Luego de la negativa por parte del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta en la negociación por los fondos del traspaso de la Policía a la Ciudad, el ministro del Interior advirtió que desde Nación, “Respetamos la ley y un minucioso informe técnico”.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, se refirió este miércoles a la imposibilidad de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los fondos del traspaso de la Policía a la órbita porteña y dijo lamentar que las autoridades de esa jurisdicción “crean estar por encima de la ley”.

Mientras desarrolla actividades en la provincia de La Rioja y a través de su cuenta en la red social Twitter, el funcionario nacional sostuvo que durante los siete encuentros mantenidos, la Casa Rosada mostró “predisposición y propuestas superadoras” para “alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias y cumpliendo con el artículo 2 de la Ley 27.606”.

“A pesar del esfuerzo manifestado desde el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo (…) hoy cerramos la etapa de negociaciones solicitada por la Corte Suprema de Justicia sin arribar a una solución conjunta“, explicó.

Sobre las propuestas, De Pedro dijo que en el encuentro de este miércoles se realizó una última propuesta -también rechazada por la Ciudad- que tiene en cuenta el dictamen emitido por la Comisión Federal de Impuestos el jueves de la semana pasada, en el que se sostiene que el monto de transferencia al año 2021 debía ser $43 mil millones.

Ese informe, contrario a los intereses de la Ciudad, fue aprobado por los representantes de 21 gobiernos provinciales, entre ellos, varios aliados políticos del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

“Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del Gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”, añadió el Ministro del Interior.

El funcionario afirmó que la decisión del Gobierno de Macri de casi triplicar los fondos para la Ciudad “atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias, además del empleo en todo el país”, mientras se ve “cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”.

A pesar del apoyo que sumó el Gobierno Nacional, que incluyó a aliados políticos del jefe porteño, el gobierno de Rodríguez Larreta se negó a cerrar el conflicto.

Finalmente, los Gobiernos de la Nación y de la Ciudad de Buenos Aires concluyeron este miércoles las negociaciones por los fondos correspondientes al traspaso de la Policía a la órbita porteña sin haber alcanzado un acuerdo y ahora será la Corte Suprema de Justicia la que deberá fallar en el diferendo entre las partes.

La reunión se concretó en la misma jornada en que vence la extensión del plazo otorgado por el máximo tribunal y luego de que el viernes pasado veintiún provincias aprobaran un informe de la Comisión Nacional de Impuestos (CFI) que contradice la posición de la Ciudad en el reclamo.

Fueron menos de 50 minutos los que duró el encuentro en el que Casa Rosada estuvo representada por la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y la administración porteña por su jefe de Gabinete, Felipe Miguel.

Luego del mencionado dictamen de la CFI y de las declaraciones de la mayoría de los gobernadores, incluso de aliados políticos del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, apoyando a la Nación, la Ciudad motorizó un nuevo encuentro que, tal como se esperaba, no tuvo resultados positivos.

Será ahora el máximo tribunal el que deberá emitir un fallo, que podría ser precedido por una medida cautelar.

Tal como había adelantado Télam hace dos semanas, fuentes del Gobierno porteño confirmaron que si bien “hubo avances en algunos puntos, como un nuevo mecanismo para la transferencia de los recursos y la actualización” por inflación, no hubo acuerdo por el monto a transferir.

Durante la mañana, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se refirió al tema y recordó que “a pocos días de asumir, el expresidente Mauricio Macri resolvió multiplicar por más de 3 la coparticipación a CABA de manera injustificada, sin ninguna razón”.

“Fue un favor a Larreta porque la Ciudad es el lugar donde el macrismo hace pie. CABA se vio beneficiada y los gobernadores protestaron porque son recursos que hay que distribuir entre todas las provincias en base a la situación social, necesidades de infraestructura y cantidad de habitantes”, dijo y señaló que “Macri le dio a la Ciudad jerarquía de provincia, lo cual no es”.

Además, recordó que el exministro del Interior, “Rogelio Frigerio, reconoció que era un error y dijo que iban a ir para atrás, pero lo bajaron a 3,50 diciendo que era para pagar la transferencia de las fuerzas de seguridad”.

En tanto, un grupo de 17 gobernadores emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestó la “profunda preocupación por la injerencia indebida” por parte del máximo tribunal en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el actual Gobierno.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes”, señala el texto firmado por 17 mandatarios provinciales, dado a conocer este miércoles.

Martín Soria salió a contestarle al miembro del máximo tribunal, quien había cuestionado su gestión al frente de la cartera de Justicia.

Por intermedio del ministro de Justicia de Nación, Martín Soria, el gobierno salió a responderle a uno de los integrantes de la Corte Sumprema, Ricardo Lorenzetti, luego de que el cortesano abandonara uno de los principios del poder judicial, aquel que plantea que los jueces “hablan por sus fallos”, al cuestionar que “no existe propuesta de gestión” en la cartera que conduce Soria.

“Dr. Lorenzetti, le reitero lo que dije mucho antes de ser Ministro de Justicia: si por gestión entiende reuniones a escondidas en la Rosada para orquestar el Lawfare en Argentina, no cuente con este funcionario. Ahora, si le interesa la gestión del Ministerio, visite nuestra web”, tuiteó Soria contra el juez.

En esa línea, hizo referencia a una declaración suya de 2020, donde el ahora ministro denunciaba: “Mientras La Nación difundía conversaciones privadas y vaticinaba llamados a indagatoria, #Macri se reunía con Morales Solá y Lorenzetti en Casa Rosada, sede oficial de la #MesaJudicialM. Utilización de la Justicia y los medios para dañar al adversario político: eso es el #Lawfare”.
“Lorenzetti, el mismo que promovía la persecución ilegítima a funcionarios kirchneristas, y Morales Solá, el que unos días después del cónclave con Macri vaticinaba llamados a indagatoria. #Lawfare al palo”, cerró ese hilo de tuits.
El integrante del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, salió a pegarle fuerte al Gobierno, contradiciendo esa máxima que asegura que los jueces solo hablan “a través de sus fallos”. Lorenzetti previamente salió a cuestionar al ministro de Justicia, Martín Soria. “Nosotros no vemos ninguna gestión hasta ahora. No hay ninguna propuesta concreta de gestión”, dijo en declaraciones al canal macrista La Nación +.

Así lo indicó la consultora Quaest, la cual asegura que el exmandatario brasileño tiene una intención de voto del 46%, contra el 29% de Bolsonaro.

El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, podría vencer en primera vuelta al mandatario Jair Bolsonaro en las elecciones del 2 de octubre, al obtener más del 50% de los votos válidos, según reveló este miércoles una encuesta.

El sondeo de la consultora Quaest para el Banco Genial apunta que Lula tiene una intención de voto del 46%, contra el 29% del presidente Bolsonaro.

En la suma de los votos válidos, o sea, sin contar los blancos y los anulados, Lula vencería por 51% en la primera vuelta, lo que permitiría ganar sin necesidad de un balotaje.

La encuesta, la primera en el año que da como ganador a Lula en primera vuelta, contrasta con otra telefónica divulgada el martes, del instituto MDA, que mostró un avance de tres puntos en un mes de Bolsonaro, que se habría quedado con los votos de los que se inclinaban por por el exjuez Sérgio Moro, que desistió de su candidatura a la presidencia.

El sondeo de Quaest, ampliamente publicado por los medios por tratarse de una encuesta presencial, es decir, considerada con mayor nivel de acierto, otorgó un tercer lugar, con 7%, a Ciro Gomes, del Partido Democrático Laborista (PDT).

Después figuran Joao Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña, y André Janones, de Avante, con 3%, mientras que Simone Tebet y Felipe D’Avila, del Partido Novo, alcanzarían el 1%.

El director de Quaest, Felipe Nunes, explicó que el favoritismo de Lula está basado en la relevancia de la economía real.

“El 50% dice que la economía es el principal problema de país“, dijo. De esta cifra, el 18% dice que la inflación es el principal problema del país, contra el 6% que respondía eso en septiembre de 2021.

El 59% de la población, según la encuesta, respondió que sigue teniendo problemas para pagar sus obligaciones mensuales.

Además, el 61% opinó que el actual mandatario, de ultraderecha, no merece ser reelegido por su experiencia en el primer gobierno.

La estabilidad en el voto de Lula entre abril y mayo de 2022 está explicada por dos movimientos, uno positivo y otro negativo para su campaña.

Lula ganó 3 puntos entre las mujeres, mientras que perdió 4 puntos entre los evangelistas luego de haber dicho que estaba a favor de garantizar el derecho al aborto en la política de salud pública.

De todas formas, según la encuesta, 47% de los evangelistas no saben la opinión de Lula sobre el aborto, un punto que comenzó a ser explorado por la campaña de Bolsonaro.

La pelea de Bolsonaro con el Supremo Tribunal Federal no le ha rendido sus frutos. El 54% reprobó el indulto que Bolsonaro le dio al diputado Daniel Silveira, de ultraderecha, condenado a 8 años de prisión por haber atentado contra la Constitución.

También otra bandera institucional de Bolsonaro -calificada de golpista por sus críticos- es la que pone en duda las urnas electrónicas con las cuales fue elegido en 2018.

La franja de brasileños que desconfía de las urnas electrónicas cayó de 29% a 22% desde septiembre pasado, según el sondeo.

A favor de Bolsonaro, la encuesta arrojó que por tercer mes consecutivo cae la imagen negativa de su gobierno, que en febrero era de 51% y ahora está en 46%.

Gobernadores encabezados por Kicillof emitieron un comunicado contra la Corte por la “injerencia indebida” en la causa iniciada por la ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal.

Un grupo de 17 gobernadores, dentro de los cuales está el de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, emitió un documento en el que advirtió a la Corte Suprema que “el federalismo no se negocia” y manifestaron la “preocupación por la injerencia indebida” en la causa iniciada por la Ciudad de Buenos Aires por los recursos otorgados en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña durante la gestión de Cambiemos y luego modificado por el Gobierno de Alberto Fernández.

El gobernador bonaerense, como otros mandatariosn ya se había expresado en contra del traspaso arbitrario de fondos a la administración de Horacio Rodríguez Larreta. Semanas atrás Kicillof denunció que la gestión de Mauricio Macri “favoreció” a la Ciudad de Buenos Aires con la asignación de recursos extraordinarios “sin sustento legal ni económico”, al tiempo que reclamó que “se busque un equilibrio como lo establece la Constitución nacional”.

En esta ocasión, el documento firmado por gobernadores fue publicado este hoy, porque este miércoles vence el nuevo plazo otorgado por la Corte Suprema de Justicia para que el Gobierno nacional y el de la Ciudad acuerden sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, luego trasferidos a la provincia de Buenos Aires.

“Las provincias argentinas observamos con suma preocupación el inminente fallo del máximo tribunal en virtud del vencimiento del plazo establecido para la conciliación entre las partes“, señala el texto firmado por Kicillof y otros 16 mandatarios provinciales sobre la pulseada por la cooparticipación.

En ese marco, los gobernadores advirtieron que “no existe razón alguna para pretender modificar la transferencia de recursos alterando el plexo normativo constitucional precisamente de parte de aquellos que deberían ser sus celosos custodios”.

En el último tramo de la pelea con Ciudad de Buenos Aires por la coparticipación, el presidente Alberto Fernández se apoyó en los gobernadores, con quienes se reunió para exponer “los alcances de las audiencias de conciliación” tener el apoyo de ellos frente el accionar de la Corte Suprema.

“La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia. Las provincias argentinas estamos cansadas de la discriminación centralista. ¡Las provincias decimos basta! No aceptamos más decisiones que violen flagrantemente nuestro federalismo”, remarcaron los mandatarios en el documento publicado hoy sobre la coparticipación.

Asimismo, los gobernadores afirmaron que quieren “que de un modo inmediato la Corte nos acepte como amicus curiae y estamos dispuestos a presentar acciones judiciales complementarias destinadas a corregir las distorsiones observadas en diversos decretos que afectan la disponibilidad de nuestros recursos”.

Vale recordar, que la discusión inicial comenzó luego de que el Ministerio del Interior de la Nación sostuvo que el expresidente Mauricio Macri, durante su gestión, mediante el decreto 194/2016, aumentó el porcentaje de los fondos de coparticipación de 1,4 a 3,75% y el Gobierno de Alberto Fernández busca volver al valor inicial.

“Nosotros vamos a defender a nuestras provincias. Que sepan muy bien los jueces de la Corte Suprema de Justicia, que el federalismo no se negocia y deben hacerse responsables de las consecuencias de sus actos”, concluyeron los gobernadores firmantes en el documento que versa sobre la disputa por la cooparticipación.

El presidente culpó a Perón y Evita de los males del mundo. ¿Eh?

Con un discurso similar al de épocas muy oscuras del país, el ex presidente Mauricio Macri pidió “erradicar” al peronismo. Lo hizo en el encuentro organizado por la Fundación Libertad.

“Argentina fue uno de los primeros en crear el populismo, con Perón y Evita. Tal vez seamos uno de los primeros en erradicarlo. Lamentablemente lo hemos exportado al mundo y está siendo muy contagioso”, expresó Macri. No es la primera vez que se piensa en “erradicar” al justicialismo. Varias dictaduras pensaron lo mismo…

Del encuentro participaron dirigentes políticos del país y el exterior. Con varios referentes de la oposición que desfilaron por el escenario del complejo Goldcenter en Parque Norte.

En otra parte de su discurso, el expresidente hizo referencia a la situación política actual en Argentina: “Demostrar que aprendimos y que nunca más se va a hacer lo políticamente correcto, que es joder a la gente, hay que hacer lo que está bien y explicar por qué está bien y no siempre acompañar las tendencias de lo que suena bien y evita los conflictos del crecimiento”, concluyó.

Un amplio abanico de organizaciones que integran el Frente de Todos se expresó a favor de la iniciativa que otorga una prestación monetaria no contributiva destinada a un universo de 9 millones de personas.

Este martes tuvo lugar en el Congreso Nacional la presentación de un proyecto de ley, a cargo de un grupo de diputados del Frente de Todos, que establece un Salario Básico Universal destinado a un universo aproximado de 9 millones de personas, entre desempleados, trabajadores de la economía popular y sectores de bajos ingresos.

La iniciativa, que busca garantizar una prestación monetaria no contributiva de manera complementaria a otros programas, recibió el respaldo de distintas organizaciones sociales que integran el FDT. “Se trata de un instrumento para recuperar el poder adquisitivo de nuestro pueblo” comienza el comunicado.

“Nuestras organizaciones son representantes de distintos sectores de trabajadores y trabajadoras de la denominada economía social, pero no pretendemos, ni aspiramos a ser la mano de obra precarizada, ni excluida de los esquemas de protección social” continúa el texto firmado por un amplio abanico de organizaciones.  

En ese sentido, las agrupaciones territoriales se expresaron a favor del proyecto porque consideran que “imperioso elevar el nivel de vida de nuestros trabajadores y trabajadoras y es sustancial para ello generar un piso mínimo de ingresos que garantice el acceso a alimentación, salud, educación, vivienda, vestimenta para nuestras familias”.

Bajo esa línea argumentativa, afirmaron que “el acceso a un Salario Básico Universal, que establezca piso de derechos, generará de modo inmediato en una mejor condición de negociación salarial”.

El comunicado en respaldo al Salario Básico Universal lleva las firmas de Kolina, Corriente Peronista 13 de Abril, la Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), Descamisados, Unidos y Organizados, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Martín Fierro, entre otras organizaciones.  

Para este sector, referenciado con la conducción de Cristina Kirchner, “el debate en torno a la distribución de la riqueza que genera nuestro pueblo, comienza a generar un efecto concreto en la vida cotidiana”.

Y, en tono crítico a la política económica del gobierno nacional, sostuvieron: “asistimos a contemplar pasivamente los reclamos de corporaciones económicas y financieras, entidades agrarias enriquecidas, los sectores del poder económico real, mientras que los trabajadores y trabajadoras de nuestra patria sufren las consecuencias del exceso de dialogo inconducente”.

En ese marco, los firmantes exigieron “funcionarios que puedan recibir el aplauso de nuestro pueblo, no por los poderes concentrados o por los organismos de usura internacional”.

Por último, las organizaciones libres del pueblo indicaron que “la voluntad política de revertir el feroz proceso de transferencias de ingresos de los sectores populares, a los poderes económicos concentrados, que resurgió durante el macrismo, no encuentra límite de satisfacción y es necesario imponer nuevas reglas para salir de la trampa de empresarios ricos que tienden la mesa para funcionarios dispuestos a dar explicaciones, mientras que las grandes mayorías populares no pueden llegar a obtener el alimento diario”.

Así lo aseguró Vanesa Siley, secretaria general del gremio de judiciales.

Vanesa Siley es secretaria general de la Federación de Sindicatos de Trabajadores Judiciales de la República Argentina (SiTraJU), diputada Nacional y consejera del Consejo de la Magistratura de la Nación. En una entrevista radial dejó afirmaciones muy importantes en relación a la agenda social, clave en estos momentos políticos: “El salario se continúa revisando, hay que ver cómo viene la inflación en estos días. Está bien un piso del 60%”, aseguró.

Además, Siley reconoció “el decreto del gobierno que estipula el adelantamiento de las paritarias”. “Con Máximo Kirchner y todos los diputados de extracción sindical y los movimientos sociales presentamos el pedido de adelantamiento del salario mínimo vital y móvil”, aseguró. El gobierno decidió retomar el guante y avanzar en el mismo sentido.

“Las medidas están destinadas a cumplir una promesa que nos llevó a ser gobierno que es que los salarios le ganen a la inflación”

Además, aseguró que defiende “el proyecto de Salario único Universal, en 2016 desde la Corriente Federal planteamos un salario universal”. Ayer, diputados kirchneristas presentaron un proyecto en ese sentido. Sería como un IFE para desocupados y trabajadores de bajos ingresos.

Por último, se refirió al debate en el oficialismo: “Son discusiones que están en la sociedad, que tienen que ver con la situación social que viven millones de argentinos”, desdramatizó.

Tras una serie de encuentros informativos, la Comisión de Legislación General trabaja hoy en la mejora de la Ley 27.551 de Alquileres, en busca de dictamen.

La actividad se podrá seguir en directo desde los siguientes links:

En TV: Diputados TV

En la web: dtv.diputados.gob.ar

YouTube: Hcdn.tv

FB: /diputados.argentina

En una reunión conjunta, la Comisión de Industria y la Comisión de Presupuesto y Hacienda avanzaron sobre el Proyecto de Ley de Compre Argentino y Desarrollo para Proveedores, enviada por el Poder Ejecutivo Nacional.

La Ley en la que trabajan los diputados es una herramienta de política industrial que permite canalizar el poder de compra del Estado para mejorar la capacidad productiva nacional y promover el desarrollo de proveedores locales. Será tratada nuevamente por las comisiones el próximo jueves.

La Subsecretaria de Industria, Julieta Loustau, mencionó: “El objetivo de esta Ley es poder acompañar, incrementar el poder, generar nuevas oportunidades y desarrollos de empresas nacionales, en el fuerte poder de compras públicas que tiene el Estado, generando una estructura más diversificada y competitiva”. También precisó que se busca “Poder avanzar en un aspecto que hoy la ley no contempla, como generar sectores estratégicos e innovadores”.

En el debate en conjunto también se trató la temática de desarrollo sostenible, la producción, y consumo responsable. En línea con dichos ejes, el diputado de Evolución Radical (San Luis), Alejandro Cacace destacó: “Uno de los puntos del Objetivo de Desarrollo Sostenible, es que las adquisiciones públicas en las compras y contrataciones de los estados se tenga en cuenta, de manera preferente, a aquellas empresas que cumplen con las pautas del desarrollo sostenible de la producción y consumo responsable”.

Por su parte, la diputada del Frente de Todos (Río Negro), Susana Graciela Landriscini, explicó: “Quienes estudiamos la industria como motor del desarrollo económico de los países sabemos que en los tiempos actuales, modernizadas las industrias con los nuevos servicios derivados de las tecnologías de información y comunicación, generan una gran oportunidad. Esto no tiene un automatismo en la historia, requiere un tiempo de desarrollo y la promoción del Estado”.