sociales a quienes hagan protestas con cortes de calle en la Ciudad. Al parecer, desde el espacio apoyan ciertas marchas y otra no.
 
Así se notó ayer cuando un tractor de la Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT) -que representa los trabajadores rurales- pretendía circular por la Ciudad en protesta por la crisis climática en el marco de una marcha global. Sin embargo, fue detenido por la Policía porteña.
 
El episodio ocurrió en el marco de las actividades organizadas por la UTT por el Día Mundial de la tierra, que se conmemora cada 22 de abril, y en reclamo de una ley de acceso a la tierra para las familias trabajadores del sector.
 
Ayer a legisladora del Frente de Todos, Ofelia Fernández, denunció esta situación: “Che, Larreta. Si para vos cuando marcha un movimiento social, hay que sacarles los planes ¿Cuándo marcha el campo, hay que subir las retenciones?”, escribió en su cuenta de Twitter y agregó: “¿O hay marchas buenas con tractores y marchas malas con pobres?”.

La situación del operador judicial de Mauricio Macri se complica en el cuerpo parlamentario del Mercosur con la emisión de un despacho para removerlo de su cargo.

En otro paso administrativo para la expulsión del operador judicial del ex presidente Mauricio Macri y actual prófugo de la justicia argentina, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, la comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur se reunió esta mañana y avanzó con el dictamen para su expulsión como diputado en representación de nuestro país.

Rodríguez Simón está prófugo de la justicia argentina tras no presentarse a prestar declaración indagatoria en una causa en la que se lo acusa por supuesta extorsión, y ahora el tema deberá ser tratado y votado por el pleno del parlamento regional.

Con siete firmas de los diez parlamentarios presentes, el dictamen impulsado por el Frente de Todos se impuso sobre el dictamen en minoría -que obtuvo solo dos firmas- que proponía su permanencia en el cuerpo, mientras hubo una abstención.

Para disponer la expulsión de uno de sus miembros, el Parlamento del Mercosur debe reunir 77 votos, las dos terceras partes de sus miembros.

Dictamen de expulsión

El dictamen impulsado por el oficialismo argentino sostenía que Rodríguez Simón debe cesar su mandato como parlamentario del Mercosur porque incurrió en “graves actos de falta de decoro”, al haber sido declarado en rebeldía por parte de la jueza María Romilda Servini, quien lo convocó a indagatoria en la causa en la que se investigan la supuesta extorsión a los dueños del Grupo Indalo.

“El Pleno del Parlamento del Mercosur no es ni juez ni parte para meritar los hechos ilícitos que se le endilgan al Sr. Rodríguez Simón, sin embargo, tiene el deber de velar por una conducta decorosa de sus miembros”, indicó el texto. Lo que se le reclama al operador judicial es no haberse presentado en la causa en la que fue requerido.

“Es interesante ver que en la separación (de Rodríguez Simón) acompañan parlamentarios de los cuatro países y diferentes sectores políticos”, señaló el diputado del Parlasur Oscar Laborde.

Además, explicó que “seguramente el 16 de mayo” el dictamen estará en condiciones de tratarse en el pleno. Laborde resaltó que “lo importante del día de hoy es la voluntad claramente mayoritaria de separarlo”.