En 2026, el presupuesto de viáticos y pasajes de la Presidencia —administrado por Karina Milei— pasó de $2.531 millones ejecutados en 2025 a una proyección de $4.112 millones, un aumento del 62,5%.

A pesar de sostener un discurso centrado en el ajuste del gasto público y la crítica a “la casta”, el gobierno de Javier Milei incrementó de manera significativa el presupuesto destinado a viajes oficiales. En 2026, el ítem de viáticos y pasajes de la Presidencia —bajo la órbita de Karina Milei— asciende a $4.112 millones, frente a los $2.531 millones ejecutados en 2025, lo que representa un aumento del 62,5%.

Este crecimiento se explica en parte por la intensa agenda internacional del mandatario: en lo que va de su gestión ya realizó 37 viajes al exterior y acumuló 116 días fuera del país, es decir, cerca del 14% de su tiempo en el cargo. Estados Unidos encabeza la lista de destinos con 16 visitas, seguido por Italia, España y otros países europeos y latinoamericanos.

Sin embargo, varios de estos viajes fueron cuestionados por su carácter no institucional. Algunas giras incluyeron participación en eventos privados o encuentros políticos, como foros ideológicos o reuniones con referentes de la derecha internacional, sin agendas bilaterales formales con otros jefes de Estado. Incluso hubo viajes con resultados fallidos, como el intento de encuentro en Noruega con la activista Corina Machado.

Las críticas también apuntan a contradicciones en las medidas de austeridad. Aunque una norma oficial limitaba las comitivas a un funcionario por evento para reducir gastos, se registraron excepciones y situaciones irregulares, como la presencia de personas no autorizadas en vuelos oficiales. Además, se señalaron gastos elevados en alojamiento y logística, incluyendo estadías en hoteles de lujo.

Adquirió el inmueble en Caballito a dos jubiladas que le prestaron 200 mil dólares. Las similitudes con aquel escándalo de la propiedad en “La Isla” de la exgobernadora bonaerense.

Una filtración  de los documentos oficiales utilizados por Manuel Adorni para la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito destapó una escandalosa maniobra que puso otra vez al jefe de Gabinete nacional contra las cuerdas.

Se trata de un artilugio impositivo que muchos no dudaron en emparentar con aquella polémica propiedad adquirida por María Eugenia Vidal en el barrio de Recoleta.

En la operación participaron dos jubiladas que le firmaron una hipoteca no bancaria. El departamento fue valuado en 230.000 dólares, pero la mayor parte del dinero no provino de ahorros previos ni de un crédito bancario tradicional, sino de una hipoteca privada con particulares por un total de 200.000 dólares

Los datos provienen de un informe de dominio que figura en el Registro de la Propiedad Inmueble que publicó La Nación.  Adorni aparece como el dueño del 50% de la propiedad desde el 18 de noviembre de 2025, dos semanas después de su ascenso como Jefe de Gabinete. La otra propietaria que figura en los registros es su esposa, Bettina Angeletti.

Las prestamistas de Adorni son dos mujeres de 72 y 64 años que figuraban como dueñas del inmueble desde abril de 2025

Las jubiladas le financiaron el 87% del valor de la propiedad al actual funcionario, en una transacción viciada de sospechas.

Cabe recordar que la familia Adorni había efectuado una operación similar un año antes, cuando adquirieron la propiedad en el country de Exaltación de la Cruz.

“Qué loco que las dos jubiladas que le vendieron a Adorni un departamento de 500 lucas por 230 no sólo le prestaron 200, sino que lo compraron apenas unos meses antes y levantaron un embargo previo. si van a lavar guita de la corrupción hagan un mínimo esfuerzo, chicos. Aburren” lanzó la abogada Natalia Volosin.

Las similitudes con el caso Vidal

La adquisición de un lujoso departamento en el barrio “La Isla” de Recoleta por 500 mil dólares ocurrida en 2019 también respondió a una confusa operatoria ya que la en la declaración jurada del 2018, la exgobernadora informó que había ahorrado tan sólo 3 millones de pesos.

Hace un tiempo atrás, Vidal había explicado que pagó la mitad del departamento con la plata que le ingresó por el divorcio con su anterior marido, el exintendente de Morón, Ramiro Tagliaferro, en tanto que el resto lo financió con un crédito hipotecario a diez años “con el propio vendedor”.

En 2018 la propiedad fue adquirida por Brenda Celina Biondi por la suma de 330 mil dólares. La empresaria remodeló un año  y se lo vendió a Vidal por la misma cifra.

El departamento de 205 metros cuadrados fue entregado a Vidal por la suma de 140 mil dólares, mientras que los otros 200 mil quedaron como una hipoteca con la misma dueña y no con el crédito de un banco

En 2025, la exgobernador bonaerense fue absuelta por el  juez Ariel Lijo y ni el propio fiscal que llevaba la acusación optó por apelar el fallo.

La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El gobierno sufrió un fuerte revés judicial luego de que el juez Raúl Ojeda suspendiera más de 80 artículos clave de la reforma laboral impulsada por el Ejecutivo. La decisión respondió a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo, que cuestionó la constitucionalidad de los cambios.

El fallo deja en pausa 82 artículos de la ley al considerar que podrían vulnerar el artículo 14 bis de la Constitución, al implicar una posible regresión de derechos laborales. Como consecuencia, el sistema laboral vuelve, por ahora, al régimen anterior, incluyendo indemnizaciones y normas de protección al trabajador.

La resolución afecta el núcleo de la reforma: quedan suspendidos cambios en indemnizaciones, condiciones laborales, negociación colectiva, derecho a huelga y regulación del teletrabajo, entre otros puntos. Además, el juez advirtió que aplicar estas medidas podría generar “daños irreparables” en millones de relaciones laborales si luego fueran declaradas inconstitucionales.

Aunque se trata de una medida provisoria, el Gobierno puede apelar. El fallo representa la primera gran victoria judicial de la CGT frente a la reforma y marca un freno significativo a uno de los ejes centrales del plan laboral de Milei.

El fiscal Marijuan solicitó al juez Sebastián Ramos que cite nuevamente a los exfuncionarios y directivos vinculados a la Agencia Nacional de Discapacidad. La investigación apunta a un esquema de pedidos de retornos para agilizar el pago de prestaciones.

La causa que investiga una presunta red de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo judicial este lunes. El fiscal federal Guillermo Marijuan formalizó un pedido de indagatoria para Diego Spagnuolo, exdirector del organismo, y Pablo Calvete, ex subdirector, junto a una lista de más de 20 personas implicadas. La solicitud responde al avance de la investigación sobre el presunto cobro de coimas a prestadores de servicios de salud.

La maniobra investigada consistía en la exigencia de “retornos” económicos a empresas y transportistas que brindan servicios a personas con discapacidad. Según la denuncia original, los funcionarios habrían retenido pagos legítimos de la obra estatal Incluir Salud para forzar a los prestadores a pagar un porcentaje del monto adeudado a cambio de liberar los fondos correspondientes.

Entre los nuevos nombres que el fiscal pide indagar se encuentran no solo exfuncionarios de alto rango, sino también intermediarios y administrativos que habrían facilitado el circuito de recaudación ilegal. El dictamen de Marijuan sostiene que existen pruebas suficientes para sospechar que se montó una estructura jerárquica destinada a desviar fondos públicos mediante la extorsión a los prestadores del sistema.

La investigación se aceleró tras la incorporación de testimonios de empresarios del sector que detallaron cómo eran contactados para negociar los pagos. En algunos casos, se denunció que las exigencias llegaban a representar hasta el 20% del valor de las facturas emitidas, bajo la amenaza de interrumpir definitivamente la cadena de pagos si no se accedía al soborno.

Diego Spagnuolo, quien fuera una figura cercana al entorno presidencial durante su gestión, ya había sido desplazado de su cargo cuando las irregularidades comenzaron a tomar estado público. Por su parte, el juez Sebastián Ramos deberá definir en los próximos días las fechas para las declaraciones de los imputados, en un proceso que busca determinar el grado de responsabilidad de cada integrante de la cúpula de la ANDIS.

El caso ha generado un fuerte impacto en el área de salud y discapacidad, ya que los retrasos en los pagos afectaron directamente la atención de miles de beneficiarios en todo el país. Mientras la justicia federal analiza la ruta del dinero y las comunicaciones entre los acusados, los querellantes esperan que estas nuevas indagatorias permitan esclarecer el destino final de los fondos recaudados de manera ilícita.

Por Rafael Méndez*

En Moscú no solo irrumpirá la primavera climática. También asoma el intento de parir una herramienta política que mira al pasado para proyectar un futuro donde la soberanía deje de ser tratada como delito. En ese marco, el sendero trazado por los mártires de aquel abril dominicano y por líderes revolucionarios contemporáneos busca consolidarse como una ruta sin retorno hacia una aspiración de emancipación universal.

La historia de los pueblos oprimidos, tantas veces escrita a contramano, vuelve a aparecer como un hilo conductor. La resistencia y la memoria no operan como consignas vacías, sino como mecanismos que enlazan derrotas y esperanzas, proyectando un destino común que desafía las fronteras impuestas por el capital y la guerra.

Este itinerario político encuentra una de sus raíces más visibles en la intervención de Estados Unidos en la Revolución de Abril de 1965, cuando la República Dominicana intentó recuperar su institucionalidad. Aquel episodio, lejos de quedar encapsulado en la historia caribeña, funciona hoy como símbolo de una disputa mayor: la capacidad de los pueblos de definir su propio destino frente a presiones externas.

Desde el ideario integrador de Hugo Chávez hasta la convocatoria en Moscú bajo el nombre de Sovintern, se advierte un intento de reorganización del campo progresista en clave contemporánea. El diagnóstico es conocido: un orden internacional en transición, con un occidente cuestionado por su incapacidad de ofrecer estabilidad sin recurrir a mecanismos de exclusión, presión económica y conflicto.

El eco de abril en la geopolítica actual

El legado de 1965 sigue operando como referencia simbólica. No por nostalgia, sino por su valor como antecedente de resistencia. La lectura de figuras como Juan Bosch o Fidel Castro sobre aquel episodio insistía en un punto: cuando una nación intenta romper su dependencia, la reacción externa suele ser inmediata y contundente.

Ese patrón, con matices, se replica hoy en distintos escenarios del llamado sur global. De allí que la evocación de abril no sea meramente histórica, sino política: funciona como advertencia y como inspiración.

De la nostalgia a la articulación

El desafío, sin embargo, es otro. No se trata de reeditar esquemas del siglo XX, sino de traducir esa tradición en herramientas adaptadas a un mundo digitalizado. La idea de los “bolcheviques digitales” apunta precisamente a eso: disputar sentido y organización en un terreno donde la información se ha vuelto un campo de batalla central.

En ese marco, experiencias como la de Cuba vuelven a aparecer en el discurso como ejemplo de resistencia prolongada, especialmente frente a sanciones económicas que son leídas como instrumentos de presión geopolítica.

Una apuesta con interrogantes

La convocatoria en Moscú busca, en definitiva, algo ambicioso: articular una red política internacional capaz de coordinar agendas, discursos y estrategias en tiempo real. Una suerte de internacional adaptada al siglo XXI.

El objetivo declarado es claro: sustituir la lógica de competencia por cooperación y evitar, en esa transición, una deriva hacia escenarios de mayor conflicto global. Pero entre la retórica y la construcción efectiva hay una distancia que la historia —la vieja, la conocida— suele encargarse de recordar.

Porque si algo enseña ese pasado que se reivindica, es que las épicas son más fáciles de declamar que de sostener.

*El autor del artículo fue diputado dominicano en tres ocasiones y ex presidente del Colegio de Periodistas.

El trágico episodio ocurrió este lunes por la mañana en la localidad de San Cristóbal. El agresor, un estudiante de 15 años, disparó contra sus pares durante el inicio de la jornada escolar, dejando un saldo de un fallecido y dos heridos.

La comunidad educativa de la Escuela N°40 “Mariano Moreno”, en la localidad santafesina de San Cristóbal, se vio sacudida este lunes por un hecho de violencia sin precedentes. Minutos después del ingreso escolar, mientras los alumnos se encontraban en el patio preparándose para el izamiento de la bandera, un estudiante de 15 años inició un ataque con un arma de fuego que terminó con la vida de uno de sus compañeros.

Según los primeros reportes, el agresor habría ingresado al establecimiento con una escopeta oculta dentro de un estuche de guitarra. Sin mediar palabra, el joven efectuó entre cuatro y cinco disparos que impactaron en tres estudiantes. Como consecuencia del ataque, un adolescente de 13 años, que cursaba el primer año de la secundaria, falleció en el lugar, mientras que otros dos jóvenes resultaron heridos por perdigones.

La situación generó escenas de desesperación y caos dentro del colegio. Muchos estudiantes, ante el sonido de las detonaciones, intentaron escapar del edificio saltando por las ventanas, lo que provocó que algunos sufrieran cortes y golpes adicionales. Los padres, alertados por los llamados de sus hijos desde el interior de la escuela, acudieron de inmediato al establecimiento en medio de un clima de total incertidumbre.

El atacante fue finalmente reducido y desarmado por un preceptor de la institución antes de que pudiera continuar con la agresión. Poco después, efectivos policiales llegaron al lugar y trasladaron al menor a la alcaldía local. En cuanto a los heridos, uno de ellos debió ser derivado a un hospital de mayor complejidad en la ciudad de Rafaela para ser intervenido quirúrgicamente debido a la gravedad de sus lesiones.

Fuentes oficiales y testigos del entorno escolar manifestaron su consternación ante lo sucedido, describiendo al agresor como un alumno que no presentaba antecedentes de conducta problemática ni comportamientos agresivos previos. El arma utilizada pertenecería a su padre, quien se desempeña como empleado municipal en la localidad, aunque las circunstancias exactas de cómo el joven obtuvo el armamento aún son materia de investigación.

Tras el fatal desenlace, el Gobierno de la provincia de Santa Fe decretó dos días de duelo y se dispuso la suspensión total de las actividades escolares en todos los niveles de la zona. Mientras la justicia investiga si el ataque fue planificado o un acto al azar, equipos de asistencia psicológica trabajan con los alumnos y docentes que fueron testigos directos de la tragedia.

El dirigente liberal, que supo ser un aliado clave en el armado de Javier Milei, vivió un tenso momento en un supermercado cuando un ciudadano lo confrontó utilizando su propia y polémica consigna de campaña.

Lo que parecía una tarde de compras habitual para José Luis Espert terminó convirtiéndose en un fenómeno viral tras ser interceptado por un joven en un supermcado. El ex candidato, que acompañó activamente el ascenso de las ideas libertarias junto a Javier Milei, se vio sorprendido por un cuestionamiento que utilizó su propio vocabulario combativo para ponerlo en una situación sumamente incómoda frente a los presentes.

El episodio, registrado íntegramente de forma digital, muestra cómo un joven se le acerca con una pregunta directa y cargada de ironía: “¿Qué te toca a vos, cárcel o bala?”. La frase, que Espert popularizó durante años para referirse a la delincuencia y los cortes de calle, fue utilizada en esta ocasión para señalar las recientes polémicas y complicaciones judiciales que rodean al dirigente político en los últimos meses.

La reacción de Espert fue lo que más llamó la atención de los usuarios en redes sociales. Visiblemente descolocado y sin el despliegue dialéctico que suele mostrar en los estudios de televisión, el economista apenas pudo balbucear unas palabras confusas. “Delincuente, siempre”, llegó a decir mientras intentaba alejarse del teléfono que lo grababa, mostrando un semblante que muchos calificaron como errático.

Este “escrache” digital ocurre en un momento de particular vulnerabilidad para el ex aliado de Milei, quien ha visto cómo su imagen pública se deteriora tras el alejamiento de los primeros planos del gobierno actual. La confrontación en el supermercado no solo refleja el malestar de un sector de la sociedad, sino también cómo las retóricas más duras de la política pueden volverse contra sus propios creadores en el ámbito privado.

Pablo Quirno aseguró que el país “no va a ser neutral”, en una definición que marca un giro en la política exterior argentina.

El secretario de Finanzas, Pablo Quirno, dejó una definición contundente sobre el posicionamiento internacional del gobierno de Javier Milei: “Argentina no va a ser neutral y apoya lo que hacen Estados Unidos e Israel con Irán”. La frase marca un cambio explícito en la histórica postura de equilibrio diplomático del país frente a conflictos internacionales.

Más adelante, el funcionario reafirmó el alineamiento del gobierno con las potencias occidentales, en línea con la política exterior impulsada por Milei desde su asunción. En ese marco, la Argentina abandona la tradicional búsqueda de neutralidad para asumir un posicionamiento activo en un escenario geopolítico cada vez más tenso.

En el mismo tono, la definición de Quirno se suma a otros gestos del oficialismo en favor de Estados Unidos e Israel, consolidando un giro que ya había comenzado a evidenciarse en distintas decisiones diplomáticas y discursos del presidente. Este alineamiento genera debate en torno al impacto que puede tener en las relaciones internacionales del país.

Finalmente, la postura oficial vuelve a abrir interrogantes sobre los riesgos de involucrarse en conflictos globales y las consecuencias que podría tener para la política exterior argentina. Mientras el gobierno apuesta a una estrategia de alineamiento, crecen las críticas por el abandono de una tradición diplomática basada en la prudencia y la no intervención.

Luego del fallo en Estados Unidos favorable a la Argentina en el juicio por YPF, el diputado nacional Máximo Kirchner impulsó un proyecto de ley que busca blindar la expropiación de la petrolera, en un contexto marcado por las señales privatizadoras del presidente Javier Milei.

La iniciativa, acompañada por otros diputados de Unión por la Patria, apunta a que el Congreso reafirme la expropiación como una política estratégica de “soberanía hidrocarburífera”, con el objetivo de fortalecer la posición jurídica del país frente a futuros reclamos internacionales.

De este modo, el proyecto traslada el debate al ámbito legislativo y fuerza una definición política en un escenario de creciente tensión, especialmente porque Milei ya había planteado la posibilidad de privatizar la compañía tanto en la primera versión de la Ley Bases como en reiteradas declaraciones públicas.

En ese marco, Kirchner interpretó el fallo como una “validación internacional de la soberanía jurídica” argentina y cuestionó con dureza la postura del oficialismo: “Es una ironía del destino que quienes hoy conducen el país, habiendo denostado sistemáticamente la recuperación de nuestra petrolera de bandera, hoy celebran un triunfo que sólo fue posible porque no se rompió la estrategia de defensa nacional”, sostuvo.

Una nueva denuncia judicial complica aun más la situación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La presentación, realizada por la diputada nacional Marcela Pagano, señala presuntos contratos millonarios de la consultora de su esposa, Bettina Julieta Angeletti, con empresas que mantienen vínculos comerciales con el Estado.

El expediente, que recayó en el Juzgado Federal N°11 a cargo de Ariel Lijo, plantea la posible existencia de un conflicto de intereses y describe un supuesto entramado de relaciones entre firmas privadas y organismos públicos en la órbita del funcionario.

El eje de la denuncia sostiene que podría existir un “circuito triangular de flujos económicos” entre una petrolera estatal, la empresa National Shipping SA y la consultora +BE, propiedad de Angeletti. Según la presentación, la naviera —que mantiene contratos históricos con la petrolera— habría contratado servicios de capacitación de +BE en tres oportunidades entre 2024 y 2025 por un total de 6,37 millones de pesos.

De acuerdo con la denunciante, este vínculo podría implicar un retorno indirecto de fondos al entorno familiar de Adorni, quien actualmente integra el directorio de la petrolera como representante del Estado. Desde la empresa naviera, sin embargo, señalaron que su relación contractual con la petrolera lleva casi tres décadas y que la designación del funcionario fue posterior a las capacitaciones.

LA ESPOSA DE ADORNI HABRÍA FACTURADO $6,3 MILLONES EN 3 DÍAS DE COACHING A UNA NAVIERA DE YPF

+BE, la consultora de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, cobró $ 6.370.000 pesos a National Shipping S.A. por 3 jornadas de coaching entre noviembre de 2024 y… pic.twitter.com/mxKWwnsL3p

— Martín Carrizo (@martincarrizo_) March 29, 2026

Tecnópolis y nuevas conexiones empresariales

La denuncia también apunta a la licitación del predio de Tecnópolis, un contrato estimado en 183.000 millones de pesos a cargo de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), dependiente de la Jefatura de Gabinete.

Entre las firmas preseleccionadas aparece DirecTV Argentina, asociada al Grupo Foggia, que —según la presentación— sería cliente de la consultora +BE. Para Pagano, este vínculo podría configurar otro posible conflicto de intereses dentro del esquema denunciado.

Además, se menciona la relación de una asesora de la Secretaría General de la Presidencia con el grupo empresario, lo que amplía el entramado de conexiones bajo análisis.

Empresas proveedoras del Estado y otras licitaciones

El escrito también señala que la consultora habría trabajado con el Grupo Datco, compañía que presta servicios a distintos organismos estatales como AySA, el Banco Central, el Banco Nación, Aerolíneas Argentinas y Trenes Argentinos, entre otros.

A su vez, la denuncia incorpora supuestas irregularidades en licitaciones para servicios de mensajería oficial, por más de 3.650 millones de pesos, en las que habrían participado empresas con vínculos entre sí, lo que podría sugerir un esquema de simulación de competencia.

Pedido de investigación patrimonial

Finalmente, Pagano solicitó investigar la evolución patrimonial de Adorni, al advertir un presunto incremento que no se correspondería con sus ingresos como funcionario, además de mencionar deudas con acreedores privados.

La Justicia federal deberá determinar ahora si los vínculos comerciales señalados corresponden a actividades privadas legítimas o si podrían constituir conflictos de interés o irregularidades en la relación entre empresas y el Estado.