El rompehielos británico se paseo frente a las costas argentinas con la bandera del gobierno de ocupación ilegal de las Islas Malvinas, ante el silencio absoluto del ministerio de Luis Petri y en la Cancillería.

Mientras el Gobierno de Javier Milei se muestra intransigente con Bolivia y levanta banderas de soberanía en sus discursos, el Reino Unido continúa vulnerando la soberanía argentina en el Atlántico Sur con la complicidad del silencio oficial.

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur denunció la presencia del rompehielos británico RRS Sir David Attenborough en aguas argentinas, enarbolando la bandera ilegal de “Falklands”. La embarcación navegó por el estrecho de Le Maire, que separa la Isla Grande de Tierra del Fuego de la Isla de los Estados, tras partir desde el archipiélago ocupado con destino a la base antártica británica de Rothera.

Ante este hecho, la provincia reclamó una postura más firme del Gobierno nacional en la defensa de la soberanía sobre las Islas Malvinas. Andrés Dachary, secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, manifestó su preocupación por lo que calificó como un “nuevo avasallamiento británico”. A través de sus redes sociales, sostuvo que es urgente adoptar medidas más contundentes frente a estas acciones unilaterales que vulneran los derechos argentinos en la región.

Dachary explicó que, si bien el buque tiene permitido transitar por el estrecho de Le Maire amparado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, este tipo de episodios afectan los intereses nacionales. “La pregunta es: ¿Tenemos forma de remediarlo? Sí. ¿Cómo? Mediante la creación de normas internas complementarias que restrinjan dichos permisos de paso a buques de entidades no reconocidas por nuestro país. Esto permitiría, mínimamente, que navíos que enarbolen la ilegítima bandera de nuestras Islas Malvinas no naveguen en aguas territoriales no usurpadas”, manifestó.

En esta misma línea, anunció la elaboración de un proyecto de ley que será presentado en el Congreso, con el objetivo de reforzar la defensa de la soberanía argentina.

Atento al nuevo avasallamiento británico con la presencia del rompehielos y buque científico RRS Sir David Attenborough en nuestras costas, con bandera ilegal, es imperativo adoptar
una política de estado más firme y decidida ante estos sistemáticos actos unilaterales que… pic.twitter.com/aBrP4lnfiw

— Andrés Dachary (@ADachary) January 30, 2025

Incursiones británicas y la pasividad del Gobierno

Hace unos días, diputados de Unión por la Patria solicitaron al Poder Ejecutivo que brinde explicaciones sobre un vuelo de la Real Fuerza Aérea británica que se habría acercado a rutas comerciales argentinas. La inquietud surgió a raíz del trayecto del Airbus 400M matrícula ZM42, que partió desde una base de la OTAN en las Islas Malvinas y generó preocupación por su proximidad con aviones de Aerolíneas Argentinas y Flybondi en el Atlántico Sur.

El proyecto, impulsado por la diputada Ana María Ianni, señala que el hecho tuvo lugar el 13 de enero a las 14:20. Según el portal Agenda Malvinas, el avión militar voló a unos 64 kilómetros de la ruta comercial, en una zona cercana a la provincia de Santa Cruz. Uno de los aspectos más llamativos del incidente es que, en el momento de mayor aproximación a los vuelos argentinos, el avión apagó su transpondedor. Esto impidió determinar con exactitud la distancia real con las aeronaves comerciales, lo que hace sospechar que la separación pudo haber sido aún menor. Los registros del vuelo fueron verificados a través de la plataforma Flightradar24 y fuentes periodísticas.

En el documento, los legisladores remarcan la importancia de proteger la soberanía nacional y solicitan al Gobierno que investigue el hecho. Además, advierten que este tipo de acciones por parte del Reino Unido generan malestar en la región patagónica, en particular en Santa Cruz, donde la cuestión territorial es un tema sensible. Por ello, exigen que se adopten medidas concretas y se informe al Congreso sobre los resultados de la investigación.

El caso del James Cook

En diciembre pasado, al buque británico de investigación científica RRS James Cook se le había rechazado la solicitud de efectuar investigaciones oceanográficas en aguas de jurisdicción argentina.

El 20 de agosto, la Embajada del Reino Unido en Argentina presentó una solicitud para que el buque “James Cook”, de pabellón británico, realizara campañas de investigación científica marina en aguas jurisdiccionales nacionales entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, la Dirección General de Consejería Legal Internacional (DICOL) de la Cancillería argentina advirtió que la solicitud no cumplía con la antelación mínima requerida y que dificultaba el desarrollo normal del procedimiento de autorización.

A pesar de esto, la Armada y el Servicio de Hidrografía Naval elevaron una opinión en la que aseguraban que las tareas científico-técnicas previstas por el buque no vulneraban los intereses nacionales ni la capacidad de control y vigilancia del Estado argentino. Además, se permitió el embarque de un oficial naval argentino en calidad de observador. Llamativamente el informe agregó: “Los datos oceanográficos a colectar durante el tránsito del buque (conductividad, temperatura y profundidad, así como los análisis de corrientes) tienen aplicación militar y pueden ser usados en los ámbitos de defensa”.

El buque de investigación RRS James Cook pertenece al Consejo de Investigación del Medio Ambiente Natural (NERC), un organismo público dependiente del Departamento de Ciencia, Innovación y Tecnología del gobierno británico.

El Radar de la empresa Leo Labs

La observación realizada por la Armada sobre las capacidades duales del RSS James Cook, recuerda también al caso de la antena radar de la empresa británica Leo Labs en Tierra del Fuego, la cual fue suspendida por el gobierno anterior por su potencial de uso dual (civil-militar) tal como quedó demostrado en un informe técnico del ministerio de defensa entonces encabezado por Jorge Taiana y también según los datos publicados por la misma empresa que son de acceso publico.

El informe del ministerio destacaba entre otros aspectos:  “pueden brindar alerta temprana y Conciencia Situacional Espacial (SSA por sus siglas en inglés) en la órbita baja en la Argentina. Esto significa que, desde nuestro propio territorio nacional, podrá monitorear la actividad satelital argentina tanto civil como militar (actividad que utiliza proyectos de satélites de órbita baja). Interceptar datos, comunicaciones y observar objetivos terrestres, marítimos o detectar aeronaves” …”La banda de operación declarada por la empresa coincide con la banda de operación de las estaciones terrenas de emisión y recepción de datos en banda S, recepción en banda X y K de los satélites argentinos”.

El “Área Marina Protegida” (AMP) de Georgias decretada unilateralmente por el Reino Unido en 2024.

A inicios del pasado año, el Reino Unido de Gran Bretaña amplió de manera arbitraria la posesión de inmensos espacios marítimos en el Atlántico Sudoccidental bajo el pretexto ambiental de conformar un Área Marina Protegida (AMP) estableciendo de esta manea restricciones totales a la navegación y pesca sobre casi 170.000km2 adicionales del Mar Austral.  Estas acciones del gobierno de ocupación británico se enmarcan en una agresiva política de fortalecimiento y expansión de su presencia en el Atlántico Sur, la que incluye la construcción de una renovada infraestructura portuaria y logística que busca rivalizar con el proyecto del polo logístico antártico que Argentina decidió llevar adelante en Tierra del Fuego (obra que hoy esta ralentizada y sin mayores novedades sobre su continuidad) que tiene como finalidad ser una puerta de entrada al continente antártico para el país y para terceros, y que se combinará con la recuperación y modernización integral de la base antártica Petrel cuyas características la tornan una pieza estratégica en la política Antártica Argentina.

En este sentido la estrategia británica en el Atlántico Sur busca por un lado apuntalar la proyección de Londres sobre el continente antártico, donde los reclamos territoriales si bien están contenidos por el marco del tratado antártico, vale resaltar que los de Gran Bretaña se superponen casi en su totalidad con los de nuestro país y con buena parte del área ambicionada por Chile. El tratado antártico y sus protocolos si bien no caducan, podrán ser revisados a partir del 2048, quedando la puerta abierta a posibles reformas en cuanto al tipo de actividades que podrían permitirse, entre ellas posibilidades de exploración y explotación de recursos, con el trasfondo de la disputa geopolítica entre China y EEUU donde los recursos naturales tienen un papel central. Llegar a esta instancia desde una posición de fortaleza será fundamental para los actores con intereses en dicho continente y el Reino Unido tomo ya nota de ello.

Por otro lado, la construcción de un puerto de aguas profundas en las islas permitirá al gobierno de ocupación avanzar con sus proyectos extractivistas en los espacios marítimos usurpados, tanto en materia pesquera (la principal fuente de ingresos de las islas) pero en especial los relacionados a los hidrocarburos, además del potencial uso militar de dicha infraestructura.

¿Soberanía o doble discurso?

La política en torno a Malvinas o exacerbado también las diferencias al interior del gobierno libertario, vaste recordar el acuerdo que tuvo como protagonista a la ex canciller Diana Mondino y a su par del Reino Unido, David Lammy. La declaración firmada por ambos establece medidas humanitarias vinculadas a los reclamos de las familias de las víctimas de la guerra de 1982 y una serie de prerrogativas para el Reino Unido como “conservación de pesquerías” y la “reanudación del vuelo semanal de San Pablo a las Islas, que realizaba una escala mensual en Córdoba”.

El acuerdo Mondino-Lammy, se enmarca en el conocido como “Paraguas de soberanía” que se estableció entre Argentina y el Reino Unido en la declaración conjunta del 19 de octubre de 1989 en Madrid y que significó que ambas partes podían discutir asuntos sobre el Atlántico Sur sin que esto significara una renuncia al reclamo soberano. Sin embargo, en la práctica esta formula permitió que el Reino Unido de Gran Bretaña avanzara de manera unilateral en actividades de pesca y exploración de hidrocarburos, sin que Argentina pudiera evitarlo. La formula aplicada durante el gobierno de Carlos Saul Menem fue nuevamente reflotada durante el gobierno de Mauricio Macri y que se materializo con el comunicado conjunto Foradori-Duncan cuyo contenido no fue tratado en el Congreso Nacional pero que en la practica implicó importantes concesiones a los ocupantes británicos sin ningún beneficio para la Argentina. Este acuerdo firmado por la ex canciller Mondino generó una fuerte reacción de la vicepresidenta Victoria Villarruel quien manifestó su inconformidad a través de un tuit en su cuenta oficial de la red social X.

Todos saben lo que representa Malvinas para mi y que ese es mi límite y me obliga a expedirme.

La propuesta de acuerdo anunciada con el Reino Unido es contraria a los intereses de nuestra Nación. Esta propone entregar apoyo logístico continental a la ocupación y permitir de… pic.twitter.com/XvHauR7ftV

— Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) September 27, 2024

Mientras el Gobierno se rasga las vestiduras con discursos de soberanía y endurece su postura con países de la región como Venezuela, Colombia o Bolivia, permite que los británicos sigan avanzando sobre los intereses argentinos en el Atlántico Sur sin mayores consecuencias. La pasividad frente a estas incursiones y la falta de medidas concretas exponen un doble discurso que deja en evidencia quiénes son los verdaderos titiriteros detrás de la política exterior del gobierno libertario.

La billetera virtual de Banco Provincia ofrece un beneficio exclusivo para que sus usuarios puedan ahorrar en sus compras del rubro alimentos.

Cuenta DNI informó este viernes, en el cierre de enero, cuáles serán los beneficios que tendrá la billetera virtual del Banco Provincia y que estarán vigentes durante todo el mes de febrero 2025. 

Cuenta DNI resolvió repetir en febrero los descuenos y promociones que habían estado vigentes durante todo enero, por lo que habrá beneficios en comercios de cercanía, gastronomía, balnearios, ferias y mercados, y el descuento del 35% en carnicerías, pescaderías y granjas, que tendrá nuevamente vigencia durante dos sábados del mes, el 8 y el 22 de febrero. 

Todos los beneficios de Cuenta DNI de febrero 2025

Comercios de cercanía del rubro alimentos: 20% de descuento todos los días, con un tope mensual de $6.000 por persona. Se alcanza con $30.000 en consumos. El beneficio incluye a comercios del rubro Gastronomía. 

Ferias, mercados y eventos: 40% de descuento todos los días, con un tope semanal de $5.000. El tope se alcanza con $12.500 en consumos.  

Especial carnicerías, granjas y pescaderías: 35% de descuento los sábados 8 y 22 de febrero en comercios participantes, con un tope de $6.000 por jornada, que se alcanza con $17.150 en consumos.  

Especial Verano 2025: 30% de descuento todos los días en balnearios adheridos, con tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $16.700 en consumos.  

Beneficio en comercios de cercanía (no alimentos): Hasta tres cuotas sin interés todos los días, pagando con tarjetas Visa y/o Mastercard Banco Provincia vinculadas a la aplicación.   

Trabajadores de la empresa Raízen, que comercializa combustibles bajo la marca Shell, denunciaron diez despidos durante el mes de enero.

La crisis económica que atraviesa Argentina comienza a afectar incluso a sectores estratégicos y de mayor solidez como el energético, poniendo en riesgo fuentes de empleo y exponiendo la fragilidad del mercado laboral. En los últimos días, trabajadores de la refinería Dock Sud, operada por Raízen Argentina, denunciaron el despido de al menos diez empleados sin causa justificada, generando protestas y medidas de fuerza.

El 13 de enero, la empresa que comercializa combustibles bajo la marca Shell impidió el ingreso de los trabajadores a la planta, desatando un conflicto laboral que expone la tensión creciente en la industria. Según denunciaron los afectados, los despidos no solo fueron arbitrarios, sino que además alcanzaron a empleados con licencias médicas vigentes y a brigadistas encargados de tareas de rescate en situaciones de emergencia.

“La empresa no puede explicar por qué nos despide. No hay crisis en Raízen, al contrario, tienen ganancias multimillonarias. Esto es un ataque contra quienes defienden los derechos laborales”, expresaron los trabajadores en un comunicado. También denunciaron que la intención de la empresa es precarizar las condiciones laborales y debilitar la organización sindical dentro de la refinería.

El conflicto se inscribe en un contexto de ajuste económico generalizado. Mientras el gobierno de Javier Milei promueve una desregulación del mercado y reformas laborales, diversas empresas han aprovechado el escenario para avanzar con despidos y recortes. En este caso, la situación resulta especialmente alarmante por tratarse de un sector clave en la exportación de combustibles y en el abastecimiento interno de energía.

Los trabajadores despedidos y sus compañeros han llevado adelante protestas y movilizaciones en las calles cercanas a la refinería, con el respaldo de distintos sindicatos y organizaciones sociales. Exigen la reincorporación inmediata de los afectados y advierten sobre el impacto que esta situación podría tener en futuras negociaciones laborales dentro del sector.

Desde 2018, Raízen opera las actividades de refinación y comercialización de Shell en Argentina, Brasil y Paraguay. La firma, un joint venture entre Shell y la brasileña Cosan, ha sido señalada por los trabajadores como una de las tantas compañías que, amparadas en la coyuntura económica actual, han decidido avanzar con despidos masivos sin justificación real.

Mientras el conflicto sigue escalando, los despidos en Dock Sud reflejan cómo la crisis económica impacta en sectores estratégicos, incluso en aquellos relacionados con la demanda energética y la exportación de combustibles, afectando no solo a los trabajadores, sino también a la estabilidad productiva del país.

En los últimos días, la planta argentina de Toyota ubicada en el partido de Zárate ha comenzado una nueva ola de despidos sin causa que amenaza con extenderse en los próximos meses.

La profundización de la crisis económica en Argentina comienza a dejar fuertes secuelas en la industria automotriz, con despidos masivos que reflejan el deterioro del sector. En los últimos días, la planta de Toyota en Zárate inició una nueva ola de despidos sin causa, afectando inicialmente a una veintena de trabajadores, aunque fuentes internas advierten que la cifra podría escalar hasta 200 empleados en el corto plazo.

La caída de la demanda y el contexto recesivo que atraviesa el país bajo el gobierno de Javier Milei han forzado a la automotriz japonesa a realizar ajustes en su plantilla. Aunque la empresa ha intentado mitigar el impacto con programas de retiros voluntarios, la magnitud de la crisis ha llevado a decisiones más drásticas, generando incertidumbre entre los trabajadores.

Los despidos han sido acompañados de indemnizaciones agravadas, una estrategia que busca evitar conflictos gremiales, pero que no disimula la gravedad de la situación. El Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) ha alertado que este tipo de ajustes no son exclusivos de Toyota. Otras automotrices como General Motors también han comenzado a reducir personal en sus plantas, lo que evidencia la delicada situación del sector.

Desde el gremio advierten que la continuidad de la crisis amenaza con un mayor ajuste en la industria automotriz, poniendo en peligro cientos de empleos en un mercado que enfrenta una caída en las ventas y dificultades para sostener la producción. Mientras tanto, los trabajadores despedidos se enfrentan a un panorama desolador, con pocas opciones de reinserción laboral en un país donde el desempleo sigue en ascenso.

El gobierno de Axel Kicillof difundió las estadísticas de la temporada turística del mes de enero en la provincia de Buenos Aires. “Vemos una temporada en donde se desplomó el consumo”, dijo el ministro de Producción, Augusto Costa.

Según los datos, la cantidad de turistas se mantuvo respecto de la temporada anterior pero el gasto es notoriamente menor. El consumo a través de Cuenta DNI cayó un 28%. En tanto, el monto promedio de las transacciones fue 12% menos que la temporada anterior. Mientras que el consumo con tarjetas de crédito y débito (de distintos bancos y marcas) fue 14% abajo.

El gobierno bonaerense evalúa la temporada turística en la provincia a partir de cuatro indicadores: el flujo turístico, el gasto de los turistas, la duración de las estadías y la ocupación hotelera.

El Gobierno de Javier Milei aplicará desde febrero un nuevo recorte en los subsidios en las tarifas de luz y de gas natural a unos 9,5 millones de hogares que pertenecen a los segmentos de ingresos medios y bajos.

El Gobierno de Javier Milei aplicará desde febrero un nuevo recorte en los subsidios a las tarifas de electricidad y gas natural, afectando a 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Esta medida se suma a un aumento en las boletas, que el próximo mes tendrán una suba del 1,5% en electricidad y del 1,6% en gas, encareciendo aún más el costo de vida para millones de argentinos.

Las resoluciones publicadas en el Boletín Oficial oficializan un ajuste en la bonificación que reciben los usuarios sobre el precio de la energía. A partir de ahora, los hogares de menores ingresos (Nivel 2) verán reducida su bonificación del 71,2% al 65%, mientras que los de ingresos medios (Nivel 3) la verán bajar del 55,94% al 50%. En el caso del gas natural, el recorte será del 55% al 50% para el Nivel 3, mientras que los de menores ingresos tendrán una leve mejora del 64% al 65%.

Este ajuste se enmarca dentro del plan del ministro de Economía, Luis Caputo, para reducir el gasto en subsidios y avanzar hacia el equilibrio fiscal aunque en la practica implica una transferencia fenomenal de recursos a las empresas, mientras que para los hogares que dependen de estas ayudas para afrontar sus facturas, el impacto será inmediato y se traducirá en una mayor presión sobre sus ingresos.

Los datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) indican que hasta diciembre 9,5 millones de usuarios de energía eléctrica recibían subsidios, de los cuales 6,3 millones pertenecen al Nivel 2 y 3,2 millones al Nivel 3. En el caso del gas, 5,3 millones de hogares accedían a la ayuda estatal, con 3,1 millones en el Nivel 2 y 2,2 millones en el Nivel 3.

Además del recorte en los subsidios, el Gobierno evalúa reducir el límite de consumo bonificado: actualmente, los usuarios de Nivel 2 tienen cubiertos hasta 350 kWh por mes y los de Nivel 3 hasta 250 kWh mensuales, pero podrían verse disminuidos en los próximos meses.

Mientras el Ejecutivo sostiene que estas medidas buscan frenar la inflación y sanear las cuentas públicas, la realidad es que millones de familias deberán afrontar boletas más caras en un contexto de creciente pérdida del poder adquisitivo. Con la economía aún golpeada por la recesión y la caída del consumo, el ajuste tarifario aparece como una nueva carga sobre los sectores más vulnerables.

Un informe del Bank of America confirmó que el acuerdo entre el gobierno de Javier Milei y el Fondo Monetario Internacional incluye la liberación del cepo y una devaluación de alrededor del 30% para unificar los tipos de cambio. ¿Se cae el acuerdo?

A muchos analistas le sorprendió que equipos técnicos del FMI abandonaran el país sin la firma de un acuerdo. Por ahora, el ministro de Economía, Luis Caputo, desmiente que le hayan pedido una devaluación de la moneda. ¿Qué pasará?

El gobierno se aferra al dólar súper barato como estrategia para llegar a octubre con relativa estabilidad de precios. Sabe que una devaluación del 30% podría impactar sobre los precios domésticos y a eso podría sumarse la inestabilidad que genera la salida del cepo (cualquier corrida bancaria puede generar en una crisis económica).

Por otro lado, el gobierno necesita dólares ya que las reservas internacionales están por debajo de los 30 mil millones de dólares, un monto similar al que dejó la gestión del Frente de Todos, cuando se reconocía que se estaba en una situación muy delicada. Sin reservas más robustas tampoco podrá mantener el tipo de cambio en torno a los 1000 pesos. ¿Y ahora?