Las palabras del vocero presidencial confirman el rumbo del modelo económico que el gobierno libertario busca instalar, basado en la precarización laboral y salarios indignos que rozan la servidumbre.

En una polémica declaración que encendió el debate, el vocero presidencial Manuel Adorni quien no supo explicar su fenomenal aumento patrimonial, sostuvo que “conceptualmente, el salario mínimo es un error porque hay personas dispuestas a trabajar por menos”. Estas palabras no solo desatan el repudio generalizado, sino que también confirman el rumbo del modelo económico que el gobierno libertario busca instalar: uno que tolera y fomenta la precarización laboral, perpetuando salarios indignos que rozan la servidumbre, mientras un puñado de sectores económicos concentra riquezas desmesuradas.

El salario más bajo en dos décadas

El gobierno decretó un incremento del 9,3% para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) desde noviembre hasta marzo de 2025, alcanzando un monto de $296.832. Este valor representa apenas el 60,9% de la Canasta Básica Alimentaria, condenando a miles de trabajadores y trabajadoras a la indigencia. En términos reales, el SMVM sufrió una caída del 17,8% respecto a diciembre de 2023 y un 39% en comparación con 2019, marcando un piso histórico en poder adquisitivo.

Según un informe del Instituto de Estudios y Formación de la CTA Autónoma, el salario mínimo ha perdido un 58% de su capacidad para cubrir alimentos básicos en menos de una década. Mientras que en 2017 un salario mínimo alcanzaba para 411 litros de leche, hoy apenas cubre 190.

La servidumbre disfrazada de “razonabilidad”

A pesar de estos números alarmantes, Adorni insistió en que el salario mínimo actual es “razonable” y que su mejora en términos de dólares valida las decisiones del gobierno. Sin embargo, al ignorar comparativas de poder adquisitivo y la realidad de los costos básicos, el discurso oficial se aleja cada vez más de las necesidades reales de la población.

Repercusiones sindicales y denuncias de complicidad

La CGT y las dos CTA criticaron duramente la resolución oficial, calificándola como un acto de complicidad con los empresarios para derrumbar los salarios. “El gobierno nacional lauda siempre a favor de intereses empresariales y en contra de las y los trabajadores”, señaló la CGT en un comunicado, mientras que las CTA acusaron al ejecutivo de utilizar al Consejo del Salario como una herramienta para legitimar políticas regresivas.

Un modelo que favorece la concentración de la riqueza

El deterioro del salario mínimo es solo una pieza más en el esquema del gobierno libertario, que se traduce en una transferencia de recursos desde la base de la pirámide hacia los sectores más concentrados. Este modelo económico, en palabras de Luis Campos, de la CTA Autónoma, “destruye el piso salarial de los trabajadores de menores ingresos” y perpetúa un sistema en el que unos pocos acumulan a costa del empobrecimiento generalizado.

El vocero presidencial explicó de qué manera interpreta el poder adquisitivo de la gente contra los números reales de la economía.

El portavoz del Gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, realizó la última conferencia de prensa del año en la Casa Rosada para actualizar sobre los temas de agenda de la administración libertaria y, entre otras cuestiones, habló sobre el monto fijado para el Salario Mínimo Vital y Móvil hasta marzo de 2025.

Consultado sobre la decisión del Gobierno de fijar la cifra en $279.718, tras el fracaso de la reunión del Consejo del Salario, el vocero sostuvo que es el “Salario Mínimo que (el Gobierno) cree acorde” y calificó como “razonable” al número fijado para diciembre con incrementos mensuales escalonados hasta marzo de 2025.

Adorni señaló que “en 2019 el salario mínimo era de 16.875 pesos, 210 dólares; en el 2020 de 125 dólares; en el 2021 de 157 dólares; 2022 de 179 dólares; 2023 de 156 dólares y 2024 de 231 dólares” y agregó: “No traje la comparativa de poder adquisitivo, pero lo que quiero referir es que somos razonables cuando no se ponen de acuerdo y nos toca laudar y que esto mejora en dólares el Salario Mínimo, Vital y Móvil de un trabajador”.

“Con respecto al salario mínimo, cuando laudamos es porque consideramos que entre las posturas que hay, entre empresarios y sindicatos, es un número razonable, ni más ni menos que eso”, manifestó.

El portavoz también destacó: “El salario real promedio de la economía hoy está en los 1100 dólares y no en los 300 que nos habían dejado en diciembre de 2023″.

Es válido mencionar que la decisión del Gobierno se fijó en un monto similar al propuesto oportunamente por la Unión Industrial Argentina (UIA) en la fallida reunión del Consejo del Salario, que había solicitado un incremento escalonado de un salario mínimo de $278.000 para diciembre, $284.000 en enero, $290.000 en febrero, y un adicional de $5.000 en marzo.

Mientras que las centrales obreras pretendían recuperar el terreno perdido durante todo el 2024. La idea de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA) era que el salario mínimo vital y móvil llegara a los 572 mil peos desde diciembre.

“El radicalismo fue el partido que más ayudó a Milei y lo vamos a seguir haciendo en 2025”, aseguró el líder del bloque, Rodrigo de Loredo.

En un gesto más que obsecuente del partido centenario que evidencia la creciente cooperación con el presidente Javier Milei, este jueves una decena de diputados de la UCR se reunió con el mandatario para asegurarle su total apoyo el próximo año. “El radicalismo fue el partido que más ayudó a Milei y lo vamos a seguir haciendo en 2025”, aseguró el líder del bloque, Rodrigo de Loredo.

El encuentro en Casa Rosada comenzó al mediodía, contó con la presencia de Martín Menem, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y Karina Milei. En un clima marcado por la especulación política de cara a los próximos comicios, los legisladores radicales expresaron su compromiso con el Gobierno y señalaron su intención de consolidar el apoyo para 2025.

Tras el encuentro, De Loredo destacó el rol del radicalismo en la aprobación de iniciativas clave para la gestión actual, como la reforma laboral y la esencialidad educativa, y aseguró: “El radicalismo fue el partido que más ayudó a Milei y lo vamos a seguir haciendo en 2025”.

Además, celebró que el Gobierno haya adoptado propuestas similares a las de su bloque, lo que refuerza la sintonía entre ambas fuerzas.

Entre los presentes, figuraron los diputados Luis Picat, Mariano Campero y Martín Arjol, quienes fueron expulsados de la UCR por su acercamiento al oficialismo. También participaron Francisco Monti, Federico Tournier, Soledad Carrizo, Pamela Verasay, Atilio Benedetti, Roxana Reyes y Pablo Cervi.

El diputado Mariano Campero valoró el encuentro y agradeció al presidente por recibirlos: “Ponemos en valor la generosidad de Milei para con nosotros. Bancamos al Gobierno y el resultado es que le está yendo muy bien. Estamos convencidos de que este es el rumbo que necesita la Argentina”.

Campero también destacó que la reunión abordó temas clave, como la eliminación de las PASO, la implementación de la ley Ficha Limpia y la reducción de retenciones, señalando que estos puntos serán prioritarios en la agenda legislativa conjunta.

El encuentro no solo reafirmó el respaldo de los legisladores radicales a las políticas del Gobierno, sino que también planteó la posibilidad de una alianza estratégica de cara a las elecciones de 2025. Tanto el oficialismo como los diputados presentes destacaron la importancia de continuar con la “transformación profunda” que consideran esencial para el futuro del país.

Las centrales sindicales exigen la aprobación del presupuesto bonaerense 2025 para proteger a la provincia de la asfixia económica impulsada por el gobierno libertario.

En un gesto de respaldo contundente, la CGT, la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma manifestaron su apoyo al gobernador bonaerense Axel Kicillof, destacando la urgencia de aprobar el Presupuesto 2025 como una herramienta fundamental para enfrentar la crisis económica y social generada por las políticas nacionales del gobierno de Javier Milei.

Representantes de las principales centrales sindicales se reunieron en las últimas horas para remarcar la necesidad de dotar al gobierno provincial de los recursos necesarios para mitigar los efectos del ajuste libertario y garantizar políticas públicas que beneficien a los trabajadores y al pueblo de la provincia de Buenos Aires.

Hoy más que nunca son necesarios los presupuestos locales para la economía de las provincias. Comparto el comunicado de la @cgtoficialok pic.twitter.com/y2bcVA11e0

— Héctor Daer (@hectordaer) December 23, 2024

El desafío de la unidad sindical frente al ajuste

Durante un encuentro de los Consejos Ejecutivos de la CTA de los Trabajadores y la CTA Autónoma, los dirigentes sindicales Roberto Baradel y Oscar de Isasi subrayaron la importancia de construir una agenda programática común para contrarrestar las medidas de ajuste y desindustrialización. Ambos destacaron el rol de los plenarios multisectoriales organizados en toda la provincia, calificándolos como “una respuesta necesaria frente al plan de hambre que impulsa el gobierno nacional”.

“La aprobación del Presupuesto 2025 es clave para que la provincia pueda enfrentar las restricciones financieras y continuar con políticas públicas que defiendan los derechos laborales y sociales”, enfatizó De Isasi, mientras que Baradel destacó “el compromiso del movimiento sindical bonaerense para respaldar al gobierno provincial en este momento crítico”.

El apoyo de la CGT: una visión federal del presupuesto

Por su parte, el Consejo Directivo nacional de la CGT emitió un comunicado titulado “Presupuesto PBA: las provincias necesitan la aprobación de la Ley de Leyes”, en el que respaldaron abiertamente el proyecto de Kicillof.

En el texto, firmado por los líderes Carlos Acuña y Héctor Daer, se enfatiza que “en un país federal, las provincias necesitan de su presupuesto para suplir las falencias de un Estado Nacional que se aleja de sus responsabilidades”. Además, destacaron que el presupuesto enviado a la Legislatura bonaerense no incrementa la carga tributaria en términos reales, lo que lo convierte en una herramienta esencial para garantizar salarios, obras de infraestructura, seguridad y puestos de trabajo.

Un llamado a la Legislatura

El comunicado sindical también puso de relieve la necesidad de aprobar de manera simultánea el paquete de leyes que incluye el Presupuesto 2025, la Ley Impositiva y la autorización de endeudamiento. “Estas herramientas son indispensables para que la gestión del compañero gobernador Axel Kicillof continúe promoviendo el desarrollo social y económico a nivel provincial y municipal”, afirmaron los dirigentes de la CGT.

Un mensaje de unidad y acción

El apoyo sindical llega en un contexto marcado por el ajuste nacional y la implementación de políticas que, según los gremios, buscan desindustrializar el país. Frente a este panorama, las centrales sindicales reafirmaron su compromiso de trabajar en unidad para proteger los derechos de los trabajadores y garantizar un modelo de gestión que priorice la producción, el empleo y la justicia social en la provincia de Buenos Aires.

La sentencia salió a favor del Centro de Capitanes de Ultramar, que señaló que el decreto anunciado en diciembre por Javier Milei vulnera artículos fundamentales de la Constitución y la división de poderes republicana.

La Justicia volvió a pronunciarse en contra del capítulo laboral del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, firmado por el presidente Javier Milei. En esta ocasión, el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 70, a cargo de la jueza Andrea Fabiana Centonze, declaró inconstitucional las disposiciones laborales contenidas en el decreto, argumentando que violan principios fundamentales de la Constitución Nacional, como los artículos 14, 14 bis y el principio de división de poderes.

La sentencia, emitida en favor del Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, señaló que no existían razones de necesidad y urgencia para dictar el decreto, ya que el Congreso estaba plenamente operativo, invalidando así el uso de esta herramienta excepcional. El fallo destaca que el Poder Ejecutivo no puede arrogarse facultades legislativas ni eludir el control judicial.

El tribunal también cuestionó disposiciones clave del decreto, como la derogación de la Ley 25.323 sobre indemnizaciones laborales, la reducción de indemnizaciones por antigüedad, restricciones al derecho de huelga, la creación de figuras de “ilícitos sindicales” y la eliminación de sanciones por empleo no registrado. Según el fallo, estas medidas constituyen una reforma estructural que excede las competencias del Ejecutivo y no responden a una emergencia real que justifique su implementación.

Además, la jueza Centonze subrayó que “las consideraciones genéricas expuestas en los considerandos del decreto no son idóneas para justificar una situación de excepción”, reafirmando la importancia de la deliberación legislativa en un sistema republicano.

Este fallo se suma a otros pronunciamientos similares en el fuero laboral que también han declarado inconstitucionales las disposiciones del DNU 70/2023, incluyendo los presentados por la CGT, la CTERA y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA).

Por su parte, el Estado Nacional defendió la validez del decreto argumentando que respondía a una “severa crisis económica”. Sin embargo, el fallo dejó claro que las modificaciones introducidas no son temporales ni proporcionales a una emergencia, sino reformas permanentes que afectan derechos laborales y sindicales consagrados constitucionalmente.

El Centro de Capitanes calificó al decreto como una “reforma regresiva que atenta contra los derechos de los trabajadores y la autonomía sindical”. Si bien el fallo se circunscribe al capítulo laboral del decreto, establece un precedente clave en la defensa de los derechos laborales y el respeto por la división de poderes.

Finalmente, el tribunal dispuso que las costas del proceso se distribuyan por su orden y reguló los honorarios correspondientes, cerrando un nuevo capítulo en la disputa judicial entre el sindicalismo y el Gobierno sobre la legislación laboral.

La cena navideña frente al Congreso albergó a casi 4.000 personas en situación de calle. El Movimiento de Trabajadores Excluidos (MET), la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y ONG Proyecto 7, impulsaron la iniciativa para que “ninguna familia se quede sin Navidad”.

Este martes, desde las 17 horas,los organizadores ofrecieron actividades para niños, cortes de pelo y hasta clases de primeros auxilios.

Más tarde los asistentes recibieron un plato de comida. La fiesta continuó hasta la medianoche, cuando los voluntarios repartieron pan dulce y sidra.

“Desde temprano nuestras compañeras y compañeros junto con cientos de voluntarios prepararon todo para que ninguna familia se quede sin navidad. Esto es posible gracias a la solidaridad y el aporte de todos. Como siempre, la organización comunitaria da respuesta”, resaltaron desde el MET.

La UTEP afirmó que mientras el gobierno del presidente Javier Milei “miente tergiversando números donde todo estaría mejorando”, la realidad en los barrios “no deja de agravarse”.

En tanto, la ex legisladora porteña de Unión por la Patria (UxP) Ofelia Fernández, remarcó: “Miles vinieron a comer y otros tantos se pasaron el día laburando para que sea espectacular. Las organizaciones sociales se merecen un buen brindis por otra vez hacerlo posible, y por su infinita pelea para que algún día deje de hacer falta. Ninguna familia sin navidad. Felices Fiestas!”,

El gobierno de Javier Milei apuesta a la fiesta financiera como forma de mantener el precio del dólar. ¿Cómo? Pagando tasa en pesos superior a lo que se gana con el dólar. Para ello, la moneda norteamericana debe mantenerse quieta, tanto en su versión oficial como en los mercados alternativos. El lunes, los dólares paralelos subieron entre 1% y 3%, por lo cual, lo hicieron por encima de la tasa que paga el Banco Central. El que apostó al peso, en esta oportunidad, perdió.

Si es el fin del “carry trade” es una pregunta que todavía no puede responderse pero si ese escenario se repite de nuevo, muchos inversores podrían verse tentados a desprenderse de sus activos en pesos y pasarse al dólar. El lunes, el Banco Central tuvo que vender 300 millones de dólares.

“La brecha cambiaria entre el CCL y el oficial casi se triplicó desde el mínimo de la gestión Milei, lo que le devolvió atractivo en el margen al blend”, marcaron desde Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Con una brecha que ahora supera el 10%, el Banco Central viene interviniendo fuerte en el mercado de los dólares financieros desde la semana pasada en lo que parecen señales de una incipiente corrida contra el peso. Si el Central no interviene, el blue se puede disparar aún más, sobre todo ahora con la altísima demanda por el aumento de las vacaciones en el exterior. Aparecen nubarrones en la fiesta financiera de Caputo.