El dólar oficial volvió a subir este jueves en el segmento mayorista, en una jornada marcada por la persistente volatilidad del mercado y las tasas récord de las cauciones bursátiles.

La divisa de referencia para las operaciones mayoristas trepó 4 pesos y cerró en $1.305, acumulando así su segunda rueda consecutiva en alza. En tanto, el dólar minorista avanzó hasta los $1.322,03 para la venta, según el promedio de entidades financieras relevadas por el Banco Central (BCRA).

El movimiento se da en paralelo a la brusca disparada de las cauciones bursátiles, que el miércoles llegaron a tocar un pico de 150% antes de retroceder al 70% al cierre, reflejando el nerviosismo de los operadores y la dificultad de estabilizar las expectativas en el mercado cambiario.

La combinación de presión sobre el tipo de cambio y tasas en niveles extraordinarios vuelve a exponer la fragilidad del esquema financiero, mientras el Gobierno intenta contener las tensiones sin perder control sobre la dinámica inflacionaria.

El saldo de la balanza comercial argentina sufrirá un fuerte recorte respecto a 2024, según cálculos de consultoras privadas. Las importaciones se expanden con fuerza y la menor liquidación del agro limita el ingreso de divisas.

El comercio exterior argentino enfrenta un panorama menos favorable en 2025. De acuerdo con proyecciones del sector privado, el superávit comercial rondará los US$ 6.000 millones, lejos de los casi US$ 19.000 millones que se habían anticipado a fines del año pasado.

La corrección obedece a la aceleración de las compras externas en un contexto de apertura gradual y mayores necesidades de insumos, mientras que las exportaciones se mantendrán prácticamente estancadas.

La consultora ACM advirtió que las importaciones podrían aumentar entre US$ 13.000 y US$ 16.000 millones en relación a 2024, mientras que el flujo exportador no mostraría variaciones de peso. Bajo este escenario, la balanza seguirá siendo positiva, pero con un margen mucho más estrecho.

En la misma línea, LCG alertó que la estacionalidad del segundo semestre y la reducción en la liquidación del complejo agroexportador presionarán sobre las cuentas externas y el tipo de cambio.

Las cifras oficiales acompañan esa tendencia: en julio, el superávit fue de US$ 988 millones, la mitad que un año atrás. En abril, las exportaciones sumaron US$ 6.664 millones, apenas 2,3% más que en 2024, mientras que las importaciones treparon 37,3% interanual hasta US$ 6.460 millones.

El retroceso en las proyecciones de superávit refleja tanto la recomposición de importaciones como el límite en la generación de divisas genuinas, lo que enciende alertas sobre la estabilidad cambiaria en la segunda mitad del año.

Las recientes elecciones presidenciales en Bolivia reconfiguraron el tablero político local y encendieron alertas sobre un posible rumbo autoritario en el país vecino.

*Por Vladimir Huarachi Copa/ El pasado 17 de agosto, ¿quién ganó realmente las elecciones presidenciales 2025 – 2030? Está claro que ninguno de aquellos candidatos que se veían ya sentados en la silla presidencial, amparados por encuestas infladas desde los medios tradicionales y avaladas por la institucionalidad electoral. El verdadero ganador de esta primera vuelta fue, sin duda, el voto en contra. Ese mismo voto que ya había sido determinante en anteriores comicios, aunque esta vez se mostró de manera más contundente y desnuda.

Para comprender el peso de este voto en contra, es necesario retroceder al turbulento periodo entre 2019 y 2020. Jeanine Áñez, quien tuvo en sus manos la posibilidad de revitalizar y reposicionar a la facción política que la llevó al poder, e incluso de ganar legítimamente las elecciones de entonces, terminó desperdiciando esa oportunidad. Sus propios errores al frente del Estado, atravesados por una corrupción inocultable, la arrastraron rápidamente al descrédito, pavimentando el camino hacia un segundo giro a la izquierda desde 2020.

Ese giro no significó un respaldo firme al MAS, sino más bien un rechazo al gobierno transitorio de Áñez, señalado como responsable de la ruptura del orden constitucional en 2019. El 55% que obtuvo Luis Arce puede leerse menos como un voto de adhesión que como un rechazo al pasado inmediato. Una cifra que expresa más hartazgo que identidad política.

En este marco, el evismo volvió a apostar a la debilidad de la oposición. Su estrategia se centró en esperar que la llamada “oposición funcional” a Evo Morales cometiera errores y que Andrónico Rodríguez perdiera las elecciones. El plan era claro: preparar el terreno para una eventual revocatoria que reposicione a Morales como el “salvador” de cara a los comicios de 2030, o incluso antes, mediante un referéndum, capitalizando otra vez ese mismo voto en contra que antes encumbró a Arce.

Sin embargo, los resultados de esta primera vuelta sorprendieron a analistas y comentaristas. Rodrigo Paz y Edmand Lara irrumpieron como ganadores inesperados, dejando a los demás candidatos con el desconcierto de quien se enfrenta a un electorado desencantado, cansado de los mismos rostros y de las crisis que arrastran al país al borde del colapso.

Bajo esta luz, que el voto en contra se haya convertido en el verdadero vencedor de estas elecciones 2025 – 2030 no debería sorprendernos. Ese voto dirigido contra el establishment político es una respuesta lógica al desgaste acumulado. Lo inquietante, sin embargo, es lo que puede venir después. Con la fuerza electoral alcanzada por el Partido Demócrata Cristiano y la dupla Paz – Lara, existe el riesgo de que el futuro inmediato nos confronte con un Estado policial-militar, acompañado de un autoritarismo neopopulista. Un desenlace que podría convertir al voto en contra, nuevamente, en el preludio de un nuevo desencanto nacional.

*Politólogo boliviano.

En una nota publicada el miércoles 19 de agosto en La Nación, el gobierno nacional dejó trascender que invertirá cerca de 266 millones de dólares en la construcción del satélite ARSAT SG1 (también denominado ARSAT 3), un proyecto que permanece congelado desde la gestión de Mauricio Macri.

El artículo, firmado por el periodista Pablo Fernández Blanco, asegura que la Casa Rosada “tomó en los últimos meses una decisión trascendente” al ordenar la reactivación del plan, pese al ajuste presupuestario generalizado. Según la publicación, el satélite —que tendría como objetivo brindar internet en zonas rurales— costará 265,8 millones de dólares, de los cuales 243,8 millones provendrían de un crédito de la CAF, mientras que el resto quedaría a cargo del Estado argentino.

Además, el artículo afirma que la fabricación estará a cargo de INVAP, la empresa estatal con sede en Río Negro que cuenta con la capacidad tecnológica para llevar adelante el desarrollo, y que “el proyecto está en marcha” tras haberse normalizado pagos atrasados con proveedores internacionales.

Sin embargo, desde INVAP niegan categóricamente haber tenido contacto con el gobierno nacional sobre este tema. En diálogo con Periferia, voceros de la compañía señalaron que no existe gestión oficial ni directiva alguna vinculada al ARSAT SG1. Lo mismo ocurre con ARSAT, que no confirmó avances en la iniciativa.

El contraste entre la versión oficial publicada en La Nación y las declaraciones de INVAP genera más dudas que certezas. Mientras el medio habla de una reactivación firme, de contratos ya regularizados y de un lanzamiento previsto en tres años, en la empresa adjudicataria aseguran desconocer cualquier decisión gubernamental en ese sentido.

El propio artículo de La Nación presenta la apuesta como una “hendija desarrollista” dentro del gobierno de Javier Milei, un enfoque difícil de sostener en un contexto en el que la administración libertaria desfinancia áreas estratégicas como ciencia, tecnología y energía, al mismo tiempo que lanza anuncios rimbombantes, como el ya cuestionado “plan nuclear”.

El satélite ARSAT SG1 está diseñado para ser compatible con lanzadores como el Ariane VI, el Falcon 9 de SpaceX o el Glenn, lo que permitiría reducir costos y ampliar las alternativas de proveedores. Pero, por ahora, más que un programa en marcha, parece ser —según Periferia— una promesa electoral sin sustento real.

El Gobierno de Axel Kicillof dispuso un incremento en las jubilaciones y pensiones mínimas del Instituto de Previsión Social (IPS), que llevará el haber total a $230.000 desde abril, con cobro retroactivo y actualización de la compensación especial.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, oficializó un nuevo aumento para las jubilaciones y pensiones mínimas que paga el Instituto de Previsión Social (IPS). La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial a través del Decreto N°2066, establece que el haber total mínimo pasará a ser de $230.000 a partir del 1° de abril de 2025.

La decisión responde, según explicó la Provincia, a “la necesidad de armonizar las políticas previsionales con la política salarial delineada por el Poder Ejecutivo provincial”, que en agosto otorgó incrementos para los empleados estatales.

El haber mínimo se desglosará en $138.000 de jubilación base y una compensación especial complementaria de $92.000. Como la suba rige desde abril, los beneficiarios recibirán también los montos retroactivos y proporcionales adeudados, que serán liquidados junto con los haberes de agosto.

El IPS confirmó que los pagos se realizarán en septiembre según el cronograma habitual:

• Jueves 28 de agosto: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 0, 1, 2 y 3; y pensiones sociales no contributivas para todos los DNI.
• Viernes 29 de agosto: jubilaciones y pensiones con DNI terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9.

Además, el organismo recordó que el último día para cobrar por ventanilla será el 23 de septiembre de 2025, por lo que quienes utilicen esa modalidad deberán completar el trámite antes de esa fecha para evitar inconvenientes.

Con esta medida, el gobierno bonaerense busca mejorar el poder adquisitivo de más de 300 mil jubilados y pensionados que dependen del IPS.

Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino.

La crisis judicial que rodea al ex presidente Jair Bolsonaro sumó un capítulo explosivo. Según un informe de la Policía Federal de Brasil (PF), el exmandatario habría redactado una carta dirigida al presidente argentino Javier Milei en la que solicita asilo político en territorio argentino. El documento fue hallado en su propio celular, incautado durante las investigaciones por la supuesta trama golpista que analiza el Supremo Tribunal Federal (STF).

Un archivo clave en la investigación

De acuerdo con la PF, el escrito —de 33 páginas— fue guardado el 10 de febrero de 2024, apenas dos días después de la Operación Tempus Veritatis, que obligó a Bolsonaro a entregar su pasaporte. En la misiva, redactada en primera persona, el expresidente se describe como “perseguido por motivos políticos” y solicita asilo “en régimen de urgencia”.

Aunque la carta no lleva firma, los metadatos apuntan a que fue creada y editada por un usuario registrado como Fernanda Bolsonaro, presuntamente vinculada a la familia del senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

El nexo con la intentona golpista

El hallazgo se incorpora al mismo informe en el que la PF imputó a Jair Bolsonaro y a su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro, por intentar obstruir el proceso judicial sobre el fallido intento de golpe. Los investigadores sostienen que el documento tenía como fin “viabilizar la evasión del expresidente hacia la República Argentina” en un contexto en que se agravan las acusaciones por abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y formación de organización criminal.

La PF recordó, además, que en diciembre de 2023 Bolsonaro ya había comunicado al juez Alexandre de Moraes su intención de viajar a Buenos Aires para asistir a la asunción de Javier Milei, entre el 7 y el 11 de ese mes.

El presidente del club culpó a los hinchas visitantes, negó cualquier responsabilidad institucional y hasta pidió sanción para la U de Chile, mientras los heridos se acumulan.

En medio del horror vivido en el estadio Libertadores de América, el presidente de Independiente, Néstor Grindetti, negó toda responsabilidad del club y apuntó sin filtro a los visitantes: “El cuadro argentino no tuvo nada que ver” y “Hay un claro responsable que es el simpatizante chileno”, declaró ante TyC Sports, anunciando que pedirán sanción a la U de Chile ante Conmebol.

Su versión, que exculpa por completo a Independiente, contrasta con la rotunda realidad: los incidentes fueron protagonizados también por barras locales, con agresiones brutales y una organización de seguridad ausente. La poca credibilidad de Grindetti se hace evidente al ver que pone en evidencia su gestión fallida, no su defensa del club.

Además, se confirmó que hay 90 hinchas chilenos detenidos, varios heridos y al menos uno en riesgo vital. La gravedad de los hechos fue tan extrema que la Conmebol decidió cancelar el partido y girar el caso a la Comisión Disciplinaria, sumado a investigaciones sobre la falla del operativo de seguridad.

Con esta actitud, el presidente rojo no solo se desentiende de sus obligaciones, sino que exhibe un preocupante desprecio por la verdad y por la propia historia de Independiente. La dirigencia encabezada por Grindetti ya acumula una larga lista de decisiones cuestionadas, pero lo ocurrido este miércoles marcó un nuevo punto de quiebre en su desgastada gestión.

El malestar en la hinchada es creciente y la paciencia parece haberse agotado. Los socios ya no toleran excusas ni frases desafortunadas: exigen respuestas concretas, transparencia y, sobre todo, que se garantice la seguridad en cada partido. Grindetti, en cambio, eligió el camino más fácil: culpar a otros, incluso apelando a un discurso discriminatorio, antes que asumir sus responsabilidades como presidente de Independiente.

El Gobierno logró mantener en pie el veto de Javier Milei al aumento de las jubilaciones gracias a una combinación de abstenciones estratégicas y el alineamiento de legisladores provinciales. La exgobernadora del PRO María Eugenia Vidal.

La exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, la entrerriana Marcela Antola —referenciada en Rogelio Frigerio— y los cuatro diputados misioneros que responden a Carlos Rovira fueron determinantes para que la Casa Rosada alcanzara el tercio necesario y blindara la decisión presidencial.

La paradoja quedó expuesta en el caso de Vidal, quien semanas atrás en Córdoba había declarado que “los jubilados no pueden esperar una respuesta”, pero este miércoles cambio de discurso y optó por abstenerse. Su postura, junto a la de Antola y los misioneros Alberto Arrúa, Carlos Fernández, Yamila Ruiz y Daniel Vancsik, achicó el número de votos necesarios para la oposición y facilitó que, con apenas 83 voluntades, el oficialismo sostuviera el recorte.

El clima en el recinto fue tenso. Tras la derrota previa del oficialismo en la votación sobre la emergencia en discapacidad, los diputados opositores denunciaron “negociaciones espurias” y acusaron al Gobierno de canjear recursos por votos. “No sean crápulas, cambiar ATN por jubilados es corrupción”, lanzó el formoseño Fernando Carbajal. En la misma línea, el radical Pablo Juliano acusó a quienes variaron su posición de “traicionar a los jubilados que no llegan a fin de mes”.

La bancada peronista también expuso sus críticas. Germán Martínez, jefe del bloque, interrumpió el debate para advertir que “los derechos de los jubilados no pueden estar arriba de ninguna mesa de negociación” y apuntó contra quienes habían habilitado el tratamiento y luego “miraron para otro lado”.

Además de las abstenciones decisivas, hubo ausencias que favorecieron a Milei, como la de la macrista Silvia Lospennato, el rionegrino Agustín Domingo y el formoseño Gerardo González, recientemente distanciado de La Libertad Avanza pero vinculado a Gildo Insfrán.

Dentro de la UCR, el cordobés Rodrigo De Loredo aportó nueve votos en favor del rechazo al veto, aunque recibió críticas por intentar inicialmente una fórmula intermedia. “De Loredo, felpudeaste todo el año, ahora hay que votar a favor o en contra”, lo increpó el diputado del FIT, Christian “Chipi” Castillo. Finalmente, el bloque radical quedó dividido: mientras algunos respaldaron a los jubilados, otros, como Lisandro Nieri, Pamela Verasay, Gerardo Cipolini, Atilio Benedetti y Soledad Carrizo, se alinearon con el oficialismo bajo la influencia de Alfredo Cornejo, Leandro Zdero y Frigerio.

El desenlace fue categórico: la oposición reunió 160 votos, pero no alcanzó los dos tercios requeridos. La abstención de seis legisladores se transformó en el salvavidas político de Milei, que logró consolidar su veto.

Así, no habrá aumento ni moratoria: los haberes jubilatorios seguirán atados a la política de ajuste del Gobierno, que en nombre del “equilibrio fiscal” vuelve a postergar a uno de los sectores más castigados por la inflación y la crisis económica.