El gremio denunció una línea de crédito lanzada por el ministerio de Producción en coordinación con la aplicación financiera.

El sindicato de La Bancaria, que conduce el diputado nacional del Frente de Todos (FdT) Sergio Palazzo, calificó como “inadmisible” y manifestó su “profunda preocupación” ante el acuerdo de créditos firmado entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y la plataforma digital Ualá.

“Una decisión económica estratégica de orden nacional no debe ser realizada a través de una aplicación”, denunció el gremio a través de un comunicado.

Es inadmisible que en lugar de canalizar la inclusión financiera y los créditos de las Pymes a través de la banca pública, y dentro del sistema, se realice este convenio con una empresa totalmente informal que ni siquiera es un banco, y se destinen millones de pesos para tal efecto”, agregó el mensaje del sindicato.

De esta manera, el gremio denunció el acuerdo firmado entre el gobierno y el fundador y director ejecutivo de Ualá, Pierpaolo Barbieri, por el cual destinarán 1000 millones de pesos, a través de un fondeo del Fondo Nacional de Desarrollo Productivo (FONDEP), para otorgar préstamos que irán desde los cinco mil pesos hasta los 200 mil, a una tasa de interés fija del 40% hasta en 18 meses, para quienes desarrollen actividades productivas en el país.

“Una decisión económica estratégica de orden nacional no debe ser realizada a través de una aplicación”, aseguró La Bancaria. “Esas operaciones de alta relevancia para la economía de nuestro país deberían ser canalizadas únicamente y como corresponde, a través de la banca pública, cuyas cartas orgánicas establecen entre sus fines principales atender las necesidades financieras de las pequeñas y medianas empresas”, completó.

Este miércoles se conoció que la inflación del mes pasado trepó al 6,7%. En lo que va del año el acumulado es de 16,1%.

El índice de precios al consumidor registró en marzo un incremento de 6,7%, informó los datos este miércoles los datos de inflación el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

De esta manera, la inflación minorista acumuló una suba del 16,1% en el primer trimestre del año y del 55,1% en los últimos 12 meses.

En las últimas horas, el ministro de Economía, Martín Guzmán, había anticipado que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que mide el INDEC había registrado una variación superior al 6% en marzo pasado.

La división con mayor incremento en el mes fue Educación (23,6%), a raíz de los aumentos observados en los servicios educativos de todos los niveles.

Le siguieron Prendas de vestir y calzado (10,9%) –producto de las subas por cambio de temporada– y Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles (7,7%). En este último caso incidió el incremento de las tarifas de electricidad, gas y agua registrado en la mayoría de las regiones.

A su vez, en la división Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,4%) impactó el incremento de servicios domésticos por el aumento fijado en paritaria.

Entre los precios regulados se destacó el aumento de cigarrillos, que impactaron en la división Bebidas alcohólicas y tabaco (5,7%); la cuota de la medicina prepaga, dentro de Salud (5,0%); los combustibles, en Transporte (5,5%); y el servicio de telefonía móvil, dentro de Comunicaciones (3,4%).

A nivel de las categorías, Regulados (8,4%) fue la de mayor incremento en marzo –en promedio, aportó 1,5 puntos porcentuales entre las regiones–. Le siguió en importancia el IPC Núcleo (6,4%), en tanto Estacionales registró un incremento de 6,2%, impulsada fundamentalmente por el alza de Prendas de vestir y calzado.

La suba de Alimentos y bebidas no alcohólicas (7,2%) fue la de mayor incidencia en todas las regiones. Dentro de la división se destacó el aumento de Pan y cereales; Leche, productos lácteos y huevos; Carnes y derivados; y Azúcar, dulces, chocolate y golosinas.

Las grandes industrias cuentan con seis meses para adaptarse a la nueva normativa, reglamentada en marzo, mientras que las medianas y pequeñas tienen un año más.

La secretaria de Acceso a la Salud, Sandra Tirado, anticipó hoy que “entre agosto y septiembre” comenzará a implementarse de forma efectiva la ley 27.642 de Promoción de la Alimentación Saludable, conocida como “ley de etiquetado frontal”, que busca advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y otras enfermedades.

Las grandes industrias cuentan con seis meses para adaptarse a la nueva normativa, reglamentada en marzo, mientras que las medianas y pequeñas tienen un año más, por lo que “entre agosto y septiembre ya tendríamos algunos productos etiquetados en las góndolas”, sostuvo Tirado en declaraciones que realizó desde la Casa Rosada a canales de televisión de Tierra del Fuego, La Rioja y Mar del Plata.

Asimismo, sostuvo que “es realmente una ley muy amplia con mucho trabajo del poder Ejecutivo tanto nacional como provincial para que tengamos ese fin que es de promocionar la alimentación saludable”.

La funcionaria y médica pediatra recordó que cada packaging “tendrá un sello de color negro, de forma octogonal, con letras blancas, muy claro y visible, de un tamaño que estará en relación al producto que se está por comprar y que nos informará si ese alimento tiene exceso de azúcar agregadas, de sodio, de grasas de grasas saturadas, de edulcorantes o cafeína que en ese caso se recomienda que no se lo administre a niños o niñas”.

“Será una información que estará disponible para saber qué tiene el producto que estaremos comprando y lo que se busca es que algunos de estos productos puedan cambiar su concentración y bajar los niveles de sodio, de azúcar o el nivel de grasas y que no sean alcanzados por esta Ley con lo cual no tengan que poner estos sellos”, remarcó

Consultada sobre si esta norma existe en otros lugares, dijo que “se ha implementado en otros países y tenemos las experiencias como Chile y México y hemos trabajado con la Organización Panamericana de la Salud que ellos también formaron parte de esta Ley y de su reglamentación”.

“Desde la aprobación de la ley hemos mantenido más de veinte reuniones con organismos internacionales, sociedades científicas y de nutrición y por supuesto con las empresas”, contó la secretaria.

En ese sentido, precisó que las etiquetas alcanzarán a los productos “procesados y ultraprocesados” mientras que no comprenderán a los “semielaborados o naturales, como la yerba mate, el azúcar o el arroz”, señaló.

“Estamos hablando de productos que llevan proceso y en este proceso tienen algún agregado de algunos de estos componentes lleve a que tengan el etiquetado”, resaltó y explicó que analizaban “con la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica) y áreas del Poder Ejecutivo” en posibles “sanciones que tienen que ver con que no se puedan comercializar, multas” a quienes no cumplan la norma.

Respecto de las bebidas alcanzadas por la ley, precisó que “son las bebidas analcohólicas y aquellos jugos que tengan agregados, en el caso de jugos naturales no, pero si tienen agregados de azúcares o edulcorantes sí van a estar alcanzados, y en el caso de bebidas gaseosas que tengan exceso de azúcar o cafeínas”.

“Es una ley muy completa, muy ambiciosa, porque aparte del etiquetado como lo que busca es la promoción de una alimentación saludable, también tiene capítulos específicos”, como los productos que se pueden consumir en las escuelas o “regular la publicidad de este tipo de alimentos”, acotó.

El Gobierno nacional publicó el 23 de marzo la reglamentación de la ley de Promoción de la Alimentación Saludable, cuyo objetivo es advertir a los consumidores sobre los excesos de grasas, sodio y azúcares en los productos, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos.

La reglamentación de la Ley 27.642 fue aprobada mediante el decreto 151/2022 firmado por el presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Juan Manzur; la ministra de Salud Carla Vizzotti y el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.

Al copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana le tocó hablar antes que a la vicepresidente y dejó caer un chiste donde admitió la situación de presión en la que se encontraba.

Javier López, eurodiputado español y co-presidente del Eurolat por Europa, elogió hoy en su discurso introductorio a la vicepresidenta Cristina Kirchner al decir que se sintió como si fuera “el telonero de Los Beatles”.

“Uno se siente un poco como siendo el telonero de Los Beatles y es un poco complicado”, admitió López al comenzar su alocución en el Centro Cultural Kirchner, ante las risas y aplausos de todos los presentes.

“Pero voy a intentar ir todo lo rápido que pueda”, agregó antes de tomar aire para iniciar la parte central de su discurso.

El subsecretario de Energía, Federico Basualdo, viajó hasta Zarate para respaldar el desarrollo de la tercer Central Nuclear ante versiones de su paralización por el acuerdo con el FMI.

El subsecretario de Energía Eléctrica, Federico Basualdo, se sumó a un acto organizado en el partido de Zárate para respaldar la construcción de la tercer central nuclear de ese complejo, que puede ser paralizado por las condiciones respecto al acuerdo con el FMI que plantea restricciones al financiamiento chino.

El funcionario fue recibido en el predio de Zárate por todo el directorio de Nucleoeléctrica Argentina y sus pares de la Comisión Nacional de Energía Atómica en el marco de un encuentro del Plan Nuclear Argentino,

Por su parte, Basualdo remarcó que “el Estado Nacional apuesta al crecimiento del sector nuclear y a consolidar estos proyectos que aportan energía de base, limpia y segura, a la matriz de generación eléctrica nacional y que también tienen un impacto muy importante en el desarrollo tecnológico e industrial argentino”.

En el acto, se reafirmó el compromiso  del Estado en el área, que tiene como desafío central la construcción de Atucha III, acordada con China y ahora en una situación compleja por una cláusula del acuerdo con el FMI que restringe los acuerdos en monedas como el yuán chino.

Basualdo aprovechó recorrer la obra del reactor Carem junto al presidente de la empresa José Luis Antúnez, el vicepresidente Jorge Sidelnik y los directores Gabriel Barceló, Isidro Baschar y Alejandro Estévez.

El plan se presentó en el Auditorio de Ingeniería de Atucha y durante el encuentro Antúnez destacó la extensión de vida de Atucha II que “va a tener una vida útil de 90 años”según dijo.

Antúnez también le recordó al Gobierno la importancia de la obra, al afirmar que: “El proyecto Atucha III va a traer 700 empleos fijos a la región, y va a dejar alrededor de 500 millones de dólares en insumos comprados a la industria metalmecánica nacional”.

Así lo anunció el Gobierno, este miércoles, al firmar un convenio en Casa Rosada entre la AFI y la Casa de Moneda para garantizar el acceso a la documentación de las ex-SIDE.

El Gobierno Nacional formalizó, con la firma de un convenio entre las autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y la Casa de Moneda, el inicio del Plan de Digitalización del Fondo Documental de la ex-SIDE, que funcionará como herramienta técnica para garantizar el acceso a la documentación de ese organismo relacionada al terrorismo de Estado.

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, y la vicepresidenta de la Casa de Moneda, Marina Pecar, acompañadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, firmaron el convenio en el Salón de las Mujeres de Casa Rosada para la digitalización de la documentación histórica del organismo de inteligencia. El proceso contempla especialmente los documentos producidos por la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) durante la última dictadura militar.

Caamaño sostuvo que el acuerdo firmado constituye “un paso más en el trabajo de relevamiento que se lleva adelante en cada rincón de la Agencia, que permitirá aportar información relacionada con el accionar de los servicios de inteligencia a las causas por delitos de lesa humanidad”, y convocó “a organismos del Estado y de la sociedad civil a que realicen aportes técnicos para la elaboración de un instrumento jurídico que garantice la desclasificación -en los casos de que sea necesaria- y el acceso a esta información”, lo que permitirá reconstruir la historia institucional de la exSIDE y, posteriormente, brindar acceso al fondo documental.

Pecar destacó “los servicios de gran calidad, pero sobre todo de altísima seguridad en la confección y en el resguardo de documentos específicos y de especies valoradas” que proporciona el organismo. En ese sentido, se emocionó al remarcar que la institución es hoy “artífice de preservar la memoria”.

Por su parte, el ministro de Justicia, valoró el compromiso del Gobierno Nacional de terminar con la inteligencia interior en la Argentina. “Hoy, firmando este convenio, estamos dando y robusteciendo un paso más en ese proceso de memoria, verdad y justicia”, remarcó Soria.

A su vez, el secretario de Derechos Humanos puso en valor “la decisión política que se tomó en diciembre del 2014 de transformar lo que fue la SIDE y la continuidad de esa gestión durante la presidencia de Alberto Fernández”.

La iniciativa estará integrada por la Agencia Federal de Inteligencia, la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia Nacional de Acceso a la Información Pública, el Archivo General de la Nación, la Secretaría Legal y Técnica, y organismos de Derechos Humanos y especialistas en la materia.

La misma contiene archivos históricos que están compuestos por 250.000 fichas, con 5.000.000 de microfilms y más de 1.000.000 de fojas en papel con información institucional producida entre las décadas de 1940 y 1980. De esta manera, el objetivo central del acuerdo es poner luz sobre el rol de los servicios de inteligencia durante la última dictadura cívico militar e integrar a la Agencia Federal de Inteligencia al Estado de Derecho.

Este convenio es un paso más del trabajo iniciado el año pasado junto a organismos de Derechos Humanos como Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales y Memoria Abierta, entre otros; la Secretaría de Derechos Humanos, y el Archivo General de la Nación en el marco de la Mesa conjunta sobre documentación de inteligencia vinculada a violaciones a los derechos humanos.

Son prácticas propias de gobiernos dictatoriales.

Un nuevo escándalo involucra a la ciudad de Buenos Aires, luego de que saliera a la luz que el Ministerio de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta buscó información biométrica de más de 7,5 millones de personas de manera ilegal.

Las maniobras se realizaron en el marco del sistema de reconocimiento facial para la búsqueda de prófugos, a partir de un convenio con el ReNaPer firmado en 2019 durante el gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, el acuerdo habilitaba a la Policía de la Ciudad al acceso a los datos biométricos, como las fotos y otra clase de información de personas buscadas sobre un universo de apenas poco más de 40.000 personas.

Entre los perseguidos están el propio presidente Alberto Fernández y la vice Cristina Fernández de Kirchner. Pero en la lista hay más dirigentes opositores, periodistas y dirigentes de diferentes rubros. Desde la dictadura genocida, nunca en democracia se había implementado un sistema de persecución como el que desarrollaron Mauricio Macri en CABA y Nación, María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires y Larreta en Ciudad.

Entre las particularidades de los espiados está Arshak Karhanyan, con 92 búsquedas. Karhanyan es un agente de la policía de la Ciudad que está desaparecido hace meses y se sospecha que habría denunciado corrupción en la policía porteña.

El gobierno bonaerense emitió un decreto en el que se expresa que los municipios no podrán usar esos recursos en otros rubros.

Mediante el decreto 293/2022 publicado en el Boletín Oficial, el Ministerio de Infraestructura bonaerense recordó que, en el Presupuesto 2022, destinado a financiar total o parcialmente obras municipales de infraestructura, una suma de 17 mil millones de pesos.

A su vez, se especificaron los pasos para que los municipios obtengan los recursos para las obras, como la acreditación de la titularidad, posesión o uso del predio donde se asentará o realizará la obra solicitada.

Para la distribución, según el artículo 3 “el municipio requirente deberá presentar ante la Autoridad de Aplicación la solicitud de los proyectos de obra a realizar mediante nota suscripta por el Intendente Municipal e informar la cuenta bancaria específica para el depósito de los fondos, perteneciente al Banco de la Provincia de Buenos Aires”.

La disponibilidad de fondos y la adecuación del plan propuesto al coeficiente combinado estará compuesto en un cincuenta por ciento (50%) aplicando el Coeficiente Único de Distribución y el restante cincuenta por ciento (50%) conforme a los ingresos corrientes percibidos durante el ejercicio 2019.

Por otra parte, el decreto especifica que “aquellos Municipios que con posterioridad al 10 de septiembre de 2022 hubieren presentado certificados de avance de obra en los que se rindan la totalidad de los recursos transferidos, podrán solicitar el desembolso del veinticinco por ciento (25%) complementario”.

Así lo manifestó la vicepresidenta de la Nación, al exponer este miércoles, en el marco de la inauguración de las sesiones de la Asamblea Parlamentaria EuroLat.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, participó de la apertura de una nueva sesión plenaria de la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), que sesiona en Centro Cultural Kirchner (CCK).

Acompañada por Oscar Darío Pérez Pineda, miembro de la Cámara de Representantes de Colombia y co-presidente por el componente latinoamericano; y Javi López, eurodiputado y co-presidente del organismo por el componente europeo.

“Me tocaba finalmente hablar a mí, sé que otros lo hicieron pero nosotros que lo inauguramos no”, inició la presidenta del Senado, quien recordó que la única vez que estuvo presente en el CCK fue durante su inauguración, en 2006. “El edificio del Correo es un monumento de la Belle Époque, de una Argentina pujante pero donde la riqueza les llegaba sólo a unos pocos”, sostuvo antes de arrancar su ponencia.

“El Estado de Bienestar y el Neoliberalismo son construcciones políticas. El capitalismo se ha demostrado como el sistema más eficiente para la producción de bienes y servicios”, comenzó su argumento.

“La pandemia ha venido a reinstalar la idea del Estado. ¿Alguien se ha preguntado qué hubiera sido de nosotros si los gobiernos no hubieran intervenido construyendo hospitales, atendiendo a los enfermos, negociando con el mercado, es decir los laboratorios las vacunas para no morirnos nosotros y nuestros seres queridos?”, indagó y recibió el primer aplauso de los presentes.

“Que alguien siga afirmando que el Estado no es importante en la vida de las personas, yo diría definitorio, o es un necio o es un cínico, que los hay de los dos”, puntualizó.

“Creo que la gran discusión va a ser esta, porque las desigualdades no nacen por un orden natural, no son un producto de la naturaleza; son producto de decisiones políticas o de falta de decisiones políticas”, indicó.

Y agregó que “la gran discusión que se va a dar es si a este proceso capitalista, que se da desde China hasta EE.UU. las conducen las leyes del mercado o las de los Estados, esto es la clave -me parece- para abordar el problema de la desigualdad”

“Qué tipo de Estado necesitamos para hacer frente a un mundo que no tiene nada que ver con aquel en el que se construyeron los Estados en el mundo, en 1789, en la Revolución Francesa, de ahí data la organización que tenemos con los tres poderes”, dijo para luego añadir que “hoy, nuestros Parlamentos, nuestros Ejecutivos, nuestro Poder Judicial, tantas veces cooptados por el mercado y por factores económicos… ¿Cuánto representan de la totalidad del poder?”.

“Hablamos de poder cuando alguien adopta una decisión, la toma y esa decisión es respetada por el conjunto de la sociedad. Que te pongan una banda y te den un bastón un poquito es (de poder), pero créanme (mientras la ovacionaba el auditorio), y lo digo por experiencia, y ni te cuento si además no se hacen las cosas que hay que hacer… pero dejémoslo ahí (nueva ovación)”, añadió en lo que puede interpretarse como un mensaje para otros mandatarios que la sucedieron en el cargo.

“Esto no es caprichoso, cuando se adoptó esta forma de gobernanza no existía la luz eléctrica, el auto o los celulares”, recordó.

Cristina opinó que “hoy nuestras constituciones son un reglamento de cómo tienen que funcionar el Ejecutivo, el Legislativo y eventualmente el Judicial. Pero por sobre todo el otro poder que está afuera: mercados, monopolios, oligopolios, poder financiero internacional… nada de eso figura en nuestras constituciones y lo peor de todo es que cuando las sociedades cada dos o cuatro años eligen a sus representantes no juzgan a ninguno de esos poderes juzgan a ustedes, legisladores que sentados en sus bancas mucho, mucho, mucho no pueden hacer”

El dirigente peronista pidió la unidad del peronismo.

El ex Ministro de Defensa de la Nación, Agustín Rossi, descartó volver a ser parte del gabinete en el corto plazo: “Me ponen en un lugar incómodo cuando me consultan si vuelvo al gabinete, ese lugar ya está ocupado por un compañero o compañera”, dijo. “Yo charlo con Alberto pero en ningún momento le pedí volver al Gabinete, eso no lo decido yo, no hago ese tipo de operaciones”, describió.

“Cuando uno asume como ministro sabe que es parte de un dispositivo y tiene alguien que lo diseña bajo una circunstancia particular”, insistió Rossi en una entrevista radial.

Después, se refirió a las tensiones en el oficialismo. Rossi no tuvo dudas: “Si el Frente De Todos se rompe le sirve en bandeja las elecciones a Juntos por el Cambio, gana en la primera vuelta”, advirtió.

“Yo no creo que nadie esté en un plan de ruptura, todos tenemos consciencia de lo que eso puede significar”, insistió el ex ministro de Defensa y dirigente peronista de Santa Fe.