La Policía porteña, a cargo de Bullrich, reprimió una movilización que pedía aumentos y moratoria, con heridos, presos y cobertura periodística agredida.

Un violentísimo operativo policial avanzó sobre jubilados, estatales, universitarios y científicos que se concentraban frente al Congreso, mientras en Diputados se debatía la derogación de decretos de ajuste. Fuerzas de la Ciudad desplegaron gas lacrimógeno, camiones hidrantes y balas de goma, generando incidentes con trabajadores de prensa y manifestantes en plena Plaza del Congreso a las 16 hs.

El fotógrafo Rodrigo Abd fue impactado por el chorro de agua del hidrante y cayó al piso tras recibir un golpe directo en la cabeza, aunque continuó trabajando. Otros periodistas denunciaron haber sido emboscados por los uniformados mientras cubrían las protestas.

La convocatoria, encabezada por organizaciones de jubilados, trabajadores del INTA, INTI, Vialidad Nacional y del Hospital Garrahan, reclamaba freno a la disolución de entes estatales, mejoras en haberes y moratoria previsional.

En contextos similares de represión anterior, se registraron cifras de hasta 82 heridos, entre ellos periodistas golpeados, cronistas gaseadas y cámaras destruidas. La violencia fue denunciada por organismos de derechos humanos y marcó una nueva jornada de protesta popular bajo un despliegue desmedido del Estado.

Carlos Moia, sacerdote de la parroquia porteña de San Cayetano, santo patrono del trabajo, afirmó que lo que están padeciendo hoy los jubilados “es un genocidio” y dijo que “no puede ser que un país esté manejado por negocios financieros, es inmoral, no es ético”.

“Lo que padecen los jubilados es un genocidio”, denunció el sacerdote de San Cayetano
En la antesala del Día de San Cayetano, el sacerdote Carlos Moia, referente de la parroquia porteña dedicada al santo patrono del trabajo, lanzó una fuerte denuncia sobre la situación de los adultos mayores en el país: “Lo que padecen los jubilados es un genocidio”, sentenció.

En declaraciones a Splendid AM 990, Moia criticó con dureza el modelo económico actual:

“No puede ser que un país esté manejado por negocios financieros. Eso es inmoral, no es ético”, afirmó.

El sacerdote también se hizo eco del reciente documento del Episcopado argentino, que advierte:

“No se puede tener una actitud indiferente frente a las necesidades de la gente” y señala que “no puede haber ningún plan económico basado en despidos y en crear inseguridad a la gente”.

A pocos días de la tradicional peregrinación a Liniers, donde miles de fieles piden por paz, pan y trabajo, Moia advirtió que la parroquia de San Cayetano vuelve a ser epicentro del dolor social: “Mucha gente la está pasando mal”, dijo.

Como ejemplo, relató un hecho conmovedor ocurrido durante el último fin de semana: “Me quedé impresionado cuando una señora me pidió: ‘Padre, ¿puede bendecirme la foto de mi madre porque se murió, porque no le dieron el remedio contra el cáncer?’”.

Conmovido, Moia reflexionó:

“Esos son gritos y pecados contra el cielo, contra los responsables de un plan económico que creen que se puede hacer esas cosas. Eso es inmoral”.

El acuerdo con La Libertad Avanza borró a la exgobernadora de la boleta y le dio a Karina Milei el control total de las listas. Vidal no fue tenida en cuenta y reaccionó: “No vale todo por un cargo”.

María Eugenia Vidal no será candidata, no participará de la campaña y ni siquiera fue consultada. La exgobernadora bonaerense quedó completamente fuera de juego tras el acuerdo del PRO con La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, que deja al macrismo sin poder real en su histórico bastión.

“No vale todo por un cargo”, dijo con tono amargo. Pero la frase llegó después de que la conducción del PRO decidiera entregar todo el armado porteño a los libertarios, con una lista donde los lugares principales son para LLA, y donde los pocos cargos del PRO quedaron en el fondo de la boleta. Vidal ni siquiera fue propuesta.

El armado, avalado por Mauricio Macri y ejecutado bajo la supervisión directa de Karina Milei, incluye una lista común —“Alianza La Libertad Avanza”— con boleta de color y sin candidatos del PRO en el Senado. En Diputados, los macristas aparecen recién en el puesto 5. Para peor, Karina Milei tendrá poder de veto sobre esos nombres.

En ese contexto, Vidal comunicó que no será candidata y que no acompañará la campaña, pero su decisión es leída como una reacción ante el destrato: no fue tenida en cuenta en ninguna negociación, a pesar de ser una de las figuras más relevantes del PRO en CABA.

“No estoy de acuerdo con ir juntos con LLA. Sería incoherente que sea parte de esa lista”, dijo Vidal, que ya había mostrado críticas al rumbo económico del Gobierno y a los efectos de sus políticas sobre sectores como los jubilados.

“No voy a ser candidata ni hacer campaña. Pero tampoco salto de un partido a otro en año electoral”, completó, marcando que pese a todo se queda en el PRO, pero claramente sin lugar ni protagonismo.

Con su salida, el PRO pierde una espada clave en el Congreso y cede su autonomía política en la Ciudad. En la nueva etapa, todo pasa por el filtro de Karina Milei. Entre los posibles candidatos figuran Fernando de Andreis, Hernán Iglesias Illa y Jimena de la Torre, pero ninguno tiene el peso propio que supo tener Vidal.

La vicepresidenta denunció una operación de desgaste impulsada por el entorno más cercano al Presidente. “No quieren unidad, buscan conflicto”, advirtió.

En medio de crecientes tensiones dentro del oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel denunció que un sector “leal” al presidente Javier Milei intenta forzar su renuncia a través de una estrategia de desgaste. Según afirmó, el objetivo es desplazarla del Gobierno por su postura crítica frente a decisiones internas.

“Hay un sector que no quiere la unidad y que está más interesado en la confrontación interna que en la estabilidad del país”, expresó Villarruel, al apuntar contra figuras cercanas al mandatario sin dar nombres. La vicepresidenta aseguró que viene recibiendo presiones y que las operaciones mediáticas en su contra se intensificaron en las últimas semanas.

Las declaraciones se producen en un contexto de alta tensión política y económica. Mientras el oficialismo defiende su programa de ajuste, crecen los cuestionamientos por la falta de resultados y la interna libertaria comienza a exhibir fisuras públicas.

Desde el entorno presidencial no hubo respuestas directas, pero voceros remarcaron la necesidad de mantener la unidad dentro de La Libertad Avanza. La línea más dura del mileísmo considera que Villarruel toma distancia del rumbo trazado por el Ejecutivo y que su postura genera “ruido innecesario” en la gestión.

En tanto, sectores de la oposición señalaron que los roces en la cúpula del Gobierno exponen un deterioro en la cohesión interna. “Esto muestra que Milei no logra contener ni siquiera a los suyos”, deslizó un dirigente del radicalismo.

Pese al silencio presidencial, la tensión quedó expuesta. Villarruel —una de las figuras fundacionales del espacio libertario— comienza a marcar cada vez más distancia del núcleo duro de Milei, en medio de un gobierno que enfrenta su primer gran test de estabilidad política.

En su último informe sobre las 30 economías más grandes del mundo, el Fondo Monetario Internacional volvió a poner la lupa sobre Argentina: advirtió por la debilidad del frente externo y la falta de reservas, al tiempo que pidió endurecer la política macroeconómica. Todo esto, mientras el Gobierno de Javier Milei intenta cerrar nuevos préstamos internacionales y espera el visto bueno final del Directorio del organismo para desembolsos por otros US$2.000 millones.

Pese a que el Fondo ratificó su apoyo político a la administración libertaria —al señalar que “los fundamentos económicos han mejorado sustancialmente desde finales de 2023”—, el tono técnico del reporte dista de ser complaciente. En el documento, se marca que “las reservas internacionales netas siguen siendo críticamente bajas” y que la cobertura actual es “inadecuada”, incluso luego de la implementación del nuevo programa y la fijación de bandas cambiarias desde abril.

En paralelo, el Gobierno oficializó este martes tres nuevos préstamos con organismos internacionales por un total de US$1.500 millones: dos con el Banco Interamericano de Desarrollo (US$1.200 millones) y uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (US$300 millones). Los fondos, en parte, apuntan a contener la presión cambiaria y a cumplir con los compromisos externos, en un contexto donde el Banco Central sigue sin poder recomponer reservas genuinas.

“Es fundamental realizar esfuerzos adicionales para reconstruir las reservas, permitiendo al mismo tiempo una mayor formación de precios y compras de divisas para cumplir con las obligaciones del servicio de la deuda”, señaló el organismo. Aunque reconoció cierta estabilización desde el cambio de programa, insistió en que los diferenciales de la deuda aún son elevados y que se requieren “políticas macroeconómicas estrictas” para evitar nuevos sobresaltos.

Además, en su informe sobre Argentina el FMI le pidió más ajuste al gobierno libertario: le exigió que la motosierra pase sobre la AUH que beneficia a millones de familias de menores ingresos. Por supuesto, ese ajuste llegará después de las elecciones.

Será en rechazo al veto presidencial, por mejoras salariales y en defensa de instituciones clave como el Hospital Garrahan y el Banco Nacional de Datos Genéticos. El Gobierno anticipó que no apoyará ninguna ley con impacto fiscal.

Desde las 15, jubilados y pensionados volverán a concentrarse frente al Palacio Legislativo para exigir la aplicación de la ley vetada por Javier Milei, que establecía un aumento del 7,2% en los haberes, un bono mensual de $110.000 y fondos para las cajas previsionales provinciales. La semana pasada, una movilización similar terminó con represión y siete detenidos.

Horas antes, a las 11, trabajadores del Hospital Garrahan llegarán al Congreso en reclamo de una ley de emergencia pediátrica. La iniciativa busca garantizar recursos, recomposición salarial y el fin de la precarización laboral, especialmente en el régimen de becas para residentes. “El Congreso le dio la espalda a los reclamos populares”, advirtió Alejandro Lipcovich, referente de ATE en el hospital.

También se espera la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo, que convocaron a movilizar desde las 12 en defensa del Banco Nacional de Datos Genéticos. La organización advirtió que peligra la continuidad de esta herramienta esencial para la restitución de identidad de nietos apropiados durante el terrorismo de Estado.

En paralelo, el Congreso sesionará con una agenda centrada en el financiamiento universitario y el sistema de salud. Desde el oficialismo ya adelantaron su rechazo a cualquier propuesta que implique aumentar el gasto público. La oposición, por su parte, buscará avanzar con proyectos que desafían el ajuste del Gobierno.

Mientras tanto, en la calle, se prepara un fuerte operativo de seguridad para contener las protestas. Los manifestantes, en cambio, anuncian una jornada pacífica y multitudinaria en defensa de los derechos sociales y la memoria histórica.

El monto informado por la hermana del presidente, implica un incremento del 221% respecto a lo declarado en diciembre de 2023, cuando reportó un patrimonio de $ 3,5 millones.

Karina Milei, hermana del presidente Javier Milei y secretaria general de la Presidencia, declaró ante la Oficina Anticorrupción un patrimonio de $11,4 millones en su presentación de 2024. La cifra representa un aumento del 221% respecto de su primera declaración como funcionaria, cuando había informado bienes por $3,5 millones.

Este crecimiento patrimonial, que supera ampliamente la inflación acumulada del período —que rondó el 200%—, se explica por la revaluación de un inmueble ya declarado y el aumento de sus ahorros en pesos. En términos reales, Karina Milei no solo preservó el valor de su patrimonio, sino que lo hizo crecer por encima del ritmo inflacionario, algo que pocos ciudadanos pueden mostrar en este contexto económico.

Si se mide en dólares, su patrimonio también tuvo una fuerte suba: pasó de representar entre US$ 3.461 y US$ 4.189 en 2023 a US$ 9.383 o US$ 10.755 en 2024, según se utilice el tipo de cambio paralelo u oficial.

¿Qué declaró Karina Milei?

La funcionaria aparentemente no posee vehículos, acciones ni inversiones en el exterior. Su patrimonio declarado está compuesto casi en su totalidad por:

• Un departamento con cochera en Vicente López, que duplicó su valor fiscal de $1,8 a casi $4 millones.
• Ahorros en pesos por casi $5 millones (en efectivo, cuentas bancarias y plazos fijos).
• Una caja de ahorro en dólares con apenas US$ 76.
• Un crédito impositivo con la AFIP por $2,4 millones.
• Bienes del hogar valuados en poco más de $25.000.

En resumen, los bienes son los mismos que en su anterior declaración, pero con valores notablemente más altos. No hay cambios significativos en la composición de su patrimonio, pero sí en su magnitud.

Valor fiscal vs. valor real

Cabe aclarar que las declaraciones juradas presentadas ante la OA reflejan valores fiscales, no de mercado. Es decir, lo que se declara es el valor que el Estado asigna a los bienes para el cobro de impuestos, no lo que valen efectivamente en el mercado. Por lo tanto, el patrimonio real podría ser mayor al declarado.

Un contexto político incómodo

Las cifras se conocen en medio de la polémica postura del presidente Javier Milei sobre los impuestos y la evasión. El mandatario ha calificado los tributos como “una forma de expoliación” y ha reivindicado en entrevistas tanto la evasión como la fuga de capitales y el contrabando, tildándolos de “reacciones legítimas” frente al accionar estatal.

Esta visión genera un problema institucional de fondo: cuando el jefe de Estado elogia conductas evasivas, se debilita la legitimidad del sistema tributario y se pone en tensión la responsabilidad fiscal de los funcionarios. Así, más allá del monto declarado por Karina Milei, la pregunta clave es cómo se explica el crecimiento de ese patrimonio y bajo qué lógica se lo interpreta en un gobierno que desafía abiertamente las reglas del sistema impositivo.

Diputados nacionales de Unión por la Patria (UxP) presentaron en las últimas horas un pedido de informes a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por los memorandos firmados con la secretaria del Departamento de Seguridad norteamericana, Kristi Noem, en materia migratoria.

Desde la Cámara de Diputados se intensifican los cuestionamientos hacia la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a raíz de los recientes acuerdos firmados con Estados Unidos en materia de política migratoria y cooperación en seguridad. Legisladores nacionales, encabezados por la diputada de Unión por la Patria, Agustina Propato, presentaron un pedido formal de interpelación para que la funcionaria rinda cuentas ante el Congreso.

La preocupación central radica en el posible alcance de los compromisos asumidos con la secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, durante su visita a Argentina el pasado 28 de julio. Propato advirtió que es indispensable conocer si dichos acuerdos habilitan algún grado de injerencia extranjera en cuestiones clave de seguridad nacional.

La Ministra Patricia Bullrich mantuvo una reunión bilateral con la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se abordaron temas clave para profundizar la cooperación en materia de seguridad bilateral.

Durante el encuentro se… pic.twitter.com/4ixQZxuPvZ

— Ministerio de Seguridad Nacional (@MinSeguridad_Ar) July 28, 2025

“Nos preocupa que la Argentina asuma compromisos de evaluación y monitoreo en materia de seguridad pública por parte de los Estados Unidos, y que esto implique aspectos injerencistas bajo los argumentos de lograr los estándares requeridos para el ingreso al programa de exención de visados”, expresó la legisladora.

Asimismo, Propato cuestionó el alineamiento con una funcionaria del entorno de Donald Trump, conocida por sostener políticas migratorias que vulneran los derechos humanos, el cierre de fronteras y deportaciones masivas. En ese marco, exigió que la ministra Bullrich aclare públicamente el contenido y los alcances de los acuerdos firmados.

Los puntos clave del pedido de informes

El proyecto elevado al Poder Ejecutivo solicita información detallada sobre los términos del entendimiento bilateral. Entre los puntos destacados, se requiere:

1-Copia del texto original del memorándum firmado.

2-Listado completo de las autoridades intervinientes en la negociación.

3-Cronograma de trabajo previsto para la implementación de los acuerdos.

4-Detalle sobre destino y origen de recursos financieros o técnicos involucrados.

5-Condiciones del acceso de personal argentino o fuerzas extranjeras en territorio nacional.

6-Especificaciones sobre posibles colaboraciones en ciberseguridad, designación de asesores nacionales o extranjeros, y provisión de equipamiento técnico.

7-Alcance territorial de los acuerdos, incluyendo posibles impactos en el Atlántico Sur, la Antártida Argentina y las Islas Malvinas.

El pedido se da en un contexto en el que el oficialismo celebró la posibilidad de que los argentinos puedan acceder en un futuro al programa de exención de visado (Visa Waiver Program). Tras la firma del acuerdo, tanto el Gobierno argentino como las autoridades estadounidenses destacaron el “compromiso inédito” en materia de seguridad fronteriza.

Sin embargo, desde sectores opositores advierten que ese objetivo no puede justificarse con la entrega de atribuciones estratégicas a potencias extranjeras. En palabras de la propia Propato:

“Resulta muy importante que el Congreso conozca el contenido de los acuerdos de cooperación en materia de seguridad alcanzados”.

Finalmente, Mauricio Macri firmó la capitulación. Este año, no habrá PRO ni color amarillo en una boleta en Ciudad de Buenos Aires. Será la primera vez en 20 años. Triste, solitario y final: Macri debió reconocer que su liderazgo ya no representa ni a los porteños.

Ayer se selló el acuerdo que establece una alianza donde manda Karina Milei, la “repostera”, según le dice despectivamente Macri. El nombre de la nueva fuerza será “Alianza La Libertad Avanza” y tendrá el color violeta.

Finalmente, el PRO podrá ubicar a dos candidatos en los lugares quinto y sexto de la lista de diputados nacionales. Sin embargo, esos lugares solo serían entrables en caso de una muy buena elección. Uno de los nombres que suenan con fuerza es el de Darío Nieto, actual jefe de bloque en la Legislatura, y la diputada Sabrina Ajmechet, impulsada por Patricia Bullrich. Karina vetó a María Eugenia Vidal que no podrá ser candidato.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, quien había manifestado reparos en sumarse a esta jugada, finalmente aceptó las condiciones y acompañará la firma del acuerdo. La presentación formal será este jueves 7 de agosto, justo antes del cierre del plazo legal para oficializar alianzas.

Según especialistas se pierde un actor estratégico en momentos donde proliferan productos ultraprocesados, aditivos cuestionados y falsas promesas nutricionales en las góndolas.

En una nueva ofensiva contra los organismos técnicos y participativos del Estado, el gobierno de Javier Milei disolvió la Comisión Nacional de Alimentos (CONAL), una institución clave para la seguridad alimentaria en el país. Lo que antes se decidía en un espacio federal, científico y plural, ahora queda en manos de unos pocos funcionarios y empresas, sin instancias de debate ni control ciudadano.

El desmantelamiento de la CONAL fue formalizado a través del decreto 538/2025, que modifica el Código Alimentario Argentino y transfiere la toma de decisiones al Instituto Nacional de Alimentos (INAL), dependiente de ANMAT, y al SENASA. Aunque estos organismos cuentan con experiencia técnica, lo que desaparece con esta medida es la arquitectura participativa y federal que aseguraba una regulación equilibrada y orientada al bien público.

Con un decreto inconsulto, Milei disolvió la CONAL y dejó afuera a las provincias.

Menos control sobre la sanidad e inocuidad de los alimentos y otro golpe al corazón del federalismo. Centraliza el poder y debilita la seguridad alimentaria. pic.twitter.com/7Mm9Iz1LR2

— Javier Rodríguez (@JavoRodriguezL) August 5, 2025

Durante décadas, la CONAL funcionó como un ámbito de construcción colectiva entre el Estado nacional, las provincias, la academia, sectores científicos y la industria. Allí se definían normas esenciales: qué puede considerarse alimento, bajo qué condiciones se produce y qué parámetros sanitarios debe cumplir para garantizar la salud de la población.

La eliminación de este espacio implica mucho más que una reestructuración administrativa: representa un retroceso en términos de transparencia, control social y resguardo del interés público frente a los intereses del mercado. El argumento oficial —”agilizar procesos” mediante plataformas como el SIFEGA— esconde el verdadero impacto: sin deliberación plural, el sistema alimentario argentino queda más expuesto a presiones corporativas y decisiones discrecionales.

Expertos y referentes del sector ya advierten las consecuencias: debilitamiento de los consensos sanitarios, pérdida de participación ciudadana y federal, y mayor opacidad en las decisiones regulatorias. Todo esto ocurre en un contexto donde proliferan alimentos ultraprocesados, aditivos controvertidos y estrategias publicitarias engañosas, especialmente dirigidas a niñas, niños y adolescentes.

La decisión de eliminar la CONAL no fortalece la protección de los consumidores. Al contrario: desarma uno de los pocos espacios donde confluyen ciencia, salud pública, producción y territorio para garantizar que lo que llega a nuestras mesas sea seguro. En nombre de la eficiencia, el gobierno está sacrificando derechos fundamentales.

Golpe a la ley de etiquetado frontal: más marketing, menos salud

Este ataque a la seguridad alimentaria no es aislado. En paralelo, el gobierno de Milei avanzó en la flexibilización de la Ley de Etiquetado Frontal, sancionada en 2021 con amplio consenso social y científico. La norma establecía sellos de advertencia para alimentos con exceso de azúcares, sodio, grasas saturadas y calorías, y regulaba la publicidad dirigida a niñas y niños, así como la oferta de productos en entornos escolares.

La modificación de su reglamentación —pese a las advertencias de organizaciones especializadas como la Fundación Interamericana del Corazón— debilitó varios puntos clave de la ley. Se redujo la información disponible para los consumidores y se flexibilizaron las estrategias de marketing, incluyendo el uso de personajes y técnicas de manipulación visual que apelan especialmente a la infancia.

“Con estos cambios, retrocedemos en políticas diseñadas para prevenir enfermedades crónicas y combatir la obesidad infantil, que en Argentina alcanza niveles alarmantes”, alertan desde el sector sanitario.

¿Quién define ahora qué es seguro comer?

La eliminación de la CONAL y el vaciamiento de la Ley de Etiquetado Frontal responden a una misma lógica: debilitar el rol del Estado como garante de derechos, en beneficio de un mercado cada vez menos regulado. En lugar de fortalecer los controles, se desmantelan. En lugar de escuchar a la ciencia, se prioriza la rentabilidad.

Lo que está en juego no es solo un modelo de gestión pública, sino la salud de millones de personas. Sin una regulación sólida, transparente y participativa, el acceso a alimentos seguros y de calidad deja de ser un derecho para convertirse en una cuestión de suerte.