Los criterios ideológicos de la canciller Mondino le cierran al país varias oportunidades en el ámbito internacional.

Por Joshua Lentulus Aivazian

Diana Mondino sostuvo en su visita en Japón, tras su gira por el sudoeste asiático, que el gobierno de Javier Milei reducirá su comercio con China en el aspecto de la compra de empresas privadas a empresas pertenecientes al gobierno chino, bajo el argumento de que “no podemos ganar mucho trabajando junto con algunos países que no son democracias liberales”. Ante estas declaraciones, China amenazó con cortar la compra de soja y carne y de exigir el pago inmediato del swap.

Los antiguos atenienses, cuando debatían en el ágora sobre los asuntos públicos, usaban un concepto, el idiom, para referirse al ámbito privado de cada uno, y diferenciarlo del de los asuntos públicos. Ello se extiende al ámbito de las relaciones internacionales al diferenciar en las expresiones públicas aquellos discursos pertenecientes al ámbito de la política local del ámbito internacional y los intereses que estos representan. China en su reacción ante las expresiones de Mondino es un buen ejemplo de ello, en lugar de tratarnos de un régimen demoliberal burgués o adoptar cualquier descripción peyorativa al que se refiere nuestra política local a la figura presidencial de Javier Milei, opta por demostrar su peso y autoridad como actor comercial en su relación con Argentina amenazando con cortar la compra de soja y carne.

Las diferencias que se puedan tener con China en lo político y económico forma parte de este “idiom” local en nuestro país, que nada afecta a la propia China en su expresión. Estos son debates y posiciones que se deben de evitar demostrar en el ámbito internacional, primero por una cuestión de respeto entre países soberanos y segundo, para salvaguardar ante todo el interés nacional antes que el personal ideológico. Claramente hay un interés, más allá del personal en exteriorizar las “diferencias” ideológicas con China, que es el alineamiento político con los Estados Unidos, pero dicho alineamiento puede realizarse sin necesidad de confirmarlo con las mismas declaraciones peyorativas que realizan sus referentes políticos, expresando falta de respeto e hipocresía. Ya que la propia ministra Mondino afirma, sin ningún conocimiento en comercio exterior, que “no puede ganarse mucho trabajando con países que no son democracias liberales”, esto luego de haber visitado los países de Malasia, una monarquía, y de Vietnam, un sistema de partido único comunista, además de que el criterio ideológico por sobre el beneficio económico nos cierra varias oportunidades en el ámbito internacional, donde  se debe evitar el idiom de la política local, y hacer valer el beneficio económico y comercial de nuestro país, sin dejar de lado nuestra soberanía.

Los datos se conocen en el marco de las cientos de suspensiones de Acindar y de una paritaria con la UOM que pasa su peor momento.

La producción siderúrgica profundizó su derrumbe en febrero, como consecuencia de la recesión económica: cayó 21%, según los datos de la Cámara del Acero. La caída de la producción de laminados fue mayor: 38,6% con respecto a enero y 45,5% interanual.

La caída de la producción industrial empieza a sentirse con fuerza. Es que los números macro confirman la realidad que se va plasmando en las plantas.

En ese marco de fuerte caída de la actividad, la cámara advirtió que «el plan de lucha de 6 días realizado por la UOM, que incluyó un paro de 72 horas esta semana, resulta inoportuno y desmedido, dado que no registra antecedentes en la industria y afecta a los trabajadores y a sus familias».

La interpretación de la UOM es bien distinta. Sostienen que con sueldos congelados a noviembre de 2023 no hay más margen para dilaciones.

Volviendo al informe, con 323.600 toneladas, la producción de acero crudo tuvo una caída del 20,6% en febrero con respecto al mes anterior y del 9,7% interanual.

«No se ven aún signos de recuperación de la demanda por parte de la cadena de valor del acero, con la excepción del sector energético que continúa traccionando», indicó la entidad.

Señaló que tanto construcción como línea blanca y envases mantienen la caída, mientras que el sector de maquinaria agrícola aún no repunta pese a las buenas perspectivas para la cosecha gruesa.

La cámara indicó que «la siderurgia, empresas, trabajadores y comunidades, debemos trabajar junto con la cadena de valor industrial con el objetivo de aumentar las exportaciones argentinas de alto valor agregado y poder mantener así el ritmo de trabajo».

Y reafirmó la voluntad de las empresas del sector para sentarse a una mesa de negociación y encontrar una solución para poner fin a este conflicto innecesario.

El sector automotor registró en febrero una baja del 19% con respecto al mismo mes del año anterior.

Comparando el bimestre del 2024 con respecto al 2023, se registró una caída del 18,2%.

En el mercado de consumo masivo, se mantiene la caída de los despachos a los fabricantes de electrodomésticos, mientras que el sector de envases mantiene el nivel de actividad de la mano de las ventas de aerosoles y alimentos.

Fuente: Infogremiales

Diez de doce represores fueron condenados a prisión perpetua, mientras que otro recibió prisión de 25 años y el defendido del ministro de Justicia nacional, fue absuelto.

Cuatro centros clandestinos de detención, 605 víctimas –entre los que se cuentan bebés nacidos en cautiverio–, doce imputados en el banquillo. Después de tres años y medio de debate y dos días después de que se cumplieran 48 años del golpe genocida, el Tribunal Oral Federal (TOF) 1 de La Plata dictó sentencia y condenó a prisión perpetua a diez represores por crímenes cometidos en los campos de concentración conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes, El Infierno de Avellaneda y la Brigada de San Justo. Hubo un imputado que recibió una pena de 25 años de prisión y otro que resultó absuelto.

El TOF empezó a escuchar las últimas palabras de los imputados a las ocho de la mañana. Al mediodía, la zona de los Tribunales platenses, ubicada en la intersección de 8 y 50, se empezó a poblar con familiares y militantes de derechos humanos que querían escuchar una sentencia muy esperada. Una bandera bordada con los nombres de los 390 desaparecidos de Quilmes llamaba la atención de quienes pasaban por el lugar.

El juicio comenzó en plena pandemia y se extendió durante casi cuatro años. Murieron imputados durante ese tiempo, quizá el más emblemático fue el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, director general de Investigaciones de la policía de la Provincia de Buenos Aires.

Durante el proceso, el TOF examinó las responsabilidades del Ejército –a través de la Brigada de Infantería Mecanizada 3 con asiento en La Tablada, que estaba a cargo del área 112 que abarcaba los partidos de Avellaneda, Lanús y Lomas de Zamora, entre otros– y del aparato de inteligencia a partir del rol que cumplió el Destacamento 101 de La Plata. También examinó el papel del gobierno dictatorial en la provincia y el accionar de la Bonaerense, entonces al mando de Ramón Camps –por lo que las dependencias policiales que funcionaron como campos de concentración se conocen como “Circuito Camps”.

Los condenados a prisión perpetua por los jueces Ricardo Basílico, Esteban Rodríguez Eggers y Walter Venditti fueron:

• Federico Antonio Minicucci, jefe del Regimiento de Infantería Mecanizada 3 de La Tablada.
• Guillermo Domínguez Matheu, jefe de Actividades Psicológicas del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
• Jorge Héctor Di Pasquale, jefe de la sección de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata.
• Carlos María Romero Pavón, jefe de Reunión Interior del Destacamento 101 de La Plata.
• Roberto Balmaceda, jefe de Contrainteligencia del Cuerpo de Actividades Especiales del Destacamento 101 de La Plata.
• Jaime Lamont Smart, el ministro de Gobierno de la provincia durante los primeros años de la dictadura.
• Juan Miguel Wolk, jefe de la División Delitos contra la Propiedad y de la División Delitos contra las Personas y de la dirección de investigaciones Zona Metropolitana.
• Jorge Antonio Bergés, médico de la policía bonaerense que actuó en los partos y en el robo de los bebés nacidos en cautiverio.
• Horacio Luis Castillo, el comisario que actuó en la Brigada de Investigaciones de Lanús –conocida como el Infierno de Avellaneda– y en el Pozo de Banfield.
• Carlos Gustavo Fontana, que fungió como enlace entre el Destacamento 101 y el Batallón de Inteligencia 601.

En tanto, el TOF 1 de La Plata condenó a 25 años de prisión a Alberto Julio Candioti, jefe de la sección Comando del Destacamento 101 de La Plata, y absolvió a Enrique Augusto Barre, segundo jefe de la División Delitos contra la Propiedad que funcionaba en el Pozo de Banfield. Hasta diciembre, Barre era defendido por Mariano Cúneo Libarona, el actual ministro de Justicia de la Nación.

Para los jueces, los hechos fueron catalogados como crímenes de lesa humanidad. En minoría, Basílico señaló que los delitos se cometieron en el marco del genocidio que tuvo lugar en la Argentina.

Los fundamentos se conocerán el 5 de julio próximo. La jornada de este martes, de todos modos, fue extensa porque Basílico, presidente del TOF y único juez presente en la sala, leyó el nombre de cada una de las víctimas por las que fueron condenados los genocidas.

Todos los imputados siguieron la lectura del veredicto desde sus casas, donde cumplen arresto domiciliario. El único que está en prisión es Di Pasquale, que a la mañana había dicho que lo que sucedió en la dictadura fue una “guerra”.

Petroquímica Río Tercero paralizará sus operaciones por la caída en las ventas producto del desplome del mercado interno.

Petroquímica Río Tercero informó que «pausará sus operaciones a partir de los primeros días de abril (y durante un mes aproximadamente)». La determinación la tomó «con el objetivo buscar la sostenibilidad del negocio en un contexto marcado por una gran caída en su actividad y el consumo en general». 

«La situación que afecta a todo el sector en materia de caída de ventas, sumado a que los costos de la cadena de valor han continuado incrementándose, hacen necesario reajustar su capacidad de producción conforme a los actuales niveles de actividad», explicó la firma al dar a conocer la situación. 

Según relató oficialmente, «La mayoría de los clientes de la empresa a quienes le proveen espuma de poliuretano se han visto afectados desde enero de este año con una importante caída de sus ventas».

Esta decisión será acompañada por un plan de contingencia y acción para asegurar la continuidad laboral de sus colaboradores, oportunamente informado a las autoridades sindicales y gubernamentales con quienes se mantiene un diálogo constante», añadió la firma.

Dejaron trascender que por el momento no se analiza la posibilidad de despidos, pero mientras se paraliza la actividad los trabajadores cobrarían el 75% de sus salarios normales.

Fuente: Infogremiales

Despues de semana santa el presidente viajará junto con su hermana, Karina Milei, el rabino Shimon Wahnish y el empresario Gerardo Werthein, a Miami

El presidente Javier Milei tiene previsto viajar a los Estados Unidos después de Semana Santa para recibir la distinción como “Embajador Internacional de la Luz” que le otorgó la comunidad judía ortodoxa Jabad Lubavitch. Así, el mandatario asistirá el 10 de abril al nuevo centro jabadista de Bal Harbour, en Miami.

Según adelantó Ámbito, el primer mandatario viajará junto con su hermana, Karina Milei, el rabino Shimon Wahnish y el empresario Gerardo Werthein, nominados para las embajadas de Israel y Estados Unidos respectivamente. La Secretaria General de Presidencia también recibirá la distinción dada al Presidente por la entidad que apoya al exmandatario Donald Trump.

La invitación al evento dice expresamente que se le otorga la distinción de Embajador Internacional de la Luz por “su inquebrantable dedicación a difundir la libertad, la esperanza y la positividad frente a la oscuridad. Sus incansables esfuerzos por Israel y la comunidad global”.

Aumentos y recesión.

A partir de los fuertes aumentos que sufrieron las tarifas de colectivos y la caída del poder adquisitivo que se profundizó en los últimos tres meses, los empresarios del transporte informaron que en el mes de marzo se registró una gran caída en la cantidad de pasajeros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que eligen este medio para moverse por las distintas ciudades.

De acuerdo a la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (AAETA), en los días hábiles de marzo, la baja en la cantidad de usuarios que utilizan los colectivos del AMBA llegó al 12,2% en comparación a marzo del 2023, lo que significa también una gran caída en los ingresos de las empresas de transporte que cuentan con líneas en el Gran Buenos Aires.

Según el monitoreo de la entidad que representa a más de una treintena de empresas de transporte terrestre de pasajeros, además de la caída del 12,2% en promedio en los días hábiles de marzo, la merma en el uso de colectivos en el AMBA llega al 4,9% si se mide en kilómetros recorridos, lo que se representa una cantidad más amplia de coches parados.

Sin embargo, la diferencia se reduce los fines de semanas, ya que la baja en los usuarios transportados es de 6,4% los sábados, y 2,6% los domingos, siempre en comparación con marzo del año pasado.

“El atraso en los pagos de subsidios, que representa el 70% de los ingresos de las empresas de transporte, y el no reconocimiento total de la inflación, generan el desfinanciamiento que explican este deterioro que afecta a los usuarios”, indicaron las autoridades de AAETA que ven con preocupación la baja del uso de colectivos.

Es preciso recordar que, el nuevo cuadro tarifario de abril coloca el boleto mínimo de colectivo de 0 a 3 km en $270 para las personas que tengan la SUBE nominalizada. Quienes no hayan realizado el registro pagarán $429.30 el colectivo a partir del próximo mes. En el trayecto de 3 a 6 km pasará a $300 con SUBE y $478 sin este beneficio.

De acuerdo a un reciente reporte elaborado por el Observatorio de Tarifas y Subsidios del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) a cargo de la Universidad de Buenos Aires (UBA-Conicet), las familias que habitan en el AMBA gastan, en promedio, $75.429 por mes en el consumo de energía eléctrica, gas natural, agua potable y transporte público.

Este número final, explican desde el Observatorio de Tarifas y Subsidios, representó un incremento del 156%, frente al dato de diciembre, que arrojaba que los gastos alcanzaban los $29.487. En tanto, si se toma la desagregación por servicio se observa que el incremento más importante fue para el transporte, con un aumento del 410% respecto a diciembre del año pasado.

La ministra de Defensa lo denunció por “Traición a la patria”, y el ex secretari de DDHH retrucó: “El Estado ocultó pruebas, sembró pistas falsas y no les permitió a los familiares el acceso a la información” por la desaparición del activista.

El ex secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla Corti afirmó que en la presentación que su administración formuló ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se admitió que “el Estado argentino actuó mal e incumplió protocolos” que estaba obligado a seguir ante la desaparición de Santiago Maldonado, y consideró que la denuncia por “traición a la patria” presentada en su contra por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, apunta a contrarrestar “la gran marcha” realizada el domingo en conmemoración por el Día de La Memoria, la Verdad y la Justicia. 

“Estamos muy tranquilos porque lo que hicimos es dar cuenta de todas las cosas que el Estado hizo todo mal en el caso de Santiago Maldonado. Ni siquiera nos metimos a opinar en el tema de la desaparición forzada. No se cumplieron los protocolos que debían seguirse y eso es lo que reconocimos”, señaló Pietragalla en declaraciones a Somos Télam, el sitio de los trabajadadores en lucha contra el intento del gobierno nacional de cerrar la agencia. 

Este lunes por la mañana, el Ministerio de Seguridad informó que se presentó una denuncia por “Traición a la Patria, Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos” contra Pietragalla Corti por la actuación que había tenido en el marco de la causa que la familia de Santiago Maldonado inició contra la Argentina ante la CIDH. 

“Pietragalla Corti afirma que, con la anuencia de la ministra Bullrich, el Estado ‘ocultó pruebas, sembró pistas falsas y no les permitió a los familiares el acceso a la información relevante sobre la búsqueda de Maldonado, ni se los dejó participar de las principales medidas de búsqueda. En la denuncia, la ministra afirma que todo esto es absolutamente falso”, según se indicó en un comunicado de la cartera de Seguridad.  

En ese sentido, se indicó desde el Ministerio que encabeza Bullrich que “la familia Maldonado tuvo una participación crucial en la búsqueda y en el posterior hallazgo del cuerpo del joven, ya que pudo intervenir directamente en el lugar de los hechos”.  

También se sostiene que inclusive “dirigieron el operativo de extracción del cuerpo del Río Esquel y acompañaron” el traslado del artesano a la morgue.  

Según la denuncia de Bullrich, “los familiares participaron en la autopsia junto con otras cincuenta y cuatro personas, en la cual dieron el visto bueno a las conclusiones de ahogamiento por inmersión sin la intervención de terceras personas”. 

Para Seguridad, Pietragalla Corti “no solo incurriría en una violación de sus deberes públicos, sino que efectuaría una traición a la patria, ya que compromete a la República Argentina” ante la CIDH, “la cual puede sancionar a nuestro país y obligar a indemnizar a los familiares”. 

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017 tras una represión de Gendarmería en el Pu Lof de Cushamen, en el noroeste de Chubut, en medio de un conflicto de tierras entre una comunidad mapuche y la empresa Benetton. 

El hecho se produjo durante la primera gestión de Bullrich como ministra de Seguridad, en la presidencia de Mauricio Macri.   

Luego de 78 días, el cuerpo del joven apareció sin vida en el Río Chubut, y desde el inicio del caso, la familia objetó el accionar de la Justicia y de las fuerzas de seguridad que investigaron su desaparición. 

La familia llevó el caso ante la CIDH, al considerar que el Estado argentino impedía “el acceso a la justicia”. 

“Ante esta presentación, lo que hicimos fue dar cuenta de los errores y malas actuaciones que tuvo el Estado argentino en el caso. Las fuerzas de seguridad (Gendarmería) reprimieron sin orden judicial, no se aplicaron protocolos que debían seguirse ante el caso de una desaparición y las autoridades no les dieron contención a los familiares”, observó Pietragalla Corti en declaraciones a Somos Télam. 

El ex funcionario recordó que, durante su gestión, se lograron “180 casos de soluciones amistosas ante reclamos planteados ante la CIDH, luego que el Estado reconociera que no había cumplido con sus obligaciones de garantizar el acceso a la justicia”. 

“En el caso de Santiago Maldonado no hubo una solución amistosa porque la familia continúa con el reclamo ante la Justicia. Estamos tranquilos porque actuamos bien”, subrayó el ex diputado nacional y nieto recuperado por el trabajo que realiza Abuelas de Plaza de Mayo. 

No obstante, Pietragalla Corti evaluó que la denuncia presentada por Bullrich es una forma de contrarrestar el impacto que tuvo en la opinión pública la marcha multitudinaria que se realizó ayer en Plaza de Mayo, con motivo de conmemorarse el 48º aniversario del último golpe de Estado que se perpetró en Argentina. 

En un mensaje publicado en las rede sociales, Pietragalla Corti afirmó que “la denuncia después de un 24 de marzo histórico es una clara necesidad” (de Bullrich) de mostrarse “parte fundamental de este escenario tan pero tan negacionista y de tratar de tapar el sol con las manos”. 

De esta forma, el ex funcionario se refirió a la postura que tuvo el Gobierno de Javier Milei ante la jornada del domingo, cuando volvió negar la cifra de 30 mil desaparecidos y difundió un video con un mensaje en el cual se reclamaba “memoria completa” ante los sucesos históricos de los años 70.      

“Nosotrxs estamos orgullosos y tranquilos de saber que la patria es el otro y que las víctimas tienen que ser siempre prioridad ante hechos de responsabilidad estatal como una represión ilegal. Te saludo en el marco del día de la memoria y espero que en tu intimidad hayas pensado en tantos compañerxs tuyos torturadxs, violadxs, asesinadxs y desaparecidxs”, puntualizó Pietragalla Corti en su cuenta de la red social X.

Esa central sindical se encuentra en estado de alerta y movilización.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realiza este martes una nueva jornada nacional de protesta, en rechazo a las decenas de miles de despidos que podrían ser notificados esta semana en el sector público y al 8 por ciento de aumento ofrecido en la paritaria del lunes para la Administración Pública Nacional.

Según informó ATE en un comunicado, el próximo domingo 31 de marzo vencen 70 mil vínculos laborales, de los cuales el Gobierno intenta desvincular al 30 por ciento

Este mediodía, el sindicato realizará una movilización al Instituto de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, ubicado en la avenida Paseo Colón 982. El cierre de ese organismo fue anunciado la semana pasada por el Gobierno.

Por otro lado, ATE rechazó durante la negociación paritaria que se desarrolló el último lunes el “magro ofrecimiento” del Gobierno del 8 por ciento, una “cifra muy por debajo de los últimos índices de inflación”, según indicó el gremio en el comunicado.

Durante este martes, en tanto, se realizarán distintos “ruidazos” en ministerios y organismos públicos, como así también asambleas, radios abiertas y cortes de rutas en todas las provincias y principales ciudades del país.

Los reclamos de ATE son: renovación automática de los 70 mil vínculos laborales que vencen el 31 de marzo, reincorporación de despedidos sin causa, aumento salarial por encima de la inflación y pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados.

Asimismo, rechazan el cierre de todos los organismos públicos y la privatización de empresas estatales; y expresan además su defensa al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), solicitan aumento de emergencia para jubilados y pensionados y rechazan cualquier intento de privatización.

Desde ATE Capital, en tanto, se informó que por la mañana se impidió a los trabajadores ingresar a sus puestos en la secretaria de Trabajo, por lo que se realizará una movilización esta tarde hacia el organismo.

“Después de 18 años de venir a trabajar 8 horas de lunes y viernes, hoy no pude poner mi huella ni ingresar a mi lugar de trabajo”, denunció una trabajadora desde la puerta del organismo, quien aclaró que no recibió ningún telegrama de despido.

Por otro lado, el paro de 48 horas en el Senasa –convocado también por ATE para este martes y miércoles- quedó temporalmente pospuesto hasta después de Semana Santa después de que durante el fin de semana último las autoridades del organismo se comprometieran a dar marcha atrás con los despidos masivos dentro del sector.

Otro sector en conflicto es el de la Administración de Parques Nacionales: las nuevas autoridades comunicaron en las últimas horas a los delegados de ATE que no renovarán contratos este año, por lo que se acordaron medidas de fuerza, mientras que muchos parques se encuentran bloqueados por sus trabajadores a días del fin de semana largo.

También, los trabajadores de la Biblioteca Nacional advirtieron sobre una ola de despidos y el congelamiento del presupuesto institucional, medidas que “ponen en riesgo el funcionamiento de la entidad y el mantenimiento de sus colecciones”, por lo que le piden a las autoridades nacionales “la urgente revisión de esta situación en favor de la identidad nacional y el bien social”.

Más cuestionamientos a la política económica impulsada por el Gobierno.

El presidente de Industriales Pymes Argentinos (IPA) Daniel Rosato, cuestionó al Gobierno por la “apertura indiscriminada”, por entender que esa decisión es “injusta y desleal” y provocará el cierre de “miles” de pequeñas y medianas empresas.

“Las medidas que lleva adelante el Gobierno plantean una competencia desleal para las pymes, son muy injustas. Tenemos hoy algunas empresas que trabajan al 25% de su capacidad instalada, por eso entendemos que tiene que haber una alternativa para darle más igualdad a la competitividad”, sostuvo el empresario. Rosato se expresó así al presentar un informe sobre “Las pymes industriales en los primeros 100 días de Milei”, a través del cual trazó un panorama del sector. Según el dirigente: “Argentina tiene que salir adelante con la producción y no con el fomento a las importaciones, porque el esfuerzo que pide el Gobierno está recayendo sobre las pymes y sobre los trabajadores. Y eso es lo que pedimos que se modifique”.

A su criterio, los trabajadores “no tienen recomposición salarial, el mercado interno se achica y las pymes y la industria comienzan a bajar los precios porque cae la demanda. Eso implica que se produce menos. Así, las empresas empiezan a ajustar por todos lados y dejan de lado las inversiones”. Rosato reclamó tanto al presidente Javier Milei como al ministro de Economía, Luis Caputo, que reciban a las pymes “así como recibieron la semana pasada a las grandes empresas del Grupo de los Seis”.

Por su parte, el economista Martín Kalos también advirtió por las “reglas de juego desiguales” para las pymes industriales argentinas, al tener que para competir con productos importados.

“Abren las importaciones a los productos terminados y no las abren para que las empresas locales compren insumos. Es decir, no dejan que las pymes argentinas produzcan para competir en el mercado local. Es que el Gobierno cambia las reglas de juego sin previo aviso y termina perjudicando a la producción nacional”, enfatizó.

Kalos comentó que en 2023 “había récord en la cantidad de pymes en el país, con buenos indicadores. Pero eso es lo que ahora está comenzando a deteriorarse y ya se está viendo en las vacaciones adelantadas, en recorte de horas extras, en suspensiones, entre otras decisiones empresarias”.

Lo anunció el vocero presidencial,quien no precisó cuál será nueva denominación. La directora de ese centro cultural se opone al cambio.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció este martes que Gobierno le cambiará el nombre al Centro Cultural Kirchner (CCK), que funciona en el ex-Palacio del Correo y Telecomunicaciones ubicado en el cruce de las avenidas Paseo Colón y Corrientes de la ciudad de Buenos Aires.

“Se ha decidido finalmente cambiar el nombre al Centro Cultural Néstor Kirchner, así que dejará de llamarse como tal y se le dará paso a un nuevo nombre”, señaló el portavoz.

La nueva denominación del espacio cultural aún no fue definida, aclararon fuentes de gobierno, y argumentaron que la decisión responde a que el nombre Néstor Kirchner está vinculado a la “corrupción”.

Al respecto, Adorni planteó que la nueva denominación no está definida, aunque aclaró que “ya hoy (es) exCCK”, y que “cuando lo definamos por supuesto que se los vamos a comunicar. Pero la decisión está tomada en virtud de que no exista más como tal”. Entre las posibilidades se bajaran personalidades “de la cultura”, e incluso resonó la posibilidad de nombrarlo Jorge Luis Borges.

Por la mañana, Valeria Ambrosio, la nueva directora del hasta hoy CCK, designada por el secretario de Cultura, Leonardo Cifelli, planteó que “cambiarle el nombre es ridículo” y aseguró que no había modificaciones.

“No es algo inteligente, no me parece que sea algo interesante ni inteligente. Un lugar que nación de una manera, tiene un hombre y una identidad que conservar”, afirmó Ambrosio.

Luego de que 2002 dejara de utilizarse como sede del Correo Central, el predio ex Palacio de Correos se convirtió -post convocatoria a la licitación- en un centro cultural que, en 2010, se denominó Centro Cultural del Bicentenario en , y para 2012 adoptó el nombre de Centro Cultural Néstor Kirchner.