Los familiares de las victimas del submarino cuestionaron que el exmandatario fue autorizado por el juez Julián Ercolini a salir del país sin informar motivo alguno.

Familiares de víctimas de los tripulantes del submarino ARA San Juan lamentaron este jueves que el expresidente Mauricio Macri haya solicitado “nuevamente, autorización para salir del país sin informar el motivo”, cuando la justicia investiga su responsabilidad en la causa por espionaje; y remarcaron los “privilegios cedidos al exmandatario” por el juez Julián Ercolini.

“Ponemos en conocimiento que nuevamente Macri, quien actualmente está participando de un torneo de bridge en Italia y mañana se dirigiría a Qatar al sorteo de tandas equipos para el mundial, ha vuelto a pedir autorización para salir del país sin informar el motivo”, indicaron los familiares en una gacetilla difundida este jueves a la prensa, y firmada por la abogada Valeria Carreras que representa a la querella mayoritaria de los familiares del ARA San Juan.

En el texto, puntualizaron que “habiendo instaurado la modalidad reservada, el juez (Julián) Ercolini, nos vemos privados de acceder a dicha información, lo cual genera una falta gravísima al principio de igualdad ante la ley y publicidad de los actos procesales, como el debido acceso”.

Esta situación se produce pese a que los familiares son “parte del proceso” por lo que cuestionaron el “hermetismo” referido a las autorizaciones de los viajes de Macri, lo que “no solo expone los privilegios concedidos al procesado expresidente sino que genera un gravamen cierto a la querella”. De igual forma, añadieron que esta situación “acrecienta el temor de fuga inminente”.

“Mientras, seguimos con los planteos de recusación de este juez absolutamente parcial” afirmaron, y añadieron que interpondrán “un recurso ante el impedimento a acceder a la causa”.

Macri quedó procesado el 1 de diciembre pasado por decisión del juez federal interino de Dolores, Marín Bava, quien llevó la investigación hasta febrero último, cuando la derivó a Comodoro Py. Desde entonces, está a cargo del juez federal Julián Ercolini mientras que la apelación del procesamiento de Macri quedó a estudio de la Cámara porteña.

El intendente de la capital provincial aseguraba que acusaba a los trabajadores eran parte de una red criminal con fines de explotación laboral.

El Juzgado Federal N°1 de La Plata resolvió “Desestimar la denuncia que dio origen a la presente causa y en consecuencia ARCHIVAR las presentes actuaciones por inexistencia de delito”, luego de transcurridos un año y 7 meses de que la ex Secretaria de Control Urbano de la Municipalidad de La Plata, Virginia Pérez Cattaneo, a instancias del Intendente Julio Garro, presentara una  denuncia penal contra la comunidad senegalesa de la ciudad y contra un integrante de nuestro Colectivo de abogades populares La Ciega, en la que los acusaba de integrar una red criminal transnacional dedicada al tráfico y trata de senegaleses con fines de explotación laboral.

La denuncia y el inicio de la investigación judicial incluyó la intervención de la División de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina “quienes vigilaron de forma encubierta a las personas señaladas desde la gestión de Garro, que fue parte de una campaña de persecución política, judicial, mediática y laboral sin precedentes contra les migrantes senegaleses de La Plata y a uno de nuestros trabajadores  de La Ciega”, detalla el comunicado.

A su vez, en el documento se agrega”Este ataque judicial no fue casual, durante estos años -y junto a distintas organizaciones, activistas y vecines-, hemos logrado poner en evidencia el brutal hostigamiento xenófobo y racista ejercido por Control Urbano y la Policía Bonaerense contra migrantes senegaleses, que en el marco de violentos operativos contra la venta ambulante han sido sistemáticamente golpeados, insultados, saqueados y judicializados, aprovechándose de su especial situación de vulnerabilidad”.

En conversación con este medio, Damián Brumer, integrante del colectivo ‘La Ciega’, expresó “Se nos acusaba de integrar una red  criminal de caracter transnacional dedicada a la trata de senegaleses con fin de explotación laboral.  La municipalidad de la plata no puedo probar ese conjunto de acusaciones absolutamente insólitas que pretendieron instalar no solamente judicialmente sino a traves de una campaña política, judicial, mediática y de persecución  de todo tipo hacia los senegaleses y a quienes integramos el colectivo de abogados y abogadas populares de La Ciega”.

En este sentido, Brumer se explayó “Pretendian instalar que detrás de los manteros y manteras de la ciudad de La Plata, existía o existe una mafia criminal. Finalmente no lo pudieron comprobar y nosotros venimos afirmando desde un principio que son inventos de parte de la municipalidad y la denunciante Virginia Pérez Cattaneo a instancias de Julio Garro” y agregó “es momento de festejar este triunfo que sin dudas es popular a pesar del tiempo y de como durantes 1 año y 7 meses fuimos perseguidos y ahora van a ser ellos quienes sean investigados por la justicia, por presentar una denuncia falsa. Toca el tiempo de celebrar y dar a conocer a la comunidad platense sobre las mentiras de la municipalidad y como se destinaron fondos del municipio en estas acciones de persecución”.

Al finalizar el comunicado, desde las redes del Colectivo de Abogadxs populares, festejaron el fallo judicial “Es momento ahora de festejar esta victoria, agradecer a todes les que se sumaron a bancar esta pelea (colectivos de migrantes, organizaciones sociales y políticas, organismos de derechos humanos, gremios, medios alternativos, grupos universitarios, activistas), y de seguir luchando no sólo para que les migrantes senegaleses puedan vivir y trabajar sin violencia, sino además para que los responsables de estos discursos del odio ahora respondan ante la justicia.”

La información figura en un reporte del BCRA a la causa que investiga el préstamo del FMI al gobierno de Macri. Las operaciones fueron legales. Quiénes figuran en el informe.

El vicepresidente de la Corte Suprema, Carlos Rozenkrantz, transfirió a una cuenta en Estados Unidos 650 mil dólares el 12 de agosto de 2019, el día siguiente a las PASO en las que el candidato de Juntos por el Cambio, el entonces presidente Mauricio Macri, perdió por 16 puntos frente al postulante del Frente de Todos, Alberto Fernández.

La operación –que fue perfectamente legal, puesto que el gobierno de Macri así lo permitía– fue realizada a través del Standard Chartered Bank (SCB), un banco con sede en Inglaterra y filial en la Argentina.

“Todas las transferencias por mí realizadas fueron originadas desde cuentas en bancos argentinos, autorizadas por el Banco Central, con dinero debidamente declarado”, explicó Rosenkrantz, ante la consulta de Tiempo.

El dato sobre Rosenkrantz es apenas uno de los muchos que figuran en un informe que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) le envió, a regañadientes, a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien junto con el fiscal Franco Picardi llevan adelante la investigación por la deuda con el FMI que contrajo el gobierno de Macri. Esa causa, impulsada por el procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a instancias del presidente Alberto Fernández, tiene entre sus objetivos determinar si el dinero del préstamo se fugó de la Argentina.

Pese a que la jueza dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario para avanzar en la investigación, el BCRA venía demorando ese informe hasta que finalmente lo aportó al expediente la semana pasada. No obstante, hasta el viernes los investigadores no habían podido acceder de manera completa al voluminoso informe por un problema de compatibilidades de programas informáticos.

Rosenkrantz es solo uno de los muchos nombres vinculados directa o indirectamente con el Poder Judicial que aparecen con operaciones registradas en el BCRA de transferencia de dólares al exterior, todas legales y declaradas. Están también Bernardo Saravia Frías, exprocurador del Tesoro y asesor judicial de Macri; el procurador general bonaerense Julio Conte Grand; su ahijado Esteban Conte Grand, exasesor del exministro de Justicia Germán Garavano; el ex camarista federal y ministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra; los fiscales Ricardo Sáenz y Carlos Rívolo, y el juez Pablo Gallegos Fedriani.

Casi todos ellos explicaron, ante la consulta de Tiempo, que las operaciones son legales, que todo está declarado ante la Afip, que pagaron los impuestos correspondientes y que eso nada tiene que ver con fuga de divisas.

En el caso de Rosenkrantz no solo aparece la transferencia el día después de las PASO. El informe del BCRA (que tienen cientos de nombres de personajes públicos) muestra que el expresidente de la Corte también recibió pagos en dólares durante el proceso en que se aprestaba a asumir en el máximo tribunal, primero por un decreto de Macri y finalmente mediante el proceso que establece la Constitución Nacional.

El 12 de agosto de 2016, diez días antes de jurar como juez, Rosenkrantz recibió 68.622 dólares de Anheuser Busch Inbev, la empresa belga que es la mayor fabricante mundial de cerveza, desde una cuenta en Gran Bretaña; el 12 de abril, 77.160 de Chambre de Commerce, la cámara de comercio de Francia; el 16 de mayo, 40.015 desde una cuenta en Panamá. Hay otros ingresos, cuyas fechas y orígenes están aún sujetos a chequeo.

“Se corresponden a servicios profesionales realizados y legalmente facturados con anterioridad a mi asunción como juez de la Corte Suprema, y fueron debidamente declarados en su oportunidad”, indicó el magistrado.

Rosenkrantz integró un prestigioso estudio de abogados que trabajaba con varias de las principales empresas transnacionales, aquí y en el exterior. Fue designado juez de la Corte por decreto el 15 de diciembre de 2015 pero una semana después, el entonces juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, decretó la inconstitucionalidad de ese nombramiento. Entonces su pliego recorrió el camino tradicional y el 15 de junio recibió el acuerdo del Senado. Podía haber jurado al día siguiente (de hecho, Horacio Rosatti, en su misma situación, asumió el 29 de junio), pero por una nunca bien explicada razón postergó más de dos meses su llegada a la Corte.

El procurador bonaerense Julio Conte Grand aparece en los registros en una transferencia importante con base en una cuenta en Estados Unidos. Pero consultados sus allegados por Tiempo, explicaron que esa operación no solo no sacó dinero al exterior sino que lo que hizo fue ingresar dólares a la Argentina el 26 de abril de 2019. “Es dinero declarado que ingresó para una operación inmobiliaria. No sacó dinero al exterior; lo trajo”.

Esteban Conte Grand, su ahijado y hasta marzo de 2017 jefe de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia, aparece en una transferencia de 332 mil dólares a una cuenta en Estados Unidos el 17 de octubre de 2019, a través del SCB.  Los mismos allegados aclararon que para ese entonces ya no era funcionario y tampoco lo es actualmente, y que “esa transferencia fue de origen legal y está declarada”.

Ricardo Gil Lavedra aparece en una transferencia de 400 mil dólares a Uruguay el 27 de agosto de 2019.

Consultado por Tiempo, señaló: “Tengo desde hace mucho cuenta en Uruguay y dos departamentos. Me imagino que quieren hacer aparecer un tema de fuga. No es, en absoluto, mi caso”.

“Todos mis movimientos están declarados ante la Afip y no recuerdo que haya habido algo en la fecha del acuerdo con el FMI. Tengo que chequear, pero no hice nada en esa época. (La operación) figura un año después y la plata estaba en la cuenta antes del convenio”.

Gil Lavedra, candidato a presidente del Colegio Público de Abogados por una lista opositora a la actual conducción, resaltó: “Todos los años traigo dinero, repatriándolo. Todos los años. Si buscan a quienes fugaron, no soy yo. La eventual fuga del préstamo fue en 2018”.

El fiscal federal Carlos Rívolo figura en el reporte en una transferencia al exterior por 77 mil dólares el 15 de octubre de 2019, también a través del SCB. Ante la consulta de Tiempo, indicó: “Es dinero ahorrado que salió por el Banco Ciudad a mi cuenta afuera y allí permanece. Declarada acá y allá, y pagados los impuestos”.

Su colega Ricardo Sáenz, fiscal ante la Cámara del Crimen porteña desde hace casi 30 años, aparece mencionado en un giro por 200.400 dólares a una mujer cuya identidad este diario mantendrá en reserva. Tiempo intentó contactar al funcionario a través de WhatsApp, pero Sáenz clavó el visto y no respondió.

Con respecto a Bernardo Saravia Frías y del camarista en lo Contencioso Administrativo Federal Pablo Gallegos Fedriani, quienes también aparecen en el reporte con importantes transferencias al exterior, Tiempo no pudo tomar contacto con ellos, razón por la cual los detalles de las operaciones permanecerán por ahora en reserva.

FUENTE: Tiempo Argentino

El expresidente defendió el gobierno de Carlos Saúl Menem, quien durante su paso por la Casa Rosada benefició de forma directa al grupo económico de la familia Macri.  

El expresidente Mauricio Macri reivindicó este viernes la presidencia de Carlos Saúl Menem, al señalar que el exmandatario riojano “cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo“, lo que generó duras críticas de distintos referentes dentro de su propia coalición, Juntos por el Cambio.

“Quien había resuelto los problemas de la grieta en la Argentina fue el presidente Menem, que cada día va a estar más reivindicado con el paso del tiempo”, aseguró hoy Macri en Radio Mitre Córdoba.

Durante una entrevista radial, el exmandatario comparó al menemismo con el kirchnerismo y remarcó: “Él vino con un peronismo moderno, intentando unir a los argentinos detrás de la producción, el empleo y el progreso pacífico de la Argentina, y esta gente ha vuelto a predicar sistemáticamente el discurso del odio”.

Macri reapareció luego de haber soslayado el Día de la Memoria, jornada en la cual mantuvo silencio, y sin hacer ninguna consideración acerca de los indultos a los excomandantes de la última dictadura cívico-militar.

Sus declaraciones fueron inmediatamente cuestionadas por distintos referentes de la Coalición Cívica y del radicalismo, sus socios dentro de la coalición Juntos por el Cambio.

“Rechazamos las políticas neoliberales implementadas por el menemismo en los 90 que hoy reivindican algunas voces de la política argentina”, enfatizó el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.

El mandatario provincial, quien no oculta sus aspiraciones presidenciales en 2023, añadió que “estás medidas destruyeron nuestro aparato productivo, nos hicieron más pobres y terminaron con la esperanza de nuestro pueblo”.

En la misma línea se pronunció el titular del bloque de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López, quien pidió por Twitter no olvidar que, “con Menem, también empezó la degradación institucional que tampoco nos deja crecer”, y recordó que, “entre otras cosas, fundó un Poder Judicial corrupto, ampliando la Corte y Comodoro Py, y profundizó la degradación de los servicios de inteligencia”.

Otra diputada nacional de la Coalición Cívica, Mariana Zuvic, afirmó también por redes sociales que Menem será recordado “por ladrón”, al afirmar que “voló un pueblo, encubrió un atentado y tráfico armas a Ecuador y Croacia”.

El periodista de La Nación Más relató con admiración el aprendizaje del ex presidente para derrotar a su padre Franco.

Mientras se debatía la reaparición del ex presidente e inversor del medio en cuestión, el de la señal de noticias del diario La Nación, Alfredo Leuco, relató cómo fue el recorrido de Mauricio Macri para convertirse en el excelente jugador de Bridge que es en el presente.

En la “pantalla partida” entre Jonatan Viale, Débora Plager, Marina Calabró y el propio Alfredo Leuco, todos los presentes estaban acordando que está todo dispuesto para el retorno del ex mandatario a la política nacional.

Quien se animó a dudar de un detalle menor acerca de la actualidad de Mauricio Macri fue Jonatan Viale, que puso en terreno de sospecha los motivos del viaje a Italia para jugar al Bridge del ex titular del Ejecutivo Nacional.

“La sensación es que nadie se cree la del Bridge, o eso que dice que juega. Está bien, podrá decir que juega a eso pero me parece que tiene la cabeza en el año que viene”, disparó Viale, como para subrayar el hambre político del referente del PRO, y deduciendo que lo del juego de naipes era una distracción.

Sin embargo en ese momento intervino Alfredo Leuco para aportar todo su conocimiento acerca del punto que se estaba poniendo en cuestión.

“No tengo dudas. Y te digo que el Bridge no es un tema menor. Yo no sé si conocen De dónde viene su fanatismo por el Bridge. Es extraordinario”, inició su pormenorizada explicación el periodista cordobés.

“El tema es la famosa derrota al padre. Franco era un gran jugador de Bridge”, decía Leuco mientras de fondo se escucha decir a Jonatan Viale: “Qué tema ese…!”, en alusión a la siempre complicada relación que unía a Mauricio Macri con su padre.

“Vamos a decirlo con respeto, pero vamos a decir la verdad (Franco Macri) lo humillaba a Mauricio Macri, prácticamente en todas sus actividades. Lo humilllaba, lo maltrataba, lo ninguneaba. Y Mauricio, humillado por el viejo, entre otras actividades además de empresario, en el Bridge se puso un profesor, ayudado por su madre, y sin decirle, estudió horas y horas y horas hasta que lo logró derrotar. Es un dato!! “, finalizó Alfredo Leuco la conmovedora y ejemplificadora anécdota de los méritos del ex presidente.

El médico Carlos Kambourian aseguró que no se va a dar la cuarta dosis de Sputnik V y arremetió contra la ministra de Salud. El pediatra había pronosticado que la población de Argentina no llegaría vacunada a agosto de 2021

Desde el comienzo de la pandemia, el doctor Carlos Kambourian criticó las estrategias del Gobierno para hacer frente al coronavirus, desde el aislamiento social, preventivo y obligatorio, hasta las vacunas adquiridas por el Ejecutivo para inocular a la población.

Incluso el año pasado el médico llegó a pronosticar que la población argentina no llegaría vacunada con el esquema completo a agosto de 2021, un objetivo que sí se cumplió.

Esta semana, el pediatra volvió a lanzar una teoría antivacunas que lo único que hace es volver a generar dudas sobre los fármacos, que son la única solución para acabar con la pandemia. El día jueves, Kambourian disparó contra la ministra de Salud Carla Vizzotti. “Vizzotti juega con nuestra salud“, lanzó.

“No confío en ella“, añadió. El tuit fue su reacción ante la medida del Gobierno de completar los esquemas de vacunación de quienes hayan recibido la Sputnik V y luego una dosis de Moderna o Pfizer. 

“No me voy a dar cuarta dosis de vacuna Sputnik (sic)”, lanzó en mayúsculas el médico pediatra, ex Presidente del Hospital Garrahan.

Lo curioso es que nunca se dio una tercera dosis de Sputnik V en Argentina, por lo que tampoco habrá una cuarta. Además, el anuncio de la ministra de Salud atañe a quienes hayan recibido el esquema completo de Sputnik V y ahora precisen dos dosis de otra marca para poder viajar a países que no reconocen la validez de la vacuna desarrollada por la Federación Rusa.

El ex presidente había solicitado resguardar los detalles del pedido para preservar su intimidad y privacidad. La querella se había opuesto, pero ahora podrá ir a Italia, España, Qatar y Estados Unidos

El ex presidente Mauricio Macri fue autorizado nuevamente para viajar al exterior entre el 25 de marzo y el 9 de abril próximos, aunque esta vez, para preservar su intimidad y privacidad, requirió reserva del escrito que presentará por separado con los detalles del viaje. Viajará a Italia, España, Qatar y Estados Unidos.

Macri, procesado en la causa por el espionaje ilegal a los familiares de los fallecidos tripulantes del ARA San Juan, presentó un escrito en el que solicitó la autorización para el viaje.

“Estamos convencidos que el viaje cuya autorización se solicita en nada entorpecerá la normal marcha de este proceso, renovando la sujeción a vuestra jurisdicción de nuestra parte”, dice el escrito firmado por el abogado Pablo Lanusse.

Luego hace saber que “los lugares de destino, de alojamiento, de traslado y sus motivos serán informados por escrito separado, al que solicito -tal como ya lo hice anteriormente en autos- se le de trámite de reservado para evitar que se avasalle, como ya ocurrió en el pasado en esta causa, la intimidad y privacidad que ampara al Sr. Mauricio Macri como derivación razonada del debido proceso, la defensa en juicio y el estado de inocencia que lo ampara”.

La querella mayoritaria representada por la abogada Valeria Carreras se opuso y cuestionó los argumentos de la defensa de Macri. En ese sentido, requirió al juez se conceda un turno presencial para conocer esos escritos reservados con la totalidad de la información.

Uno de los últimos pedidos de autorización fue para dar un curso en una Universidad en Florida, Estados Unidos, país hacia donde viajó ayer. Allí permanecerá hasta el lunes.

Días atrás regresó de Uruguay, donde había sido invitado por una empresa.

El ex presidente pidió una autorización para viajar a Roma y participar de un torneo de cartas. Los familiares de los tripulantes del submarino se oponen al requerimiento.

El expresidente de la Nación, Mauricio Macri, pidió nuevamente permiso al juez Julián Ercolini para viajar al exterior, esta vez es para jugar a las cartas en Italia.

El escrito fue presentado por su abogado, Pablo Lanusse. Este, además, solicitó que la solicitud sea tramitada como un incidente, por separado de la causa, y de manera reservada, es decir, que no se le a conocer a la querella.

La solicitud comprende la fecha entre el 25 de marzo y 9 de abril, que coincide con el torneo de bridge que se disputará en Italia, y al cual el exmandatario figura como participante.

Por su parte, la querella -representada por la abogada Valeria Carreras- se opone a que el juez le conceda el permiso a Macri, lo cual consideran como una falta de respeto no solo a los 44 tripulantes desaparecidos sino también a sus familiares.

En esta causa, el expresidente fue procesado por Martín Bava, juez federal de Dolores, por espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del submarino hundido.

Laura Di Marco realizó un paralelismo sobre la sociedad argentina durante los mandatos de la actual vicepresidenta y la sociedad ucraniana que atraviesa una guerra

Este viernes, el presidente de la representación central de Ucrania en Argentina, Pedro Lylyk, visitó los estudios de La Nación+ para ser consultado sobre el conflicto bélico de ese país con Rusia, el cual comenzó 17 días atrás.

La periodista Laura Di Marco, presente en el piso, aprovechó el tema de la guerra y la compleja situación que se vive en Europa del Este para criticar a la expresidenta Cristina Kirchner realizando una insólita comparación entre la clase media durante su Gobierno y la clase media ucraniana en la actualidad.

“Yo tengo una tesis. Estuve investigando bastante… todos estamos metidos con la invasión a Ucrania”, comenzó la panelista ante la atenta mirada de Luis Majul, Marina Calabró y Débora Plager. 

Y siguió de manera polémica: “Salvando todas las distancias. Estamos hablando de una invasión criminal. Hay un paralelismo entre la resistencia de la clase media argentina a un sistema autocrático como fue el de Cristina (Kirchner). El campo, la clase media, a la clase media ucraniana que está resistiendo incluso con armas una invasión”.

Por último, concluyó: “Una invasión que además pretende derrocar a un presidente constitucional que ganó con el 70% de los votos”.

Majul dijo: “Puedo compartir, por supuesto con otras dimensiones. Ahí se están jugando las vidas de la gente”.

La Justicia declaró nulo el convenio con IRSA para construir la Costa Urbana. “La Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental”, festejaron desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, quienes iniciaron la medida.

 El juez Aurelio Ammirato declaró este sábado, la nulidad del convenio urbanístico firmado entre el Gobierno de la Ciudad, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta, y la empresa IRSA, que habilitaba la construcción de 20 torres de 145 metros de altura entre otros edificios en plena Costanera Sur, al lado de la Reserva Ecológica, y que conllevaba la destrucción de uno de los últimos humedales de la ciudad.
 
La sentencia se logró luego de que varias organizaciones iniciara una medida judicial para frenar el proyecto de la empresa IRSA. Las mismas son el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP), la Cátedra de Ingeniería Comunitaria (CLIC), Unidad Popular (UP) y la Defensoría de Laburantes (LA DEFE). 
 
Estos espacios impulsaron el surgimiento de El Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos a fines del año pasado y desarrollaron campañas como la de “Costanera Verde Pública2 y “Resistencia Verde”. En esta causa judicial se cuestionó la falta de participación ciudadana de forma previa a la firma del Convenio Urbanístico y la ausencia de la elaboración del Estudio Diagnóstico y la Evaluación de Impacto Final.
 
Este convenio urbanístico, que recibió un rechazo casi unánime en la audiencia pública, fue aprobado por la Legislatura, en segunda lectura, el 2 de diciembre de 2021, dando origen a la Ley N° 6476.
 
Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa judicial y fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad, manifestó: “La política de los convenios urbanísticos está destruyendo la planificación de la Ciudad y los barrios porteños. Estamos inmersos en la desplanificación de las excepciones inmobiliarias en aras de la especulación inmobiliaria”.
 
“También, comprobamos que la empresa IRSA es la terrateniente urbana que más beneficios ha obtenido del GCBA en los últimos años (Adjudicación de la concesión del Centro de Convenciones y Exposiciones, la subasta del edificio de Berutti, autorización de Ciudad Palmera en Caballito, la subasta del edificio de El Plata, la autorización para el shopping Distrito Arcos, la autorización para el Shopping Dot, etc.). Tal es el extremo de la simbiosis política-inmobiliaria-financiera-electoral entre Rodríguez Larreta y el grupo IRSA que para autorizarle la construcción de un nuevo Puerto Madero en la Costanera Sur decidieron violar innumerables leyes y la Constitución de la Ciudad”, agregó.
 
Así denunciaron que “firmaron el convenio urbanístico para Costa Urbana sin cumplir con la participación ciudadana ni con la elaboración de los estudios correspondientes. Votaron en la Legislatura el Convenio sin las mayorías que exige la Constitución. No realizaron el análisis y las consideraciones que se exige frente a los cuestionamientos de cientos de personas realizadas en la audiencia pública. Firmaron adendas al convenio y las ingresaron por la ventana antes de la segunda sanción en la Legislatura de forma inconstitucional. Incumple el mandato constitucional de recuperar la totalidad de la Costanera para el uso común de la Ciudadanía porteña. Viola la protección del derecho al ambiente al decidir destruir uno de los últimos humedales de la ciudad, etc.”.
 
“Este fallo viene a poner en alto que la Ciudad debe organizarse bajo los principios de la democracia participativa y ambiental. Necesitamos como ciudadanía impulsar una revolución democrática social y ambiental para superar la actual monarquía inmobiliaria-financiera que padecemos”, sentenció.
 
Por su parte, la ingeniera María Eva Koutsovitis, Coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria expresó: “Este fallo histórico no solo pone en evidencia la emergencia ambiental y climática que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires que se manifiesta en el aumento sostenido de la temperatura máxima anual, sino que, además pone en valor la democracia participativa ambiental”.
 
“En este punto, la sentencia enfatiza que también debe ser un interés público del GCBA el respeto de la participación ciudadana en la decisión de políticas ambientales. El paradigma democrático está cambiando”, indicó.
 
“La emergencia climática y ambiental se ha ido profundizando en la última década. En paralelo en la ciudad se sacrificaron 150 hectáreas de espacios verdes públicos y se impulsa la consolidación de la ocupación y privatización de todo el entorno ribereño”, advirtieó al tiempo que añadió: “Con el proyecto de Costa Urbana se cometería un ecocidio al destruir nuestro humedal costanero”.
 
“La resistencia verde que venimos sosteniendo en defensa de nuestra costanera está rindiendo frutos. Frenamos la Venta de Costa Salguero y ahora logramos proteger la Costanera Sur. La ciudadanía porteña desea ser protagonista del destino de la ciudad, de las decisiones que hacen a la calidad de vida, ya no tolera la verticalidad en el ejercicio del poder público”, concluyó.