Como parte del desmantelamiento de las empresas del estado, el gobierno despidió a trabajadores de Intercargo y puso a policías a ejecutar tareas para las que no están capacitados.

La reciente política del gobierno de reemplazar a trabajadores aeroportuarios especializados con efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) está generando serias preocupaciones por los riesgos que esta decisión representa para la seguridad de los pasajeros y las instalaciones. En un incidente reciente, agentes de la PSA, asignados a tareas propias del personal de la empresa Intercargo sin contar con la capacitación adecuada, chocaron un micro contra un grupo electrógeno y otro vehículo especializado, conocido como “papamóvil”, en el Aeroparque de Buenos Aires.

Micro de intercargo manejado por PSA choca Hobart AR en AEP, quien se hace cargo de esto @PatoBullrich el personal de PSA, tienen el curso habilitante bajo ANAC para conducir en plataforma los micros que llevan pasajeros? Ponen en riesgo la seguridad operacional. No lo ven ??? pic.twitter.com/oRKjGurGuq

— ealogaston (@gaston_ealo) November 9, 2024

Este cambio de personal ocurrió tras el despido de 15 trabajadores de Intercargo y en medio de un conflicto gremial en el sector. Según el personal del aeropuerto, el choque, provocado por un agente de PSA al mando de un micro con pasajeros a bordo, pudo haber sido mucho peor y pone de manifiesto la falta de experiencia de los agentes en la operación de estos vehículos específicos de pista, que requieren licencias especiales y una amplia formación.

Trabajadores del sector expresaron su alarma, señalando que las tareas en la pista aérea son extremadamente delicadas. “Podría haber sido un ala de avión, una escalera, o un tanque de combustible”, advirtió un experimentado trabajador de pista, subrayando que la capacitación para conducir estos vehículos en la zona de plataformas es rigurosa y no comparable con la experiencia de conducir vehículos policiales convencionales.

Además de la infraestructura dañada, la improvisación en esta sustitución eleva el riesgo de incidentes mayores que comprometan vidas. Un antecedente similar ocurrió en la provincia de Buenos Aires, cuando, durante un conflicto con docentes, se intentó reemplazarlos por padres, lo que fue ampliamente criticado. Aquí, la situación es aún más grave, pues implica riesgos para la seguridad aérea.

El técnico aeronáutico Gastón Ealo cuestionó públicamente si la PSA cuenta con las certificaciones y el entrenamiento adecuado para estas tareas. “¿Quién se hace cargo de esto? El personal de PSA ¿tiene el curso habilitante bajo ANAC para conducir en plataforma los micros que llevan pasajeros? Ponen en riesgo la seguridad operacional”, escribió en redes.

Las críticas continúan, con personal y expertos en seguridad aérea advirtiendo que la seguridad en el aeropuerto y la de sus usuarios está en juego si esta política de sustitución de trabajadores capacitados persiste sin las habilitaciones y formación necesarias.

A la recesión económica y a la política anti industrial, se le suma la apertura de importaciones. En los últimos días ya ha aparecido alambre chino a un precio más bajo.

La apertura de importaciones impulsada por el gobierno ha comenzado a generar un fuerte impacto en la industria siderúrgica argentina, con consecuencias directas en el empleo y el equilibrio de costos. Empresas y representantes sindicales, como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ya han detectado un aumento en la entrada de productos importados, especialmente desde China y Brasil, lo que ha encendido las alarmas en un sector que emplea a más de 100 mil personas en el país.

La Cámara del Acero reporta que esta competencia con productos extranjeros, especialmente el acero chino subsidiado, está desestabilizando a la industria local, que ya arrastra problemas por la recesión económica y la presión de una política considerada anti-industrial por muchos empresarios. Paolo Rocca, representante destacado del sector y líder del Grupo Techint, advirtió al gobierno que, sin medidas de protección, la crisis en la siderurgia nacional podría intensificarse. “Nuestra industria no logra competir con China. La defensa contra la competencia desleal es esencial”, afirmó Rocca, reclamando estabilidad en las reglas de juego, una reducción de la carga impositiva y un tipo de cambio que favorezca la productividad local.

El Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, respondió al reclamo enfatizando que la política de apertura es una “bandera de libertad” y que Argentina no retornará a políticas proteccionistas, apostando en cambio por inversiones y generación de empleo.

Sin embargo, los efectos ya se sienten. Ternium, empresa del Grupo Techint, notificó a la UOM de San Nicolás sobre la necesidad de recortar sus costos un 15%, lo que podría derivar en despidos masivos en su planta General Savio. En paralelo, Acindar enfrenta una caída sostenida en las ventas y ha suspendido su producción y personal, mientras Tenaris enfrenta una situación de incertidumbre. Según Edgardo Holstein, secretario adjunto de la UOM San Nicolás, el conflicto se agrava por la presencia de acero brasileño, que, tras la reciente devaluación y el aumento de costos internos, resulta un 20% más barato que el nacional.

La aparición de productos importados, como alambres de acero chinos a precios considerablemente más bajos, preocupa profundamente a la industria. Las empresas y sindicatos evalúan visibilizar el problema y exigir restricciones a estos productos subsidiados, mientras miles de puestos de trabajo directos e indirectos, que suman alrededor de 109 mil en el sector, permanecen en riesgo.

Además, la ex presidenta afirmó que este tipo de procesos son comunes en los momentos en los que las élites políticas y económicas sienten que su poder está en peligro.

En un extenso comunicado publicado en sus redes sociales, Cristina Kirchner denunció la persecución judicial que enfrenta, justo antes de que la Cámara de Casación Penal emita su fallo sobre la causa Vialidad. Este miércoles 13 de noviembre, el tribunal decidirá si confirma o revoca la sentencia que la condenó a seis años de prisión por administración fraudulenta, un proceso que la ex presidenta considera parte de una maniobra política en su contra.

La ex mandataria compartió el mensaje bajo el título “Los Copitos de Comodoro Py”, haciendo referencia irónica a los operadores judiciales que, según ella, se alinean con los intereses del Grupo Clarín y otros actores del poder económico y político. En su escrito, Cristina recordó un título del diario Clarín que, tras el intento de magnicidio que sufrió en septiembre de 2022, sentenció: “La bala que no salió y el fallo que sí saldrá”. En sus palabras, esta frase reflejaba la realidad de la persecución judicial: “Si no me mataron, entonces debo ser condenada”, expresó.

Una condena injustificada

Cristina Kirchner sostuvo que la causa que la involucra por administración fraudulenta en obras viales carece de fundamento. Según la ex presidenta, las obras en cuestión fueron aprobadas por el Congreso de la Nación a través de los presupuestos nacionales, licitadas y ejecutadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz, con los pagos correspondientes y la rendición de cuentas aprobada por la Auditoría General de la Nación y el propio Congreso de la Nación durante los 12 años en que ejerció la presidencia.

En su defensa, citó al Dr. Rodolfo Barra, Procurador del Tesoro de la Nación y miembro de la Comisión Redactora de la Reforma Constitucional de 1994, quien explicó que, según la Constitución, el Presidente de la Nación no tiene responsabilidad administrativa en la ejecución de los presupuestos, una tarea que corresponde al Jefe de Gabinete y a los ministros. “La responsabilidad política recae sobre el Presidente, pero la administrativa, civil y penal, corresponde a los ministros”, afirmó Barra.

La doble vara del Poder Judicial

La ex vicepresidenta también destacó las contradicciones y desigualdades que, a su juicio, existen en el sistema judicial argentino. Recordó que los responsables de la represión en la masacre de Plaza de Mayo durante las protestas del 19 y 20 de diciembre de 2001, en las que murieron 31 personas, recibieron penas mucho más leves que las impuestas a ella. Enrique Mathov, ex secretario de Seguridad de Fernando de la Rúa, y Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal, fueron condenados a penas de inhabilitación que no superaron los 10 años, mientras que Cristina se enfrenta a una condena mucho más grave a pesar de no haber cometido el delito del que se la acusa.

La ex presidenta comparó estas dos situaciones y concluyó que el Poder Judicial, “con los copitos de Comodoro Py”, busca inhabilitarla de por vida y evitar que pueda postularse nuevamente a un cargo público. “El verdadero objetivo es que no pueda ser candidata, que no pueda ejercer mis derechos políticos. Es un proceso que busca la proscripción”, afirmó.

El contexto del fallo que se espera

El fallo de la Cámara de Casación, que se dará a conocer mañana, es clave para el futuro judicial y político de Cristina Kirchner. Si se confirma la condena, se ratificaría la pena de seis años de prisión por administración fraudulenta y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que podría bloquear su participación en futuras elecciones. Sin embargo, desde el kirchnerismo sostienen que este es un intento más de proscribirla, acusando a la Justicia de ser parte de un entramado político en su contra.

La causa Vialidad, que comenzó con un juicio mediático y se extendió durante más de cuatro años, es vista por la ex presidenta como una operación judicial para frenar su liderazgo. En su comunicado, Cristina se mostró tajante al afirmar que la Justicia no puede probar nada en su contra: “Durante estos años desfilaron testigos y peritos, pero no hay una sola prueba que me incrimine”, dijo.

Mañana, la decisión judicial

Mañana, la Cámara de Casación Penal decidirá si ratifica la condena o la revoca. Según adelantó La Nación, todo parece indicar que la sentencia será confirmada, lo que abriría un nuevo capítulo en la larga saga judicial que enfrenta la ex mandataria. Este fallo podría marcar un hito en su carrera política, no solo porque sería un golpe judicial más, sino porque también fortalecería la narrativa del kirchnerismo sobre la proscripción y persecución de Cristina Kirchner.

A pesar de la situación judicial, la ex presidenta mantiene su postura y sigue denunciando lo que considera un ataque a su figura y su legado político. En su comunicado, también rescató la importancia de la memoria histórica, al señalar que este tipo de procesos son comunes en los momentos en los que las élites políticas y económicas sienten que su poder está en peligro.

Axel Kicillof recibió a cuarenta y dos intendentes, con los que analizó el desdoblar las elecciones del próximo año, el tema de la Boleta Única de Papel y la posibilidad de habilitar la reelección indefinida de los alcaldes.

En vísperas de un nuevo año electoral y urgido luego de que el Congreso de la Nación votara el sistema de Boleta Única de Papel (BUP) que se aplicará a nivel nacional a partir de las próximas elecciones, el Gobernador bonaerense, Axel Kicillof, se reunió este martes a puertas cerradas con intendentes cercanos a su administración con los que analizó las alternativas que baraja en la materia.

En el encuentro que se extendió por espacio de dos horas, Kicillof -quien no fijó posición sobre los temas tratados con los jefes comunales aliados-, se analizó el desdoblamiento de los comicios, la implementación o no de la Boleta Única y la posibilidad de volver a reformar la ley para habilitar la reelección indefinida de los intendentes, entre otros ítems.

Al cónclave, asistieron cuarenta y dos intendentes, entre ellos Julio Alak (La Plata), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Gustavo Barrera (Villa Gesell), Alfredo Fisher (Laprida), Mario Secco (Ensenada), Fernando Espinoza (La Matanza),  Fabian Cagliardi (Berisso), Juan José Mussi (Berazategui), Francisco Echarren (Castelli), Gastón Granados (Ezeiza), Lucas Ghi (Morón), Andrés Watson (Florecnio Varela) y Federico Achaval (Pilar).

En tanto que el Gobernador estuvo acompañado por la vicegobernadora y titular del Senado provincial, Verónica Magario, los ministros Carlos Bianco (Gobierno), Pablo López (Economía), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Walter Correa (Trabajo) y Gabriel Katopodis (Infraestructura), así como la secretaria general de Gobernación, Agustina Vila y la jefa de asesores del gobernador, Cristina Álvarez Rodríguez.

Kicillof dijo que con la aprobación de la Boleta Única Milei los metió “en un quilombo”

Vale recordar que en la conferencia de prensa que encabezó ayer lunes, Kicillof evidenció su malestar en relación al BUP, al sostener que el nuevo mecanismo a la hora de la votación fue “un cambio intempestivo”, que les dejó “un desastre” sin consultarlos y en una decisión del Gobierno nacional a la que calificó de “unilateral”.

El nuevo mecanismo electoral aprobado en el Parlamento establece entre otras cuestiones que se haga en “urnas separadas” y prohíbe a las provincias “anexarse” en caso de querer implementar el mismo sistema. “Es un desdoblamiento de facto”, advirtió Kicillof.

“Nos armaron un verdadero desastre, nos metieron en un quilombo”, sentenció el Gobernador con evidente fastidio, al tiempo que indicó que las elecciones con el actual mecanismo que tiene la provincia, “se vienen haciendo bien, nunca hubo ningún problema” y “nunca nadie denunció un fraude”, ni se tuvo “que echar atrás una elección”.

“Transparencia ya tenemos, así que hay un motivo oculto, oscuro, inconfesable atrás de este cambio”, agregó Kicillof, cuya administración, y pese a la resistencia que les genera el cambio de mecanismo, mantuvo reuniones en las semanas previas con el titular del Juzgado Federal Electoral N°1, Alejo Ramos Padilla, y con funcionarios de la Dirección Nacional Electoral (DINE); la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y la Cámara Nacional Electoral.

El mandatario bonaerense también se reunió con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y con parte de la cúpula de ese espacio, en donde repasaron las distintas alternativas. El ex candidato presidencial de Unión por la Patria se inclinó por el desdoblamiento.

Alternativas que baraja Provincia para las elecciones del año próximo

Entre las alternativas al sistema electoral que baraja el Gobierno provincial para el año próximo, emerge la de realizar elecciones simultáneas, es decir, que los comicios nacionales y provinciales se lleven a cabo el mismo día, pero se vote en dos urnas diferenciadas y con el mismo sistema de boleta.

Otra opción radica en que se puedan celebrar elecciones concurrentes con las nacionales (que renuevan diputados nacionales), en las mismas fechas que las PASO y que las generales, utilizando dos instrumentos de sufragio distintos y dos urnas diferenciados para cada votación.

Una alternativa es desdoblar los comicios, estableciendo fechas para las elecciones provinciales diferenciadas de las nacionales.

Una salida intermedia sería un desdoblamiento parcial, haciendo coincidir la fecha de las PASO pero no la fecha de las generales. O al revés: distinta fecha para las PASO e idéntica fecha para las generales.

Las elecciones concurrentes supondrían un menor gasto de recursos económicos, pero podría generar importantes demoras tanto en las mesas de votación (obligando a extender el horario permitido más allá de las 6 de la tarde) como en el posterior recuento (ya que habría que contabilizar dos resultados distintos).

Las elecciones desdobladas, que obligarían al elector a acudir cuatro veces a las urnas, llevarían a un mayor costo fiscal, pero evitaría las complicaciones derivadas de la superposición de sistemas electorales.

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC reveló una desaceleración en el alza de precios.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) presentó este martes el último informe del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que mostró una inflación mensual del 2,7%, con una inflación interanual que alcanzó el 193%.

A modo de comparación, en septiembre la inflación había sido del 3,5%, acumulando un 101,6% en el año y alcanzando un 209% en términos interanuales. Con los datos de octubre, se observa una desaceleración, y el alza total de precios en los primeros diez meses del año quedó en el 107%.

Inflación en la Ciudad de Buenos Aires

En tanto, el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires (IDECBA) informó que la inflación en la capital fue del 3,2% en octubre, un descenso respecto al 4% registrado en septiembre. El acumulado de la inflación porteña en los primeros diez meses del año alcanzó el 122,1%.

En comparación interanual, los precios de octubre de 2024 subieron un 200,9% respecto a octubre de 2023, es decir, 17,9 puntos porcentuales menos. Los sectores con mayores aumentos fueron seguros y servicios financieros (7%), seguido de prendas de vestir y calzado (5%), restaurantes y hoteles (4,7%), salud (4,5%), vivienda y servicios básicos (4,3%), recreación, cultura y educación (4,2%), y bebidas alcohólicas y tabaco (4%).

La expresidenta participó de una reunión en la sede del gremio de mecánicos y reafirmó su liderazgo en el principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei.

A solo un día de que la Cámara de Casación Penal se pronuncie sobre su sentencia de seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad, Cristina Kirchner da los primeros pasos hacia su asunción como presidenta del Partido Justicialista (PJ), prevista para el próximo 17 de noviembre.

Este martes 12 de noviembre, al mediodía, la expresidenta se reunió en la sede de SMATA, el gremio de mecánicos, para reafirmar su liderazgo en el peronismo, principal partido de oposición al gobierno de Javier Milei. En un encuentro reservado con sindicalistas y figuras políticas del peronismo, Kirchner denunció un nuevo intento del macrismo de proscripción en su contra, y se mostró como la figura clave para la unidad del espacio.

En redes sociales, la exmandataria compartió detalles del encuentro: “Hoy en la sede de SMATA realizamos la primera reunión de trabajo con los compañeros y las compañeras de la lista Primero la Patria y la Junta Electoral del Partido Justicialista hizo entrega de los diplomas a todos los integrantes del Consejo del Partido. Muchas gracias a todos y todas”, expresó en agradecimiento.

La reunión, organizada por Ricardo Pignanelli, secretario general de SMATA y miembro de la lista de Cristina para la conducción del PJ, contó con la presencia de importantes referentes, como José Mayans, Lucía Corpacci, Juan Manzur, Sergio Uñac y Wado de Pedro.

También asistieron diputados, como Germán Martínez y Vanesa Siley; sindicalistas, como Víctor Santamaría (SUTERH) y Abel Furlán (UOM); y dirigentes, entre ellos Mayra Mendoza y Agustín Rossi.

Definiciones de la estrategia y mensaje de apoyo ante el fallo judicial

En la reunión, se discutió la estrategia de la nueva conducción del PJ y la postura frente a la inminente decisión de Casación. José Mayans, senador y próximo vicepresidente del PJ, describió el encuentro como “una reunión de trabajo” en la que Cristina instó a “organizar el partido y convocar a otras fuerzas políticas”. Al respecto, Mayans subrayó: “La persiguen porque podría ganar las elecciones del próximo año”.

Por su parte, el senador Wado de Pedro declaró antes de ingresar al encuentro que existe “una intención de proscribir a Cristina” y acusó al oficialismo de usar al Poder Judicial como herramienta política: “Como no pueden gobernar mejor que ella, recurren a la Justicia”.

La reunión también incluyó la planificación de la asunción de Cristina el 17 de noviembre, Día de la Militancia, con un acto simbólico en Santiago del Estero, donde la expresidenta pronunciará su primer discurso como titular del PJ nacional en la Asociación Atlética Quimsa.

Movilización en apoyo a Cristina y respuesta política de Kicillof

Fuentes cercanas anticiparon que este miércoles Cristina encabezará un encuentro con legisladores de Unión por la Patria en el Instituto Patria. En simultáneo, sus seguidores organizan una movilización al Instituto como muestra de respaldo ante la sentencia que se espera sea desfavorable. Desde el kirchnerismo, la lectura del proceso judicial apunta a que forma parte de un intento de proscripción política.

A esta postura se sumó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien este lunes defendió a Cristina al calificar la causa Vialidad como un caso de “persecución político-judicial”. El gobernador afirmó que, de consumarse una sentencia adversa, se trataría de “un escándalo jurídico con una gravedad institucional inmensa, basado en un derecho ficción sin pruebas reales”.

Con este respaldo, Kicillof alineó su posición con la de otros líderes del kirchnerismo, argumentando que el fallo contra la expresidenta se inscribe en una histórica serie de proscripciones contra figuras populares del peronismo y del campo nacional.

Juan Carlos de Pablo, uno de los economistas más cercanos al presidente Javier Milei, advirtió enfáticamente sobre la importancia de no ceder en la política de equilibrio fiscal. “Si afloja, volamos todos por el aire”, lanzó.

Según De Pablo, no fue el ministro de Economía, Luis Caputo, quien impulsó esta política, sino el propio Milei, quien lleva “en la sangre” la necesidad de mantener las cuentas públicas en orden. El economista subrayó que aflojar la disciplina fiscal en pos de recaudar más dinero para las elecciones sería “una barbaridad” que pondría en riesgo el esfuerzo de la población, al que considera fundamental preservar.

El gobierno de Milei mantiene el superávit fiscal pero lo hace gracias a un endeudamiento feroz que ya lleva un incremento de 100 mil millones de dólares en 9 meses. Esa deuda le permite mantener un superavit ficticio que se logra porque los bonos no se pagan mes a mes. Una bomba que tarde o temprano, explotará.

El economista Carlos Melconian analizó la actualidad financiera argentina y aseguró que “sacando al timbero puro y a la gran plata, el resto tiene poco margen con el ‘carry trade’ que se puede hacer hoy”.

Luego, comparó con el gobierno de Mauricio Macri cuando dijo que “el ‘carry’ era estrafalario porque los fondos de inversión de extranjero llegaban y ponían plata”. El gobierno de Macri terminó con una crisis económica brutal que casi lo obliga a entregar antes su mandato presidencial. ¿La misma historia?

Así, señaló que, hoy, no se ve una fuerte llegada de fondos extranjeros y enfatizó que eso hace que, hoy, “para ganar, tenés que poner un capital fuerte”. “Es una timba muy finita, muy riesgosa”, enfatizó. Y dijo que, su queja es que “no hay un buen incentivo al tenedor de pesos”.

Así lo denunciaron Metrodelegados del subte que aseguraron que el sarna “ya afectó a varios trabajadores y acecha a los usuarios”.

Los trabajadores del Subte volvieron a manifestar su descontento, denunciando nuevamente la falta de mantenimiento e inversión, las tarifas excesivas y la persistente contaminación con asbesto cancerígeno. Ahora, a esta serie de problemas se suma la presencia de plagas, que empeora aún más las condiciones del servicio.

“En la Línea B, debido a la falta de limpieza y fumigación en los trenes y espacios públicos, ha comenzado a proliferar una infestación de sarna (escabiosis) en las últimas semanas, que ya afectó a varios trabajadores y amenaza a los usuarios”, señalaron en un comunicado difundido este martes. “Hace años que venimos denunciando la presencia de roedores, alacranes, cucarachas y otros vectores de transmisión de diversas enfermedades, sin obtener respuesta alguna de la concesionaria Emova”, añadieron.

El escrito también describe la situación general del servicio como un “estado de abandono”, con “una flota obsoleta al borde del colapso y la catástrofe, contaminada por asbesto, que sigue enfermando a trabajadores”.

En su denuncia, los metrodelegados señalaron la “desidia absoluta” del Gobierno de la Ciudad y la empresa concesionaria Emova ante estos problemas de salud pública. Por ello, exigen una solución inmediata para erradicar la infestación de sarna en la Línea B y combatir las demás plagas, que representan un riesgo constante para usuarios y empleados del Subte. Además, solicitaron que se reponga el personal de limpieza faltante, se realicen las tareas de aseo profundo necesarias y se fumiguen los vagones, cabinas y espacios comunes.

“No descartamos llevar adelante medidas de fuerza para obtener respuestas a estos reclamos. Insistimos en la necesidad de declarar la emergencia en la línea hasta que se reemplace la flota obsoleta y contaminada por trenes nuevos, libres de asbesto”, concluyó la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte.

Mientras el Gobierno sostiene que la recesión se terminó, la economía aún no repunta y en el camino ya cerraron 16.500 pymes en lo que va del año.

Mientras el gobierno sostiene que la recesión ha llegado a su fin y promete un repunte económico, la realidad parece contar una historia muy diferente, especialmente para las pequeñas y medianas empresas (pymes). En lo que va del año, cerca de 16.500 pymes han cerrado sus puertas, de acuerdo con el Frente Productivo Nacional. A esta cifra alarmante se suman 10.000 kioscos y almacenes que también dejaron de operar y unos 160.000 empleados despedidos, según distintas entidades del sector.

La combinación de una fuerte caída del mercado interno, aumento de impuestos y costos de servicios, junto con la pérdida de competitividad en dólares, ha sido fatal para miles de estas empresas. La Asociación de Empresarios Nacionales (ENAC) informó que, entre julio y octubre, otras 6.500 pymes tuvieron que bajar la persiana, sumándose a las 10.000 que cerraron en el primer semestre de 2024. En este contexto, el consumo se ha desplomado. Las ventas minoristas, de acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), acumulan una caída del 13,2% en lo que va del año, y el consumo de carne vacuna registra su nivel más bajo en 26 años.

La situación es tan grave que el sector pyme ha demandado una “Ley pyme” que les brinde respaldo para enfrentar esta crisis. Sin embargo, los avances legislativos han sido escasos, y aunque el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, mencionó un programa de “RIGI” (Régimen de Incentivo Generalizado para la Industria), la expectativa de los empresarios es baja respecto a su concreción en el corto plazo.

Contradictoriamente, el presidente Javier Milei insiste en que “la recesión ha terminado y el país ha comenzado a crecer”, subrayando que los indicadores económicos muestran una mejora respecto a diciembre de 2023. Sin embargo, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) muestra una realidad diferente: una caída interanual del 3,8% en agosto y un retroceso acumulado del 3,1% en lo que va de 2024, aunque con un pequeño avance de 0,2% respecto de julio. A pesar de esta mínima mejora, los datos siguen reflejando una economía en declive, especialmente para el sector pyme, que enfrenta una demanda interna debilitada y costos crecientes.

Aunque las ventas minoristas pymes crecieron un 2,9% interanual en octubre y un 7,4% respecto al mes anterior, el 51% de los empresarios aún reporta que la falta de ventas es su principal obstáculo. De hecho, el 38% de las empresas declaró caídas en sus ventas en el tercer trimestre de 2024, y aunque la situación parece haberse estabilizado respecto al primer semestre, está lejos de ser una recuperación sólida. Apenas un 40,3% de las pymes reportó tener rentabilidad positiva, lo que representa una leve mejora del 6% respecto al trimestre anterior, aunque insuficiente para enfrentar la crisis estructural.

Así, mientras el gobierno mantiene un discurso de optimismo y asegura que la economía está “subiendo como pedo de buzo”, la realidad de miles de pymes en el país es muy distinta. Sin políticas efectivas que atiendan sus necesidades, el sector pyme sigue siendo el más golpeado en esta crisis, poniendo en evidencia la desconexión entre el relato oficial y la realidad que enfrentan los empresarios y trabajadores argentinos cada día.