Por Lois Pérez Leiva

En la historia de las democracias, los momentos de mayor tensión no solo se resuelven en las urnas o en las plazas, sino en los pasillos de los tribunales, allí donde la letra de la ley debe actuar como el último dique de contención frente a los desbordes del poder. La reciente denuncia presentada por Facundo Pérez Ernst contra el Presidente Javier Milei y el funcionario Pablo Quirno no es un trámite judicial más; es un síntoma de época y un acto de profundo compromiso patriótico.

​La juventud y el deber cívico

​Lo que hace este hecho verdaderamente histórico es el contexto personal del denunciante. A solo días de recibir su título de abogado, Pérez Ernst ha decidido que su primer gran acto profesional no sea la búsqueda de un rédito económico, sino la defensa de la Constitución Nacional.

Mientras muchos profesionales optan por la comodidad del silencio o el resguardo de la carrera privada, este joven jurista ha decidido estrenar su vocación en el escenario más complejo posible: denunciando a la máxima autoridad del Ejecutivo por delitos que tocan las fibras más sensibles de la soberanía nacional, como lo es el riesgo de hostilidades y la apología del crimen.

​Los cargos: un llamado a la reflexión

​La denuncia no es superficial. Al invocar figuras como el Abuso de Autoridad (Art. 248) y las Hostilidades con peligro de declaración de guerra, se pone sobre la mesa una discusión necesaria sobre los límites de la diplomacia y la retórica presidencial. ¿Hasta dónde puede llegar la verborragia de un líder sin comprometer la seguridad y el destino de su pueblo?
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​Un acto de patriotismo moderno

​A menudo se confunde el patriotismo con la obediencia o el nacionalismo de cartón. Sin embargo, el verdadero patriotismo es el que ejerce Facundo: aquel que entiende que nadie está por encima de la ley. Al utilizar las herramientas del sistema democrático para cuestionar el ejercicio del poder, se fortalece la institucionalidad del país.

Este paso dado por Pérez Ernst marca un precedente para las nuevas generaciones de abogados. Es un recordatorio de que el Derecho no es solo una profesión para ganar litigios, sino una herramienta para proteger a la Nación de sus propias crisis. La justicia ahora tiene la palabra, pero el gesto de valentía ya ha quedado grabado en la historia reciente de la República.

El jefe de Gabinete se sacó con los periodistas y no pudo explicar cómo pagó el chárter a Punta del Este ni la casa del country.

La conferencia de prensa de Manuel Adorni terminó muy mal. El jefe de Gabinete se sacó con los periodistas que le preguntaron sobre el chárter a Punta del Este, la casa en un country y las inconsistencias en su declaración jurada, y terminó gritando que su plata la gasta como quiere y viaja a donde quiere.

Flanqueado por algunos ministros y Santiago Caputo pero sin Karina Milei ni los Menem, Adorni intentó dar vuelta la página de los escándalos con una conferencia de prensa en la que hizo una larguísima introducción con temas de gestión que quedaron en una tercer plano porque el tema obviamente eran las sospechas de corrupción.

La puesta en escena no dio los frutos y Adorni, lejos de dejar atrás el escándalo, pareció haber hecho un intento en vano por sostenerse en el gabinete. Aunque desmintió su renuncia, el jefe de gabinete dijo que desde el primer día Javier Milei la tiene a su disposición.

“Mi patrimonio lo construí, antes de entrar al gobierno, no tengo nada que esconder”, dijo Adorni mientras leía un largo texto. “Como hay una investigación judicial no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa”, se atajó. Pero a la hora de las preguntas Adorni no pudo esquivar las balas y, ya sin el libreto escrito, terminó siendo vencido por los nervios.

“Lo del viaje a Punta del Este ya lo aclaré y es un tema estrictamente personal”, respondió Adorni, que reprochó a la prensa la difusión del video donde se sube a un avión privado junto a su esposa, hijos y el periodista Marcelo Grandio. “Es un tema de mi vida privada, por lo tanto, si deseo repetirlo probablemente vaya adonde sea”, agregó.

El primer gran enojo de Adorni fue cuando un periodista le recordó las inconsistencias de su declaración jurada. “Apenas sos un periodista, no sos un juez. No podés juzgar en qué gasto yo mi dinero. Mis decisiones de gasto no las voy a discutir con vos porque vos no sos juez”, dijo desencajado. “Yo hago lo que quiero con mi dinero”, desafió, aunque su amigo Grandio había dicho que el vuelo a Punta se pagó con dinero del Estado.

Volvió a enojarse cuando le explicaron que podría configurar el delito de dádivas que un contratado por la TV Pública, que depende de él, le haya pagado un vuelo privado. “La dádiva está en tal caso cuando es una dádiva, cuando yo no pago, cuando no hubiese pagado, cuando hubiese sido un regalo”, titubeó. “Estoy cansado de decirles que el viaje lo pagué, ya no sé cómo explicárselos. Es un tema de investigación judicial”, afirmó.

“No tengo por qué explicar una transacción privada por la que la justicia no me está preguntando, cuando me lo pregunten se presentará la documentación correspondiente. Parece que hay una confusión entre lo que es una dádiva y cuando uno afronta sus gastos”, insistió Adorni, aunque las facturas de los vuelos no están a su nombre. 

Sobre el final Adorni se sacó totalmente con un periodista que le consultó si no hace falta una explicación a la sociedad más completa sobre los escándalos que lo rodean y le recordó que su gobierno echó a una funcionaria por haber comprado una cafetera. El jefe de gabinete lo interrumpió, lo acusó de mentir y le exigió que le pida disculpas por un tuit que sostenía que ningún funcionario lo había apoyado hasta ese momento. Adorni fue provisto de algunos tuits impresos de los periodistas para confrontarlos, lo que habla de algún tipo de seguimiento.

El periodista le explicó que efectivamente nadie lo había apoyado públicamente hasta ese momento y lo invitó a que mejor explique cómo pagó el vuelo. “¿Por qué tengo que explicarte a vos una relación privada? La justicia me va a preguntar, vos no sos juez”, respondió Adorni antes de irse enojado.

Un informe del Grupo Atenas advierte que la caída de la actividad industrial ya provocó la pérdida de más de 100.000 empleos. A los 73.000 puestos formales directos, el estudio agrega unos 30.000 indirectos vinculados a insumos, servicios, logística, comercio y construcción.

El retroceso del sector manufacturero, además, no encuentra compensación en otras áreas, mientras que las encuestas empiezan a reflejar un cambio de clima social, con mayor demanda de políticas activas para apuntalar a la industria.

“El impacto excede el empleo directo: la industria dinamiza una extensa red de actividades. Cada nuevo puesto industrial pone en marcha una cadena productiva completa. Es un nodo clave dentro de la estructura económica”, señala el informe elaborado por los economistas Martín Pollera y Mariano Macchioli.

La pésima empresa de vuelos Flybondi abrió un plan de retiro voluntario para sus 1500 empleados. El empresario ultralibertario Leonardo Scatturice había prometido una inversión de 1700 millones de dólares para ampliar la flota hace tres meses. No solo no lo hizo en ese período sino que no lo hará nunca.

Scatturice había comprado Flybondi en junio de 2025, cuando los récords de impuntualidad y cancelaciones ya habían catapultado a la compañía entre las peores aerolíneas del mundo. Bajo su gestión la empresa siguió empeorando entrando en la crisis actual, que se agrava por la caída en los vuelos.

En diciembre, Flybondi había anunciado una inversión de 1700 millones de dólares para comprar 35 aviones a Boeing y Airbus. Buscaban consolidar “la mayor expansión de flota de los últimos años tanto en Argentina como en Paraguay, y una de las más relevantes en América Latina”.

La crisis económica alcanza niveles alarmantes: casi 6 de cada 10 familias (56,4%) tuvieron que endeudarse en los últimos meses para cubrir gastos básicos como comida, servicios o alquiler. Pero el dato más grave es otro: 9 de cada 10 hogares ya tienen dificultades para pagar esas deudas, evidenciando una situación al límite.

El relevamiento de la consultora Zentrix confirma un deterioro generalizado: los ingresos no alcanzan y la deuda dejó de ser una herramienta financiera para convertirse en un mecanismo de subsistencia. Hoy, la mayoría de los créditos se destinan a cubrir gastos cotidianos, no a invertir ni a generar ingresos futuros.

La raíz del problema es clara: el 83,9% asegura que su salario pierde contra la inflación, mientras más de la mitad de la población ni siquiera logra llegar al día 20 de cada mes. Este desfasaje empuja a los hogares a una espiral crítica: caída del poder adquisitivo, endeudamiento para cubrir lo básico y creciente incapacidad de pago.

El impacto ya se siente en todo el sistema: aumenta la morosidad en bancos y billeteras virtuales, y las entidades endurecen el acceso al crédito ante el riesgo de incumplimientos masivos.

El malestar también se refleja en lo social y político. Más de la mitad de la población (53,3%) desaprueba la gestión del Gobierno, con una suba significativa respecto a mediciones anteriores, en un contexto donde crece la percepción de que los datos oficiales no reflejan la realidad cotidiana.

El diagnóstico es contundente: el ajuste ya no es una variable macroeconómica, sino una crisis directa en los hogares, donde cada vez más familias dependen de la deuda para comer y, al mismo tiempo, quedan atrapadas en una situación cada vez más difícil de sostener.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, centró su mensaje en el carácter económico del último golpe de Estado en la Argentina, al cumplirse medio siglo del quiebre institucional.

A través de sus redes sociales, remarcó que la dictadura no puede analizarse únicamente por su faceta represiva, sino también por el modelo económico que buscó imponer.

“A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico”, afirmó. En ese sentido, explicó que el régimen tuvo como objetivo transformar la estructura productiva del país: “Se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar la economía y precarizar el trabajo”.

Kicillof sostuvo además que ese programa económico requirió un profundo debilitamiento del tejido social. “Además de quebrar la Democracia, se buscó quebrar a las organizaciones, la solidaridad y sofocar cualquier esperanza colectiva de una sociedad más justa”, señaló.

El mandatario también puso el acento en el sentido actual de la memoria histórica. “No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, defender el futuro y no naturalizar nunca la violencia contra la Constitución y la dignidad de nuestro pueblo”, expresó.

Finalmente, destacó el papel clave de los organismos de derechos humanos en la reconstrucción democrática: “Esta etapa fue posible por la valentía de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”.

La publicación estuvo acompañada por un video alusivo que repasa hechos de la última dictadura cívico-militar.

A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro… pic.twitter.com/nqXBakQyWy

— Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

Una nueva encuesta nacional revela un cuadro crítico para el gobierno de Javier Milei, con indicadores que muestran un deterioro simultáneo en la confianza pública, la economía y la credibilidad institucional.

La desaprobación a la gestión trepó al 64% —con fuertes subas en apenas un mes— y la imagen negativa del Gobierno ya alcanza el 62%, configurando el peor registro desde el inicio de la administración. Este rechazo no aparece aislado: se combina con una caída sostenida en la intención de voto y un desplome de las expectativas a futuro.

El dato más contundente surge del frente económico. Ocho de cada diez argentinos no logran cubrir sus gastos mensuales o apenas llegan con lo justo, consolidando un escenario de ajuste permanente. A esto se suma una percepción mayoritariamente negativa: el 61% cree que el país está peor que hace un año y el 65% duda de la capacidad oficial para sostener la baja de la inflación.

En paralelo, emerge un factor especialmente sensible para el discurso oficial: la pérdida de credibilidad. El 71% desconfía de los datos del INDEC, erosionando uno de los principales pilares del relato económico del gobierno. Sin confianza en las estadísticas, incluso los logros que el oficialismo intenta mostrar pierden impacto político.

La imagen presidencial también acusa el desgaste: predomina la valoración negativa y cae el apoyo electoral, mientras que la evaluación de la gestión es desfavorable en áreas clave como lo social, lo económico y la política exterior.

Finalmente, otro dato enciende alarmas: la corrupción e impunidad aparece como la principal preocupación social. Esto tensiona directamente la narrativa fundacional del oficialismo, basada en la promesa de combatir a “la casta” y sanear el Estado.

En conjunto, los números no solo reflejan malestar, sino un escenario de desconfianza creciente y fragilidad política, donde el desafío para el gobierno ya no es solo económico, sino reconstruir legitimidad en una sociedad que muestra signos claros de ruptura con sus expectativas iniciales.