Por Ale Orellana R.
Más allá de lo obvio, el Principio de No Intervención, consagrado en el artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y desarrollado en las resoluciones 2131 y 2625 de la Asamblea General, fue claramente avasallado por el gobierno de Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.
El presidente venezolano Nicolás Maduro fue secuestrado por fuerzas estadounidenses, sin posibilidad alguna de defensa, mediación diplomática ni resguardo jurídico. Un hecho de extrema gravedad institucional que rompe, sin eufemismos, con los pilares básicos del derecho internacional contemporáneo.
Trump, fiel a su estilo, tampoco pareció interesado en respetar las propias leyes de su país. La Constitución de los Estados Unidos establece con claridad que cualquier acción bélica debe contar con la aprobación del Congreso. Desde los ataques a embarcaciones venezolanas hasta el secuestro ilegal de un jefe de Estado, nada de eso ocurrió. Semanas atrás, el propio Trump declaró que no era necesario pasar por el Congreso, minimizando el asunto como una formalidad irrelevante.
Una de las excusas reiteradas para justificar la agresión fue el narcotráfico. Sin embargo, la realidad —y el propio discurso del mandatario— deja en evidencia que se trata apenas de una coartada.
El llamado “fenómeno zombi” que afecta a varias ciudades estadounidenses está vinculado al consumo masivo de fentanilo, cuya producción base no se origina en Venezuela. De acuerdo con datos de la DEA, el principal productor mundial de esa sustancia es China, no Caracas. El argumento sanitario, entonces, se desmorona por sí solo.
Hay otro dato imposible de soslayar: hace apenas un mes, Trump indultó al ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, responsable —de manera probada— del ingreso de unas 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos durante su mandato. La vara moral, como siempre, se acomoda según la conveniencia geopolítica.
Dicho esto, el foco debe correrse del análisis coyuntural del gobierno de Maduro. Lo central es comprender qué intereses mueven a un imperio en decadencia, encabezado por Donald Trump, a quien aquí llamaremos por lo que es: un presidófilo, para quienes prefieren distraerse con tecnicismos.
El 3 de enero de 2026, Trump fue explícito: anunció que “recuperará” el petróleo venezolano, alegando que fue la tecnología estadounidense la que modernizó su extracción. Un razonamiento colonial clásico, donde la inversión privada justifica el saqueo y la soberanía ajena se convierte en un estorbo.
Los números explican mucho. Estados Unidos posee reservas petroleras estimadas en 74 mil millones de barriles, suficientes —en el mejor de los casos— para unos 15 años. Venezuela, en cambio, cuenta con 304 mil millones de barriles, lo que equivale a más de 900 años de reservas. Para 2026, Washington enfrentará una caída histórica de su disponibilidad energética, agravada por su nivel de consumo.
La historia reciente confirma el patrón:
Irak (1991 y 2003), Libia (1986 y 2011), Irán (1987), Afganistán (2001), Kuwait (1991) y ahora Venezuela (2026). Todos escenarios distintos, un mismo denominador común: petróleo y control geopolítico. Venezuela, Irán e Irak integran el podio de países con mayores reservas del mundo. Las conclusiones son inevitables.
Los hechos se encadenaron con precisión quirúrgica. Tras las elecciones venezolanas de 2024, Estados Unidos reactivó sanciones petroleras. En agosto de 2025, Trump desplegó 4.000 soldados en el Caribe con la excusa del narcotráfico. Desde octubre, se intensificaron los ataques a embarcaciones. En diciembre, llegó el bloqueo total. El 1° de enero de 2026, Venezuela anunció el refuerzo de su defensa. Dos días después, tropas estadounidenses secuestraron a Maduro y a Cilia Flores, atacaron zonas civiles y profanaron el mausoleo de Hugo Chávez.
Ese mismo día, Trump anunció la intervención directa sobre las reservas petroleras venezolanas. Nada fue improvisado.
Entre 2002 y 2009, Hugo Chávez estatizó la producción petrolera y devolvió al Estado el control de PDVSA. Las empresas estadounidenses que se negaron a ceder ese control fueron expropiadas. Chávez no robó nada: recuperó lo que era del pueblo venezolano. Hoy, Trump reclama “lo que es suyo” con la lógica del patrón que vuelve por la hacienda perdida.
El problema no termina en Venezuela. México, Colombia, Cuba y Groenlandia ya figuran en el radar discursivo del presidente estadounidense. Mientras tanto, los medios hegemónicos celebran, y una parte de la opinión pública aplaude, desclasada y sin memoria.
El cierre es incómodo, pero necesario: bajo la bandera de la lucha contra las drogas, mientras sus propias calles se llenan de miseria, adicción y expulsiones violentas; mientras separa familias, deporta niños y abandona ciudades enteras, Donald Trump no combate el narcotráfico ni defiende la democracia. Hace lo que Estados Unidos ha hecho siempre cuando el poder se le escurre entre los dedos: saquear recursos ajenos, imponer por la fuerza lo que ya no puede sostener por consenso y dejar, allí donde pisa, un cementerio o un manicomio. La historia no absuelve imperios: los expone.
