La decisión de la Justicia comercial es a partir de una presentación de Mariano Macri, hermano del ex presidente, que denunció que el actual directorio de la empresa insignia del Grupo Macri estaba tomando decisiones contrarias a los intereses de algunos de sus accionistas.

La jueza comercial María Cristina O´Reilly dispuso la intervención de un veedor en el órgano de administración de la sociedad Socma Americana S.A., luego de que uno de los hermanos del expresidente Mauricio Macri denunciara que el directorio de la empresa insignia del Grupo Macri estaba tomando decisiones contrarias a los intereses de algunos de sus accionistas.

La magistrada dispuso “la intervención del órgano de administración de la sociedad Socma Americana S.A., en grado de veeduría por el término de tres meses, designando como veedor a tal efecto al Dr. Enrique H. Kiperman“, según surge de la resolución judicial a la que accedió el medio Télam.

La resolución data del 6 de mayo, trascendió este fin de semana y tiene su origen en una presentación que había realizado ante la justicia Mariano Macri luego de que se lo marginara de toma de decisiones de Socma, empresa de la cual es accionista.

Para el hermano del expresidente, la sociedad Socma está siendo vaciada para que sus activos no sean arrastrados por la quiebra del Correo Argentino S.A., también del Grupo Macri, según pudo reconstruir Télam de fuentes cercanas al hermano menor del expresidente.

En su presentación ante la Justicia en lo Comercial, a principio de este año, Mariano Macri había reclamado que se disponga la designación de un veedor a fin de que se constituya en la sociedad y realice un informe detallado sobre la marcha de los negocios.

En aquella demanda esgrimió que los accionistas que conforman la “mayoría automática” designaron como sindico a una persona fallecida cuatro meses antes y los acusó de seguir eligiendo como presidente de la sociedad a una persona de 98 años, “enfermo y con internación domiciliaria desde el 2019”.

Mariano Macri expuso en aquel texto que es dueño del 20 por ciento de las acciones de Socma y que el 80 por ciento restante lo tienen Gianfranco Macri (40 por ciento), Florencia Macri (20 por ciento), Rodrigo Valladares Macri (10 por ciento) y Franco Valladares Macri (10 por ciento).

La oposición sigue en modo campaña. Ahora, el flamante titular de la Convención Nacional del partido centenario cruzó al macrismo y encendió más la interna en la oposición.

El titular de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR), Gastón Manes, sostuvo este lunes que su espacio tiene “los mejores candidatos” para las elecciones presidenciales de 2023 y consideró que esa fuerza definirá su política de alianzas “sobre la base de un programa y no por nombres, marketing o encuestas”.

Manes, quien el viernes pasado fue consagrado al frente de la Convención Nacional del radicalismo, uno de los dos órganos de conducción partidaria además del Comité Nacional, dijo también que no cree que sea posible confluir con los libertarios de Javier Milei porque ve “difícil” que “alguien que tenga posiciones extremas coincida con las posiciones del radicalismo”.

Gastón Manes, hermano del diputado nacional y potencial candidato presidencial Facundo Manes, afirmó en declaraciones radiales, tras la convención, que el radicalismo se abocará a “armar un programa de Gobierno y un acuerdo programático, para que cuando el año que viene se definan las políticas de alianzas sea en base a ese acuerdo programático y no por personas, encuestas o marketing”.

Consultado sobre quién sería el posible candidato a gobernador del radicalismo para la provincia de Buenos Aires, señaló que “la UCR cuenta con 32 intendentes (en ese distrito) y de arranque tiene potencialmente a 32” postulantes.

“La UCR va a presentar un candidato en todos los distritos y categorías”, indicó el nuevo presidente de la Convención, y se mostró convencido de que “los mejores” aspirantes están en la UCR.

“Que me disculpe el ingeniero (Mauricio) Macri, pero los mejores candidatos están en la UCR. El radicalismo ha demostrado que se ha abierto, incorporó nuevas figuras y es el espacio que mostró más apertura y más cambio”, argumentó.

Hasta el momento, en la pelea por la candidatura presidencial de la UCR, están anotados Facundo Manes y el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales.

Al dirigente del PRO lo traicionó el inconsciente y reconoció algo que muchos ven en su accionar. Enfrente Viviana Canosa hizo silencio ante tal revelación.

Mauricio Macri se sacó la careta, algún día le iba a pasar que el inconsciente lo iba a traicionar. Y ese día llegó y en una entrevista con una par suya, como Viviana Canosa, dijo algo que todos saben, lo suyo es “cagar a la gente”.

“Ahí entendí que lo políticamente correcto es cagar a la gente”, dijo Macri delante de Viviana Canosa, que sonrió, como lo hizo durante toda la entrevista, en la que lo más duro que le dijo al ex presidente fue que su hija Antonia es hermosa, que probablemente lo sea.

El ex presidente aseguró que si el Estado debe invertir dólares para mantenerla entonces “no debe existir más”.

El ex presidente Mauricio Macri adelantó que en caso de volver al poder cerrará Aerolíneas Argentinas para evitar financiarla con recursos del Estado. “No poner un dólar más. Si Aerolíneas no puede mantenerse como una línea aérea común, entonces que no exista más. Hay otras líneas aéreas que nos van a llevar a donde necesitemos, vamos a conectarnos al mundo sin tener que darle a Biró y sus amigos 700 millones de dólares por año. No va más”, afirmó Mauricio Macri.

El periodista de Todo Noticias Joaquín Morales Solá no le preguntó que pasaría con los centenares de empleados que tiene la Aerolínea de bandera, ni tampoco cómo haría para que el mercado ofrezca vuelos a regiones de la Argentina con menor demanda como algunas zonas del sur de la Argentina. Minutos antes, el ex presidente había afirmado que era necesario generar empleo.

No es la primera vez que Macri adelanta qué hará con Aerolíneas Argentinas. Sin embargo, las veces anteriores había planteado la posibilidad de privatizarla y no de cerrarla como dio a entender con Morales Solá. También habló acerca de la inflación que definió como uno de los problemas más graves que tiene la Argentina.

No prosperó la recusación planteada por el gobierno porteño para separar al magistrado que investiga el presunto uso irregular del sistema de reconocimiento facial de prófugos, desde el Ministerio de Seguridad y Justicia de CABA. Entre los “espiados” figuran Alberto Fernández, Cristina Fernández y Estela de Carlotto.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad de Buenos Aires confirmó este lunes al juez Roberto Gallardo al frente de la causa en la que se investiga la supuesta utilización irregular de datos biométricos por parte de la Ciudad de Buenos Aires, confirmaron fuentes judiciales.

La sala primera del tribunal de apelaciones rechazó la recusación formulada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires –la parte demandada- en la que se sostenía que el magistrado había incurrido en falta de imparcialidad e, incluso, había tomado decisiones llevado por una situación de enemistad.

“El recusante no ha podido demostrar la parcialidad del juez de grado cuyo apartamiento pretende”, sostuvieron los jueces Fabiana Schafrik, Carlos Balbín y Pablo Mantaras, en un fallo de 28 páginas en el que descartaron que las críticas del Gobierno de la Ciudad a las decisiones del juez no alcanzan para apartarlo del caso.

“La sola circunstancia de que el juez haya ordenado las medidas que consideró conducentes para cumplir con su obligación de instruir el proceso y, luego, haya decidido las cuestiones sometidas a su consideración, no resulta suficiente para justificar la alegada afectación de la imparcialidad exigible a los magistrados y, consecuentemente, su separación del proceso”, señalaron los jueces en el fallo al que accedió Télam.

La recusación presentada contra el juez Gallardo se produjo luego de que, el 11 de abril, el magistrado dispusiera, de modo cautelar, “ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suspender el sistema de reconocimiento facial de prófugos (SRFP), en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sin que ello mermara de ninguna manera los restantes sistemas de videoviligancia (monitoreo urbano), preventivo y forense”.

El juez Gallardo suspendió el sistema de reconocimiento facial de prófugos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tras detectar un presunto uso irregular que permitió acceder a datos biométricos de personas que no estaban siendo buscadas, entre ellas dirigentes políticos, sociales, sindicales y de derechos humanos, como también jueces, empresarios y periodistas.

El Gobierno porteño, entonces, había señalado que el juez había tomado decisiones que excedían sus funciones, le reprochaban que hubiera dispuesto medidas que ninguna de las partes le había solicitado e incluso le habían criticado la decisión de suspender el funcionamiento del sistema de reconocimiento facial de la cartera de Seguridad porteña, a partir de una acción de amparo colectivo impulsada por el Observatorio del Derecho Informático Argentino (ODIA).

Para los jueces de la Cámara, el Gobierno porteño no pudo justificar en su planteo “que las medidas para mejor proveer adoptadas por el a quo –el juez- se hallaban palmariamente desconectadas del objeto de este pleito”.

“La demostración de tal extremo era una condición necesaria para justificar su afirmación de que tales determinaciones constituían un mecanismo utilizado por el juez para ampliar el objeto del proceso o para suplir las falencias defensivas de la contraria”, señalaron los jueces.

“Por otro lado, el accionado tampoco logró fundar adecuadamente su argumento referido a que las diligencias dispuestas por el magistrado para resguardar la información (para luego poder realizar una pericia informática) podía considerarse una actuación carente de imparcialidad. En este sentido, el demandado no presentó ninguna constancia que evidenciara que la reserva ordenada por el magistrado constituía un obrar inequitativo respecto de su parte”, señalaron.

“No puede afirmarse –en términos razonables– que el magistrado hubiera ordenado medidas que tuvieran un fin distinto al de alcanzar la verdad material. En otras palabras, no puede aseverarse que las medidas adoptadas por el tuvieran por objetivo menoscabar intencionalmente los derechos de la demandada”, remarcaron los jueces.

Es por la causa que investiga el envío de armas disuasivas y de fuego a la vecina nación. Las mismas fueron utilizadas para reprimir masivas movilizaciones contra el golpe de Estado de 2019.

La causa en la que se investiga el contrabando de municiones a Bolivia en los días en los que se produjo el golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales avanzó en los últimos días con la recepción del testimonio de los gendarmes que viajaron en el mismo avión militar que los pertrechos, y los efectivos aseguraron haber visto las cajas y negaron haber realizado disparos de práctica.

“Nosotros no hicimos ningún tipo de entrenamiento”, declaró ante la justicia, bajo juramento de decir la verdad, el gendarme Antonio Brito, quien integró el equipo especial Alacrán que en noviembre de 2019 viajó a Bolivia con la misión de proteger la embajada argentina en ese país, la residencia del embajador y a quienes habitaran ambos inmuebles.

La respuesta de Brito, que repitieron además todos los gendarmes que viajaron con él y los que integraron los siguientes contingentes de efectivos desplazados a Bolivia, permitió a los investigadores desmentir la versión que afirmaba que las municiones que viajaron de Argentina a la nación andina no volvieron al país porque se consumieron en prácticas de tiro.

Las declaraciones de los gendarmes que viajaron con los pertrechos investigados permitieron a los investigadores, además, reconstruir parte del derrotero seguido por estas municiones hasta llegar a Bolivia.

Habrían salido de destacamentos de la propia gendarmería y fueron cargadas en el Hércules C-130 por personal de la Fuerza Aérea para finalmente –y según las denuncias del caso- pasar a manos de las fuerzas de seguridad bolivianas.

“La cantidad de armamento no recuerdo. Llevábamos la dotación propia. Arma primaria y secundaria. Cascos y chalecos. Eso es lo que yo recuerdo. Cada uno estaba abocado a una tarea, yo me dediqué al control del equipamiento nuestro. Del control del resto se ocuparon otros”, declaró Brito, quien ante posteriores preguntas sostuvo que el “resto” era “un grupo de cajas” que vio afuera de la agrupación de la cual partieron hacia el aeropuerto del Palomar.

“Yo me ocupé del control del armamento de la dotación del equipo. Pero había además unas cajas (…) pequeñas, de 30×20”, afirmó el gendarme que después agregó que “cuando armaron la carga en el Palomar, cuando llevaron a ese lugar para armarla, lo armó gente de Fuerza Aérea, lo armaron en un pallet”

La Justicia busca determinar qué material fue descargado de aquel vuelo de noviembre de 2019, quién lo descargó, a dónde fue llevado y qué documentación existe al respecto.

Por lo que aún se espera recibir desde Bolivia la documentación respaldatoria de los papeles incriminatorios que ya se encuentran en el expediente, porque fueron aportados por los denunciantes.

Los hechos que dieron origen a esta investigación fueron denunciados el 12 de julio pasado a través de una presentación que llevaba la firma del ministro de Justicia, Martín Soria; la entonces ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.

En el expediente se encuentran imputados el ex presidente Macri; sus ministros de Seguridad y Defensa, Patricia Bullrich y Oscar Aguad; el entonces embajador en Bolivia, Normando Álvarez García; el ex director general de la Gendarmería Gerardo José Otero; y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó también a los ex funcionarios de la administración Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete), Jorge Faurie (canciller) y Fulvio Pompeo (secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación).

En medio de la feroz interna del macrismo, el intendente de Lanús que acababa de lanzar su carrera electoral para 2023 dio un paso al costado y rompió filas.

El jefe comunal de Lanús y referente del PRO en el sur del conurbano bonaerense, Néstor Grindetti, decidió renunciar a la Mesa Provincial de Juntos, dejando sin intendentes bonaerenses a ese espacio.

A días de presentar el armado de Juntos Hacemos con el intendente de La Plata, Julio Garro, de cara a las Elecciones Ejecutivas 2023, el representante del PRO pegó el portazo en tal espacio donde intersectan distintos sectores.

De acuerdo a lo que comunicaron desde el entorno de Grindetti, “hubo un tema de desinteligencias con el espacio que integra por su representatividad“. Ante esto, comenzaron las dudas acerca de la continuidad dentro de la coalición opositora.

Sin embargo, conforme dijeron, “no habrá ningún cambio más, solo se fue de la Mesa Provincial de Cambiemos y el resto sigue todo igual”. “Lo único que sucede es que en ese lugar él representaba a los intendentes y no estará más”, aclararon.

Más cerca de espacios afines a Grindetti en La Plata, reconocieron que el intendente de Lanús “se cansó del ida y vuelta”.

“Estaba poniendo la cara y pagando costo político de las indefiniciones del espacio para designación de cargos y se corrió para evitar ese desgaste”, ampliaron.

El problema radica en que “Macri no quiere negociar nada con el Gobierno y bajo línea de que el PRO no puede validar cargos con ellos. O sea que, digamos, no quiere seguir la lógica que históricamente tuvo el radicalismo”, ensayaron a modo de explicación.

El referente fue reelecto como secretario general del Suteba. Revalidó su cargo y va a estar al frente del sindicato docente por los próximos cuatro años.

Roberto Baradel fue reelecto este miércoles como secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación (Suteba) de la provincia de Buenos Aires. De esta manera, va a estar al frente del gremio hasta 2025. Se trata de la tercera vez consecutiva que triunfa en las elecciones sindicales del Suteba.

Según los datos del escrutinio provisorio, la lista “Celeste-Violeta” encabezada por Baradel obtuvo el 81,3% de los votos y se impuso sobre la lista “Multicolor” referenciada en Romina del Pla (13,7%) y la lista “Azul y Blanca” liderada por Marta Gómez (4,3%).

Desde su cuenta de Twitter, Baradel agradeció la “masiva participación” de las docentes bonaerenses en la elección sindical y celebró que en las seccionales de La Matanza, Ensenada, Escobar, Quilmes y General Madariaga triunfó el Suteba, luego haber perdido las elecciones anteriores en manos de la lista “Multicolor”.

“Esto es un reconocimiento por haber defendido la Escuela Pública y los derechos de lxs trabajadorxs de la educación, a pesar de los ataques de los Gobiernos de (Mauricio) Macri y (María Eugenia) Vidal”, aseguró el dirigente gremial una vez finalizada la jornada de votación y con los primeros datos que confirmaban su triunfo.

Del mismo modo, Baradel señaló que el amplio apoyo obtenido de los afiliados al sindicato docente representa la valoración de las políticas que el gremio llevó adelante durante la pandemia y el acompañamiento ofrecido a todos y todas las docentes.

Según reportaron desde el Suteba, la lista “Celeste-Violeta” se impuso en el 97 % de los 133 distritos en los que el sindicato tiene presencia, mientras que la lista “Multicolor” obtuvo un 2,25 % y la lista “Azul y Blanca” un 0,75%.

La paritaria salarial para los docentes bonaerenses va a alcanzar en diciembre de 2022 el 60,4%, según lo anunciado por el gobernador Axel Kicillof este martes. Además, se mantiene vigente la cláusula de revisión y monitoreo para poder reabrir la discusión en el caso de una disparada inflacionaria.

El ministro de justicia condenó el fallo que suspendió el trámite del concurso preventivo de la empresa y cuestionó que “la Corte Suprema ahora debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde 2001”.

El ministro de Justicia, Martin Soria, consideró este viernes que el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad que suspendió ayer el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA se trata de un caso de “justicia a la carta” y cuestionó que, “ahora, la Corte Suprema debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”.

“Justicia a la carta: la jueza comercial María Uzal, que se reunía con el prófugo (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, paralizó la quiebra del Correo de la Familia Macri. Ahora la Corte Suprema, diseñada por el mismo prófugo, debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”, escribió Soria en su cuenta de Twitter.

Este jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina una serie de planteos realizados por el Grupo Macri, como las recusaciones a una jueza y una fiscal y la competencia de la Justicia porteña en el caso.

La resolución surgió en un fallo dividido emitido por las camaristas Matilde Ballerini, María Elsa Uzal y María Guadalupe Vázquez, conocido a través de fuentes judiciales.

El conflicto jurídico que derivó en esta medida se produjo porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de la Ciudad de Buenos Aires intervino ante los planteos efectuados por la empresa Socma -que incluyeron las recusaciones a la fiscal Gabriela Boquín y a la jueza de primera instancia Marta Cirulli- en el pleito por la deuda de la firma de la familia Macri por la concesión del Correo.

La Cámara nacional había considerado inadmisibles las objeciones, pero el TSJC intervino y dispuso lo contrario, con lo cual se desató un problema de competencia que está a consideración de la Corte.

El conflicto tuvo su origen en una deuda del Grupo Macri, que tuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato.

A partir de allí se inició un proceso por el reclamo de una deuda de casi 300 millones de pesos/dólares, debido a la paridad cambiaria. Hubo propuestas y contrapropuestas, pero nunca se llegó a una solución y el caso escaló en los tribunales.

Socma recusó a Boquín acusándola de “parcialidad, enemistad, prejuzgamiento y animosidad”, e hizo lo mismo con la jueza Cirulli, que no accedió a determinar al Estado como “acreedor hostil” cuando no aceptó la oferta de la parte deudora.

La quiebra del Correo Argentino fue dictada en julio pasado, pero las presentaciones del Grupo Macri derivaron finalmente en esta instancia de virtual suspensión del proceso, hasta que se expida la Corte.

El extitular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el Gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, podrá viajar a Uruguay y a Brasil del 12 de mayo hasta el 19 de junio próximo por autorización del juez federal Julián Ercolini, quien instruye en la causa que se sigue por supuesto espionaje ilegal a familiares de víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan.

En este sentido, Arribas pidió autorización para lo que se suponen serán unas vacaciones extra largas. Desde el 12 de mayo y hasta el 19 de junio inclusive viajará a Brasil y Uruguay por motivos familiares y laborales, según argumentó.

Cabe mencionar que, Arribas no solo está procesado en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan, sino que está en la mira del juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación sobre la mesa judicial bonaerense, por ser señalado como quien autorizó la grabación de la reunión en Banco Provincia

“La viabilidad de la autorización aquí considerada tiene sustento en la sujeción del peticionante al proceso y en el cumplimiento hasta ahora de las obligaciones que le fueran impuestas”, expresó Ercolini en su resolución.

Por esas razones, el magistrado aseguró no encontrar “obstáculo alguno que impida hacer lugar a lo que aquí se peticiona”, por lo que permitió que el exespía Arribas pueda viajar fuera del país por 39 días consecutivos.

El juez que ahora lleva la causa por el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan, también habilitó ayer un nuevo viaje del expresidente Mauricio Macri a Estados Unidos, el tercero a ese país en lo que va del año, por un tiempo considerablemente menor que el de Arribas. El expresidente permanecerá fuera de Argentina entre el 10 y 15 de mayo.

Los procesamientos de Macri, Arribas y Majdalani por supuesto espionaje ilegal a familiares de los marinos del hundimiento del ARA San Juan están bajo revisión de la Cámara Federal porteña.

Vale recordar, que el pasado 1 de diciembre Macri fue procesado por el juez federal de Dolores, Martín Bava, por el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino desaparecido durante el Gobierno de Cambiemos, resolución que fue apelada por la defensa del expresidente.