Kristi Noem, llegará este domingo a la Argentina. tiene previsto reunirse con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y con la ministra de seguridad Patricia Bullrich.

Este domingo aterriza en Argentina una figura central del ala más dura del trumpismo: Kristi Noem, actual secretaria del Departamento de Seguridad Interior (Homeland Security) de Estados Unidos y una de las ejecutoras más férreas de la política antiinmigrante impulsada por Donald Trump. Noem, ampliamente conocida por su retórica xenófoba y su trato inhumano hacia los inmigrantes —especialmente los latinoamericanos—, mantendrá reuniones con el presidente Javier Milei y con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Noem ha construido su perfil político en torno a una narrativa de criminalización de los migrantes, promoviendo una política de deportaciones masivas, detenciones arbitrarias y vigilancia fronteriza extrema. Como jefa del Homeland Security, lidera las operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), dos organismos acusados por múltiples organizaciones de derechos humanos de violaciones sistemáticas contra personas migrantes.

En su cuenta de X (ex Twitter), Noem mantiene fijada una publicación de febrero en la que presume el lanzamiento de una multimillonaria campaña internacional que advierte a los migrantes indocumentados que serán expulsados de inmediato y se les prohibirá reingresar a Estados Unidos. “Esto sirve como una fuerte advertencia a los inmigrantes indocumentados criminales para que no vengan a Estados Unidos. Si lo hacen, serán perseguidos y deportados”, afirma el mensaje, que finaliza con un agradecimiento explícito a Donald Trump.

Su visita a la Argentina no es casual: Noem estrechó lazos con Milei durante el encuentro que ambos mantuvieron en Mar-a-Lago, la residencia del magnate republicano. Ahora, el gobierno libertario busca reforzar vínculos con el ala dura del trumpismo, en línea con su agenda de seguridad y control migratorio. Bullrich, por su parte, intentará obtener detalles de las prácticas de vigilancia fronteriza estadounidenses, en momentos en que impulsa una política de “fronteras seguras” y militarización interna.

Kristi Noem tiene un largo recorrido en la política republicana: fue congresista, lideró la legislatura de Dakota del Sur, y gobernó ese estado antes de asumir en enero de este año como máxima autoridad del Departamento de Seguridad Interior. Desde entonces, su gestión ha estado marcada por medidas punitivas contra migrantes, redadas masivas y una retórica racista que estigmatiza a comunidades enteras.

Su visita se suma a una serie de desembarcos de figuras clave del entorno de Trump en Argentina. En abril llegaron el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el jefe del Comando Sur estadounidense, Alvin Holsey. En mayo fue el turno del secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr. Ahora, con Noem, se refuerza la sintonía entre el gobierno de Javier Milei y el trumpismo más radical, en una agenda que pone en riesgo los derechos humanos y refuerza políticas de exclusión.

El Presidente acusó al grupo de “extorsionador” debido a la “falta de pauta y sobres” y lo calificó como “el gran operador argentino”.

El presidente Javier Milei volvió a cargar con dureza contra el Grupo Clarín, a quien acusó de “extorsionar” al gobierno debido a la “falta de pauta oficial y sobres”, en una nueva escalada del enfrentamiento entre el Ejecutivo y el multimedios más poderoso del país.

“Clarín es el gran operador argentino”, disparó Milei, en una declaración que no deja lugar a dudas sobre su percepción del rol que el conglomerado mediático cumple en la escena política y económica nacional. Con estas palabras, el mandatario profundizó su embestida contra la corporación dirigida por Héctor Magnetto, señalándola como una fuerza que intenta condicionar al gobierno a través de operaciones mediáticas.

Aquí está la basura inmunda del gran operador argentino Clarín. Para variar mintiendo. Naturalmente seguirán operando porque les duele la falta de pauta y sobres.
Y como si esto fuera poco, no se van a quedar con TELEFÓNICA.
¿Están extorsionando?
Fin. https://t.co/ghKoAARxRY

— Javier Milei (@JMilei) July 25, 2025

La crítica de Milei se da en un contexto de tensión creciente, en el que el presidente ha optado por desafiar abiertamente a los grandes medios de comunicación que –según sostiene– formaban parte de una red de privilegios alimentada por el dinero público. “Se terminó el negocio de la pauta millonaria”, ha repetido en varias ocasiones, en línea con su discurso de ajuste del gasto estatal y transparencia.

Este nuevo round con Clarín marca un punto álgido en la relación entre la Casa Rosada y el emporio comunicacional, y refuerza la narrativa de Milei sobre la resistencia que enfrenta por parte de sectores del poder tradicional que ven amenazados sus intereses. Mientras tanto, desde el Grupo Clarín aún no hubo una respuesta oficial a las acusaciones del jefe de Estado.

Chats, documentos oficiales y vínculos con el Ministerio de Seguridad exponen una trama que va más allá de una simple infracción administrativa.

Una denuncia anónima destapó una de las tramas político-policiales más graves desde el regreso de la democracia. Lo que comenzó como una sospecha sobre una veintena de efectivos de la Policía Ecológica bonaerense terminó por confirmar la existencia de una red interna de apoyo partidario al candidato libertario Maximiliano Bondarenko. Con documentos oficiales, chats de WhatsApp, uso de recursos públicos y contactos con el Ministerio de Seguridad, el caso ya está en manos de la justicia y podría derivar en detenciones.

La causa, que recayó en la fiscalía platense de Juan Cruz Condomí Alcorta, surgió tras detectarse que 24 agentes, entre ellos dos comisarios, integraban un grupo de WhatsApp denominado “Grupo Rocket”, desde donde organizaban tareas proselitistas en favor de Bondarenko, mientras cumplían funciones activas en dependencias policiales. Uno de los mensajes clave del grupo rezaba: “Estoy yendo para la Casa Rosada”, lo que confirma una conexión directa con el poder central.

Maximiliano Bondarenko fue concejal de Florencio Varela y actualmente se desempeña como referente de La Libertad Avanza en la Tercera Sección Electoral bonaerense. Abiertamente alineado con Patricia Bullrich y Javier Milei, fue uno de los impulsores de la candidatura libertaria en el conurbano sur. Su historial político muestra un derrotero de saltos partidarios: en 2015 ingresó al Concejo Deliberante por el Frente Renovador, luego se acercó a Juntos por el Cambio y más recientemente fue adoptado como figura por el espacio libertario. Hoy, su nombre vuelve a estar en el centro del escándalo.

Entre las pruebas que obran en la investigación figuran documentos oficiales emitidos desde computadoras de la Policía Ecológica con membrete de La Libertad Avanza, dirigidos al intendente de Florencio Varela para obtener información estratégica sobre cámaras de seguridad y móviles policiales. En los hechos, los efectivos actuaban como asesores de campaña de Bondarenko, en horario laboral y con recursos del Estado.

Según el periodista Nicolás Lantos, el objetivo de este grupo no era solamente electoral. Se encontraron mensajes que hacían alusión a un plan de purga dentro de la estructura policial, con la intención de desplazar cuadros jerárquicos y posicionar a referentes afines. El proyecto político era ambicioso: desde colaborar en la campaña hasta soñar con el control del Ministerio de Seguridad bonaerense si La Libertad Avanza lograba hacer pie en la provincia.

Uno de los policías involucrados, el comisario Manuel Ortiz Valenzuela, tiene antecedentes preocupantes. Ya en 2005 había sido desafectado de la fuerza por el entonces ministro León Arslanián por presuntas irregularidades vinculadas a hechos de corrupción. Sin embargo, reapareció en funciones gracias a una designación judicial y hoy figura entre los principales sospechados de liderar la red operativa pro-Bondarenko.

Consultado por el caso, el gobernador Axel Kicillof fue claro: “La verdad que la cuestión esta es delicada, tiene que ver con una investigación que está llevando asuntos internos de la propia policía y que ya fue a sede judicial. Así que para mí lo que hay que decir simplemente es que hay normas, hay leyes y hay que respetarlas, nada más que eso”.

Para el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, el caso va aún más allá: “Estaban organizando una purga policial. Esto ya lo vivimos en los 90, cuando policías retirados manejaban la fuerza y eso derivó en el crimen de José Luis Cabezas. Es peligroso y antidemocrático”.

Pese a la gravedad del asunto, el gobierno nacional se mantiene en silencio. Patricia Bullrich, lejos de repudiar la injerencia política en la fuerza, usó el escándalo como plataforma para relanzar la campaña de LLA en la provincia. “Kicillof odia a la policía”, dijo, victimizando al candidato investigado y transformando el episodio en una oportunidad de propaganda.

Mientras La Libertad Avanza denunciaba sin pruebas un supuesto fraude electoral, se descubrió que sus propios cuadros planificaban desde adentro del Estado una estrategia para condicionar al sistema democrático. La evidencia es contundente: lo que operaba en la comisaría no era solo un grupo de campaña, sino una red de poder con ambiciones institucionales.

El escándalo recién comienza. La pregunta ahora es hasta dónde llega el “Grupo Rocket” y cuántos más como él se están incubando bajo el paraguas libertario.

Con relatos ficticios casi idénticos sobre juicios laborales y sin pruebas concretas, cuentas afines al oficialismo viralizaron en redes sociales una narrativa destinada a instalar la necesidad de una reforma laboral.

El Gobierno de Javier Milei activó a pleno su maquinaria digital para militar la reforma laboral, desplegando trolls y comunicadores oficialistas que, en una campaña coordinada, inundaron las redes con relatos casi calcados de empleadores “perjudicados” por juicios laborales. Sin pruebas concretas y repitiendo estructuras narrativas sospechosamente similares, estas publicaciones buscaron instalar la idea de que la legislación vigente “ahoga” a las pymes y desalienta el empleo.

La estrategia, rápidamente detectada por usuarios, reveló la coordinación del aparato comunicacional libertario. Historias que en apariencia mostraban experiencias personales de pequeños empresarios se replicaron con mínimos cambios: alguien abre un local, contrata empleados “en blanco” y termina arruinado por una denuncia laboral —siempre con cifras similares y el mismo final trágico. El mensaje es uno solo: la solución es una “reforma laboral moderna”.

Dos de los casos más difundidos fueron los publicados por la cuenta fan del periodista oficialista Esteban Trebucq (@peladodelatv), el usuario @indignadoxd y el influencer Fran Casaretto (@Fran_Casaretto_), quienes repitieron el libreto casi al pie de la letra. De hecho, el propio Casaretto admitió que no vivió el caso y que otros simplemente replicaron su historia. Al quedar en evidencia la maniobra, varias cuentas eliminaron sus posteos, aunque el contenido ya había sido ampliamente compartido por cuentas con fuerte presencia oficialista.

Peeero…que parecida la anécdota! 🙄

Los difusores de “buenas noticias en #MileiLandia” @peladodelatv y @Fran_Casaretto_ tuvieron una experiencia muy bonita e igual de positiva ❤️

No seas mal pensado kuka mandril! Jamás podrían ser parte de un libreto que les bajan de… pic.twitter.com/aaQgnb3B4q

— Carlos Riello (@riellodecba) July 23, 2025

No se trata de un error aislado, sino de una táctica ya conocida: instalar una idea fuerza mediante relatos emocionales, virales y sin verificación. En este caso, el objetivo es claro: demonizar los derechos laborales y justificar su desguace bajo el lema de una “modernización necesaria”.

Pero lo que se presenta como espontáneo y genuino forma parte de una operación deliberada para manipular el debate público. La falta de evidencias, la repetición estructural y la aparición sincronizada de los mensajes revelan una estrategia propagandística clásica, basada en la apelación al miedo y la empatía falsa.

Volvieron los collages militantes. Como en 2011. pic.twitter.com/0URelOeKKG

— Tuits Borrados (@TuitsBorrados) July 23, 2025

Desde el sindicalismo y los sectores del trabajo organizado ya alertaron sobre este frente digital. Denuncian que esta ofensiva busca legitimar una reforma regresiva que solo pretende debilitar la posición de los trabajadores, flexibilizar las condiciones de contratación y facilitar despidos con menores costos para las empresas.

Mientras el Gobierno agita fantasmas y fabrica historias, los sindicatos advierten que la verdadera historia es otra: detrás de cada relato armado hay un intento por barrer con décadas de derechos laborales conquistados. Y esta batalla, hoy, también se libra en el terreno de las redes sociales.

Con una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ejecutivo dio inicio al proceso para desprenderse de activos estratégicos en el sector energético. No habrá acciones para trabajadores ni tasación estatal. La operación, impulsada por Caputo, repite los métodos de los ’90.

En un nuevo paso hacia el desguace del Estado, el gobierno de Javier Milei oficializó el inicio de la privatización de Energía Argentina S.A. (ENARSA), una de las principales compañías públicas del sector energético, clave en la generación y transporte de electricidad en el país.

A través de la Resolución 1050/2025 firmada por el ministro Luis Caputo y publicada este viernes, se anunció la venta de las acciones que ENARSA posee en CITELEC S.A., sociedad que controla la mayoría accionaria de TRANSENER, operadora del sistema nacional de transporte de energía en alta tensión. En concreto, el Estado comenzará a desarmar su participación en una estructura crítica de soberanía energética.

El proceso, que se llevará a cabo mediante un concurso público nacional e internacional, será conducido por la llamada Agencia de Transformación de Empresas Públicas, nuevo organismo creado al calor del ajuste. La licitación será ejecutada en un plazo de ocho meses y no contempla participación obrera ni reserva de acciones para los trabajadores, descartando cualquier atisbo de propiedad participada como preveía la ley de privatizaciones de 1989.

La tasación del paquete accionario no será realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, sino que se delegará a un banco público, bajo la excusa de que el valor se estima según “ingresos futuros”. Un mecanismo que, en los hechos, abre la puerta a ventas subvaluadas de activos estratégicos.

La decisión forma parte del plan de “reordenamiento” del Estado que impulsa el oficialismo, aunque en los hechos implica la cesión de estructuras claves al capital privado, en muchos casos extranjero. Mientras se recortan subsidios y se disparan las tarifas, el Ejecutivo liquida lo poco que queda de control estatal en un sistema energético que ya sufre apagones, desinversión y concentración.

Enarbolando el discurso de eficiencia, Milei y Caputo replican el libreto privatizador de los años noventa, pero sin siquiera los matices institucionales de aquella época. A la vista, se consolida un esquema en el que las ganancias quedan en manos de privados y los costos, una vez más, los pagará la sociedad.

Un grupo de uniformados fue desafectado de la fuerza tras una denuncia interna que los vincula con el armado de un golpe institucional.

El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió desafectar a 24 policías bonaerenses tras recibir una denuncia anónima que alertaba sobre una posible maniobra interna para impulsar un golpe institucional dentro de la fuerza. La decisión, según explicó el ministro de Seguridad, Javier Alonso, se tomó luego de detectar indicios graves de una confabulación para desplazar a la cúpula policial y reemplazarla con un grupo afín al excomisario Maximiliano Bondarenko, actual candidato de Javier Milei.

Frente a versiones periodísticas que vinculaban las bajas con razones políticas o cercanía de los uniformados con Bondarenko, Alonso fue categórico: “Es una tajante mentira que las desafectaciones hayan sido por motivos políticos”. Según detalló, el motivo real fue una grave denuncia recibida por Asuntos Internos, que advertía sobre un grupo de oficiales –algunos de alto rango– que planeaban intervenir la estructura de la Policía Bonaerense para tomar el control institucional.

“En esa denuncia se daba cuenta de un proyecto que incluía pasar a retiro a los altos mandos y poner a este grupo al frente de la policía y del comando institucional”, explicó el ministro. Ante esta situación, se realizó una auditoría preventiva en dos dependencias señaladas, donde se analizaron computadoras oficiales y se hallaron elementos que respaldan la veracidad de la denuncia.

Por esa razón, se resolvió la desafectación inmediata de los 24 policías, aclarando que no se trata de un despido definitivo sino de una medida preventiva mientras avanza la investigación administrativa. “Acá estamos hablando de una falta muy grave contra la ley orgánica provincial”, subrayó Alonso.

El funcionario también marcó límites claros respecto a la participación política dentro de la fuerza: “Si estos policías quieren estar en política, que pidan licencia. Pero no pueden ser las dos cosas. Lo que no puede pasar es que esta persona (por Bondarenko) lidere un grupo de oficiales en funciones. Eso es montar un comando institucional paralelo”.

Por último, Alonso relacionó este episodio con el clima político nacional: “No nos olvidemos de que el Presidente dijo que había que intervenir la provincia de Buenos Aires. Imagínense la insistencia que hay de que la policía se levante en armas contra el Gobernador”.

El Presidente celebró en redes sociales el entendimiento técnico con el Fondo Monetario Internacional usando términos despectivos. El organismo elogió el “ancla fiscal” y el ajuste, mientras millones de argentinos siguen sumidos en la pobreza.

Javier Milei volvió a recurrir a su retórica provocadora para anunciar un nuevo hito en su política económica: la aprobación técnica por parte del FMI de la primera revisión del programa de Facilidades Extendidas. “No apto para mandriles…”, escribió el mandatario en redes sociales, en una muestra más de desprecio por las voces críticas y la deliberación democrática.

El Fondo destacó en su comunicado el “fuerte arranque” del programa libertario, celebrando la desinflación, el acceso a mercados internacionales y la reducción de controles cambiarios. También elogió el ajuste fiscal y la contracción monetaria como pilares del modelo. Sin embargo, el diagnóstico contrasta con la realidad que atraviesan millones de argentinos: caída del poder adquisitivo, récords de pobreza y un mercado interno en recesión profunda.

La aprobación definitiva del acuerdo, que implicará un nuevo desembolso de 2.000 millones de dólares, queda ahora en manos del directorio ejecutivo del Fondo. El gobierno lo presenta como un logro, aunque a costa de un severo recorte del gasto público, congelamiento de salarios reales y profundización de la desigualdad.

Economistas independientes advierten que la euforia oficialista es peligrosa. “El FMI no elogia resultados sociales, sino disciplina fiscal. El crecimiento que mencionan no se ve en la calle”, explicó una fuente consultada. A su vez, distintos sectores sociales y sindicales advierten que el rumbo pactado con el organismo amenaza con consolidar un modelo económico excluyente.

Lejos de moderarse, Milei redobló su estilo confrontativo y celebró el acuerdo con descalificaciones. Mientras tanto, la Argentina real enfrenta un invierno sin reactivación, con tarifas en alza, alimentos inaccesibles y un futuro hipotecado.

El intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, quedó en el centro de una fuerte denuncia por presunto direccionamiento de fondos públicos a favor de su hijo. Según una investigación de El Disenso, replicada por el portal Diagonales, el municipio adjudicó durante 2024 al menos $261 millones a BigTree Studio SRL, una empresa donde trabaja Lucio Valenzuela, hijo del jefe comunal. La compañía también fue contratada por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), que le pagó US$252.000 por el desarrollo de un software, en una operación que compromete además al Gobierno nacional.

Valenzuela, que lleva casi diez años al frente del municipio y recientemente abandonó el PRO para sumarse a La Libertad Avanza, se perfila como uno de los principales candidatos del oficialismo para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Su cercanía con la Casa Rosada, reforzada en los últimos meses, fue evidente en su participación en distintas reuniones con el presidente Javier Milei y funcionarios nacionales, aunque evitó aparecer en la foto protocolar tras la firma del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad con Axel Kicillof.

De acuerdo con la denuncia, BigTree Studio ya había recibido contrataciones por parte del Gobierno de la Ciudad durante la gestión de Horacio Rodríguez Larreta, pero los vínculos con el Estado se profundizaron desde que Valenzuela alineó su figura con el oficialismo libertario. El escándalo puso en agenda posibles conflictos de interés, ya que los contratos acumulados por la empresa vinculada a su familia superarían los $500 millones, sumando fondos municipales y nacionales.

La revelación generó fuertes cuestionamientos por parte de la oposición local y provincial, que pidió explicaciones públicas y una investigación formal sobre el manejo de los recursos públicos. En medio de su proyección política como referente bonaerense del oficialismo, el intendente enfrenta ahora acusaciones que podrían afectar su estrategia electoral y su imagen ante la ciudadanía.

“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, informaron desde la firma estatal de agua de Israel, Mekorot.

La empresa estatal de agua de Israel, Mekorot, desmintió públicamente su posible desembarco en AySA y dejó en una situación incómoda al gobierno de Javier Milei, que en los últimos días había alentado versiones sobre una eventual privatización de la compañía argentina con participación israelí. Aclaración importante: en Israel, modelo defendido por Milei, es el Estado el que se ocupa de un servicio esencial como el agua.

“Somos una empresa nacional y el gobierno de Israel nos prohíbe ser dueños de activos fuera del país”, sostuvo Diego Berger, coordinador de proyectos especiales en el exterior de Mekorot, en declaraciones a Radio Jai. “No solo no estamos interesados, sino que directamente no podemos comprar AySA. Está totalmente prohibido para nosotros participar o comprar cualquier cosa en el exterior”, remarcó el funcionario.

El episodio dejó en evidencia el apuro del oficialismo en presentar avances concretos en su plan de privatizaciones, en este caso sin el debido respaldo de los actores involucrados. Mekorot es una compañía pública dependiente del Estado de Israel y considerada estratégica en términos de seguridad hídrica, por lo que sus operaciones están sujetas a fuertes restricciones normativas en el plano internacional.

Desesperado por los dólares, Milei quiere prácticamente regalar la empresa que gestiona el agua y las cloacas en CABA y Gran Buenos Aires. Podría lograr solo un ingreso de 500 millones de dólares pero la desesperación es total. En la década de 1990 AYSA fue privatizada con logros pésimos que obligaron a su reestatización unos años después.