La Casa Rosada vuelve a quedar atrapada en disputas de poder. El sector que responde a los Menem busca limitar la influencia del principal asesor presidencial, en una interna que expone fragilidad política y falta de conducción.

Mientras el Gobierno intenta acelerar la reforma laboral en el Congreso, en los pasillos de la Casa Rosada se profundiza una interna que revela un oficialismo más concentrado en disputas personales que en la gestión. El enfrentamiento entre el clan Menem y el asesor presidencial Santiago Caputo vuelve a ganar centralidad y amenaza con escalar en las próximas semanas.

En el entorno presidencial admiten que el conflicto nunca fue saldado. Tras los comicios, el sector liderado por Martín y Eduardo “Lule” Menem intentó desplazar a Caputo del círculo de poder, pero la maniobra fracasó gracias al respaldo explícito de Javier Milei. Lejos de debilitarse, el asesor consolidó posiciones estratégicas y amplió su influencia sobre áreas sensibles del Estado.

La tensión reapareció con fuerza en medio del debate por la reforma laboral, una iniciativa clave para el Ejecutivo que, paradójicamente, quedó opacada por las luchas internas. En lugar de ordenar el frente político, el Gobierno volvió a mostrar fisuras que alimentan la desconfianza incluso dentro de sus propias filas.

Según fuentes oficiales, la ofensiva más reciente incluyó presiones sobre Karina Milei para condicionar la toma de decisiones durante los viajes presidenciales. El trasfondo es el mismo de siempre: evitar que Caputo concentre poder en ausencia del mandatario. El argumento, repetido en voz baja, desnuda el temor de un sector del oficialismo a perder control en la mesa chica.

Desde el entorno del asesor eligieron no responder públicamente. El silencio, sin embargo, no disimula el clima de confrontación permanente ni la sensación de provisionalidad que atraviesa al Gobierno. En Balcarce 50 reconocen que la tregua es frágil y que el conflicto podría recrudecer una vez que el Congreso defina el destino de la reforma laboral.

La interna libertaria, lejos de ser un episodio aislado, se convirtió en una constante que erosiona la capacidad de gestión y exhibe un Ejecutivo más preocupado por disciplinar aliados que por dar respuestas a una economía en crisis. Con marzo como horizonte, el oficialismo vuelve a mirarse el ombligo, mientras la agenda pública queda rehén de una pelea de poder que parece no tener fin.

El fuego está presente en el centro-sur del país. El Gobierno decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y advirtió que el número de víctimas podría crecer.

Una ola de incendios forestales mantiene en vilo a Chile, con un saldo provisorio de al menos 16 personas fallecidas y decenas de miles de evacuados en las regiones del centro-sur del país, según confirmaron autoridades nacionales.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, precisó que la mayoría de las muertes se registraron en la región del Biobío, una de las zonas más castigadas por el avance de las llamas. Desde el Gobierno advirtieron que el balance podría agravarse a medida que los equipos de emergencia accedan a áreas aún comprometidas por el fuego.

Ante la magnitud de la emergencia, el presidente Gabriel Boric decretó el estado de catástrofe en Ñuble y Biobío y se trasladó a la zona afectada para coordinar las tareas de respuesta. La medida habilita el uso de recursos extraordinarios y refuerza el despliegue de personal y medios para el combate de los incendios y la asistencia a la población damnificada.

De acuerdo con datos oficiales de la Corporación Nacional Forestal, permanecen activos más de una veintena de focos en distintas regiones, con miles de hectáreas ya consumidas. El incendio de mayor extensión se localiza en las inmediaciones de Concepción, donde el fuego avanzó sobre áreas rurales y sectores cercanos a zonas urbanas.

Las autoridades señalaron que las condiciones meteorológicas —altas temperaturas, baja humedad y fuertes vientos— complican las tareas de control y favorecen la rápida propagación de las llamas. En ese contexto, brigadistas, bomberos y fuerzas armadas trabajan con apoyo aéreo para contener los focos y evitar que alcancen nuevas áreas pobladas.

Especialistas y organismos técnicos alertaron que la reiteración de estos episodios extremos vuelve a poner bajo la lupa las políticas de prevención y el ordenamiento territorial en el sur del país, en un escenario marcado por la sequía prolongada y los efectos del cambio climático. Mientras tanto, el Gobierno mantiene la alerta y el monitoreo permanente, con el foco puesto en reducir daños y asistir a las comunidades afectadas

Según un informe de universidades públicas, desde diciembre de 2023, cuando asumió el gobierno de Javier Milei, la canasta de servicios públicos del AMBA acumuló un aumento del 594%, es decir, casi se multiplicó por siete, frente a un incremento del 194% del nivel general de precios en el mismo período.

En la comparación interanual, el aumento total de la canasta fue del 33%, apenas 1,5 puntos porcentuales por encima de la inflación minorista de 2025. El mayor ajuste se dio en transporte, con una suba del 52%, seguido por gas (29%), electricidad (21%) y agua (16%).

Esas subas fueron registradas solo parcialmente por el INDEC que decidió mirar para el costado para mantener el relato de la “desinflación”. Con una canasta totalmente desactualizada, no se refistraron los brutales tarifazos. Recién este año se cambiará el índice, justamente, cuando el mayor porcentaje de los tarifazos ya se llevaron adelante. Pero Milei tiene suerte de no ser peronista: ya nadie habla de “INDEC intervenido”.

El gobierno de Javier Milei salió a defender la apertura de importaciones que favorece a las manufacturas chinas, es decir, a los trabajadores de ese país. Y lo hizo en nombre del desarrollo y el empleo argentinos. Las cifras muestran otra cosa: la industria local perdió 270 mil puestos de trabajo desde que los libertarios llegaron a Casa Rosada. Ni en pandemia se perdieron tantos puestos.

Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) a octubre de 2025, en ese período se dieron de baja 21.046 empleadores, un proceso que derivó en la desaparición de más de 270.000 puestos de trabajo registrados, en un contexto marcado por la apertura comercial, la caída del consumo interno y la ausencia de políticas sectoriales activas.

Uno de los rubros más afectados fue la industria textil y de la indumentaria, donde se cerraron 523 empresas en toda la cadena productiva y se perdieron casi 17.700 empleos formales en dos años, con fuertes retrocesos en segmentos como ropa interior, indumentaria deportiva y tejidos de punto, de acuerdo con datos de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria.

El deterioro también alcanzó a la metalurgia, que registró una caída interanual de la actividad del 4,6% en octubre de 2025 y un retroceso del empleo del 2,9%, mientras que más del 80% de las empresas anticipó que mantendrá o reducirá su dotación de personal, sin expectativas claras de recuperación en el corto plazo.

Lejos del discurso del “fin de los planes”, la asistencia directa a los sectores más pobres se consolidó como el principal amortiguador del ajuste.

Mientras el empleo formal y las jubilaciones pierden sistemáticamente frente a la inflación, la ayuda social fue la única variable de ingresos que creció en términos reales durante el gobierno de Javier Milei. La Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar no solo se mantuvieron, sino que se expandieron por encima del aumento de los precios, convirtiéndose en el principal amortiguador social de un ajuste que golpeó con fuerza a la clase media y al trabajo registrado.

En los primeros dos años de gestión libertaria, el salario mínimo cayó mes tras mes en términos reales y hoy cubre apenas una fracción de la Canasta Básica Total. Las jubilaciones siguieron el mismo camino. En contraste, la AUH y la Tarjeta Alimentar fueron las únicas transferencias que lograron sostener —e incluso mejorar— su poder adquisitivo, según los informes del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) y de la Fundación para el Desarrollo Humano Integral (FDHI).

Conteniendo el estallido

Lejos del relato oficial sobre el “fin de los planes”, los números del presupuesto social muestran que la asistencia directa a los sectores más pobres fue la única partida que creció de manera sostenida durante el gobierno de Milei, tanto en cantidad de beneficiarios como en términos reales. De hecho, el punto más bajo del poder adquisitivo de la AUH se registró en 2023, último año del gobierno de Alberto Fernández, un dato que ayuda a explicar la derrota electoral del peronismo.

Según confirmaron fuentes oficiales, a diciembre de 2025 la AUH alcanza a 4.114.513 titulares —incluidos 93.453 beneficiarios por discapacidad—, mientras que la Tarjeta Alimentar llega a 2.546.130 familias y cubre a más de 4,5 millones de niños. En total, más de seis millones de planes sociales: un récord histórico que refleja el avance de un proceso de “latinoamericanización” de la Argentina, cada vez más lejos del país de amplia clase media que fue hasta la década del setenta.

Los cuadros de evolución real muestran con claridad que AUH y Alimentar corrieron por encima de la inflación de manera consistente, mientras los salarios y las jubilaciones fueron licuados. Entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, la AUH registró un incremento cercano al 100% en términos reales, luego de una suba interanual del 47%. Hoy, el monto de la AUH es 23% superior al vigente durante el gobierno de Alberto Fernández e incluso 10% más alto que durante la presidencia de Cristina Kirchner, creadora del programa.

Este refuerzo de la política social ayuda a explicar un dato político clave: pese a la magnitud del ajuste y a la devaluación del 120% de diciembre de 2023 —que nunca fue compensada en los salarios—, no hubo un estallido social masivo. Milei ejecutó dos movimientos simultáneos: desplazó a las organizaciones piqueteras de la intermediación y fortaleció las transferencias directas del Estado.

Empleo formal en retroceso

La contracara del modelo fue la destrucción de empleo formal. En los primeros dos años de gestión libertaria se perdieron cerca de 180 mil puestos de trabajo registrados, con una aceleración preocupante: solo en octubre pasado se eliminaron 70 mil empleos. El ajuste no se descargó sobre la asistencia, sino sobre el trabajo.

La paradoja libertaria se vuelve evidente: mientras el discurso oficial insiste en el achicamiento del Estado, la red de contención social no solo se mantuvo, sino que se consolidó como la principal ancla de estabilidad en un contexto de salarios en caída libre y jubilaciones deterioradas.

A esto se sumó el esfuerzo de las provincias, también golpeadas por el ajuste fiscal. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda alimentaria creció cerca del 30% durante 2025. Los programas provinciales alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada con partidas extraordinarias durante las fiestas.

Los informes de la FDHI muestran que, aunque AUH y Tarjeta Alimentar no alcanzan para cubrir la Canasta Básica Total y sacar a un hogar de la pobreza, sí lograron sostener el umbral alimentario. Ese dato resulta clave para entender por qué el ajuste no derivó en un conflicto social generalizado.

En síntesis, Milei ajustó con dureza sobre salarios, jubilaciones y empleo formal, pero blindó la asistencia directa. Así, los planes sociales se consolidaron como el principal sostén del modelo libertario y como el costo político necesario para administrar un proceso de empobrecimiento acelerado del trabajo registrado y de la clase media.

Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.

La profundización de la crisis de producción y la fuerte contracción del mercado interno ya tienen un impacto concreto sobre el empleo. Al menos 2.292 puestos de trabajo están hoy en riesgo como consecuencia de los planes de achique implementados por distintas empresas de sectores clave de la economía. Entre diciembre y enero, nueve compañías oficializaron reducciones, suspensiones y despidos de personal, medidas que en varios casos ya se hicieron efectivas.

El cierre de 2025 y el inicio de 2026 resultaron particularmente duros para el entramado productivo. Empresas textiles, alimenticias, tecnológicas, fabricantes de maquinaria agrícola, firmas vinculadas al comercio y proveedores de insumos comenzaron a evidenciar las dificultades crecientes para sostener sus planteles en un contexto marcado por la caída del consumo, la retracción de la actividad y el deterioro de las condiciones macroeconómicas.

La pérdida del poder adquisitivo de los salarios aparece como uno de los principales factores detrás del derrumbe del mercado interno. La caída en la demanda obligó a las empresas a reducir gastos, suspender inversiones y, en muchos casos, cerrar líneas de producción completas, lo que derivó directamente en despidos y suspensiones. A este escenario se suma la apertura de importaciones, que presiona sobre la producción local, y problemas financieros internos que agravaron la situación de varias compañías.

De los nueve casos relevados, el 60% de los anuncios de ajuste se concentraron en enero, mientras que el 40% restante corresponde a procesos que comenzaron a gestarse a fines de diciembre pero se ejecutaron ya en los primeros días de 2026. En todos los casos, el denominador común es la caída de la actividad y la imposibilidad de sostener niveles de producción acordes a la estructura de costos vigente.

Entre los casos más relevantes se encuentra el de Lácteos Verónica, con cerca de 700 trabajadores en riesgo y sus tres plantas completamente paralizadas por la falta de materia prima y una abultada deuda salarial. En el sector textil, TN & Platex profundizó su proceso de ajuste con el cierre de líneas productivas en varias provincias, dejando más de 360 trabajadores sin empleo. Vassalli Fabril, en tanto, atraviesa una situación crítica en su planta de Firmat, con 280 empleados afectados y una empresa que dejó de dar respuestas.

También se registraron recortes en firmas de consumo masivo e insumos industriales. Georgalos implementó suspensiones rotativas y reducciones salariales ante la baja de ventas; Sealed Air despidió trabajadores por la menor demanda de la industria alimenticia; y Lustramax, proveedora de grandes empresas, avanzó con despidos y un Proceso Preventivo de Crisis.

El derrumbe del mercado interno también golpeó al sector comercial. Farmacias del Dr. Ahorro cerró más de una decena de sucursales y dejó en la calle a más de un centenar de trabajadores tras pedir concurso de acreedores, mientras que Mercado Libre, en el marco de una reestructuración regional, desvinculó personal en áreas vinculadas a experiencia de usuario y contenidos.

En conjunto, los datos configuran un panorama preocupante: la combinación de caída del consumo, apertura importadora y parálisis productiva está erosionando el empleo formal y poniendo en jaque a amplios sectores de la industria nacional. De no revertirse esta tendencia, el impacto social de la crisis podría profundizarse en los próximos meses.