Este lunes allanaron su vivienda, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido de La Plata.

El fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta ordenó este lunes distintos allanamientos La Plata, en el marco de la causa abierta por barrios ilegales en el Partido.

Entre estos últimos estuvo la casa del ex intendente Julio Garro, que quedó imputado por los delitos de “Asociación Ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario público, falsedad Ideológica de documento público y administración fraudulenta en perjuicio del Estado”.

La solicitud también pesó sobre otros exfuncionarios de la gestión de Garro y empresarios platenses vinculados a las supuestas maniobras fraudulentas que se investigan. Se habla de un beneficio económico de unos 1.500 millones de dólares. El caso lo lleva adelante Marcela 
Garmendia, titular del Juzgado de Garantías N° 5, que hizo efectivo el pedido del titular de la UFI Nº16 de la ciudad.

En total se realizaron cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, que incluyen el domicilio particular de Garro, los asientos físicos, operativos y administrativos de cuatro empresas privadas y domicilios particulares de empleados municipales y privados.

“En dichos lugares se procedió a la incautación de copias y originales de expedientes relacionados a los hechos investigados, facturación, contratos celebrados de las empresas entre sí y con el Municipio, constancias de avance de obras y de contrataciones, computadoras, impresoras y diversos elementos informáticos, entre otros elementos de relevancia para la pieza judicial de referencia”, según informó El Día.

“De los elementos reunidos en la presente investigación, se acredita que, al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, destaca la resolución judicial.

“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas intervinientes, por un monto aproximado de 1.500.000.000 millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al Municipio en un monto estimado en 700.000 millones de pesos. En esta dirección, el grupo de personas mediante un actuar organizado desarrollaron distintos ilícitos en perjuicio de la administración pública en el marco de las actividades antes explicitadas”, se agrega.

En tanto, en función de la investigación llevada adelante hasta el momento, el fiscal señala tener la “sincera e íntima convicción” de la existencia de “la semiplena prueba o indicios vehementes de la comisión de los delitos endilgados y motivos bastantes para sospechar que los causantes han participado en su comisión”.

Además, entre los considerandos señala que las peticiones “tienen como fin resguardar la documentación y elemento de interés que pueda existir en poder de las empresas y los causantes en cuestión, así como poder avanzar en los hechos que se investigan, y la interconexión entre si, especialmente entre los sindicados en las presentes como aquellos que devengan de las pruebas que se colecten”.

Además de Garro, quedaron imputados en la causa los ex funcioanarios María José Botta (ex secretaria de Planeamiento Urbano), Marcelo Gustavo Genoro (ex Director General de Obras Viales) y Nahuel Julián Paradela (ex subsecretario de Servicio Públicos), y los empresarios Ariel Fabian Bordigoni (Bordigoni y Cia. SRL.), Cecilia Andrea Mayocchi (Agrycon S.A.), Leandro Arrechea (Agrycon S.A.) y Facundo Dadin (Solvial Construcciones). También se ordenaron allanamientos a las empresas Les Baux Obras y Servicios S.A.S., Bordigoni y Cia. SRL., Solvial Construcciones y Agrycon S.A.

Finalmente, Concomí Alcorta pide investigar si hubo sobreprecios en una obra pública para el barrio La Cañada de City Bell. La obra encomendada por la Municipalidad de La Plata consistía en “la construcción de una rotonda a metros de uno de los ingresos al Barrio Cerrado La Cañada de Chacras, es decir en intersecciones de las calles 467 y 160 de la ciudad de La Plata, la cual particularmente y llamativamente beneficia al barrio en cuestión casi en forma exclusiva”.

De los elementos originariamente incorporados surgía que dicha obra tendría un costo de 39.080.657 millones de pesos, debiéndose abonar según convenio del 13 de julio de 2022 (…) (firmado por Cecilia Mayocchi por Agrycon S.A. y por el ex intendente Garro) y que la plusvalía total ascendía de 77.459.684 millones de pesos (no se desprendía en ese expediente originario de donde surgía dicho monto)”.

Comunicado de la Municipalidad de La Plata

 “Estas urbanizaciones son ilegales porque están enmarcadas por ordenanzas no convalidadas por la Provincia y que, por lo tanto, no resultan aplicables. 

En diversos dictámenes de la Dirección Provincial del Ordenamiento Urbano Territorial (DpoutI) emitidos en 2022, el Estado bonaerense instó a la Municipalidad expresamente a no aplicar tales ordenanzas ni otorgar autorizaciones enmarcadas en las mismas.

Pero, además, muchas de las urbanizaciones afectadas por estas ordenanzas corresponden a barrios cerrados, los que se encuentran regulados el decreto provincial Nº27, sancionado en 1998, por el que la Provincia se reservó el derecho de aprobar los proyectos de construcción de esos barrios cerrados. Por lo tanto, es el Poder Ejecutivo bonaerense la autoridad competente y responsable de su autorización.

Ninguno de los barrios cerrados posee esta autorización provincial y, consecuentemente, ninguna de las empresas que los construyen pueden obtener permiso de obra ni mucho menos para la edificación de viviendas particulares.

El principio de continuidad de la función pública no se encuentra en duda, como tampoco la inaplicabilidad de las ordenanza que no están convalidadas. La situación de irregularidad fue advertida expresa y formalmente por funcionarios del Área de Legal y Técnica municipal en 2017, al reconocer la no aplicabilidad de las ordenanzas relativas al régimen de zonificación urbanística, hasta tanto no se encuentren convalidadas”.

El encuentro surgió luego de un tenso encuentro virtual de la mesa ejecutiva del PRO, donde Mauricio Macri advirtió: “El que se va, no vuelve, no hay vuelta atrás”.

En medio de las tensiones internas del PRO, los diputados Diego Santilli y Cristian Ritondo se reunieron con el presidente Javier Milei, su hermana Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja en Casa Rosada. El encuentro se produjo en el marco del armado electoral que impulsa La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, donde se planteó la “integración” de un sector del macrismo a las filas del oficialismo.

La reunión ocurrió luego de un tenso encuentro virtual de la mesa ejecutiva del PRO, donde Mauricio Macri advirtió: “El que se va, no vuelve, no hay vuelta atrás”. El ex presidente se mostró firme ante la posibilidad de nuevas fugas en su partido.

La Libertad Avanza se resiste a acordar con el PRO como fuerza orgánica y solo acepta la incorporación individual de dirigentes como Santilli, Ritondo o incluso Guillermo Montenegro. Esta postura generó tensión con el sector de los “halcones” del PRO, liderado por Mauricio y Jorge Macri, quienes remarcaron la falta de voluntad de Karina Milei para avanzar en un frente electoral amplio. “La Libertad Avanza no es la única opción”, señalaron desde el ala dura del macrismo.

El propio Javier Milei se sumó brevemente al encuentro en Casa Rosada para saludar a Ritondo y Santilli, lo que reforzó las especulaciones sobre un eventual pase de ambos dirigentes a las filas del oficialismo. Sin embargo, esta posibilidad aún no fue confirmada.

Por su parte, Manuel Adorni, vocero presidencial, publicó un mensaje que pareció anticipar un acuerdo: “Estamos concentrados en erradicar el populismo de nuestro país y la provincia de Buenos Aires se lleva todas las miradas. Para conseguirlo avanzamos en trabajar en conjunto a fin de integrar nuestras propuestas y darles a los bonaerenses un futuro mejor”, afirmó en sus redes sociales.

En tanto, Sebastián Pareja destacó que “todavía hay tiempo para analizar las candidaturas” y criticó la gestión del gobernador Axel Kicillof. Ritondo respaldó esas palabras y destacó la importancia de avanzar en un trabajo conjunto con Karina Milei, Pareja, Menem y el propio presidente Milei. “Es una integración, y además queremos que haya más actores”, afirmó Ritondo, quien busca evitar que se rompa el voto opositor en la provincia tras la convocatoria de Kicillof a las PASO para el 13 de julio.

Por el momento, ni el PRO nacional ni el PRO bonaerense se manifestaron oficialmente sobre la reunión. Sin embargo, en el entorno de Mauricio Macri se considera que Santilli está cada vez más cerca de terminar en la boleta de La Libertad Avanza. Mientras Santilli busca sostener un discurso conciliador con el gobierno nacional, Ritondo enfrenta mayor presión debido a su rol como jefe del bloque de diputados del PRO y presidente del partido en la provincia de Buenos Aires.

La tensión dentro del PRO escaló al punto que, durante la reunión virtual, un integrante de la mesa ejecutiva propuso la expulsión de Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta del partido. A Bullrich por su ingreso unilateral al gabinete de Milei, y a Larreta por confirmar que será candidato en la Ciudad por fuera del PRO.

Lorena Villaverde, diputada nacional de La Libertad Avanza, se encuentra en el centro de la polémica tras revelarse que enfrenta una causa en Estados Unidos por tenencia y trafico de cocaína. Además, en Argentina está vinculada a denuncias por estafas y lavado de dinero.

El escándalo cobró fuerza en la última sesión de la Cámara de Diputados, cuando el legislador opositor Martín Soria exhibió documentación oficial que confirmaría la acusación contra Villaverde en el estado de Florida. “Tráfico de cocaína, de 400 a 150 kilogramos”, sostuvo Soria, mientras los legisladores libertarios abandonaban el recinto en medio de murmullos y tensión.

Pero la situación judicial de Villaverde no se limita al ámbito internacional. En Argentina, la diputada también está bajo la lupa por presuntas estafas relacionadas con la venta de terrenos en Las Grutas (Río Negro), así como una causa por lavado de dinero que derivó en allanamientos en 2017.

“Lamento tener que mostrar estas cosas sobre una diputada de esta Cámara, pero cada vez que puede me ataca personalmente. No solo enfrenta causas por narcotráfico, también tiene problemas con la justicia argentina”, afirmó Soria con ironía.

Las revelaciones sobre Villaverde han puesto en una posición incómoda al bloque libertario, que optó por retirarse del debate. Mientras tanto, la diputada sigue en la mira por su historial judicial y el impacto de estas denuncias en su rol legislativo.

En febrero, las compras en supermercados y comercios de barrio registraron su 15° mes consecutivo de caída, confirmando la depresión de uno de los indicadores más duros de la economía.

A pesar de una desaceleración en la inflación, la baja en la adquisición de productos esenciales se mantiene, con un retroceso del 9,8% interanual en supermercados y del 12,6% en almacenes de barrio.

La tendencia negativa no da señales de revertirse en el corto plazo. El consumo masivo ya había cerrado 2024 con una retracción del 13,9%, marcando uno de los peores registros desde la crisis de 2001. En este contexto, febrero agravó la situación con un nuevo descenso que afectó a todos los rubros de la canasta básica.

Golpe a los comercios de proximidad

Los almacenes de barrio y autoservicios fueron los más castigados. Luego de haber caído un 13% en enero, en febrero registraron una nueva baja del 12,6%, evidenciando la dificultad de estos negocios para competir con las promociones de las grandes cadenas de supermercados. Estas últimas, aunque también en declive, lograron atenuar la caída con un retroceso menor del 6,5%, comparado con el 7,2% de enero.

A nivel geográfico, el Interior del país fue la región más golpeada, con una contracción del 10,5% en las ventas, mientras que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la baja fue del 9,4%.

Bebidas y productos impulsivos, los más afectados

Los productos más perjudicados fueron nuevamente las bebidas, tanto alcohólicas como sin alcohol, con caídas del 16,2% y 18,8% respectivamente. Ni las Fiestas ni el calor de los meses de verano lograron sostener su consumo. A estos se sumaron los productos de compra impulsiva, como golosinas, alfajores y cigarrillos, con una baja del 10,5%.

También se registraron descensos en artículos de limpieza del hogar y cuidado personal (-9,7% y -8%, respectivamente), mientras que los productos básicos de desayuno y merienda se contrajeron un 7,7%. Los alimentos perecederos mostraron una disminución del 3,3% y otros productos de la canasta alimentaria cayeron un 4,9%.

Perspectivas inciertas para la recuperación

A pesar del panorama negativo, desde la consultora Scentia señalaron que la desaceleración en los precios podría ser un factor que contribuya a estabilizar el consumo en los próximos meses. Sin embargo, las proyecciones para el primer semestre de 2025 siguen siendo débiles, con expectativas de una recuperación recién en la segunda mitad del año.

Las grandes cadenas y empresas del sector prevén una lenta mejora y esperan cerrar el año con un crecimiento del 3% en las unidades vendidas. No obstante, advierten que la contracción del consumo en los primeros meses de 2025 sigue impactando fuertemente en los bolsillos de los argentinos, lo que dificulta una reactivación rápida del sector.

“El uso de la fuerza debe en todo momento respetar los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas”, advirtió

La Organización de Naciones Unidas (ONU) ha expresado su preocupación por el creciente uso de la represión en Argentina y ha instado a las autoridades a investigar los hechos ocurridos durante las protestas del 12 de marzo en Buenos Aires, que dejaron más de 120 manifestantes detenidos y al menos 45 heridos, entre ellos un fotoperiodista quien aun lucha por su vida.

A través de un comunicado emitido el viernes, el representante de la ONU para los Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, denunció el uso indiscriminado de la fuerza contra los manifestantes, muchos de los cuales eran adultos mayores que reclamaban pacíficamente mejoras en sus pensiones y en el sistema de salud.

“El uso de la fuerza debe en todo momento respetar los principios internacionales de legalidad, necesidad, proporcionalidad, no discriminación y rendición de cuentas”, advirtió Jarab, quien también expresó especial preocupación por el estado de salud del fotógrafo Pablo Grillo, herido en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno.

Además, el representante de la ONU cuestionó la detención masiva de más de cien personas, quienes posteriormente fueron liberadas sin pruebas en su contra, lo que refuerza las denuncias sobre la criminalización de la protesta social en el país. “Recordamos la importancia de la independencia judicial para garantizar los derechos de participación, así como el control de la legalidad de las detenciones y de las actuaciones policiales”, subrayó.

El aumento de la represión en manifestaciones pacíficas y la falta de garantías para el ejercicio de los derechos fundamentales han generado preocupación en organismos internacionales, que instan a las autoridades argentinas a garantizar el derecho a la protesta sin temor a represalias.

La legisladora Marcela Pagano contestó a los ataques de los trolls en las redes sociales, tras el escándalo de las piñas entre Oscar Zago y Lisandro Almirón en el recinto, con una serie de mensajes enigmáticos en X pero que en Diputados se comenta que son una referencia directa al supuesto involucramiento de Martín Menem en la criptoestafa de Libra. ¿Lo acusó de ladrón?

La tensión entre los diputados libertarios es total y tuvo en las piñas que se repartieron Oscar Zago y Claudio Almirón, en la última sesión, una clara muestra. Ahora se habla de una posible ruptura en la bancada, que iniciaría con la salida de Pagano.

La periodista publicó en X el mismo miércoles de la sesión que “los que traicionan al presidente son los que roban en su nombre”. “Como yo no soy ladrona no temo a nada ni a nadie. Y que se atengan a las consecuencias los corruptos”, agregó.

El escándalo por la criptomoneda $LIBRA sigue sumando capítulos, con nuevos detalles sobre la reunión que mantuvieron el presidente Javier Milei y el creador de la memecoin, Hayden Davis, que han salido a la luz. No es cierto que Milei no conociera el proyecto al detalle, ya que se reunió varias veces con el creador de la criptomoneda que terminó en una estafa fenomenal. En la estafa tuvo un rol clave Milei.

Según reveló el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación, el encuentro se realizó a contrarreloj y con urgencia, algo que no estaba previsto inicialmente. De acuerdo con las fuentes consultadas, fue el propio presidente quien solicitó la reunión el 30 de enero pasado, solo 15 días antes del polémico lanzamiento de $LIBRA, la criptomoneda que provocó el colapso del mercado en febrero.

El presidente y el joven estadounidense de 28 años, Hayden Davis, habrían mantenido un encuentro privado que no estaba en la agenda presidencial, pero que se concretó por motivos que aún generan controversia. Las fuentes indicaron que Milei fue quien hizo la solicitud para encontrarse con Davis, sin que se precisaran en ese momento los detalles exactos de la agenda o el objetivo de la reunión.

No obstante, cabe señalar que el hecho de que se produjera apenas dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA da lugar a diversas especulaciones sobre el interés y la relación entre ambos.

Es que Davis, así lo escribió Alconada Mon, se convertiría en “el rostro visible de $LIBRA”, la criptomoneda que rápidamente captó la atención del público y de las autoridades por sus prácticas dudosas. La promocion impulsada por el Presidente y colapso de $LIBRA, que ocurrió el 14 de febrero, dejó un rastro de desconfianza en el mercado de las criptomonedas, y desde entonces, Davis ha sido señalado por su participación en el polémico proyecto. Después del colapso, Davis rompió su silencio y defendió su inocencia, asegurando que aún posee millones de dólares en activos vinculados a la criptomoneda y que se encuentra trabajando con un equipo de abogados tanto en Argentina como en Estados Unidos para encontrar una solución legal a la crisis generada.