Crece la preocupación por acuerdos que profundizan la entrega de recursos en Malvinas sin avanzar en el reclamo de soberanía.

La histórica disputa por la soberanía de las Islas Malvinas entre Argentina y el Reino Unido atraviesa un nuevo capítulo, atravesado por un reclamo tan insólito como preocupante: los kelpers, representantes de la comunidad británica que ocupa ilegalmente el archipiélago, exigen que el gobierno argentino cumpla con los compromisos asumidos en acuerdos bilaterales firmados durante las gestiones de Mauricio Macri y Javier Milei, los cuales —según denuncian expertos y organizaciones— socavan la posición soberana del país en favor de intereses británicos.

Dos pactos, una misma política: entregar sin discutir soberanía

En el centro de la controversia se encuentran dos documentos clave: el Acuerdo Foradori-Duncan (2016) y el más reciente Pacto Mondino-Lammy (2024). Ambos fueron celebrados bajo la llamada fórmula de “paraguas de soberanía”, acordada entre Buenos Aires y Londres en 1989, que implica avanzar en relaciones bilaterales sin discutir el estatus del territorio en disputa.

Este paraguas ha servido como cobertura diplomática para que sucesivos gobiernos promuevan una “agenda positiva” con el Reino Unido en torno a temas económicos, logísticos y científicos en el Atlántico Sur. Tanto el acuerdo de 2016 como el firmado en 2024 fueron elaborados sin intervención del Congreso Nacional argentino, lo que ha despertado cuestionamientos sobre su legalidad y legitimidad.

Entre los puntos más polémicos se destacan:

• Facilitación de vuelos comerciales a las islas desde Brasil.
• Cooperación en materia de pesca y recursos hidrocarburíferos, sin reciprocidad ni control efectivo argentino.
• Convenios logísticos y científicos con base en las islas, incluso para actividades en la Antártida.
• Ausencia total de avances o condiciones vinculadas al reclamo de soberanía.

Acuerdo Foradori-Duncan (2016): el origen de la entrega

Firmado el 13 de septiembre de 2016 por el entonces vicecanciller Carlos Foradori y el ministro británico para Europa y las Américas, Alan Duncan, este documento abrió una nueva etapa en la relación bilateral bajo el gobierno de Mauricio Macri. Allí se estableció una hoja de ruta para avanzar en conectividad aérea, identificación de soldados caídos en Malvinas, cooperación antártica y diálogo sobre pesca e hidrocarburos.

Sin embargo, el acuerdo fue severamente criticado por no incluir ningún tipo de reafirmación del reclamo de soberanía, lo cual fue interpretado como una claudicación diplomática. El hecho de que se haya firmado sin debate legislativo ni consulta pública, y con una redacción que —según expertos— utiliza terminología más cercana a los intereses británicos que a los argentinos, lo convirtió en uno de los puntos más cuestionados de la política exterior de Cambiemos.

Pacto Mondino-Lammy (2024): continuidad en el retroceso

Ya bajo la presidencia de Javier Milei, el Ministerio de Relaciones Exteriores argentino —entonces encabezado por Diana Mondino— rubricó un nuevo entendimiento con el secretario de Asuntos Exteriores británico, David Lammy, que ratifica y profundiza los lineamientos del Foradori-Duncan. Firmado en 2024, el Pacto Mondino-Lammy consolida la cooperación en áreas sensibles, como pesca, vuelos y logística antártica, sin plantear en ningún momento la necesidad de retomar las negociaciones por la soberanía.

El gobierno argentino justificó este pacto como una “herramienta pragmática” para fortalecer los vínculos bilaterales, sin confrontar. Mondino incluso defendió públicamente a Carlos Foradori —quien en 2024 fue designado por la gestión Milei como embajador ante la ONU en Ginebra—, lo cual fue interpretado como un gesto explícito de continuidad con la política exterior del macrismo en materia de Malvinas.

¿violación constitucional?

Distintas voces especializadas han advertido que estos acuerdos podrían constituir una violación directa a la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional, que establece que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas (…), y ratifica el objetivo permanente e irrenunciable de recuperarlas por medios pacíficos”.

Para el especialista en pesca y Atlántico Sur, César Lerena, se trata de una “cesión incondicional” del desarrollo económico del archipiélago: “Se les entrega a los británicos sin contrapartidas”. En la misma línea, el politólogo Armando Abruza advirtió que los textos “invisibilizan la condición colonial” del territorio usurpado.

La organización Agenda Malvinas, que viene denunciando la inconstitucionalidad de estos pactos, sostiene que cada gesto de cooperación sin exigencias soberanas debilita la posición argentina y consolida una ocupación de facto por parte del Reino Unido.

El reclamo ilegítimo de los kelper

El reclamo de los kelpers se intensificó luego de que, en junio de 2024, la Argentina obtuviera un respaldo unánime en la 55ª Asamblea General de la OEA, donde se reiteró el llamado al Reino Unido a reanudar las negociaciones por la soberanía. Como contrapartida, el gobierno británico, a través de la baronesa Jennifer Chapman, representante del Foreign Office, exigió públicamente que Argentina “honre los compromisos pesqueros y de conectividad aérea” establecidos en el Pacto Mondino-Lammy.

Chapman defendió estos acuerdos como beneficiosos “para todos los actores”, incluyendo a los habitantes de las islas, y volvió a insistir en el principio de autodeterminación de los isleños, posición históricamente rechazada por Argentina al considerar que los kelpers no constituyen un pueblo colonizado, sino una población implantada por una potencia colonial.

Con el Reino Unido reforzando su presencia militar y económica en las islas —incluyendo inversiones en infraestructura, vuelos y plataformas petroleras— y con el gobierno argentino apostando por una política exterior de perfil bajo y concesivo, diversos analistas alertan sobre la posibilidad de una “normalización de facto” de la ocupación británica.

“Cada concesión sin reciprocidad consolida la ocupación”, reiteró César Lerena. En este contexto, la política oficial parece oscilar entre discursos soberanistas y gestos que, en los hechos, avalan la continuidad del statu quo impuesto tras la guerra de 1982.

El futuro de las Malvinas —y del reclamo argentino— se juega en este delicado equilibrio entre diplomacia, recursos naturales y geopolítica. Y mientras los acuerdos no pasen por el Congreso ni reflejen una estrategia nacional consensuada, la soberanía sigue estando más en los papeles que en la práctica.

La histórica fabricante de termos pasó de 200 a 70 empleados y se vio obligada a importar el 60% de sus productos desde China, para sobrevivir. Otra triste postal de la Argentina libertaria.

La histórica fábrica argentina Lumilagro, símbolo del mate y emblema de la industria nacional, atraviesa una crisis sin precedentes. Presionada por la apertura comercial sin restricciones y el avance del contrabando, la empresa se vio obligada a reducir su planta de 200 a solo 70 trabajadores y a importar el 60% de sus productos desde China para poder subsistir.

La situación de Lumilagro expone con crudeza el impacto de las actuales políticas económicas sobre el tejido productivo argentino. “La alternativa era adaptarse o desaparecer”, admitió el gerente comercial, Carlos Bender, en una entrevista con Infobae. Ante un mercado saturado por productos asiáticos de bajo costo —muchos de ellos ingresados de forma ilegal—, la firma decidió adoptar un modelo mixto: conservar parte de su producción nacional, pero resignarse a depender mayoritariamente de la importación.

De fabricar termos a importar para sobrevivir

La decisión de tercerizar el 60% de la producción en China, con control de diseño y calidad por parte de la marca, busca mantener a Lumilagro en el mercado ante un escenario cada vez más adverso. La producción local quedará reducida a su clásico termo con ampolla de vidrio y una pequeña línea de acero inoxidable, que hoy representa apenas el 40% del total.

Caída de ventas, pérdida de empleo y desindustrialización

En los últimos años, Lumilagro aplicó un plan de retiros voluntarios que llevó su dotación de personal de cerca de 200 empleados a poco más de 70. La caída del consumo interno, la pérdida de competitividad frente a importaciones baratas y la inundación de termos por contrabando dejaron sin margen de maniobra a la firma.

La situación se agravó con el reciente levantamiento de los aranceles antidumping para termos chinos, vigente desde 2001, que desprotegía a la producción nacional frente al dumping comercial. Según datos de la Comisión Nacional de Comercio Exterior, entre 2021 y 2024 la industria sufrió caídas del 26,5% en producción, 32% en ventas internas, 31% en empleo y una reducción del uso de capacidad instalada del 51% al 21%.

Contrabando sin freno

El contrabando también golpea fuerte. Bender reveló que, según datos oficiales de Bolivia, ese país —sin una tradición matera— importó en un año más de 4 millones de termos de acero desde China a precios extremadamente bajos. La sospecha es clara: gran parte de esos productos ingresaron ilegalmente a Argentina. “No hay controles reales en las fronteras y en las góndolas es imposible distinguir qué es legal y qué no”, advirtió el gerente.

Una transformación forzada

En medio de la desprotección y la falta de incentivos, Lumilagro optó por transformarse para no desaparecer. El giro en su modelo de negocio refleja una tendencia creciente en la industria nacional: abandonar la producción local y recurrir a la importación como única vía de supervivencia.

La empresa toma esta decisión mientras el Gobierno, a través de figuras como el ministro Federico Sturzenegger, profundiza su ofensiva contra los subsidios y las políticas de protección industrial. La tensión con los sectores fabriles crece, y los sindicatos advierten que la pérdida de empleos ya es crítica.

Lo que ocurre con Lumilagro no es un caso aislado. Es el síntoma de un proceso más amplio de desindustrialización, donde marcas emblemáticas se ven forzadas a renunciar a su identidad productiva para sobrevivir en un mercado sin reglas claras ni condiciones de competencia justa.

El exjuez de la Corte Suprema y exsenador Juan Carlos Maqueda brindó un análisis contundente sobre la sesión del Senado celebrada este jueves: “Fue perfectamente válida”, afirmó, refutando así los cuestionamientos esgrimidos por el presidente Javier Milei y otros referentes del oficialismo.

Maqueda sostuvo que no existe ningún motivo legal para judicializar lo ocurrido en el Congreso. “No sé por qué el Presidente habla de recurrir a la Justicia”, señaló, dejando en claro que la sesión respetó los procedimientos parlamentarios. Además, advirtió que la falta de diálogo del Ejecutivo fue un factor determinante en el conflicto legislativo: “Esto se veía venir. Es una situación provocada por la actitud del Gobierno”, dijo.

Las declaraciones de Maqueda en el programa La Voz En Vivo echan por tierra los argumentos del oficialismo, que tras la aprobación de una serie de leyes con alto impacto social –incluidas las referidas a jubilaciones y discapacidad–, insinuó la posibilidad de impugnarlas en la Justicia o revertirlas tras las elecciones legislativas de diciembre.

“El daño que pudieran causar sería mínimo, una mancha de dos meses, porque en diciembre se las vamos a revertir”, había dicho Milei, quien también adelantó la posibilidad de vetar las leyes aprobadas.

Sin embargo, para Maqueda, “en algún momento los legisladores se iban a tener que hacer cargo de tocar temas sociales”, reafirmando así el rol institucional del Congreso y deslegitimando cualquier intento de judicializar una acción legislativa válida y constitucional.

Un grupo de militantes libertarios que responden directamente al entorno presidencial, desplegaron una violenta narrativa en las redes sociales donde pidieron sacar “tanques a la calle” y crear “milicias populares armadas” para destruir al Congreso Nacional.

Tras sufrir una de las derrotas parlamentarias más contundentes desde el inicio de su gestión, el entorno de Javier Milei activó un preocupante operativo de deslegitimación del Congreso con llamados abiertos a la violencia política. Influencers y referentes libertarios cercanos al Presidente desplegaron en redes sociales un discurso de extrema agresividad que incluyó expresiones como “dinamitar el Congreso con diputados y senadores adentro”, “sacar tanques a la calle” y hasta convocar a la creación de “milicias populares armadas” para revocar la suba a las jubilaciones votada por el Legislativo.

Uno de los mensajes más escalofriantes fue publicado por el militante y autodenominado periodista “independiente” Fran Fijap, uno de los principales voceros digitales del oficialismo, quien exigió sin eufemismos: “Hay que dinamitar todo el Congreso, con diputados y senadores adentro”. Este tipo de declaraciones, lejos de ser aisladas, fueron replicadas por múltiples figuras cercanas a La Libertad Avanza, en una escalada que recuerda los peores pasajes de gobiernos autoritarios.

También se sumó Daniel Parisini, alias “El Gordo Dan”, líder de la agrupación oficialista Las Fuerzas del Cielo y creador del denominado “brazo armado” de La Libertad Avanza, este habitual propagandista en redes del proyecto mileísta. En una serie de posteos incendiarios, pidió directamente la intervención militar: “Los tanques a la calle ya. Es ahora”, “Metan todos los tanques adentro del Congreso”, y “El momento ha llegado”. Parisini, que condujo el programa de streaming “La Misa” —espacio en el que el propio Milei dio su entrevista más extensa como presidente—, es una figura central en la maquinaria digital oficialista y que es señalado por financiarse de la caja del Estado.

LOS TANQUES A LA CALLE YA

ES AHORA

— DAN (@GordoDan_) July 10, 2025

JAVO PONE UN F16 A SOBREVOLAR EL CONGRESO YA

— DAN (@GordoDan_) July 10, 2025

Otro de los impulsores de este relato de ruptura institucional fue el troll libertario conocido como “El Trumpista”, quien propuso: “El Javo debería organizar milicias populares entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso”.

El Javo debería organizar milicias populares, entregando armamento a ciudadanos para facilitar el cierre del Congreso.

— El Trumpista (@ElTrumpista) July 10, 2025

Estos mensajes no sólo constituyen un ataque directo a las instituciones democráticas, sino que reproducen con inquietante similitud el discurso de movimientos extremistas y dictaduras del pasado, donde se glorificaba la violencia como forma de imponer un modelo político único y autoritario.

Un contexto peligroso y de consecuencias impredecibles

Frente a este escenario, se encienden alarmas sobre el rol del poder ejecutivo en la promoción o tolerancia de este tipo de expresiones, que ponen en riesgo la convivencia democrática y alimentan un clima de odio que podría derivar en hechos concretos de violencia política en un contexto en el que además el gobierno busca facilitar el acceso a las armas a ciertos sectores de la población y trata de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra un “enemigo interno”, reviviendo los peores fantasmas del pasado argentino.

Lo que comenzó como una reacción frente a una derrota legislativa, se ha transformado en una amenaza explícita contra las bases del sistema republicano.

Araceli Julio fue referente de la escena ska y madre de un hijo y una hija. El Estado le había suspendido la provisión de su tratamiento, presentó un amparo ante la Justicia para que le devolvieran su derecho, ésta le dio la razón, pero el Gobierno apeló el fallo. Finalmente, falleció producto del cáncer que padecía.

La cantante Araceli Julio murió el miércoles 9 de julio en el Hospital Central de San Isidro, luego de meses de lucha no solo contra un cáncer agresivo sino también contra la interrupción de su tratamiento por parte del Estado argentino. A principios de 2024, la vocalista de Satélite Kingston había hecho público que la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE), dependiente del Ministerio de Salud, le había quitado la provisión de medicamentos oncológicos. Presentó un recurso de amparo, ganó el juicio, pero el Estado apeló. La restitución de la medicación llegó tarde. Su caso se convirtió en símbolo de los efectos devastadores del ajuste impulsado por el gobierno de Javier Milei.

Araceli tenía 39 años, era madre de una hija y un hijo y artista de múltiples facetas. Durante dos décadas formó parte de Satélite Kingston, una de las bandas fundamentales del ska argentino, con la que grabó tres discos y giró por América Latina. También fue parte del grupo de teatro y percusión Boom Chapadama, y desarrolló un proyecto solista bajo el nombre La Bicicleta de Saturno. Su voz -potente, melódica, con filo y dulzura a la vez- se convirtió en marca registrada de una escena musical que la abrazó hasta el final.

Mientras el HIJODEPUTA que nos gobierna juega al dictadorcito, abajo del circo pasan cosas.
Hoy Araceli se fue a los 38. Dejó 2 hijos. Murió esperando medicación oncologica que el Estado le negó por el equilibrio fiscal.
No hay que ganarles las elecciones. HAY QUE HACERLOS… pic.twitter.com/i9NHtaoldx

— M (@MConurbasic) July 10, 2025

En noviembre pasado, Araceli había encabezado el set central de Satélite Kingston en el festival Skatex, a las afueras de Ciudad de México, ante más de 30 mil personas. Allí cantó “La última carta”, himno del ska latinoamericano que sintetiza buena parte de su sensibilidad artística. También dejó su huella como autora en canciones como “El hilo” y “En mil años”, con letras que combinaban lirismo, conciencia social y una mirada profunda sobre los vínculos.

Cuando se conoció que el Estado le había suspendido el tratamiento, comenzó una campaña solidaria que unió a la escena musical, a su público y a artistas de toda la región. El festival del sábado 5 de julio en Buenos Aires, con bandas como Morley Reggae, Los Casettes y Staya Staya, fue un último abrazo colectivo. La Justicia, finalmente, ordenó que el tratamiento se retomara, pero la apelación oficial dejó pasar un tiempo vital.

El último show con Satélite Kingston

Su último show fue el 22 de febrero, como La Bicicleta de Saturno, en el Multiespacio Korova. Días después, salió el EP Justo cuando creías que no, grabado en vivo con Satélite Kingston en estudios Romaphonic. Su música, como su historia, quedó registrada.

Desde las redes sociales, sus compañeros de banda despidieron con dolor a la artista: “Solo nos reconforta la noción de que tendremos siempre presentes la compañía dulce de los recuerdos y también los registros de su voz, su sonrisa, sus canciones”.

Araceli Julio fue todo eso: artista, madre, compositora, militante del derecho a vivir dignamente. Su muerte no es solo una pérdida para la cultura popular argentina. Es también la consecuencia directa de una política sanitaria que castiga a los cuerpos vulnerables y convierte el acceso a la salud en una carrera burocrática y cruel. La música resiste, pero a veces no alcanza.

Luego de que el presidente Javier Milei calificara de “traidora” a Victoria Villarruel – por presidir la sesión en el Senado que aprobó los proyectos jubilatorios y de discapacidad -, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, intentó el tono a la interna y justificó el accionar de la vicepresidenta. “Es una posición institucional muy compleja”, aseguró.

Antes, y de modo insólito, Francos había asegurado que “Milei no habló de Villarruel, dijo ‘traidora’ pero no dijo quien”. Después, tuvo que reconocer la gravedad de la interna libertaria.

“Hay desentendimientos entre el Presidente y la vice pero es una cuestión de personalidades”, insistió en querer bajarle el tono al debate. El gobierno vive, tal vez, sus peores horas.

Un informe de la UBA advierte que se perdieron casi 200 mil empleos formales y que el salario mínimo real cayó 32% desde la asunción de Javier Milei. El poder adquisitivo retrocedió a niveles de hace más de dos décadas.

En menos de un año de gestión, el gobierno de Javier Milei produjo una verdadera devastación en el mercado laboral argentino. Según un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se destruyeron casi 196 mil empleos asalariados registrados y el salario mínimo perdió un tercio de su poder adquisitivo, cayendo a valores inferiores a los del año 2001.

El relevamiento, realizado por los economistas Roxana Maurizio y Luis Beccaria, muestra con crudeza el saldo social del brutal ajuste impulsado por el oficialismo: despidos masivos, precarización laboral, y una caída salarial histórica que dejó a millones de trabajadores por debajo de la línea de pobreza. “El salario mínimo real se encuentra 62% por debajo del pico alcanzado en 2011 y por debajo incluso del nivel previo a la salida de la convertibilidad”, alerta el documento.

La política económica de Milei —caracterizada por la liberalización abrupta de precios, la eliminación de subsidios y el congelamiento del gasto público— está provocando un retroceso sin precedentes en los indicadores sociales. El empleo asalariado formal, que ya mostraba señales de estancamiento a fines de 2023, entró en una espiral descendente que arrastró a todos los sectores: Estado, empresas privadas y trabajo en casas particulares.

En marzo de 2025, el total de empleos formales registrados se ubicó en 10,1 millones, con una pérdida acumulada de 195.900 puestos desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Solo en el sector público se recortaron 58 mil empleos desde noviembre, en un intento deliberado por desmantelar áreas clave del Estado sin ninguna planificación social. Las empleadas domésticas, uno de los colectivos más vulnerables, sufrieron una caída del 11,7% en sus puestos de trabajo en menos de dos años.

El sector privado también sintió el impacto del ajuste. En marzo de este año, se registraron 115.300 empleos menos que al inicio del gobierno, lo que sitúa al empleo formal privado en niveles similares a los de 2018, año de crisis durante la gestión de Mauricio Macri. El modelo Milei repite, profundiza y multiplica los mismos errores que ya fracasaron.

Pero la caída del empleo no es el único dato alarmante. El salario mínimo, vital y móvil se desplomó un 32% en términos reales, ubicándose por debajo del umbral de subsistencia. A pesar de leves repuntes mensuales, el poder adquisitivo actual está muy lejos de recuperar lo perdido. “Es una de las caídas más abruptas en dos décadas”, señala el informe.

Las remuneraciones promedio del sector privado tampoco escaparon a este deterioro. Entre noviembre de 2023 y abril de 2025, el salario real bajó 1,2%, con un ingreso promedio de $1.594.900 que, medido contra la inflación, equivale a un 17,6% menos que en el punto más alto de la serie histórica (mayo de 2013).

En resumen, el primer año y medio de Milei se tradujo en una transferencia brutal de ingresos desde los trabajadores hacia los sectores más concentrados de la economía. Mientras se aplica un ajuste que empobrece y excluye, el discurso oficial insiste en hablar de “libertad” y “orden”, ignorando deliberadamente las consecuencias humanas de su programa económico.

Para los autores del informe, los datos revelan un deterioro sostenido y generalizado que no encuentra antecedentes cercanos. “El modelo actual no solo no mejora la situación del mercado laboral, sino que la empeora estructuralmente”, concluyen. El resultado es una sociedad al borde del colapso social, con un Estado ausente, salarios pulverizados y empleo en retroceso. La libertad, para la mayoría, se convirtió en sobrevivir.

El primer video de campaña del frente opositor pone el foco en trabajadores, jubilados y científicos. Kicillof, Máximo Kirchner y Massa apuestan a la unidad para disputar el rumbo del país en las elecciones bonaerenses.

Con un video que apela a la emoción y pone en el centro a los sectores golpeados por las políticas del gobierno nacional, Fuerza Patria lanzó oficialmente su campaña electoral de cara a las próximas elecciones legislativas bonaerenses. El flamante frente, integrado por Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Sergio Massa, apuesta a consolidar un mensaje de unidad y resistencia en medio del ajuste impulsado por el presidente Javier Milei.

“Fuerza Patria no es una consigna vacía. Es la fuerza que somos cuando nos juntamos”, abre el spot de más de un minuto, que fue difundido a través de las redes sociales del líder del Frente Renovador. A lo largo del video, se suceden imágenes de trabajadores, médicos, jubilados y científicos, mientras una voz en off señala: “Es la fuerza de quienes enfrentan la crueldad del ajuste y siguen adelante”.

El material no elude los cuestionamientos al oficialismo nacional: hace alusión a la represión a jubilados que reclaman por sus haberes, a la precarización de los trabajadores de la salud y a la estigmatización del sector científico. “No es una consigna vacía, es la fuerza de nuestra patria”, concluye la narración.

La alianza fue formalizada el pasado 9 de julio, tras meses de intensas negociaciones internas en el peronismo bonaerense. El acuerdo incluye la conformación de una junta electoral compartida, una lista única de apoderados y la distribución consensuada de candidaturas en los 135 municipios y las ocho secciones electorales de la provincia.

Según informaron desde el espacio, el órgano electoral estará conformado por representantes de cada sector: Carlos Bianco (Movimiento Derecho al Futuro), Leo Nardini (kirchnerismo) y Rubén Eslaiman (Frente Renovador). A su vez, la definición de las listas estará a cargo de duplas designadas por cada fuerza, quienes trabajarán de forma coordinada hasta el cierre de candidaturas el 19 de julio.

La consigna que guía esta etapa de la campaña es clara: “Unidad, fuerza y coraje para construir una alternativa”. Con esa línea, Kicillof, Kirchner y Massa buscarán dar respuesta al malestar social creciente en la provincia y disputar con fuerza el electorado que resiste las políticas libertarias.

Desde el entorno del gobernador aseguran que fue clave su insistencia en que las decisiones se tomaran en La Plata, capital política e institucional de la provincia. “La estrategia tiene que construirse desde el territorio, no desde la Ciudad de Buenos Aires”, insisten desde su círculo.

Con la presentación del primer spot, Fuerza Patria marca el inicio de una campaña que promete ser intensa. El peronismo busca reafirmar su presencia en el principal distrito electoral del país y, al mismo tiempo, ofrecer una alternativa sólida frente al rumbo económico y social del gobierno nacional.

Como parte de su alineamiento con los Estados Unidos, el gobierno libertario sigue adelante con su agenda de compras militares y busca ampliar la cobertura aérea del Ejército. Aprovecha la sintonía con EE.UU.

En un momento en que el presidente Javier Milei se alista para vetar el paquete de leyes aprobado por el Congreso —entre ellas, iniciativas clave para recomponer los ingresos de jubilados y sectores postergados—, el Gobierno nacional profundiza su política de rearme con nuevas adquisiciones millonarias. Esta vez, el objetivo es hacerse con una flota de helicópteros pesados CH-53G que Alemania planea dar de baja luego de intensas décadas de uso.

Tras la compra de blindados estadounidenses y cazas F-16 de segunda mano operados por Dinamarca, la administración libertaria apunta ahora a intensificar su alineamiento con Washington adquiriendo mas armas de ese origen aunque desarrolladas en los años 60.

El helicóptero pesado CH53

Si bien actualizadas hasta hace poco tiempo con mejoras que incluyeron tres actualizaciones principales: la incorporación de nuevos sistemas de alerta y defensa contra misiles enemigos; la posibilidad de añadir dos tanques de combustible externos para ampliar su autonomía hasta los 1.800 km, manteniendo la capacidad de transportar a 36 soldados armados o una carga de 5.500 kg; y la instalación de un sistema de visión nocturna en la cabina del piloto, lo que permite realizar vuelos furtivos a baja altitud durante la noche. Lo cierto es que se trata de helicópteros pesados con varias décadas de uso y cuya operatoria y mantenimiento advierten especialistas seria extremadamente oneroso considerando el magro presupuesto de defensa actual incluso muchos entendidos en el tema anticipan que podría desistirse de la compra por su inconveniencia.

El operativo de compra se enmarca en la reciente visita del ministro de Defensa, Luis Petri, al Pentágono y en el alineamiento geopolítico del gobierno de Milei con Estados Unidos, la OTAN y sectores ligados a Donald Trump. Este vínculo no solo habría facilitado acuerdos anteriores, sino que también abriría la puerta a futuras adquisiciones como submarinos franceses, actualmente en negociación y otros equipamientos excedentes de las fuerzas estadounidenses como ser vehículos M109 de artillería, M113 A3, Humvee, Oshkosh JLTV, embarcaciones y otras aeronaves de ala fija y rotatoria, etc.

Si bien el precio actual de los helicópteros no ha sido confirmado, su valor original rondaba los 25 millones de dólares por unidad hace una década. Aun con un costo reducido por tratarse de unidades usadas, la compra implicará una fuerte erogación de divisas en un contexto donde el mismo Gobierno impone recortes extremos al gasto social y frena, mediante vetos, medidas que podrían aliviar a los sectores más golpeados por la crisis.

Así, mientras se desfinancia el sistema de ciencia y tecnología, la educación y detiene la ayuda a jubilados y otras poblaciones vulnerables bajo el argumento del ajuste fiscal, se avanza sin demoras en una política de rearme de dudosa virtuosidad que no escatima en desembolsar millones y comprometer pagos futuros vía créditos.