Al igual que la semana pasada, Martín Menem volvió a suspender el encuentro que estaba agendado para este jueves. El motivo fue que internaron a la diputada Marcela Pagano.

La diputada de La Libertad Avanza, Marcela Pagano, fue internada de urgencia tras presentar un cuadro de deshidratación, por lo que la Cámara de Diputados suspendió este miércoles la reunión de la comisión de Juicio Político prevista para este jueves.

La reunión iba a llevarse a cabo a las 11. Sin embargo, fue suspendida nuevamente por orden de Martín Menem, como ocurrió la semana pasada en medio de un escándalo en el bloque oficialista.

En simultáneo a que se conocía la noticia, José Luis Espert convocó un encuentro a la misma hora y el mismo día para la Comisión de Presupuesto, con el objetivo de llevar a cabo el tratamiento del paquete fiscal que presentó el Gobierno nacional también en la tarde del miércoles.

Pagano había resistido su lugar como presidenta de la Comisión de Juicio Político, puesto en el que fue elegida luego de una disputa del pasado miércoles: minutos antes de la sesión que constituiría autoridades, el presidente de la Cámara de Diputados, el oficialista Martín Menem, envió un comunicado suspendiendo la reunión.

Este derivó en una fuerte interna en el bloque de LLA, que terminó con la salida del ahora exjefe de bancada, Oscar Zago.

El Subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación (SPU), Alejandro Álvarez, dijo que los cortes programados de electricidad son un acto de “terrorismo”.

Según el funcionario que Javier Milei eligió para gestionar el vínculo con las casas de estudio superiores (un constante usuario de redes sociales que, con un perfil similar al que el presidente tiene en twitter, aprovecha cualquier “meme”, información inchequeable o denuncia de estudiantes ofendidos con sus docentes, para atacar a las universidades públicas, los rectores y los profesores de las casas de estudios superiores) la UBA busca infundir temor para convocar a la marcha que ya se augura como masiva para el 23 de abril..

Si bien su función es la de gestionar recursos para las universidades, Álvarez no avanzó en esas gestiones y, de hecho, justifica la asfixia de fondos a la que el gobierno libertario está sometiendo a las universidades.

De hecho, las casas de estudios superiores están funcionando con los mismos fondos que recibieron en 2023, con una inflación proyectada para este año no menor al 200%.

Esto es el fondo de la cuestión de los anuncios que están haciendo los rectores de las universidades, muchas de las cuales comienzan a no poder pagar los servicios de luz, gas y agua. Es más, algunas anunciaron que no seguirán funcionando desde mitad de año en adelante, si no se revierte la calamitosa situación presupuestaria.

Horas antes de la marcha y el paro que las universidades nacionales realizaron en marzo, el gobierno, reconociendo la situación presupuestaria que en redes sociales Alvarez niega, otorgó un aumento del 70% a los gastos de funcionamiento de las universidades nacionales (los gastos de funcionamiento son el 10% del presupuesto total) para frenar la movilización.

¿Rectores corruptos?

Lo cierto es que, para funcionar, las universidades necesitan no menos de 300% de aumento para 2024. A contramano de ello Álvarez niega el presupuesto, confunde la autonomía con la autarquía, y sugiere, al compartir “memes” en redes sociales que los rectores incurren en actos de corrupción, según se puede chequear en su perfil.

Hoy el conflicto en las casas de estudios superiores crece, la sociedad apoya el reclamo, según lo pudo medir la consultora Zuban-Córdoba, la dirigencia política le pide al gobierno que abra el diálogo antes que escale socialmente el problema, pero el gobierno no oye.

El propio Miguel Ángel Pichetto, un potencial aliado libertario se lo advirtió ayer al gobierno, y los diputados buscan que el presupuesto educativo ingrese en el llamado “Pacto de Mayo”.

Mientras, el subsecretario de políticas universitarias sigue con su micro-militancia anti universidades en redes sociales.

Fuente: Periferia Ciencia

Miles de vecinos y trabajadores de las cooperativas de agua y de viviendas de la zona norte del Gran Buenos Aires marcharon hasta la puerta principal del country Newman, en Tigre, donde vive el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo.

En ese lugar, frente a un cordón policial, denunciaron la paralización de las obras para los barrios populares, reclamaron el pago de los salarios adeudados, así como la falta de entrega de alimentos a los comedores populares.

“¿Sabés quién es tu vecino?»

Ese fue el título de muchos de los carteles y volantes en la pacífica protesta.

“Mientras en la Argentina pasamos hambre, en gran medida por su decisión de dejar de enviar alimentos a los comedores, y mientras nuestros barrios ya no tienen obras porque decidió frenarlas, él vive en un barrio privado con todos los lujos. “Más casta no se consigue”, decía el texto.

Además, agregaba que Caputo “al asumir duplicó el precio del dólar haciendo que aumente la inflación”, así como “cortó la entrega de alimentos a los comedores comunitarios y frenó todas las obras de integración urbana, que llevaban agua, cloacas, electricidad y veredas a los barrios populares”.

También recordaron que “con Mauricio Macri había vuelto a traer al FMI a la Argentina, cuando tomó la mayor deuda de la historia”. Además, enfatizaron que “nos dejó sin trabajo y sin barrios dignos”.

También entre banderas y carteles se leían insultos y contundentes frases, como “Caputo hambreador y mercenario” y “Para la casta mansión, para los barrios, represión”.

Los manifestantes denunciaron la situación crítica que se vive en los barrios populares y el peligro que, frente a la llegada del invierno, implica la falta de acceso regular a servicios básicos como luz y agua potable.

Además, indicaron que las calles se vuelven intransitables y se dificulta poder ir a la escuela o resolver cualquier tipo de emergencia porque no ingresan ambulancias ni transporte público.

No vamos a pasar hambre en silencio»

“Acá hay gente que los votó, pero dijeron que no iban a gobernar para la casta y los ricos tienen cada vez más guita, mientras que los pobres no tenemos ni para llenar la olla, apenas podemos comer una vez al día. No vamos a pasar hambre en silencio”, dijo una mujer

«Es fácil para el ministro decidir sobre nuestro futuro desde la comodidad de su mansión, pero le pedimos que salga y dé respuestas».

«Nuestros hijos tienen que comer, nosotros queremos trabajar y vivir en una casa que no se llueva ni se prenda fuego», concluyó.

La gran columna desconcentró al grito de ¡La patria no se vende!, y ratificó la idea que crece en los movimientos sociales de enfrentar en la calle el brutal ajuste que lleva adelante el gobierno de Javier Milei.

Al operativo de la Policía Bonaerense se sumaron cuatro móviles de la Policía Federal Argentina. Fuentes de ambas fuerzas coincidieron en informar que la protesta fue pacífica y sin incidentes ni detenidos.

Fuente: infoydata

La ministra de seguridad había afirmado que en ambos países vecinos hay presencia de Hezbollah pero no presentó ni una sola evidencia.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, anunció que enviará una nota de protesta a Argentina en respuesta a las declaraciones de la ministra de Seguridad argentina, Patricia Bullrich, quien afirmó que el grupo terrorista Hezbollah ha tenido presencia en el norte de Chile, específicamente en Iquique.

En este sentido, fue durante una entrevista con el medio Todo Noticias (TN), que la ministra de Seguridad argentina declaró: “Argentina ha sufrido dos atentados y está en una zona donde hay una presencia activa de dos fuerzas que son aliadas a Irán, que son del Hezbollah que está en la triple frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. También se ha visto presencia en Iquique, en el norte de Chile, el año pasado en San Pablo, Brasil, y hace unas pocas semanas en Perú y el año pasado se detuvieron a dos personas de Hezbollah en San Pablo”.

Como respuesta, el jefe de Estado chileno adelantó que enviará una nota de protesta a través de la Cancillería chilena, encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, para abordar el asunto de manera diplomática. Además, exigió “respeto” para con Chile y responsabilidad a las autoridades a la hora de realizar declaraciones.

En diálogo con Radio María Reina de Calama, Boric afirmó: “La ministra de Seguridad del gobierno de Argentina, Patricia Bullrich, afirmó que un grupo terrorista llamado Hezbollah estaría con presencia en el norte de Chile y otros países de la región. Yo le exijo a la ministra de Seguridad de Argentina que si tiene antecedentes que los entregue y que colabore, pero que no haga antecedentes así al ‘tuntún’ y a la rápida sin probar absolutamente nada”.

Asimismo, planteó que si la funcionaria argentina “tiene antecedentes serios que los entregue en las instancias que corresponden en la justicia y que se comunique a través de Cancillería”.

Como parte de su alocución, también señaló que su Gobierno va “a defender la integridad de Chile y me parece que es tremendamente importante que las autoridades sean responsables en sus declaraciones y afirmaciones. Chile no ampara a ningún grupo terrorista, ni en su territorio ni fuera de él”.

Por su parte desde Bolivia salieron rápidamente a desmentir los dichos de la ministra: “Desmentimos y rechazamos enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el terror, la inseguridad y la zozobra. Estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno”.

“Las centenarias relaciones políticas con el hermano pueblo argentino son más fuertes y sólidas que las desafortunadas expresiones de funcionarios circunstanciales del gobierno argentino”, remarca. 

El texto apunta que “observamos con preocupación una campaña que busca generar confrontaciones entre estados, gobiernos y pueblos latinoamericanos, provocando innecesarias fricciones entre países hermanos, que el gobierno y el Estado Plurinacional de Bolivia condena, pues va en contrasentido de lo que nos hemos trazado en la CELAC de consolidar a América Latina y el Caribe como zona de paz”.

Ante este panorama, el gobierno boliviano anunció que “en las próximas horas, convocaremos a la representación diplomática de la República Argentina para que brinde explicaciones sobre las desafortunadas y equivocadas declaraciones de la ministra Bullrich”.

“Siguiendo los principios del derecho internacional y nuestra cultura de paz, optaremos por el diálogo para resolver este desagradable episodio”, finalizó. 

Fuente: Con información de escenario mundial y LPO

Cambio en el gobierno.

El gobierno nacional cambió todo lo que pensaba sobre el libre mercado y obligó a las prepagas a que modifiquen sus valores. Deberán retrotraer a diciembre las cuotas que ya pagaron sus usuarios. Para Javier Milei, la intervención tira por tierra buena parte de su fundamentación teórica en torno a un mercado que si se lo desregula puede funcionar perfectamente. Milei desreguló el sistema de las prepagas y luego se enojó por los efectos.

“Por disposición del Ministerio de Economía un grupo de empresas de medicina privada, que representa cerca del 75% de los afiliados, van a retrotraer el valor de sus cuotas a diciembre de 2023, ajustada por IPC a partir de allí”, anunció este miércoles el vocero presidencial Manuel Adorni.

La medida, en principio, alcanza a las empresas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE, de acuerdo a la resolución de la Secretaría de Industria y Comercio. La duda es qué sucede con el resto de las compañías, que aplicaron aumentos similares.

Asociaciones de familiares y pacientes presentaron un amparo para que el Ministerio de Capital Humano entregue los medicamentos oncológicos.

El Gobierno continúa sin destrabar el freno al envío de medicamentos oncológicos a pesar de que hay cientos de pacientes en riesgo y a pesar de que ya se han confirmado al menos cuatro muertes por la falta de acceso a las medicaciones. Pacientes y familiares han denunciado de forma pública en más de una ocasión sobre esta desesperante problemática. Ahora, fueron a la Justicia para que se resuelva la situación.

La Alianza Argentina de Pacientes Asociación Civil (ALAPA), la Asociación Mucopolisacaridosis Argentina (AMA), la Asociación Civil SOSTEN, la Fundación Entrelazando Esperanza, la Fundación Grupo Efecto Positivo y la Asociación Civil Geselina Llegaremos a Tiempo anunciaron que presentarán un recurso de amparo para resolver por la vía judicial lo que el Gobierno nacional se niega a resolver con la urgencia que requiere. 

Las organizaciones, además, tienen prevista una conferencia de prensa junto al bloque de diputados de Unión por la Patria este martes a las 16.

“Esto ya lo veníamos planeando hace un tiempo con distintas instituciones porque, obviamente, estamos todos preocupados con lo que está pasando y vemos que los pacientes no están teniendo respuestas. Es terrible”, indicó al sitio Política del Sur la titular de la Fundación Solidaridad Cáncer Argentina, Débora Bosco.

“Los llamados son todos los días, no solamente a mí, sino al resto de las organizaciones. Los pacientes están angustiados y llorando, por eso decidimos hacer esto”, advirtió.

En esa línea, destacó que a diferencia del Gobierno nacional, desde el Gobierno bonaerense continúa brindando asistencia a los pacientes. “Me saco el sombrero”, manifestó al respecto y contó que se comunicó el pasado miércoles con autoridades bonaerenses, a quienes describió como “muy humanos”, ya que destacó que “atienden a toda hora”. Indicó que hubo tres casos que “eran urgentes” y al día siguiente se contactaron con las familias para acercarles los medicamentos.

“Ahora hay otra familia que espera desde enero lo que es nivolumab, que sólo lo provee la Dadse, porque en Provincia está por fuera del vademécum, pero dada la situación y la urgencia, pude hablar con ellos, comentarles el caso y van a hacer una excepción y se van a hacer cargo. No les corresponde, pero tienen empatía”, resaltó.

Según Bosco, hasta el momento, tomaron conocimiento de un sólo caso de una paciente que obtuvo los medicamentos que debería brindar el Gobierno nacional, a la cual le fueron entregados recién el 12 de abril.

Por último, se refirió a la paciente fallecida María Teresa Troiano, cuyo marido, Eduardo Castaño, denunció la interrupción de su tratamiento desde diciembre del 2023. “Lo venía haciendo como corresponde, hasta que en diciembre, lamentablemente, con todo esto tuvo que cortar el tratamiento”, detalló Bosco.

“Ya fueron varias las personas que perdieron la batalla y no queremos que nadie más la pierda. Acá no hay nada político de por medio, porque esta enfermedad no tiene bandera política, solamente queremos los tratamientos”, concluyó.

El ajuste no es sustentable.

El gobierno de Javier Milei se ufana de su “exitoso” ajuste fiscal que habría ordenado las cuentas fiscales. Como se sabe, el costo social fue muy grande: una recesión económica que implica caídas históricas de ventas. Pero esa recesión tiene una contracara dura para los objetivos del gobierno: el déficit tampoco es sustentable.

Según información oficial, de la Oficina de Presupuesto del Congreso, en marzo el Estado nacional volvió a tener déficit fiscal, primario y financiero. El rojo fue de 60 mil millones en el sector primario y 355 mil millones en el financiero.

Pero el problema es más de fondo. Ocurre que el ministro Luis Caputo se jacta de haber tenido superávit en enero y febrero (en enero, vale recordar, casi siempre se tiene superávit) pero para eso toma en cuenta la caja, no el devengado. Esto es: no considera las deudas que se generaron en el mes y no se pagaron. Así cualquiera.

En el primer bimestre del año, el Estado nacional acumuló deudas por 1,6 billones de pesos. Si hubiera pagado todas sus deudas, no hubiera tenido superávit. Por eso, el gobierno no logra un acuerdo con el FMI, porque sabe que las cifras que comparte incluye “creatividad contable”.

El dato más preocupante, por último, es que la tendencia ya se modificó a pesar de los pagos postergados y cada mes la situación puede empeorar porque el ajuste golpea fuerte sobre la recaudación, que cayó notablemente. En ese contexto, ¿el gobierno tiene margen para profundizar el ajuste para compensar la caída de la recaudación? El modelo de Milei se choca con la realidad.

Esta tarde se reunirán las dos CTA y ATE para definir los detalles de la próxima jornada nacional de lucha de los estatales.

A dos semanas de los despidos masivos en el estado, el Frente de Gremios Estatales convocó a un plenario con motivos de organizar una jornada de lucha nacional para el 30 de abril, previo a la movilización convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT), del 1° de mayo.

“No estamos frente a un ajuste más, no estamos frente a cualquier Gobierno, estamos frente a un programa para colonizar la Argentina y (el presidente) Javier Milei es el encargado de ejecutarlo, tenemos que confrontarlo”, apuntó el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, que encabezará el plenario de estatales.

En el contexto de las auditorías encabezadas por el Ministerio de Capital Humano, que dirige Sandra Pettovello, a principios de abril, los estatales sufrieron más de 15.000 despidos como consecuencia de la negativa del Gobierno a renovar los contratos, así como también vieron el cierre de una serie de organismos e institutos nacionales.

“Se despiden 15.000 trabajadores en el Estado, se intenta desmantelar el Instituto Nacional Contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Télam, ahora la Biblioteca Nacional y se desfinancian el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y las universidades públicas”, agregó Aguiar.

Cabe recordar que, la jornada nacional de lucha del Frente de Gremios Estatales, que está conformado por la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, así como también la CTA de los Trabajadores y ATE, llegará antes del paro general convocado por la CGT del 9 de mayo.

En ese marco, el secretario general de la CTA de los Trabajadores, Hugo Yasky, anunció que el gremio se plegará a la convocatoria al decir que “el país será testigo de un paro histórico donde toda la clase trabajadora estará unida para ponerle un freno al gobierno que busca hambrear al pueblo”.

Por su parte, el dirigente de la CTA Autónoma, Hugo “Cachorro” Godoy, encabezó un encuentro gremial el martes por la tarde, en el que resolvieron su participación en la “gran marcha nacional universitaria que se realizará el 23 de abril en las principales ciudades del país en defensa de la universidad pública y del salario de los trabajadores”.

Es preciso mencionar que, en la previa a la marcha federal universitaria, el gremio de estatales, ATE, anunció que realizará un bloqueo en las rutas de Río Negro para este viernes, con el objetivo de impedir la llegada del presidente de la Nación, Javier Milei, al hotel Llao Llao, que viajará para hacer una presentación en el Foro de Convergencia Empresarial.

Los sindicatos docentes mostraron una recepción favorable hacia la propuesta, llevándola al debate con sus bases.

Cumpliendo con lo acordado, la Provincia de Buenos Aires retomó este miércoles las negociaciones paritarias y acordó con las autoridades de los gremios que representan a los trabajadores de la ley 10430 y de los regímenes especiales un nuevo tramo de aumento salarial en abril de 9,5 puntos porcentuales. El acuerdo incluye el compromiso de reapertura de las negociaciones en mayo.

El ministro de Economía bonaerense, Pablo López, afirmó: “Estamos en un contexto en el que la situación económica se ha ido deteriorando notoriamente producto de las políticas del Gobierno Nacional. Cada nuevo indicador confirma una recesión profunda, que avanza con una rapidez pocas veces vista, y eso afecta los recursos tributarios provinciales; lo que se agrava ante la no transferencia de recursos obligatorios no automáticos por parte de Nación”. Y agregó: “Esta oferta implica un enorme esfuerzo desde el Estado Provincial, pero se corresponde con nuestro compromiso con el poder adquisitivo del salario de las y los trabajadores provinciales”.

Por su parte, la Jefa de Gabinete del Ministerio de Trabajo, Cecilia Cecchini, puso en valor el encuentro paritario como espacio de acuerdos entre “este Estado provincial, que tiene la voluntad política, y los gremios, que entienden y valoran el esfuerzo que hace la Provincia” y agregó que: “En el caso de los docentes, valoramos también la homologación de dos acuerdos vinculados a la estabilidad de docentes”.

El acuerdo contempla también un incremento en los tramos de Ingreso Familiar que dan derecho a la percepción de asignaciones familiares, de acuerdo con este nuevo aumento porcentual. El mismo incremento se aplicará al tope de ingresos que excluye del cobro de asignaciones al grupo familiar, quedando determinado en $1.766.240.

Además del Ministro López, estuvieron presentes, por el Ministerio de Economía, el subsecretario de Coordinación Económica y Estadística, Nicolás Todesca, y la Directora Provincial de Economía Laboral del Sector Público, Gisela Swaels; por el Ministerio de Trabajo, la jefa de Gabinete, Cecilia Cecchini; y Director Provincial de la Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo; por la Secretaría General, la subsecretaria de Gestión y Empleo Público, Verónica Ferraris; y por el IPS, la directora General de Administración, Carmen Sarra.

Desde el 15 de abril se implementa la reducción del uso de ascensores, aires acondicionados e iluminación eléctrica en las aulas debido a restricciones presupuestarias en esa casa de altos estudios.

El rectorado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) informó que a partir de esta semana la casa de estudios funcionará con restricciones en el uso de la luz, el gas y los ascensores debido al recorte de $7.000.000 en los fondos que son aportados por el Gobierno de Javier Milei.

Según informó el Consejo Superior de la UBA en su resolución 322/2024, que fue publicada en los sitios de cada Facultad, desde el 15 de abril comenzó la reducción del uso de ascensores, aires acondicionados y hasta de la iluminación eléctrica en el caso de las aulas que funcionan durante el turno mañana.

La Resolución N° 322/2024 ejecutada el 10 de abril, se originó luego de una reducción del 26% en términos nominales y del 80% en términos reales del presupuesto asignado para la Universidad en este 2024.

Debido a esta situación, se decidió que tampoco habrá nuevas becas y ni actividades de extensión y se convocó a una marcha que se realizará en la Plaza de Mayo, el próximo martes 23 de abril, en contra del ajuste y de los recortes que permanentemente surgen por parte del gobierno nacional.