El presidente viajó nuevamente a Estados Unidos para participar de foros empresariales y un encuentro conservador en Miami, en una agenda centrada en mostrar afinidad ideológica antes que resultados concretos para la economía argentina.

El presidente Javier Milei arribó a Miami para desplegar una agenda que combina exposiciones ante empresarios y su participación en una gala conservadora vinculada al expresidente estadounidense Donald Trump. Se trata de un nuevo viaje a Estados Unidos, en el marco de la estrategia del mandatario de afianzar su vínculo con el eje liberal-conservador internacional mientras la situación económica en Argentina atraviesa tensiones por la caída del consumo, la recesión y el desgaste social derivado del ajuste.

Milei será uno de los oradores en el American Business Forum, donde insistirá en su plan de apertura irrestricta, reducción del gasto público y desregulación, con el objetivo declarado de atraer inversiones. Sin embargo, hasta el momento, los principales anuncios de empresas no se tradujeron en nuevas cadenas de producción ni en generación de empleo, y el clima inversor sigue condicionado por la caída del mercado interno.

Por la noche, el presidente participará de una gala organizada por la Conservative Political Action Conference (CPAC) en la residencia de Mar-a-Lago. Se espera que reafirme su discurso contra lo que denomina “colectivismo” y en defensa del libre mercado y la tradición occidental. Trump no estará presente, aunque Milei busca mantener la sintonía política con el exmandatario de cara a la reconfiguración conservadora en la región.

La visita continuará en Nueva York, donde el presidente tiene previsto mantener contactos con representantes del sistema financiero y organismos multilaterales. La agenda incluye también su intervención en la Asamblea General de la ONU. Allí, el mandatario insistirá en su postura de “reordenamiento global” y en la necesidad de reformas estructurales, pese a las críticas internas por el impacto social del ajuste.

La gira se produce en un contexto de creciente malestar en sectores productivos y sindicatos, que advierten que la estrategia exterior del gobierno busca más consolidación ideológica que resultados económicos inmediatos.

La expresidenta y referenta del peronismo afirmó que el proceso responde a intereses políticos y que busca condicionar al campo nacional y popular.

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se pronunció este jueves antes del inicio del juicio oral por la causa Cuadernos. La dirigente calificó el proceso como un “show judicial” y sostuvo que la reapertura del expediente responde a tiempos políticos y no a criterios jurídicos.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, Cristina afirmó que la causa se sostiene sobre declaraciones obtenidas bajo presión y documentos cuya autenticidad fue cuestionada en distintas etapas. Señaló que se trata de una maniobra destinada a mantener activa la persecución contra el movimiento nacional y popular y recordó que en la causa Vialidad denunció irregularidades durante todo el proceso.

La exmandataria advirtió que la reactivación del expediente se produce en medio del debate sobre el empleo, las jubilaciones y el rumbo económico, y señaló que la estrategia judicial opera como herramienta para desplazar el foco público. También cuestionó el nivel de endeudamiento y ajuste que atraviesa el país.

Cristina sostuvo que no teme al proceso y se mostró confiada en que la historia pondrá en evidencia las motivaciones detrás de las causas. Reafirmó su respaldo a la organización política del peronismo y señaló que el eje central continúa siendo la discusión sobre el modelo económico y social para los próximos meses.

El CEO de Mercado Libre en Argentina, Juan Martín de la Serna, advirtió sobre el avance de las plataformas chinas Temu y Shein en Latinoamérica y pidió que se endurezcan las regulaciones en su contra al advertir que se trata de una situación de competencia desleal y una amenaza a las empresas locales y al empleo.

Lo de Mercado Libre es ya insólito. Por un lado, tanto de la Serna como el dueño de la empresa, Galperín, suelen expresarse siempre en contra de cualquier intervención estatal, excepto cuando los favorece. No quieren menos Estado, como suelen decir, sino un Estado que los favorezca, sea con beneficios fiscales (¿no se habla de planes en ese caso?) o limitando a posibles competidores.

En ese sentido, el número uno de la empresa consideró que es necesario tener un marco regulatorio que sea igual para todos los competidores y remarcó que las regulaciones son importantes tanto en finanzas como en comercio.Informate más

En relación a la situación de las plataformas, advirtió que la venta de productos “baratos y de baja calidad” representa una amenaza a las pequeñas y medianas empresas, que son las que llevan a cabo el 90% de las ventas dentro de Mercado Libre. “Cuando se abre el mercado indiscriminadamente y una empresa china te manda productos por barco, en realidad se está dando trabajo a compañías chinas, no a los argentinos“, apuntó.

A su vez, también criticó que la irrupción de Shein y Temu “obligó a Mercado Libre a elevar el nivel, ser más agresivo en inversiones y mejorar su red logística”, aunque advirtió que “los empleos en la región corren riesgo” si la competencia no se regula.

Por otro lado, marcó las diferencias entre la competencia asiática y los estadounidenses: “Amazon nos forzó a mejorar. Pero estas empresas asiáticas, en general, venden productos de baja calidad“.

El nuevo secretario Gremial de la CGT, Osvaldo Lobato, se refirió a la elección realizada ayer en la central obrera y señaló que “se debatió entre un triunvirato y un unicato, pero finalmente triunfó la posición mayoritaria de mantener el triunvirato”.

En diálogo con AM 530, el dirigente de la UOM San Martín indicó que “había más de 2.200 congresales. Hubo organizaciones gremiales, como la UTA y Gastronómicos, que estaban disconformes con la situación y se retiraron”.

Respecto de los nuevos integrantes del triunvirato, Lobato afirmó que “Cristian Jerónimo es un compañero joven y creo que va a estar a la altura de las circunstancias. Saúl Ubaldini vino de un gremio chico y terminó siendo lo que terminó siendo”.

Sobre el perfil que debe adoptar la conducción, planteó: “Creemos que la CGT tiene que ser más combativa. La situación de la industria es caótica. El diálogo no nos sirvió de mucho”.

“Siempre que tuvimos gobiernos de estos tintes políticos, lo primero que sufrió fue la industria con la apertura de importaciones”, añadió.

Asimismo, sostuvo que “la reforma laboral no es del Gobierno, que está intentando usar el poder económico para volver a esclavizar”.

“Tenemos que recuperar la confianza del trabajador para llevar adelante las medidas de fuerza que nos permitan detener todo esto. Esto no se va a frenar en una mesa de negociación, sino con la gente en la calle”, concluyó Lobato.

Bajo el argumento de combatir el narcotráfico y derrocar al gobierno de Nicolás Maduro, la administración de Donald Trump analiza acciones militares en Venezuela que incluyen desde ataques selectivos hasta la posible toma de los campos petroleros, una estrategia que, según analistas, apunta a controlar los vastos recursos energéticos del país sudamericano.

De acuerdo con fuentes citadas por The New York Times, el gobierno estadounidense ha diseñado varios escenarios de intervención que van desde ataques a unidades militares que protegen a Maduro hasta operaciones especiales para capturarlo. Entre las alternativas más ambiciosas figura el control de la infraestructura petrolera y de aeródromos estratégicos, lo que permitiría a Washington asegurar influencia directa sobre la principal fuente de riqueza venezolana y una de las mas importantes del mundo.

Asesores cercanos al entonces presidente, como Marco Rubio y Stephen Miller, han presionado para adoptar medidas más agresivas, justificadas bajo la narrativa de una “guerra contra el narcotráfico”. La Casa Blanca busca incluso vías legales para eludir la autorización del Congreso, apoyándose en la posible designación de Maduro y altos mandos militares como líderes del llamado Cartel de los Soles. Esa clasificación abriría la puerta a operaciones militares bajo el paraguas de la lucha antidrogas.

En paralelo, Estados Unidos ha reforzado su presencia militar en el Caribe. Actualmente cuenta con unos 10.000 efectivos distribuidos entre bases en Puerto Rico y buques de guerra, mientras el portaaviones Gerald R. Ford se dirige a la región con más de 75 aeronaves de ataque y unos 5.000 tripulantes. Bombarderos B-52 y B-1 también han sobrevolado las cercanías de la costa venezolana, en una clara demostración de fuerza.

Aunque Trump ha enviado mensajes ambiguos sobre una posible guerra abierta, sus declaraciones siguen marcadas por la retórica de que “los días de Maduro están contados” y por acusaciones de que Venezuela es un centro de narcotráfico hacia Estados Unidos. Bajo ese discurso, Washington intenta presentar una eventual intervención militar como una operación legítima de seguridad regional.

Advertencia de Lula

Desde América Latina, crecen las alertas ante una posible invasión. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva expresó su preocupación por la escalada de tensiones y advirtió que “los problemas políticos no se resuelven con armas, sino con diálogo”. Durante su gira por Asia, Lula ofreció mediar entre ambas partes y recordó que cualquier acción unilateral violaría la soberanía venezolana y el derecho internacional.

Mientras la Casa Blanca sostiene que las operaciones se centran en “narcoterroristas”, la magnitud del despliegue militar y el interés manifiesto por el control de los recursos energéticos venezolanos revelan una estrategia más amplia: utilizar el discurso antidrogas como justificación para intervenir en un país cuya riqueza petrolera sigue siendo clave en el tablero geopolítico mundial

En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

La industria argentina atraviesa su momento más crítico en años. En un contexto de recesión, caída del consumo y apertura de importaciones, empresas emblemáticas del sector electrodoméstico comenzaron a ajustar drásticamente sus plantillas. En Tierra del Fuego, Newsan despidió a más de 200 trabajadores, mientras que Electrolux suspendió a 400 empleados en Rosario y Mabe cerró su planta en Córdoba. La CGT advierte sobre una “destrucción acelerada del empleo industrial” y acusa al Gobierno de favorecer a las patronales.

Despidos masivos en Newsan: del saludo a Milei al telegrama de despido

Apenas un mes después de recibir al presidente Javier Milei en la planta fueguina de Newsan, más de 200 trabajadores fueron despedidos —entre efectivos y temporarios— en Ushuaia. La medida tomó por sorpresa a los operarios, quienes aseguran que no hubo aviso previo y denuncian la pasividad del gremio metalúrgico. “La UOM no nos recibe ni da respuestas. Solo dicen que está todo caído”, señalaron los cesanteados.

El golpe laboral ocurre en medio de un clima de desconfianza y tensión social. La muerte de Pablo Ulises Lizarraga, un trabajador recientemente despedido, conmocionó a la comunidad fabril y acentuó el malestar en el sector.

Desde la CGT, su secretario general Ramón “Moncho” Calderón confirmó los despidos —150 en Newsan y 50 en GDS, su empresa subsidiaria— y denunció la complicidad entre Gobierno, empresas y algunos dirigentes gremiales. “Para ellos, los trabajadores somos material descartable”, sostuvo, anticipando acciones legales contra la firma.

El gobernador Gustavo Melella también alertó sobre el colapso productivo fueguino: “Hasta 6.000 empleos están en riesgo por medidas del Gobierno nacional que destruyen la industria”. En una provincia donde la economía depende casi exclusivamente del ensamblado electrónico, los despidos masivos amenazan con un impacto social devastador.

Electrolux y Mabe: suspensiones y cierres en el corazón industrial del país

En Rosario, Electrolux suspendió a 400 trabajadores debido a la fuerte caída en la demanda de electrodomésticos y al incremento de importaciones. Las suspensiones, originalmente previstas por un mes, se extendieron hasta enero de 2026 y la empresa solo garantiza el pago total de los sueldos hasta noviembre.

“Estamos trabajando a menos del 50% de la capacidad instalada”, advirtió Pablo Cerra, apoderado de la UOM Rosario. Según estimaciones sindicales, solo este año se perdieron más de 2.000 puestos industriales en la región, afectando no solo a las grandes fábricas, sino también a sus proveedoras —en su mayoría pymes metalúrgicas—, las más vulnerables ante la crisis.

Mientras tanto, Mabe anunció el cierre de su planta en Río Segundo (Córdoba), trasladando la producción a Luque y dejando sin tareas a 150 empleados. Aunque la empresa ofreció relocalizaciones, la distancia de 60 kilómetros implica extensas jornadas laborales, y al menos 50 trabajadores fueron despedidos con una indemnización especial.

Un panorama crítico y sin señales de recuperación

Con despidos, suspensiones y cierres en cadena, la industria nacional enfrenta una crisis estructural que golpea tanto al empleo formal como al entramado pyme.
Empresarios del sector metalúrgico reconocen que “la actividad está destrozada” y que no existen perspectivas de recuperación en los próximos seis meses.

La apertura de importaciones, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas industriales están configurando un escenario donde cada semana se pierde capacidad productiva y empleo calificado.

Mientras el Gobierno defiende su plan económico, en las fábricas argentinas se instala el silencio, la incertidumbre y la angustia de miles de familias que ven desmoronarse su fuente de trabajo.

Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría según él “desequilibrando el campo de juego”.

Mercado Libre, la empresa que durante años se presentó como emblema del libre mercado y del ideario anarcocapitalista que hoy inspira al gobierno de Javier Milei, ahora reclama la intervención del Estado. Juan Martín de la Serna, presidente de la compañía en Argentina, pidió que se impongan regulaciones frente al avance de las plataformas chinas Shein y Temu, cuya expansión acelerada en la región estaría —según él— “desequilibrando el campo de juego”.

“Es importante tener un buen marco regulatorio que sea igual para todos los que compiten. Las regulaciones son muy importantes, tanto en las finanzas como en el comercio”, sostuvo De la Serna, en una declaración que contrasta con el discurso histórico de Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, ferviente defensor de la desregulación, la “motosierra” estatal y la competencia sin restricciones.

El ejecutivo advirtió que el ingreso masivo de productos chinos a bajo costo podría afectar a las pequeñas y medianas empresas —que representan el 90% de las ventas de la plataforma— y “socavar el tejido productivo local”. También reclamó que la apertura indiscriminada del comercio “genera empleo en China, no en Argentina”, un argumento que, paradójicamente, apela a la protección de la industria nacional y al rol regulador del Estado.

Sé q me repito, pero cuando digo q el empresariado argentino es lo q SUBDESARROLLÓ Argentina me refiero a ésto. El presidente de Mercado Libre (¡LIBRE!) pide regulaciones estatales e impuestos para competir contra inversiones del extranjero. Éso son.
El drama de la Argentina. pic.twitter.com/Ii8vXtyONa

— Tartu (@TartuTV) November 5, 2025

Mientras tanto, países como Chile, Uruguay y México ya implementaron medidas para proteger a sus pymes del desembarco asiático. En la Argentina, el gobierno libertario de Milei —que promete desregulación total y libre competencia— aún no ha tomado una postura.

Según la consultora Sensor Tower, la aplicación Temu aumentó un 143% sus usuarios activos en América Latina durante el primer semestre de 2025, alcanzando más de 105 millones de personas. Con precios muy bajos y envíos gratuitos, la plataforma se convirtió en una amenaza directa para el dominio regional de Mercado Libre, que mantiene su liderazgo con 27 trimestres consecutivos de crecimiento y más de 112.000 empleados.

De la Serna destacó que la empresa continúa invirtiendo en infraestructura, con un nuevo centro logístico de 65 millones de dólares en Buenos Aires, aunque reconoció que “la estabilidad y la capacidad de planificar con antelación siempre han sido más difíciles”. Y marcó distancia con la competencia asiática: “Estas empresas suelen vender productos de baja calidad; lo importante es diferenciarnos”.

El pedido de “campo de juego equilibrado” deja al descubierto una contradicción central: la plataforma que hizo bandera del libre mercado ahora demanda regulaciones estatales para proteger su posición frente a la creciente competencia global. En tiempos en que el discurso oficial celebra la desaparición del Estado como árbitro económico, Mercado Libre parece pedir justamente lo contrario: un Estado que, al menos esta vez, intervenga para salvarlo del mercado.

La suspendida jueza Julieta Makintach enfrenta desde hoy un jury de enjuiciamiento que podría ponerle fin a su carrera en la magistratura, cargo que ocupa desde marzo de 2017. La magistrada queda en el centro de la polémica tras revelarse su participación protagónica en el documental “Justicia Divina”, un proyecto que busca narrar desde adentro el juicio en el que se analizaban eventuales responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona. Makintach integra el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3 de San Isidro, encargado de ese debate, lo que abre sospechas de conflicto ético y de utilización de la función judicial con fines privados.

El juicio político comienza a las 9 de la mañana en el subsuelo del Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata. El primer testigo citado es el fiscal general adjunto de San Isidro Patricio Ferrari, quien, junto a Cosme Iribarren, lleva adelante la acusación pública en el juicio que finalmente se suspende cuando se filtra el avance del documental.

Ferrari declara ante el jurado para reconstruir los hechos que rodean la filmación y la presunta participación activa de la jueza en el proyecto audiovisual, cuya existencia ya es considerada una falta grave por la Suprema Corte bonaerense, que ordena su suspensión preventiva.

Se espera que el proceso se extienda durante varias jornadas y que desfilen funcionarios judiciales, policías, personal técnico audiovisual y personas vinculadas a la producción del documental. El jury deberá decidir si Makintach continúa o no en su cargo, y si corresponde aplicar sanciones disciplinarias o la destitución definitiva.