El entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.

La Justicia confirmó que al menos la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio en la elección de 2019 en la provincia de Formosa fueron beneficiarios de un bono clandestino que el Gobierno de Mauricio Macri instrumentó en los días previos a los comicios y que debía tener como destino real a desocupados.

La desproporción y el volumen de la maniobra clientelar quedan más de manifiesto si se tiene en cuenta que la gestión macrista había reservado para todo el distrito 6800 beneficios, equivalentes al 1,5% de la población.

La causa judicial arrancó por una investigación del medio Ámbito Financiero de septiembre de 2019, que abarcó desde el diseño oculto de la medida hasta su utilización mediante punteros políticos en varios distritos, y recién en las últimas semanas dio a luz un peritaje decisivo.

La Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) elevó el estudio a la fiscalía federal a cargo de Ramiro González, que a su vez instruye la causa por delegación de la jueza con competencia electoral María Servini.

El expediente investiga la utilización por parte del gobierno anterior de la resolución 1177/2019 de la Secretaría de Empleo, entonces bajo la órbita de Dante Sica, a cargo del Ministerio de Producción y Trabajo, que implementó el despliegue en todo el país de 130 mil bonos de $ 5000 cada uno supuestamente orientados a desempleados con un presupuesto total de 650 millones de pesos.

La administración macrista jamás anunció públicamente la puesta en marcha de ese programa pese a su magnitud y alcance nacional, no lo publicó en el Boletín Oficial ni abrió registro alguno para que pudiesen inscribirse posibles beneficiarios. Sica sólo aludió al bono clandestino una vez que este diario publicó varias notas al respecto y cuando la magistrada ordenó suspender los pagos a mediados de octubre de 2019, a falta de diez días para la elección presidencial general, por entender que existía el riesgo de una utilización clientelista que pudiese violar el código electoral.

Una vez radicada la denuncia en Comodoro Py, el abogado formoseño Williams Dardo Caraballo se presentó de manera espontánea en la causa para denunciar que en esa provincia más de la mitad de los fiscales de Juntos por el Cambio habría cobrado el bono. La acusación iba un paso más allá de las sospechas originales según las cuales el beneficio orquestado por el entonces gobierno nacional había tenido un uso discrecional por parte de referentes locales, para señalar que al menos en la provincia norteña se había utilizado para comprar la voluntad de autoridades de mesa con vistas al proceso electoral.

Dos años y nueve meses después de iniciada la investigación y luego de un intento fallido de peritaje, la Datip finalmente corroboró y amplió la tesis del denunciante de Formosa: casi la mitad de los fiscales de JXC que participaron en la elección general (243 sobre 503) figuraba como beneficiario del bono de $ 5000. La proporción se eleva a 63% si se toma el número de autoridades de mesa partidarias que participaron tanto en las primarias (PASO) del 11 de agosto de ese año como en las definitorias del 27 de octubre.

El primer dato inquietante del estudio realizado por el órgano judicial señala que más de la mitad de los 2992 fiscales de Juntos por el Cambio inscriptos para los comicios de 2019 presentaron documentos de identidad inválidos. Ese factor obligó a reducir el análisis sobre 1209 autoridades partidarias con su DNI en regla (que participaron en las PASO, las generales o en ambas instancias), lo que a juicio de los investigadores sugiere que “el número de fiscales encontrados entre los beneficiarios del bono podría ser mayor” al expuesto en la pericia.

Al momento de las PASO el bono, de acuerdo a la investigación, todavía estaba en etapa preparatoria y restaban dos meses para su instrumentación formal mediante la resolución 1177. No obstante en los registros de la Justicia electoral relevados por los peritos fueron hallados 140 fiscales como perceptores del bono sobre un total de 590 que actuaron para Juntos por el Cambio.

Mientras que para las generales (27 de octubre), cuando la norma de Empleo ya tenía casi un mes de publicada y a pesar de que el 18 de octubre la jueza Servini había prohibido que continuara su otorgamiento, el informe dejó plasmado el dato más impactante: casi la mitad de los fiscales de la oposición, 243 sobre un total de 503, estaban registrados como perceptores del bono clandestino.

El número es incluso más contundente si se toman en cuenta los fiscales que actuaron en ambas elecciones: de un total de 116, se constató que 74 (63%) cobraron el beneficio que en la provincia tramitaban punteros de la oposición. Para tener una dimensión más clara de la desproporción en el reparto de beneficios entre los fiscales, el entonces gobierno de Macri destinó para toda la población de Formosa un total de 6.800 bonos, que equivalen a 1,5 por ciento de la población mayor de edad del distrito.

El informe también relevó los datos aportados por el denunciante Caraballo. En su presentación original, el letrado formoseño había suministrado un listado de 756 fiscales que supuestamente habían cobrado el bono, lo que le permitía inferir que más de la mitad de los partícipes de la elección a cargo del monitoreo para JXC estaban entre los beneficiarios. Los peritos judiciales constataron de manera plena ese aporte: el 95,77% de los nombres que figuraban en su denuncia había sido beneficiario del bono clandestino.

Más allá del resultado de la pericia, sus responsables le sugirieron al fiscal Ramiro González que “procure identificar los números de DNI del 59% de los fiscales (cuyos documentos aparecieron como inválidos), debido a que con ese dato será posible efectuar el entrecruzamiento en su totalidad”. Para los expertos, esa constatación podrá incluso elevar el porcentual de beneficiarios entre las autoridades de mesa de JXC. El funcionario judicial deberá para entonces nacionalizar la pericia para constatar si la maniobra de clientelismo se llevó a cabo en otros distritos, como sospechan los apoderados del Frente de Todos que radicaron la denuncia en base a la investigación de este diario.

La causa tiene como imputados a los exministros de Cambiemos Dante Sica y Ricardo Buryaile (en este caso por su rol como candidato en Formosa y beneficiario político de la distribución de los bonos en ese distrito); al exsecretario de Empleo Fernando Prémoli (firmante de la resolución 1117 que dio origen al programa de asistencia); al intendente de San Antonio de Areco, Francisco Ratto y a Juan María Cravero, excandidato a jefe comunal de Roque Pérez. Mientras que por la denuncia de Formosa fueron acusados, junto a Buryaile, el delegado de la Agencia Territorial de la Secretaría de Trabajo de la Nación, Germán Villalba, la delegada del Ministerio de Desarrollo Social Irina Zárate, el delegado de Anses Diego Herrera y el concejal Miguel Montoya.

Durante la tramitación de la causa, que tuvo en sus manos el fiscal federal Jorge Di Lello hasta su muerte, en febrero de 2021, declararon varios intendentes de distritos gobernados en 2019 por el peronismo en los que el bono era ofrecido por sus rivales y candidatos opositores sin conocimiento de las autoridades locales y por fuera de los canales oficiales.

Desde entonces el expediente entró en un proceso de letargo (también murió en julio de 2021 el primer denunciante, el entonces apoderado del PJ Jorge Landau) y el actual responsable de la instrucción, el fiscal González, acotó por el momento la pesquisa al análisis de una posible infracción de índole electoral, es decir de menor gravedad que lo que representaría la utilización de fondos públicos para el montaje de una maniobra de clientelismo a nivel nacional.

Fuente: ambito.com

“Lo vivimos con decepción” señalaron en un comunicado firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.

La querella mayoritaria integrada por familiares de víctimas del submarino ARA San Juan expresó este viernes su “decepción” ante el fallo de la Cámara Federal porteña que sobreseyó al expresidente Mauricio Macri en el marco de la causa en la que se lo investiga por supuesto espionaje, y calificó la decisión como un “golpe judicial”.

“Lo vivimos con decepción. Es un golpe judicial que nos lleva a revivir la sensación ante cada parte diario falso, cada reunión con autoridades nacionales y cada falsa promesa” durante la búsqueda en 2017, señaló un comunicado de la querella firmado por las abogadas Valeria Carreras y Lorena Arias, representantes de las familias de tripulantes del ARA San Juan.

Y agregan: “Nos toca comunicar a 50 meses del hundimiento del ARA San Juan, que a pesar de haberlo vivido en carne propia, a pesar de las pruebas aportadas por la propia AFI, a pesar de ser un secreto a voces el espionaje ilegal del que fuimos víctimas, la Justicia de Comodoro Py dio por tierra con todo eso”.

Asimismo, recordaron que “luego de perder seres amados, padecieron la mentira, el ocultamiento, los traidores encubrimientos y la baja de celulares con el borrado de todo archivo y recuerdo de los que ya no están, hasta ser el objetivo de una cámara de fotos disparada por el Estado-AFI, como si fuéramos ‘una amenaza para la seguridad nacional”.

“Con el mismo coraje y valor con que ellos salían a navegar en su amado submarino, así seguiremos esta lucha por verdad, justicia y la dignidad que merecemos”.

La hija de Bartolomé Mitre, accionista del diario La Nación, pidió al expresidente que blanquee su aporte económico al grupo mediático.

Esmeralda Mitre, actriz e hija del fallecido accionista del diario La Nación Bartolomé Mitre, pidió que el expresidente Mauricio Macri “diga cuanta plata puso en el canal de televisión La Nación+“, y afirmó que ese grupo mediático “genera la grieta instalando el odio“.

“Me gustaría que La Nación no fuera un diario partidario y además me gustaría saber cuánta plata puso Macri en La Nación+“, dijo Esmeralda Mitre anoche, en una entrevista en el programa Desiguales que emite la TV Pública.

Al realizar una crítica a la programación de ese canal de noticias, sostuvo que el canal “C5N parece de la realeza inglesa al lado de LN+” y añadió: “La Nación instala el odio y genera la grieta“.

Con respecto al litigio por la herencia y su participación en las acciones del diario La Nación, la hija de Bartolomé Mitre aseguró que los actuales dueños del grupo mediático “se han robado todo durante mucho tiempo” y “han humillado a mi padre” porque “el diario está destrozado”, ya que “lo único que les importa es el poder que te da estar en un diario”.

En la disputa por ocupar un cargo dentro de la dirección del grupo mediático, Mitre ratificó: “Ganamos y hoy somos los dueños del 39% de La Nación”.

En ese punto, advirtió que “Macri es parte del grupo que quiere quedarse con La Nación”.

Así lo afirmó el ex presidente de Bolivia en declaraciones radiales. “Alberto, en cambio, nos mandó medicamentos en plena pandemia”, sentenció.

Este jueves, el expresidente de Bolivia Evo Morales acusó este jueves al exmandatario Mauricio Macri de “enviar armas contra el pueblo” para apoyar al gobierno de facto de Jeanine Áñez, surgido tras el golpe de Estado perpetrado en noviembre de 2019 en la nación andina. En el mismo tono, lamentó que algunos dirigentes de la región defiendan a personas que en la actualidad están condenadas en su país “por cometer delitos de lesa humanidad” duranta aquella asonada.

“Lamentablemente, el expresidente Macri envió armamento contra el pueblo boliviano. Alberto (Fernández), en cambio, nos mandó medicamentos en plena pandemia (de coronavirus)“, planteó. “Todavía hay presidentes y expresidentes de la región que defienden a personas que están presos por delitos de lesa humanidad y provocar dolor”, señaló Morales en diálogo con AM 750.

Respecto a las causas que se siguen en Bolivia por los hechos que en 2019 provocaron 37 muertes, el líder y fundador del Movimiento al Socialismo (MAS) remarcó que la Justicia de su país determinó que “hubo un golpe de Estado” contra su Gobierno.

“El primero en reconocer al Gobierno de Áñez fue el estadounidense Donald Trump, luego (Jair) Bolsonaro –de Brasil- y Macri. Cuando la derecha no puede ganar acude a un golpe de Estado, con la ayuda de una prensa aliada y sectores del Congreso que son cómplices. Es otra forma de golpe que usa el imperio norteamericano”, observó el expresidente del Estado Plurinacional de Bolivia

Al analizar la situación de América Latina, el expresidente boliviano cuestionó a Estados Unidos al aseverar que “para el imperialismo norteamericano, los movimientos sociales y los sindicalistas somos terroristas”, y consideró que el Gobierno de Washington lo ve como un “Osama bin Laden andino”.

Evo Morales concluyó que “en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no tienen una embajada de Estados Unidos”.

En el marco de la causa que investiga las municiones anti tumulto enviadas por el macrismo a Bolivia, declaró el por entonces Segundo Comandante y Jefe del equipo de Operaciones Especiales.

El jefe del equipo de Operaciones Especiales que viajó a Bolivia en noviembre de 2019, en el contexto del golpe contra el Gobierno de Evo Morales, declaró ante la justicia que la orden de llevar las municiones anti tumulto que terminaron en manos de las fuerzas represivas de ese país fue de la entonces “conducción superior de Gendarmería” de la administración de Mauricio Macri.

Martín Hidalgo, que por entonces era Segundo Comandante y Jefe del equipo de Operaciones Especiales que iba a proteger la Embajada y la Residencia Argentina en Bolivia, declaró como testigo, bajo juramento de decir la verdad, ante el juez en lo Penal Económico Alejandro Catania.

A lo largo de la declaración, Hidalgo contó cómo fue convocado para desplazarse a Bolivia, detalló que primero se barajó la posibilidad de ir en un vuelo comercial y finalmente lo hicieron en un Hércules de la Fuerza Aérea, aseguró que el traslado de las municiones lo ordenó la cúpula de la Gendarmería del Gobierno de Juntos por el Cambio y refirió que el “comandante Caliba” fue quien recibió las municiones en La Paz.

“La orden para cargar los efectos en los vehículos para ir a El Palomar la dio el comandante mayor Salas. Me comunicó que por orden de la conducción superior de Gendarmería esos efectos iban a ir a Bolivia; y que no eran parte del equipo nuestro, el equipo que yo seleccioné. Me dijo que esos efectos eran una reserva operacional y que respecto de la gestión de esos efectos intervenía en Bolivia el Comandante Principal Caliba, que era el enlace de Gendarmería en Bolivia”, sostuvo el testigo en la declaración a la que accedió Télam.

El comandante mayor Salas al que refirió Hidalgo es Fabián Salas, exjefe del Grupo Alacrán; Caliba es Adolfo Caliba, que por entonces era el agregado de la Gendarmería en La Paz, y por “conducción superior de Gendarmería” se entiende que el testigo hizo alusión a Gerardo Otero, quien por entonces estaba al frente de esa fuerza.

La declaración testimonial fue presenciada, entre otros, por el abogado Manuel Barros, quien ejerce la defensa de los tres imputados señalados en la declaración del testigo: Otero, Salas y Caliba.

Los dichos del testigo

En el inicio de su declaración, Hidalgo señaló que no se desempeña actualmente en la Gendarmería Nacional y luego brindó un relato detallado de cómo fueron aquellos días de noviembre de 2019 en los que un avión de la Fuerza Aérea aterrizó en Bolivia con un grupo de gendarmes y miles de municiones anti tumulto.

“El día 10 de noviembre de 2019, un día domingo, fui notificado que íbamos a ir a Bolivia. Recibimos la orden de preparar un equipo, personal y medios para ser desplegado a la ciudad de La Paz, para brindar seguridad y protección a la Embajada y Residencia Argentina y a los funcionarios, por los conflictos de público conocimiento”, relató.

“El día 11 de noviembre de 2019 estuvimos en la Agrupación. Nos decían que nos íbamos, que no nos íbamos. Supuestamente nos íbamos a ir ese día, así que estuvimos en alerta todo el día, preparando el equipo. En horas de la tarde nos fuimos y teníamos que volver al día siguiente. Pensábamos que nos íbamos ese día 11, incluso se hizo una reserva de pasaje. Ese día se hizo una reserva para nosotros y también para la comisión que salía a Chile”, continuó.

“Como habíamos estado el día 10 y 11 esperando para ver si salíamos o no, el día 12 de noviembre nos dieron unas horas por la mañana libres. El día 12 de noviembre teníamos que volver al mediodía a la Agrupación y estar listos para salir. Ese día que volvimos al mediodía a la Agrupación, yo no tenía conocimiento de ese vehículo que me dicen que salió a la Dirección Nacional de Logística. Cuando el vehículo volvió a la Agrupación yo ya estaba allí”, avanzó en el relató.

“Habrá vuelto a las 13 horas, 13:30, pasado el mediodía. Trajo una carga de cartuchos anti tumulto que se descargaron en el gimnasio de la unidad nuestra. Más allá de los que nos íbamos en comisión a Bolivia, siempre hay más gente que cumple funciones en la Agrupación. En la descarga puede que haya participado gente que fue conmigo en comisión a Bolivia, o personal que cumple funciones en la Agrupación. Pero exactamente no puedo decir quienes participaron de la descarga”, detalló.

El testigo señaló que todo ese material podría haber sido pensado como para ser utilizado en el futuro en “caso de que no fuese posible lograr el reabastecimiento” o directamente por parte de “otro personal que fuera desplegado a Bolivia”.

También dijo, a modo de opinión, que el material podría haber estado destinado al caso de que fuera necesario “después de un tiempo apoyo de una fuerza local, que pudiesen hacer uso, en apoyo a alguna actividad nuestra, para protección de la Residencia y Embajada Argentina”.

“Cuando digo ‘fuerza local´ me refiero a fuerza de la ley, policía, fuerza aérea, ejército. Fuerzas institucionalizadas. Cuando digo ‘local’ me refiero a fuerzas de Bolivia. No puedo especificar si ese era el destino, es lo que yo me imagino ahora. Yo en ese entonces recibí la orden como se la manifesté. Quiero aclarar que el día 10 de noviembre el Presidente de Bolivia renunció, y hubo funcionarios que pudieron irse del país y otros no”, explicó.

Para poner en contexto su declaración, Hidalgo recordó que “la residencia de México alojó funcionarios, y quisieron entrar por la fuerza a sacar funcionarios de la administración del Gobierno saliente”

“Uno sabe que en cuestiones de minutos se juntan 500 personas, y que aunque tengamos un equipo de gendarmes especializados y entrenados, ante una multitud de 100 personas que hubiesen querido tomar cualquiera de las dos instalaciones nuestras, no hubiésemos podido hacer mucho. Fueron situaciones que no pasaron, pero quiero aclararlo para contextualizar”, explicó y luego recordó que en la residencia argentina en Bolivia estuvo alojado el exministro de ese país, Carlos Romero Bonifaz.

La investigación

En esta causa se investiga qué pasó con las 70 mil balas de goma y otras municiones anti-tumulto que salieron de la Argentina con el supuesto propósito de ser utilizadas en la defensa de la sede de la embajada argentina en La Paz y de la residencia del embajador, pero que se habrían desviado hacia otras manos.

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y bajo las órdenes de quién se realizaron esas acciones.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados hace un año a través de una presentación firmada por el ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el expresidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo José Otero, y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los exfuncionarios de la administración de Juntos por el Cambio Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En el expediente fue imputado también el comandante de Gendarmería Adolfo Héctor Caliba, señalado como quien coordinó con la Policía boliviana el envío de elementos represivos durante los días en los que se produjo el golpe de Estado contra Morales.

“Se está cercenando el derecho de los niños y de la comunidad que va allí a hacer distintas actividades”, denunciaron.

Vecinos y vecinas de Floresta realizarán el martes próximo un “abrazo” al Polideportivo Pomar, para exigir al Gobierno de la Ciudad la reapertura de las instalaciones, que permanecen cerradas desde hace un mes por problemas con un caño de agua. Será a las 17 en la sede del Polideportivo, en Mercedes al 1300 donde pedirán que “el Gobierno de la Ciudad abra las puertas y vuelvan las actividades deportivas al barrio”.
 
Según consignó Télam, las y los vecinos comunicaron que  “a mediados de mayo se suspendieron las actividades en el natatorio que funciona en el complejo deportivo y unos días después se cerraron directamente las instalaciones”. “Nos parece que se está cercenando el derechos de los niños y de la comunidad que va allí a hacer distintas actividades”, agregó.
 
El Polideportivo, situado en el barrio de Floresta, forma parte de la red de sedes del Gobierno de la Ciudad abiertas a la comunidad, con ingreso libre y gratuito, donde se dictan clases de básquet, fútbol, gimnasia para adultos, handball y hockey, entre otras disciplinas.
 
Además, cuenta con un natatorio a donde concurren los alumnos de cuarto grado de las escuelas públicas primarias de la zona que, de acuerdo a la currícula oficial, deben tener este tipo de clases en el horario previsto para educación física. En tanto, fuentes del Gobierno porteño confirmaron el cierre del Polideportivo a Télam “por falta de suministro de agua a partir de la rotura del caño principal de alimentación del predio” y “cuya reparación ya fue cursada a la empresa a cargo del mantenimiento. “Se estima que el proceso terminará a finales de la semana próxima”, precisaron.

Están afectadas unas 1.300 familias del barrio Carlos Mugica, en Retiro. No tienen agua caliente en medio del frío.

En medio de una ola de frío y a poco del inicio del invierno, unas 1.300 familias del barrio Carlos Mugica, antes conocido como Villa 31, no tienen agua caliente en sus viviendas, construidas por el Gobierno porteño, debido a las fallas que registran los paneles fotovoltaicos y 500 termotanques solares montados sobre los nuevos edificios levantados como parte del plan de urbanización, lo que fue calificado este martes como una “estafa” por los vecinos.

Según aseguraron a Télam dirigentes barriales, la iniciativa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta “fue una gran estafa” pese a que fue anunciada, tres años atrás, como el “parque solar más grande” del distrito y “un hito de utilización de energías renovables” que iba a permitir a los residentes del barrio “un ahorro en el pago de los servicios”.

La agencia Télam consultó a las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad sobre la demanda de los vecinos, pero no hubo respuesta oficial al respecto.

Las familias afectadas son las que residen en las 26 nuevas edificaciones del sector YPF y que anteriormente vivían en los terrenos situados debajo de la Autopista Illia en condiciones de riesgo, lo que llevó a que fueran reubicadas en el marco del plan de urbanización ejecutado por el Gobierno porteño, que recibió como parte de financiamiento un crédito del Banco Mundial por 170 millones de dólares.

Unos 1.300 vecinos sin agua caliente en el Barrio 31

“Salimos de abajo de la Autopista, que era un lugar donde teníamos agua caliente, para mejorar nuestra calidad de vida y tener una vivienda mejor supuestamente, pero eso no está ocurriendo, sino que pasa al revés. La gente la está pasando mal con el frío y tiene que calentar agua en una olla para bañarse“, contó a Télam Mirta Rodríguez, una de las vecinas que viene denunciando desde hace meses la compleja situación.

La mujer señaló que “no es cierto lo que dice Larreta que nos dieron viviendas dignas porque no estaban ni están en buenas condiciones”, y precisó que “nosotros estamos pagando nuestras casas, pero desde el primer momento que pusieron los paneles y los termotanques en las terrazas funcionaron mal y ahora se están llenando de agujeros y de óxido”.

De acuerdo a la información oficial de 2019, sobre cada uno de los núcleos de viviendas se colocaron 26 paneles, los cuales tenían por destino proveer del alumbrado a los espacios comunes de los departamentos, así como también se instalaron unos 119 sistemas de bombeo solares para el suministro de agua; en tanto, la generación de agua caliente fue diseñada a través de los termotanques, los cuales debían acumular la luz solar para alimentar de energía para unos 20 días aproximadamente.

Sin embargo, los vecinos aseguraron que el equipamiento, adquirido en el exterior por la administración porteña, tiene un sistema de abastecimiento que no es compatible con el de las viviendas, lo que hizo que colapsaran las conexiones y bajara drásticamente el rendimiento.

“Llevamos el reclamo al Consejo de Gestión Participativo y ahí nos dijeron que teníamos razón”, dijo la vecina y agregó que “ahora anunciaron que iban a reemplazarlos por termotanques eléctricos que van a ser individuales en cada uno de los departamentos, pero ya entramos en los días de frío y solo arrancaron con la entrega en dos de los 26 edificios”.

La demanda vecinal fue planteada ante la Unidad de Proyectos Especiales del Barrio Carlos Mugica, que preside Tomás Galmarini, un organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño y encargado de la coordinación de las políticas vinculadas a la urbanización.

Además de las quejas por las placas fotovoltaicas y los termotanques solares, organizaciones sociales denunciaron el año pasado una sucesión de “deficiencias constructivas funcionales serias” en las nuevas viviendas, entre las que señalaron filtraciones de agua en los techos y paredes, la falta de matafuegos y de elementos de seguridad.

El diagnóstico quedó documentado en un informe del Observatorio del Derecho a la Ciudad que advirtió, por entonces, que los daños relevados podrían “llevar a la destrucción de la estructura resistente”, en tanto que indicó que “la falta de agua en los sistema de distribución es un limitante a la hora de, por ejemplo, poder extinguir un incendio”.

Milcíades Peña, exlegislador porteño y director del Canal Urbana TeVe que transmite a diario desde el barrio de Retiro, evaluó que “la urbanización de la villa es una gran estafa porque se destinaron más de 400 millones de dólares y esto debería ser Suiza, pero no lo es y lamentablemente las viviendas tienen serios problemas de infraestructura”.

En ese sentido, contó que “cuando se instalaron los termotanques, se les advirtió al Gobierno de la Ciudad que el sistema no iba a funcionar y fue lo que pasó, no andan y la gente no tiene agua caliente y está padeciendo el frío”.

“Las obras se hacen de manera arbitraria y sin participación vecinal”, afirmó respecto de los trabajados realizados en el marco de la urbanización y repudió, en ese marco, la “dilapidación de recursos” de parte de la gestión de Rodríguez Larreta.

El arquitecto Gustavo Cañaveral, por su parte, consideró que la adquisición de los paneles y los termotanques “fue un mal asesoramiento de parte del ingeniero Nicolás Brown, quien aún al día de hoy sigue siendo funcionario del Gobierno de la Ciudad pese a que falló”.

“Lo de energía solar quedó solo en una cuestión de marketing”, sostuvo y destacó que “el contexto del futuro de energías alternativas, ésta era una posibilidad de aplicarlas en las barriadas populares, pero Larreta se perdió esa oportunidad y privilegió el negocio”.

El experto en temas habitacionales sostuvo que “fue una estafa que mostró el desprecio por las familias que tiene el Gobierno de la Ciudad y es indignante porque la gente paga las viviendas y los impuestos”.

FUENTE: Telam

En plena transmisión de un partido, el periodista deportivo realizó dichos misóginos que provocó el repudio generalizado. Mirá el video.

 

Durante la transmisión en vivo del partido entre San Lorenzo y Arsenal por la Liga Profesional de Fútbol, que se disputó este martes, el ex candidato a diputado nacional por el macrismo y comentarista, Fernando Niembro, quedó en el ojo de la polémica por una frase misógina.

“No se enamoren del VAR, no es una chica de 17 años“, afirmó el comentarista cuand analizaba las alternativas del encuentro de fútbol de la 3ra fecha entre el Ciclón y los de Sarandí cuando realizó el  comentario que fue fuertemente criticado en las redes sociales.

“Alguien que le avise a Niembro que ya no da para más. Está totalmente gagá”, indicó el usuario Torricondor.

“Que no sea una chica de 17” dice el viejo verde de Niembro”, se hizo eco @urisantxcruz.

Alguien que le avise a Niembro que ya no da para más. Está totalmente gagá. pic.twitter.com/rTjlU6FQe9

— torricondor🇰🇭 (@torricondor) June 14, 2022

Por su parte, @Luzzz666aseguró que “no puede ser tan nefasto Niembro, que asco”.

 

En el día del periodista el gobernador habló con la prensa. Se refirió a los puntos de coparticipación y señaló al ex mandatario del PRO. También sostuvo que la “grieta es un invento porteño”.

En el marco del Día del Periodista, Axel Kicillof realizó un acto en el Salón Dorado de la Gobernación, donde habló sobre la coparticipación de Nación, el “porteñocentrismo”, y adelantó lo que se vendrá con el aumento de las tarifas.

Sobre la coparticipación, Kicillof la definió como “un adicional que proviene del Gobierno nacional, con lo cual a las provincias no nos afecta si tiene más o tiene menos”. A su vez, recordó que “Cuando llegó Macri, como una especie de rey mago de la Ciudad de Buenos Aires, le empezó a regalar obras, terrenos, plata, y la Lotería Nacional a Larreta”.

También apunto a la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, al opinar que como forma parte del mismo grupo político, “se cayó la boca observando esa enorme injusticia”. Sin embargo, Kicillof remarcó la decisión de los demás gobernadores que sí se manifestaron en contra. Por ese motivo, “decidieron bajar ese 3.75% a 3,50% y decir que eso tenía que ver con la transferencia de la Policía”.

“Cambio el Gobierno, y estaba sujeto a revisión. El Gobierno actual fue al Congreso, sacó una ley para otorgar recursos asociados al costo de la Policía, que hoy está en vigencia, y se le retiró esa coparticipación indebida”, destacó el mandatario bonaerense.

“Si la Corte falla hoy a favor de ese atropello, ya lo hablamos con los gobernadores y gobernadoras, más porteñista no se consigue”, cerró.

Por último, explicó la situación de las tarifas: “Nosotros venimos acompañando lo que el Gobierno nacional regula a escala federal, como todas las provincias. Cambia el costo de la energía en una proporción que está por debajo de la inflación, nosotros no tenemos la capacidad de segmentar así que será el impacto que tenga a nivel tarifario y hay que hacerlo a través de audiencia pública”.

La grieta es un invento porteño

Respecto de la relación que el mandatario posee con los medios de comunicación nacionales radicados en Capital Federal, el dirigente fue directo: “La grieta es un invento porteño”. 

“Deberíamos – se dirigió a los periodistas – lograr no sucumbir en esa situación. En el interior de la provincia de Buenos Aires, junto con los intendentes de la oposición encuentro problemas comunes y coincidencias muy grandes. No ocurre eso que dicen los medios porteños”, enfatizó. 

“Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, afirmó el expresidente, acusado por sectores del radicalismo de generar un quiebre en JxC.

La polémica dentro de Juntos por el Cambio (JxC) generada luego de que Mauricio Macri calificara de “populista” al expresidente Hipólito Yrigoyen continuó este lunes. Si bien el exmandatario lamentó sus dichos, consideró también que la respuesta que recibió de parte del titular del partido, Gerardo Morales, fue “desmesurada”.

Durante toda la mañana del lunes, al igual que el domingo, diferentes referentes del radicalismo, como el jefe del partido, Gerardo Morales, o el titular de la Convención, Gastón Manes, habían cuestionado a Macri por sus palabras, y calificó sus expresiones como “irresponsables” e “incomprensibles”.

Macri salió a responder a través de Twitter y, si bien lamentó sus palabras, dijo al mismo tiempo que la respuesta del radicalismo, plasmada a través de una carta emitida por el Comité Nacional, había sido “desmesurada”.

https://twitter.com/mauriciomacri/status/1533810989375885317?s=20&t=T0VpWxTYHfEbQAv4SpIYJw

“Lamento especialmente lo inoportuna que resulta frente a la angustia y el hartazgo de los argentinos, que hoy nos reclaman unidad y claridad en nuestras ideas sobre cómo vamos a sacar el país adelante”, dijo Macri sobre la consideración que había hecho del expresidente radical.

Asimismo, el exmandatario compartió por la misma red social un video para demostrar que, dijo, “siempre” valoró “las ideas del radicalismo en sus distintos matices”.

De todos modos, aprovechó su descargo para seguir la polémica con el radicalismo, al considerar que la respuesta a sus dichos fue “desmesurada”.

“Lamento la carta que he recibido (a todas luces desmesurada) que descontextualiza un apunte histórico que hice en una conferencia en Brasil”, afirmó.