De manera conjunta y mediante el voto mayoritario, las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda dictaminaron el establecimiento de tres casas de universidades nacionales: la universidad Madres de Plaza de Mayo en C.A.B.A, la universidad de Saladillo, y la universidad de la Cuenca del Salado, con sede en Cañuelas. Las mismas integran un paquete de ocho altas casas de estudio prontas a fundarse, dispuestas por dictamen para su tratamiento en la HCDN.

En el marco del plenario sostenido por la comisión de Educación, presidida por Blanca Osuna (FdT), junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller (FdT), obtuvo dictamen por mayoría la fundación de tres casas de altos estudios nacionales, de acceso público y gratuito en territorio bonaerense.

Se trata del potencial nacimiento de la universidad Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la universidad de Saladillo en la localidad homónima, y de la Cuenca del Salado, teniendo por sede central el distrito de Cañuelas.

Al respecto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) señaló que las tres entidades académicas integran un paquete de ocho futuras universidades, también con dictamen favorable: la universidad Juan Laurentino Ortiz de Paraná (Entre Ríos), de Río Tercero (Córdoba), y del Delta y del Pilar (PBA) “No se está creando universidades de la nada – recalcó Arroyo -: acá hay tradición, desarrollo académico, institutos terciarios, es decir, universidades provinciales que hoy pasarán a ser nacionales”. “La Argentina necesita más universidades”, ponderó el diputado del Frente de Todos, en tanto “universidad significa desarrollo, investigación, conocimiento y oportunidades para los jóvenes”.

En la suma de los beneficios socio-educativos, y de aquellos vinculados al conocimiento científico, Arroyo soslayó que “las universidades potencian el crecimiento económico del país, porque es evidente que va a haber más desarrollo tecnológico, más capacidad productiva y más cadenas de valor, en la medida que haya más universidades vinculadas con su medio”.

Por el contrario, la diputada Victoria Morales Gorleri (JxC) manifestó su rechazo al impulso de nuevas universidades nacionales, al considerar como “una farsa” el sostenimiento de las mismas mediante el presupuesto nacional, “en un momento de profunda crisis educativa, y donde los datos del sistema educativo son alarmantes y dolorosos”.

A modo ilustrativo, la diputada opositors citó el informe 2020-2021 presentado por el Ministerio de Educación de la Nación, donde observó que “más o menos 12 millones de alumnos componen el sistema de educación obligatorio, de los cuales 4 millones asisten al nivel medio, y sólo la mitad logran terminar la etapa escolar”. “Son 681.00 los alumnos inscriptos en la etapa universitaria, y sólo 137.500 logran terminar la universidad”, precisó Morales Gorleri en su diagnóstico. “En este momento de nuestro país, donde la educación se cae a pedazos, plantear la creación de 8 universidades nuevas, es una estafa”, sentenció la legisladora de Juntos por el Cambio.

Finalmente, la diputada del Frente de Izquierda, Romina del Plá, instó a mejorar el proyecto de ley partiendo de dos problemáticas ligadas al ámbito universitario. “El primero es que estas universidades se están creando sin establecer las condiciones de sus trabajadores y trabajadores, es decir, qué va a regir en cuanto al convenio colectivo de trabajo de docencia universitaria. Y el segundo aspecto – prosiguió del Plá -, es que estas universidades se crean bajo una Ley de Educación Superior, aprobada en el año 1995, y que ha dado lugar a los reclamos de organismos como el Banco Mundial o el FMI, que pretenden avanzar en mayores niveles de mercantilización de la educación universitaria”.

El gobernador dispondrá un fondo de $12 mil millones para que se garantice el pago del bono de 60 mil pesos en los municipios.

Este miércoles, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó que instrumentalizará un fondo especial para los municipios que, según afirmaron los intendentes opositores, tienen dificultades para pagar el bono de 60 mil que anunció el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Es que, los 59 intendentes bonaerenses de Juntos por el Cambio, aseguraron que “existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales para dar cumplimiento a una medida como la suma fija”, por lo que le solicitaron a Kicillof que implemente un fondo extraordinario para afrontar el pago del bono de 60 mil pesos.

“Solicitamos se disponga de un fondo extraordinario que permita implementar la medida en cada uno de nuestros territorios sin desfinanciar a los municipios”, anticiparon los intendentes de Juntos por el Cambio a la reunión que mantuvieron con Kicillof.

Vale mencionar que, el Gobierno bonaerense aún no publicó la resolución que reglamenta la medida del fondo, que tendrá a disposición $12.000 millones para que los municipios garanticen el pago del bono de 60 mil pesos anunciada por Massa a los trabajadores estatales.

Contrario a los dichos de los municipios opositores, el intendente de Ensenada, Mario Secco, se convirtió en el primer jefe comunal en sumarse al pago del bono de 60 mil pesos, al asegurar que la suma fija “se pagará en dos partes, con fondos propios, y significa un importante esfuerzo de la Gestión Municipal para acompañar el bolsillo de cada uno de sus trabajadores”.

Por su parte, el intendente interino oficialista de San Martín, Fernando Moreira, el martes aseguró que realizaría el pago del bono de 60 mil pesos, aunque advirtió que “si nos ayuda el gobernador vamos a estar más contentos”, en referencia al reclamo de los jefes comunales de la oposición.

Así, cabe recordar que, el Gobierno de la Provincia se encuentra a días de sentarse nuevamente con los gremios para iniciar una nueva negociación paritaria con el sector público para el resto del año, luego de que se abone el último aumento del 15%, en la que se discutirá una nueva suma fija.

En ese marco, unas doce provincias anticiparon que no pagarán ninguna de las dos cuotas del bono de 60 mil pesos que prometió el candidato presidencial, Sergio Massa, para todos los trabajadores del sector público y privado en relación de dependencia.

Durante la jornada declararon Marcelo D´Alessandro, exministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires y Gabriel Astarloa, procurador General de la Ciudad.

La Comisión de Juicio Político, que preside la diputada Carolina Gaillard (FdT), realizó una nueva audiencia testimonial, en el marco de la investigación del fallo Coparticipación-Ciudad de Buenos Aires por parte de la Corte Suprema de Justicia por las causales previstas en el artículo 53 de la Constitución Nacional.

El exministro de Justicia y Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro- quien fue citado por tercera vez bajo apercibimiento, brindó explicaciones sobre el traspaso de la policía federal: “Como ex Ministro de Justicia y Seguridad de CABA, nos hicimos cargo de la ejecución de una ley moderna donde se implementó el Plan Integral de Seguridad, en el cual la policía federal se unificaba con la metropolitana”.

Ante las consultas sobre chats filtrados del celular de D’Alessandro, en el que habría conversaciones con Silvio Robles-colaborador del presidente de la Corte, Horacio Rosatti- sobre el fallo de coparticipación y Consejo de la Magistratura, dijo: “La denuncia la hice cuando me robaron la línea. Quiero aclarar que hay causas abiertas y la justicia determinó, a través de dictámenes, que al tomar posesión del teléfono se podían crear, alterar y editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración sino una operación de inteligencia”.

Respecto a la pregunta sobre “sí conocía a Robles, si había estado en una fiesta” el testigo se amparó en el artículo 18. “No estoy omitiendo verdad ni mintiendo, simplemente estoy haciendo uso de mi derecho porque estas causas en particular tienen que ver con estos supuestos chats, que ya la justicia ha dictaminado que son un delito, pero también hay otras causas. De hecho, el Ministro de Seguridad de la Nación me ha denunciado con lo cual entiendo que hay situaciones que pueden vulnerar mi derecho de defensa”, aseveró.

En cuanto a las audiencias con la Corte para tratar la coparticipación, D’Alessandro dijo que “participó de las audiencias y no recuerdo si fueron cuatro o cinco. En las reuniones previas estaban los representantes de la Ciudad y del Gobierno Nacional y, en la audiencia final, lo mismo”. A su vez, contestó que Robles “en las audiencias previas no estuvo presente nunca y en las posteriores: no recuerdo”.

Asimismo, diputados del oficialismo le preguntaron por su renuncia al cargo y el testigo aclaró que renunció “por motivos personales”. “Yo no tengo que valerme de ningún cargo ni fuero para defenderme de acusaciones”, manifestó y respondió que “bajo ningún punto de vista” había recibido presiones para hacerlo.

Gabriel María Astarloa, procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, declaró que “representamos en juicio a la Ciudad de Buenos Aires, no solamente desde la Procuración General. Hemos sido responsables en el caso de coparticipación, no tan sólo de la acción declarativa de inconstitucionalidad que presentamos a finales de diciembre una vez sancionada la ley, sino también, de la acción de amparo que habíamos presentado en septiembre cuando se dictó el decreto”.

“Tanto el decreto como la ley después, violaron gravemente preceptos constitucionales y obviamente agravian a la Ciudad. Están violados el federalismo de concertación que está previsto en la Constitución nacional en todo el régimen de coparticipación”, agregó.

Astarloa puntualizó que quedó “gravemente herida la autonomía de la Ciudad por sus recursos intangibles y una competencia natural que es su competencia en seguridad. Pusieron gravemente en juego esa función, aseveró y testificó que presentaron una nulidad e inconstitucionalidad de estas normas y luego de las audiencias se notificó a la Corte que no hubo acuerdo de las partes.

En el comienzo de la reunión, la presidenta de la Comisión aclaró que Federico De Lorenzo, de la Secretaría de Jurisprudencia de la Corte Suprema (que estaba citado a la reunión), justificó su inasistencia.

Además, el bloque del Frente de Todos volvió a pedir información a la Corte Suprema sobre la existencia de causas judiciales en las cuales esté involucrado Robles por “ampararse en el artículo 18 de la Constitución Nacional constantemente en su declaración, y, en caso de ser así, si le han abierto sumario”.

En tanto, la Comisión requirió información a la justicia federal sobre causas judiciales que tenga abiertas D´ Alessandro, quien en ocasiones también se amparó en el mismo artículo

Ex Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires se amparó en el artículo 18 de la Constitución Nacional y se negó a responder preguntas.

Marcelo D’ Alessandro concurrió este martes a declarar ante la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados que estudia si corresponde acusar de “mal desempeño de sus funciones” a los cuatro miembros del alto tribunal por su actuación en las causas sobre coparticipación, el fallo del 2×1 que benefició a un represor, la derogación de la ley del Consejo de la Magistratura y las supuestas irregularidades en la obra social del Poder Judicial.

La presidenta de la comisión, Carolina Gaillard (FdT), informó que la próxima reunión será el 12 de septiembre, donde se hará el último encuentro sobre el fallo cautelar de la Corte que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) hasta elevarla el 2,95%, tras el reclamo del jefe de Gobierno local, Horacio Rodríguez Larreta.

El expresidente Mauricio Macri había elevado por decreto el coeficiente de fondos en favor de la ciudad de Buenos Aires del 1,5 al 3,5% y por la misma vía el actual jefe del Estado nacional la redujo al 2,3, lo que provocó el reclamo de la administración capitalina de Larreta.

En el primer tramo de la reunión, la Comisión analizó una nota enviada por la Corte en respuesta al pedido de que se analice tomar medidas disciplinarias por la reticencia de Robles de responder preguntas cuando declaró ante ese cuerpo y decidió hacer un nuevo requerimiento, al considerar el oficialismo que respondió algunas preguntas.

La Corte informó que “no corresponde al tribunal expedirse sobre cuestiones vinculadas al contenido de declaraciones testimoniales prestadas en el ámbito de juicio político seguido contra sus propios integrantes”.

El grupo parlamentario asesor citó al exministro porteño para que exponga sobre si había intercambiado chats con Robles, como se había filtrado hace meses, ya que para el oficialismo podría haber una supuesta connivencia relacionada con el fallo de la Corte sobre la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires.

Sobre este punto, el Ex Ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, dijo que “se determinó, a través de los dictámenes, que al tomar posesión del teléfono se podían crear, alterar y editar diferentes conversaciones. Lo que se vio no es una filtración sino una operación de inteligencia”.

Dijo que denunció la desaparición de su teléfono celular cuando se produjo el robo y se convirtió en “denunciante y querellante en esa causa”.

En ese sentido, D’Alessandro dijo que “hay causas que están abiertas, se están investigando, y ya hay detenidos y confesó que han hecho operaciones de inteligencia por objetivos que les encomendaron a cambios a cambio de dinero”.

A lo largo de la reunión fue consultado por los diputados Vanesa Siley y Leopoldo Moreau sobre si conocía a Robles o si había asistido junto al funcionario judicial a un cumpleaños, a lo que respondió que para no afectar “mi derecho a la defensa, en base a estas causas, me voy amparar en el artículo 18” de la Constitución Nacional.

Ese artículo dice que “ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso, ni juzgado por comisiones especiales, o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa” y que “nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo; ni arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente”.

En ese contexto, Gaillard le recordó al testigo que “el falso testimonio no es solo mentir, sino omitir decir la verdad”, lo que generó quejas de los diputados de Juntos por el Cambio Pablo Tonelli, y Karina Banfi, quienes dijeron que se estaba “presionando” al testigo.

En otro tramo de la reunión, Siley le preguntó a D’Alessandro los motivos de su renuncia, a lo cual el ex funcionario dijo que “no tengo que valerme de ningún fuero para defenderme de acusaciones. Mi función merecía no quitarle horas a los vecinos y dedicarme a la investigación”.

Gaillard también le mostró una foto ante el pedido formulado por el presidente del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez, para ver su podía identificar a la persona que aparecía en la imagen y ante la respuesta de D’Alessandro, quien dijo que “si, es Silvio Robles”, el diputado oficialista afirmó: “entonces lo conoce”.

Pero el exfuncionario reiteró que se amparaba en el artículo 18 de la Constitución Nacional y que no iba a opinar sobre esa afirmación.

D’ Alessandro no había asistido en las dos oportunidades anteriores en las que fue citado, con lo cual estaba expuesto a ser intimado a concurrir con intervención de un juez.

La presidenta de la comisión abrió a las 13.15 el encuentro y en primer término declaró el exministro porteño y luego Gabriel Astarloa, Procurador General de la Ciudad de Buenos Aires, ya que el secretario de Jurisprudencia de la Corte Suprema, Miguel Federico de Lorenzo, justificó que no podía concurrir.

Astarloa defendió el fallo de la Corte al afirmar que “el decreto primero como la ley -aprobada por el Congreso- violaron gravemente preceptos constitucionales que agraviaban a la CABA, como el federalismo de concertación, la autonomía y la competencia en materia de seguridad”.

Agregó que “ningún porcentaje o coeficiente de participación que le correspondía a cualquiera de las provincias fue alterado o menoscabado por este acuerdo. Los mismos fondos que la Nación gastaba en materia de seguridad fueron traspasados a la CABA”.

Tras concluir con la discusión del fallo de la coparticipación porteña, la comisión de Juicio Político comenzará a analizar el fallo de la Corte que declaró inconstitucional la ley del Consejo de la Magistratura y repuso una ley derogada en el 2006 cuando redujo de 20 a 13 miembros los integrantes del organismo, encargado de la selección y control de los jueces y de administrar los fondos del Poder Judicial.

En los últimos días del mes de agosto, los yacimientos neuquinos comenzaron a inyectar 100 millones de metros cúbicos de gas por día de la mano de la mayor capacidad de transporte.

Un informe del Ministerio de Energía y Recursos Naturales de Neuquén confirma que en los últimos días de agosto los yacimientos de la provincia ya están inyectando 100 millones de metros cúbicos por día (MMm3/d), lo que significa un récord histórico y el cumplimiento del objetivo que se tenía con la puesta en funcionamiento del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.

Estos datos adelantan el escenario que viene, dado que el último dato oficial corresponde al mes de julio, tal como informó Mejor Energía, y en los cuales se registran números positivos gracias al aporte de Vaca Muerta. La producción de gas en julio para Neuquén fue de 91,42 MMm3/d.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, destacó que gracias a la reciente puesta en funcionamiento del Gasoducto Néstor Kirchner “ya es una realidad la disminución en la compra de gas natural licuado, cuyo precio está muy por encima del gas que producimos aquí”.

Si bien la inauguración por la terminación de la obra del nuevo gasoducto troncal fue el 9 de julio, la empresa estatal a cargo de la administación del proyecto Energía Argentina (Enarsa) reportó que la puesta en operatividad a pleno empezó recién el 1 de agosto, incorporando una capacidad de transporte de 11 MMm3/d.

El aumento de la producción de gas respecto a junio, que fue de un 0,4% más, se explica principalmente por la performance de las áreas Aguada Pichana Oeste (Pan American Energy), Loma La Lata-Sierra Barrosa (YPF), Rincón del Mangrullo (YPF) y El Orejano (también de YPF).

En el mes de julio la producción de petróleo en la provincia alcanzó los 321.308 barriles por día, un crecimiento del 16,74% interanual. Según los datos de la cartera energética neuquina, el incremento en relación a junio se debe principalmente las áreas Mata Mora Norte (Phoenix), Cruz de Lorena (Shell) y Aguada Federal (Vista).

“Seguimos en este sendero ascendente de producción, lo que nos pone muy contentos porque no solo significa más trabajo y crecimiento para nuestra provincia, sino también mayor independencia económica para el país, que de esta manera reduce sus necesidades de importaciones de energía”, afirmó Gutiérrez.

Fuente: Mejor Energía.

El funcionario se refirió además a las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, afirmó hoy que con una economía dolarizada “un boleto de colectivo podría costar 6.000 pesos”, y un pasaje de tren alrededor de 400.

En declaraciones a la radio AM 910, el funcionario se refirió a las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, en los últimos días, y planteó que el Gobierno nacional busca “que no siga recayendo el ajuste sobre la gente”.

Asimismo, consideró que la batería de medidas no tienen que ver con el proceso electoral, sino que tienen “relación directa con el salto que nos hizo dar el haber tenido que devaluar por exigencias del Fondo Monetario Internacional”.

En ese marco, expuso que se intenta “que este golpe que ha tenido la gente no se siga profundizando con una tarifa superior en cuanto al transporte”, y remarcó que “en la zona del AMBA, el boleto sin subsidio tendría que estar encima de los 500 pesos”.

“Si querés tomar un colectivo en cualquier lugar de Estados Unidos, son 2,5 dólares; si lo querés hacer en Francia, para una distancia como Pilar-Buenos Aires, sale 3,25 euros”, graficó.

En ese sentido, el funcionario subrayó: “Hablan de dolarizar y de ser libres. Ser libres significa que el poderoso puede hacer lo que se le de la gana, con lo cual una economía dolarizada y con todo absolutamente descontrolado, un boleto de colectivo podría valer a lo que es hoy 5.000 o 6.000 pesos sin ningún problema”.

“Desmitifiquemos una cuestión: la provincia tiene la tarifa que tiene porque los bonaerenses la pagamos porque los subsidios los cubrimos 100% nosotros”, expuso el ministro provincial.

Sostuvo que “un tren valdría un poquito menos, cuatrocientos y pico”, pero resaltó que “si no tomás la variable, que hoy lo está absorbiendo 100% el Estado, de recaudar para renovar vías y material rodante, entrás en un sistema de deterioro del transporte”.

“Cuando hablamos de $ 500 y $ 600 un boleto tiene que ver con la renovación del parque automotor para que el sistema funcione. Cuando escuchamos al Sergio Massa candidato, vamos a estar hablando de una Argentina no de la emergencia y de los parches, sino de cómo salir adelante, y eso tiene que ver con cómo fabricar las unidades acá en la Argentina y no tener que importar, o cómo desarrollar vehículos eléctricos que es lo que vendrá en el futuro”, indicó D’Onofrio.

Posteriormente, remarcó que “en todas partes del mundo el transporte público de pasajeros es deficitario y lo subsidia el Estado” y graficó: “No vayamos a Estados Unidos o Europa: cruzamos la Cordillera y en Santiago de Chile el propietario de las unidades es el gobierno y lo que licita es la explotación”.

“Pero es una de las cuestiones que no van a dejar de consumirse sino que automáticamente, liberando el precio de las tarifas, va a impactar en las paritarias y en el costo laboral porque la gente tiene que llegar a los trabajos y eso va a repercutir en el salario y eso corre a precios también”, continuó, y señaló: “Por eso se necesita de la mano del Estado para regular estas cuestiones”.

Fuente: La Capital Mar del Plata

El titular de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses (FSMB), Rubén García, aseguró hoy que “algunos intendentes” de Juntos por el Cambio (JxC) “tienen millones de pesos en plazos fijos y no quieren pagar el bono” de 60.000 pesos a los trabajadores públicos dispuesto por el Gobierno nacional.

“El sueldo promedio del trabajador municipal está entre 50 y 70.000 pesos en muchos municipios. Vemos que el decreto del pago del bono se ajusta a una realidad económica, pero estamos acostumbrados a que los intendentes ‘amarillos’ digan que no tienen plata. Entonces les decimos, o son malos administradores o la usan para otra cosas. Sabemos muy bien que algunos de los que dicen eso tienen miles de millones de pesos en plazos fijos”, sostuvo García en declaraciones a Radio 10.

En este punto, el dirigente gremial indicó que municipios como los de “Lanús y Tres de Febrero que tienen millones” depositados en plazos fijos bancarios y es algo que “todos conocen”.

“No digo que esté mal cuidar el dinero público. No digo que es delito, pero hacer eso y pagar salarios de 60.000 pesos no es ético. Por lo tanto, si dicen que no pueden pagar ese bono de 60.000, en dos veces, que no es una millonada, que digan por qué no lo pueden hacer. Expliquen qué es lo que hacen con la plata”, remarcó García.

Los intendentes bonaerenses de JxC afirmaron hoy que no podrán afrontar el pago del bono de 60.000 pesos para trabajadores anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, sin recibir “un fondo extraordinario”.

“Existe una imposibilidad de la gran mayoría de los gobiernos locales de dar cumplimiento a una medida de este tipo, sin afectar seriamente sus finanzas, en muchos casos, o directamente por carecer de dichos fondos en otros”, advirtieron los jefes comunales del espacio opositor en un comunicado conjunto en el que manifestaron su “preocupación por la medida anunciada” el domingo por Massa para paliar los efectos de la devaluación registrada tras las PASO.

En tanto, el titular de la Federación añadió hoy que “la intención ideológica” de los mandatarios comunales de JxC es que “los empleados municipales seamos esclavos, ellos no quieren estabilidad no quieren paritarias, tienen trabajadores con 20 años de antigüedad y no los estabilizan”, argumentó.

García además deseó que haya “multas para los intendentes que no quieren pagar” y adelantó que “estaremos en la calle pidiendo explicaciones y mostrando lo que gastan para que justifiquen ante la sociedad por qué no nos pueden pagar”.

“Esto va a llevar a un enfrentamiento seguramente” afirmó el referente de la federación tras sostener que dentro del sector “somos los peores pagos del espectro laboral argentino”.

“Hoy una canasta básica estamos hablando más de 250.000 pesos y hay trabajadores municipales que ganamos entre 50 y 70.000 pesos, por eso nos hemos reunido en dos oportunidades con Massa”, dijo tras celebrar el decreto que “invita claramente a adherir a los gobernadores y municipios porque estamos en una situación de emergencia independientemente de que estamos discutiendo en paritarias”, finalizó.

Fuente: La Capital Mar del Plata

Durante el debate en comisiones en la cámara baja, que dictaminó a favor de crear tres nuevas universidades, una legisladora de JxC consideró “una farsa” crear más casas de estudios superiores.

La legisladora de Juntos por el Cambio, Victoria Morales Gorleri, consideró “una farsa” y “una estafa”, crear nuevas universidades nacionales. Lo manifestó ayer, durante el debate en el plenario de las Comisiones de Hacienda y de Educación, en la cámara baja, donde se dictaminó a favor de crear las universidades nacionales de Saladillo, de Cuenca del Salado y de Madres de Plaza de Mayo.

Para Morales Gorleri, quien manifestó su rechazo al impulso de nuevas universidades nacionales, es “una farsa” el sostenimiento de las mismas mediante el presupuesto nacional, “en un momento de profunda crisis educativa, y donde los datos del sistema educativo son alarmantes y dolorosos”.

“En este momento de nuestro país, donde la educación se cae a pedazos, plantear la creación de 8 universidades nuevas es una estafa”, sentenció la legisladora de Juntos por el Cambio.

Aprobación pese a JxC

En definitiva, en el marco del plenario sostenido por la comisión de Educación, presidida por Blanca Osuna (FdT), junto a la comisión de Presupuesto y Hacienda, que encabeza Carlos Heller (FdT), obtuvo dictamen por mayoría la fundación de tres universidades nacionales, de acceso público y gratuito en territorio bonaerense.

Se trata del potencial nacimiento de la universidad Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; de la universidad de Saladillo en la localidad homónima, y de la Cuenca del Salado, teniendo por sede central el distrito de Cañuelas.

Al respecto, el diputado Daniel Arroyo (FdT) señaló que las tres entidades académicas integran un paquete de ocho futuras universidades, también con dictamen favorable: la universidad Juan Laurentino Ortiz de Paraná (Entre Ríos), de Río Tercero (Córdoba), y del Delta y del Pilar (PBA) “No se está creando universidades de la nada – recalcó Arroyo -: acá hay tradición, desarrollo académico, institutos terciarios, es decir, universidades provinciales que hoy pasarán a ser nacionales”. “La Argentina necesita más universidades”, ponderó el diputado del Frente de Todos, en tanto “universidad significa desarrollo, investigación, conocimiento y oportunidades para los jóvenes”.

En la suma de los beneficios socio-educativos, y de aquellos vinculados al conocimiento científico, Arroyo soslayó que “las universidades potencian el crecimiento económico del país, porque es evidente que va a haber más desarrollo tecnológico, más capacidad productiva y más cadenas de valor, en la medida que haya más universidades vinculadas con su medio”.

Un blooper ocurrió durante un móvil en vivo en América. En la típica nota sobre inseguridad hablaron con un vecino, para que compartiera algún comentario “indignado”.

Sin embargo, algo salió mal. En vez, el vecino decidió agarrarse con el periodista de ultraderecha Esteban Trebucq, que es la estrella del canal, luego de un paso por Crónica. En sus programas suele destilar odio contra todo lo que sea peronista, kirchnerismo o progresismo. “Que el pelado ése se vaya a la put… que lo parió”, aseguró el hombre.

Según informó Tiempo Argentino, Esmeralda Mitre denunció penalmente al supuesto dueño de las acciones del Grupo La Nación que pertenecieron a su padre, Bartolomé Mitre, y que a su muerte aparecieron como vendidas a terceros sin una sola constancia documental que lo demostrara de manera fehaciente.

La denuncia tiene, además, un costado aristocrático: el denunciado, identificado en la presentación como Federico Spinola, “invoca que posee un título nobiliario –Marqués- y que vive en Mónaco”. Se sospecha que Spinola se dedica al lavado de dinero. La Nación offshore…

La heredera legal de los Mitre le imputó a Spinola el delito de “lavado de activos” y hace extensiva la acusación “a quienes resulten coautores, partícipes y/o encubridores del ilícito mencionado en los actos de apropiación ilegítima de acciones de la sociedad KMB S.A., titular del veintiuno por ciento –aproximadamente- del total accionario de S.A. LA NACIÓN”.

“Se proclama titular de KMB S.A. Detenta, sostiene, el veintiuno por ciento, aproximadamente, de la titularidad de S.A. LA NACIÓN, y percibió, en consecuencia, dividendos por esa condición, designando además directores y funcionarios que cobran remuneraciones y honorarios solventados por el mencionado Grupo. Sin embargo, jamás acreditó haber realizado pagos que justifiquen el carácter invocado. No existen constancias instrumentales de la existencia de la compra del paquete accionario, ni transferencias bancarias, ni tampoco se verifica mediante documentación alguna que los hermanos Mitre le hayan vendido siquiera una mínima cuota social”, se asegura en la denuncia.